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Por qué No a la reelección de Uribe Vélez
Introducción Sin duda, el tema de la reelección presidencial, convertido por el actual mandatario en su programa bandera, ha alterado el espectro político del país, polarizándolo aún más. De un lado están los defensores acérrimos de dicho proyecto: un sector de los uribistas de los dos partidos tradicionales, encabezados por el Gobierno, con el respaldo explícito de la Embajada de los Estados Unidos. Del otro lado se sitúa un importante núcleo de fuerzas políticas y sociales, representadas en la Gran Coalición Democrática, el Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática y el sector del Partido Liberal representado en su actual dirección. Estas organizaciones avanzan con firmeza hacia la conformación de un frente único que se oponga a las pretensiones continuistas del mandatario y, por ende, al avance del fascismo en el país. Por la importancia que tiene este enfrentamiento para el futuro inmediato de Colombia, Nueva Gaceta decidió dedicar el dossier al tema. Para su análisis contamos con artículos exclusivos de dos constitucionalistas: José Gregorio Hernández y Jaime Castro; y de tres dirigentes políticos: Piedad Córdoba, codirectora del Partido Liberal, Marcelo Torres, Secretario General del Partido de Trabajo de Colombia, PTC, y Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano.
Se pone a prueba la madurez política del pueblo colombiano Piedad Córdoba Para el común de la gente, siguiendo las informaciones muchas veces amañadas de los medios de comunicación, en Colombia ya existe la reelección, luego de su paso por el Congreso. Dan por sentado que el presidente en ejercicio puede aspirar a un segundo mandato. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Después del azaroso tránsito que tuvo el proyecto por el Capitolio, todavía queda pendiente otro paso que es, quizás, el más importante: su revisión por parte de la Corte Constitucional. Porque resulta que la «aprobación» por parte del Congreso puede sufrir serios tropiezos debido a las múltiples irregularidades que se presentaron durante la discusión. La lluvia de demandas ante la Corte, entre ellas de reconocidos constitucionalistas, así lo demuestra. Aunque antes del debate el Gobierno quería dar la impresión de que no le interesaba el tema, cuando este estaba avanzado dio rienda suelta a sus pretensiones y para lograrlas no ahorró esfuerzo alguno (nombramientos, contratos, partidas presupuestales y demás arandelas), echando por la borda el programa anticlientelista que le dio el respaldo a su elección. El Gobierno tuvo que emplear a fondo la maquinaria, en una feria de dádivas que llegó a avergonzar hasta a algunos de sus amigos. Los folclóricos casos de Yidis y Teodolindo son apenas una pequeña muestra de las artimañas que se utilizaron para obtener los votos de la reelección. Entre los mismos uribistas se hicieron reclamos airados porque a unos les entregaron puestos que les habían prometido a otros. El diario El Nuevo Siglo, en varias ocasiones, levantó su voz para denunciar las componendas burocráticas que utilizó el gobierno para sus propósitos reeleccionistas. Las mayorías gobiernistas en el Congreso tampoco se quedaron atrás. El reglamento se hizo a un lado sin ningún pudor y por eso los conflictos de intereses, los impedimentos y otras “minucias” fueron pasados por alto. ¿Que la Comisión Primera no tenía mesa directiva ajustada a la ley? No importa. ¿Que las recusaciones no fueron a la Comisión de Ética y los congresistas que se declararon impedidos absolvieron a otros de sus impedimentos? Tampoco importa, porque las mayorías lo pueden todo. ¿Que a la oposición no se le dio la oportunidad de debatir el proyecto? Para eso es el poder. Y así se fueron acumulando las faltas al debido proceso legislativo; el senador Martínez ha llegado a contabilizar dieciocho, cada una de ellas capaz de tumbar la reelección en la Corte Constitucional. Curiosamente, la reelección, que es tan buena y democrática para el Presidente, resultó ser mala para los Gobernadores y Alcaldes. ¿No será más bien que hay que sacar del camino a algunos competidores incómodos? Por lo menos esa fue la sensación que quedó después de que las mayorías oficialistas se opusieron a la reelección en departamentos y municipios. Ahora algunos sienten temor de que el Gobierno traslade su lobby a las puertas de la Corte Constitucional. Que ya lo intentó, no cabe duda. Por algo será que Enrique Peñalosa y Juan Camilo Restrepo han dicho que el Gobierno sigue en campaña en pro de un fallo favorable. No se necesita ser un lince para entender que la invitación de la Embajadora en España a los magistrados de la Corte tenía ese fin. ¿De cuándo acá tanta zalamería con los magistrados, si este gobierno siempre los ha tratado con desdén? Personalmente estoy segura de que el lobby oficial ante la Corte no tiene la más mínima posibilidad de inclinar su decisión. Esa Corporación ha dado muestras de su independencia, autonomía e integridad a lo largo de toda su existencia, al punto de ser una de las instituciones de más alta credibilidad en la Nación. Para bien del país, podemos decir que hay un buen guardián de la supremacía de la Carta. Pero, en últimas, si el fallo fuere favorable a la reelección, lo que sigue pone a prueba la madurez política del pueblo colombiano. La mayor tacha que se le hace a la reelección inmediata radica en el mal uso del poder que puede hacer el presidente-candidato y la consiguiente desventaja que ese abuso implica para los demás candidatos. El presidente Uribe ha demostrado que nada lo detiene para conseguir ese objetivo, por lo que de antemano sabemos que todo el poder presidencial quedará al servicio de la reelección. Si así sucedió con el trámite de la reforma, con mayor razón sucederá con el proceso electoral. Todo el poder presidencial en los consejos comunitarios y el manejo presupuestal dirigido a apuntalar sus intereses; las puertas abiertas de todos los medios de comunicación a su servicio (recordemos el referendo y la irrupción del Jefe de Estado en cuanto programa se le atravesara para vender su iniciativa, en contra de los más pobres); la ambigüedad de los actos de todos los funcionarios del gobierno entre el beneficio social y el beneficio electoral, y, en fin, todas las acciones oficiales de las cuales se puedan derivar dividendos electorales estarán al servicio del gobierno, mientras los demás candidatos tendrán que pasar las verdes y las maduras para adelantar sus campañas. Por eso algunos sectores del Congreso hemos solicitado la inmediata expedición de un estatuto serio que le dé garantías a la oposición y a los demás candidatos. Sin embargo, a pesar de que apenas faltan unos días para iniciarse la corta legislatura de marzo a junio, no se ve la intención oficial de concertar una propuesta de esa naturaleza. Pero como dijimos antes, aun si la reelección pasara el examen de la Corte, deberá superar su mayor escollo: el pueblo colombiano. Si el referendo, en el cual el gobierno invirtió muy buena parte de su capital político, fue abrumadoramente rechazado por el voto popular por sus efectos negativos para los ingresos de los pobres, es de esperar la misma madurez política frente a una decisión tan trascendental como la que implica tener cuatro años de la misma receta. Ya lo han dicho los analistas: La política social es la gran ausente de este gobierno. Los que están empleados han visto desmejorados sus ingresos. El desempleo continúa por las nubes. Los profesionales se tienen que dedicar al rebusque y la informalidad llega a niveles escandalosos. La pobreza y la miseria golpean sin misericordia a millones, mientras las empresas registran ganancias exorbitantes. Dentro de ese marco de desesperación social se desarrollará la campaña de la reelección, si pasa el cedazo constitucional. Esperamos que los colombianos, en una muestra más de madurez política, tomarán la sabia decisión de inclinarse por una alternativa que les garantice condiciones mínimas de subsistencia, cosa que no les ofrece el actual gobierno.
Los inconvenientes de la reelección
José Gregorio Hernández Galindo Ha sido aprobado y está en vigencia, aunque sin efectividad todavía, el Acto Legislativo número 2 de 2004, por medio del cual fue plasmada la reelección presidencial para el período inmediato, incluido el próximo. Se modificó así una norma de la Carta Política de 1991 que, a su vez, modificando la Constitución anterior, había prohibido de manera absoluta y para cualquier época (de por vida) la reelección de quien se hubiera desempeñado como Presidente de la República. Ante la Corte Constitucional han sido presentadas varias demandas, y se espera que en unos cinco meses se produzcan las sentencias mediante las cuales esa Corporación habrá de decidir, lo que no será fácil, no solamente por los muchos motivos esgrimidos, sino por la disyuntiva en que se verá la propia Corte entre el desarrollo efectivo y coherente de la Sentencia C-551 de 2003 (dictada a propósito del referendo de ese año) y una rectificación de su doctrina –solicitada por algunos– acerca de los límites competenciales del Congreso para modificar la Constitución en aspectos esenciales. Ahora bien, varios puntos preocupan en relación con esa reforma y su aplicación en las próximas elecciones presidenciales. La estructura misma de la Constitución ya reformada, tal como queda en virtud del Acto Legislativo, refleja de manera ostensible un desequilibrio y numerosas incoherencias. El desequilibrio consiste en que, a la par que se permite la reelección de unos funcionarios, se prohíbe la de otros de manera absoluta y sin justificación. Así, no queda claro el motivo para que sea reelegible el Presidente de la República y no lo sean los alcaldes y gobernadores; ni se entiende la fundamentación jurídica o práctica para que sea reelegible el Procurador General de la Nación y no lo sean el Fiscal General o los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El desequilibrio también se hace patente en lo relativo a las condiciones en que se dará la campaña por la Presidencia de la República, toda vez que uno de los candidatos gozará de todas las posibilidades de manipulación y conducción del electorado, a través del presupuesto; de la burocracia, tanto en la administración como en el servicio diplomático; de los medios de comunicación oficiales –puestos al servicio de su candidatura so pretexto del ejercicio del Gobierno–; de los medios de comunicación privados –que no se negarán a presentar, cuantas veces les sea solicitado, al Presidente en papel de candidato–; de los actos mismos inherentes a la administración –susceptibles de maniobras demagógicas en los más variados aspectos–; y, en general, del conjunto de elementos políticos de superioridad que le otorga su investidura. Al mismo tiempo, los demás candidatos carecerán de semejantes ventajas, por lo cual, en consecuencia, aparece como indiscutible la ruptura del más elemental concepto de igualdad en una democracia, lo que a su vez no encaja en los presupuestos del Estado Social de Derecho. No cabe aquí la comparación con otros sistemas, de tiempo atrás consagrados en varios países, toda vez que, mientras en estos –como en los Estados Unidos, por ejemplo– la integridad del sistema ya estipula anticipadamente y de manera completa las modalidades en que haya de operar, y las garantías que se conceden a los demás participantes en el certamen electoral, proporcionales a una arraigada práctica y a la admisión generalizada en el seno de la sociedad. En Colombia, nuestro Congreso decidió aprobar, en la Carta, a contrapelo de la opinión de muchos y basado apenas en manipuladas encuestas, la reelección presidencial pura y simple, dejando el resto de las normas integrantes del sistema –que ha debido ser de rango constitucional– a lo que se plasme en una Ley Estatutaria que ni siquiera se sabe si será aprobada por el Congreso o por el Consejo de Estado, y cuyas características, a la luz del Acto Legislativo, son vagas e indeterminadas. De otro lado, el punto de referencia para el análisis constitucional sobre si la reforma introducida se aviene o no con los fundamentos esenciales de la Carta Política, no puede ser el mismo cuando se trata de nuestro propio ordenamiento, adoptado en 1991 con un contenido axiológico y político muy propio, que cuando se contemplan sistemas jurídicos de origen diverso al colombiano. En ese orden de ideas, se incurre en un sofisma cuando se pretende convalidar el ya mencionado Acto Reformatorio, cotejándolo con constituciones foráneas. Todo lo anterior, que puede ser analizado en abstracto, como debería ocurrir si el órgano encargado de enmendar la Constitución no hubiese personalizado la reforma, distorsionando el papel propio del Poder Constituyente Secundario, tiene que verse hoy necesariamente dentro de una coyuntura política fatalmente ligada al presidente Álvaro Uribe Vélez, elegido por el pueblo para gobernar durante cuatro años, es decir, para un período predeterminado. Este se vio anormalmente interrumpido a instancias de los más cercanos colaboradores del gobernante y en el curso de una eficaz campaña en el interior del Congreso, en donde, al decir del ex presidente Andrés Pastrana, hubo “compra de conciencias” y abierta ruptura de las garantías para la oposición. Así vistas las cosas, precisamente por la manera en que fue modificada la Constitución, en razón de los procedimientos que se utilizaron, y de la ocasión en que ocurrió, es imposible referirse a ella –como algunos lo han proclamado– en términos abstractos o generales, según correspondería, en el plano político y en el jurídico, a cualquier enmienda constitucional, ya que –comparando la labor del Congreso con la de un sastre, por cuanto en eso consistió su tarea– el vestido fue hecho exclusivamente para el presidente Uribe, a su gusto, a su medida y a su conveniencia.
Claro está, ello repercute institucionalmente, como puede observarse en el mismo
desarrollo de la actividad legislativa, que lleva ya dos períodos, y va para
tres, únicamente dedicados al tema de la reelección, abandonando
La reelección cambia el sistema, el régimen y la forma de gobierno Jaime Castro Reforma trascendental de efectos perversos Sobre el Acto Legislativo 2 de 2004, que autoriza la reelección presidencial inmediata, debe decirse que introduce cambios sustanciales, ciertos y profundos, expresos o fácticos, al ordenamiento político-institucional vigente. Puede decirse que cambia el sistema y el régimen político. Para empezar, la reelección cambia el origen del poder, que ya no radicará en la Nación, ni en el pueblo, ni en las urnas, sino en los escritorios oficiales. Así ocurrirá porque el Presidente y el Vicepresidente de la República podrán ser candidatos a su propia reelección y, dentro de los cuatro meses anteriores a la primera vuelta de la elección presidencial y hasta cuando concluya la segunda, si la hubiese, podrán adelantar las respectivas campañas, es decir, participar en actos políticos, partidistas y electorales, hacer proselitismo e invitar a votar por sus nombres y los de sus amigos al Congreso, puesto que las elecciones legislativas o parlamentarias tendrán lugar dentro de los cuatro meses antes citados. Por fuera de estos, también podrán hacer política si inscriben, por ejemplo, sus nombres en las consultas internas y populares que realicen los partidos para apoyar sus propias candidaturas o las de otros partidos o movimientos. Además, podrá participar en política toda la burocracia oficial, la de carácter nacional, departamental y municipal, la de las administraciones centralizadas y descentralizadas, con excepción de quienes ocupen cargos en la rama judicial, los organismos electorales, de control y de seguridad, que son el porcentaje menor de la frondosa nómina estatal. Politizar la administración significa acabar con el ideal de una administración fundada en los principios de la meritocracia, políticamente neutra, imparcial, sujeta a la ley. La convierte en feudo y reducto de los partidos y movimientos que tengan acceso al poder. La reelección también acaba con la precaria separación de poderes que penosamente hemos tratado de construir. El Presidente en campaña también hará las veces de jefe de debate de amigos suyos que aspiren al Senado y a la Cámara de Representantes. Entonces, habrá una bancada que deba su credencial al acompañamiento político del presidente-candidato. Que será elegida por la “circunscripción electoral de la Casa de Nariño”. ¿Qué independencia se puede esperar de un Congreso así elegido frente a las iniciativas oficiales y qué tipo de control político ejercerán esas Cámaras? Todo lo anterior se autorizó y aprobó sin que, simultáneamente, se institucionalizaran las garantías que permitieran a los ciudadanos y a los partidos discrepar de la verdad oficial, oponerse a los designios gubernamentales. Lo anotado cambia obviamente la vida política del país porque las elecciones presidenciales no serán competitivas. Habrá un candidato oficial, el del gobierno, que tendrá todo a su favor. Dispondrá de todos los instrumentos del poder para ganar, incluidos los de ley. En las elecciones departamentales y municipales ocurrirá otro tanto, guardadas proporciones. Tendremos “democracia administrativa” por el Príncipe, es decir por el gobernante de turno. Se fortalece aún más el régimen presidencial Desde cuando se empezó a organizar el poder público en Colombia el régimen ha sido presidencial. Aunque sin las deformaciones propias de algunos países centroamericanos, el Ejecutivo, entre nosotros, ha tenido evidentes preeminencia y primacía dentro del aparato estatal. Eso ha hecho que el régimen sea decididamente presidencialista y que algunos consideren que lo que organizamos desde los comienzos de nuestra vida independiente fue una presidencia monárquica, una monarquía presidencial, una monarquía republicana, inclusive, una presidencia imperial. Paradójicamente, así ha ocurrido desde cuando se comenzó a construir el Estado de derecho, desde cuando al ejercicio del poder se le pusieron límites y se sometió a reglas jurídicas. Cuando se suscribió la Carta de 1886, Calderón Reyes dijo: “Hemos firmado una Constitución monárquica”. Caro respondió: “Sí, pero desgraciadamente electiva”. Dentro del Ejecutivo, el rol principal le corresponde, obviamente, a quien ostenta la doble condición de jefe del Estado y jefe del gobierno, a quien la Constitución de 1843 definió como “el primer jefe de la Nación” es decir, al Presidente de la República, que también es suprema autoridad administrativa y “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”. El Presidente es pieza maestra de todo el engranaje político- institucional y, en todos los casos, actor principal de la vida nacional. Quienes han analizado el hecho coinciden en señalar que “ocupa el vértice de la pirámide institucional, con todos los atributos del mando... es la clave del arco en la estructura del Estado... tiene tanto poderío que por eso no soy partidario de la irresponsabilidad presidencial ni del período demasiado largo” (Alzate Avendaño). Y agregan que “el régimen presidencialista progresivamente, desde 1886, ha ido escalando cotas más elevadas de poder institucionalizado y fáctico... a ese proceso de hipertrofia del Ejecutivo ha tenido que enfrentarse el Congreso, en evidentes condiciones de inferioridad” (Carlos Restrepo Piedrahita). Si a los títulos y condiciones citados se agrega la reelección, el sistema se vuelve todavía más presidencialista y hace evidente, con mayor razón, la necesidad de adoptar medidas que conserven los perfiles democráticos del sistema. Apoyo externo Como el conflicto que padecemos se ha internacionalizado, la reelección del presidente Uribe importa a varios gobiernos extranjeros. A unos más que a otros, obviamente. Al que más interesa, por razones conocidas, es al de Estados Unidos. Por ello, cuando el asunto apenas empezaba a tratarse y ni siquiera se había presentado al Congreso el proyecto respectivo, su Embajador en Bogotá, en difundidas declaraciones, respaldó la idea. Dijo expresamente: “Las Farc tienen casi 40 años, mientras el período presidencial es de cuatro años, o sea un 10 por ciento. Eso para las Farc es como una semana. Ese grupo siempre ha tenido la táctica de que cuando ha habido presidentes firmes y populares, como el presidente Uribe, ha buscado la manera de esperar a que llegue el próximo”. Tal vez no sobre recordar que el mismo Embajador, en su momento, públicamente apoyó el referendo. Aunque la Cancillería colombiana guardó silencio y “regalados” congresistas colombianos se solidarizaron con esas declaraciones, el Departamento de Estado, desde Washington, las rectificó, después de afirmar que al Gobierno de Estados Unidos no le correspondía intervenir en la política interna de otros países. Por la misma época, con otras palabras, el presidente Uribe había dicho algo parecido: “La patria necesita varios períodos de autoridad para frenar la acción de los violentos”; “Si le dieron cuarenta años a Tirofijo, ¿por qué no le dan un tiempito más a la Seguridad Democrática?”. El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos también fue directo, aunque un poco reservado cuando dijo que para el éxito del Plan Patriota se requería “uno, un liderazgo continuo del presidente Uribe; dos, un apoyo continuo de EE.UU.”. En su momento fueron reveladas las conversaciones privadas que sostuvieron el presidente Uribe y el ex presidente Samper. El Tiempo las resumió así en un editorial: “Según las versiones publicadas, Samper le presentó a Uribe el insólito argumento de que el ambiente parlamentario de esa propuesta (la de reelección) se mejoraría sin algunas extradiciones” (subrayas fuera de texto). Como lo anota el mismo diario, “el huracán de la reelección está causando los estragos que se preveían” porque del debate a que ella da lugar empezaron a hacer parte el proceso 8.000 y la extradición. Las autodefensas también se han pronunciado a favor: “Cuando existe un buen mandatario, que ha ejecutado bien su función, aunque cojea en lo social todavía, debe tener la posibilidad de que pueda ser reelegido y el país debe crear las condiciones para que eso suceda. En eso se ha avanzado… y todas las autodefensas estamos de acuerdo” (Salvatore Mancuso). En vez de reforma, contrarreforma Los propósitos político-legislativos del Gobierno Uribe cuando inició su gestión se resumían en la gran reforma que había prometido durante la campaña (Congreso unicameral, reducción en un cuarenta por ciento del número de sus miembros, convocatoria a elección de nuevos senadores y representantes, creación de regiones autónomas que reemplazaran los departamentos y tuvieran parlamentos que ejercieran funciones legislativas, supresión del servicio militar obligatorio). El instrumento para su aprobación era el referendo, que también hizo parte de la campaña. De esa agenda no hacía parte la reelección. «El 7 de agosto a las 5 pm.», el mismo día de su posesión, tal como lo había ofrecido, el Presidente entregó al Senado el proyecto respectivo. Pero en él no aparecieron algunas de las promesas de campaña. Se incluyeron temas distintos. Y las modificaciones que, a iniciativa del gobierno o con su visto bueno, le introdujo el Congreso, transformaron sustancialmente la iniciativa. Dejó de ser referendo para la reforma política y se convirtió en el plebiscito para el ajuste fiscal. En la forma anotada tuvo lugar un primer gran cambio en la agenda gubernamental. Tan de fondo que fue la razón que más influyó para que la ciudadanía no concurriera a las urnas y el referendo fuera derrotado. Como el tema de la reforma política quedó expósito, porque el Gobierno lo abandonó, el Congreso lo hizo suyo y expidió el Acto Legislativo No. 1 de 2003 que trata, sobre todo, temas electorales (lista única, cifra repartidora, voto preferente). El Gobierno cambió por segunda vez de agenda cuando decidió apostarle todo a la reelección y mantener en el closet de los asuntos pendientes la reforma política (estatuto de la oposición, ordenamiento territorial, financiación de campañas) y los temas que hicieron parte de las mesas de trabajo que integró para desarrollar el «acuerdo político» (reformas judicial y del Estado, finanzas públicas, régimen pensional).También aplazó el proyecto que inicialmente llamó de Alternatividad Penal y que debía definir el marco jurídico para las conversaciones con los paramilitares. En vez de la gran reforma política que había ofrecido en campaña, el Gobierno puso todos los huevos en el canasto de la reelección que constituye una verdadera contrarreforma porque tiene alcance regresivo: concentra el mayor poder del Estado en manos del Presidente de turno, cierra oportunidades, viola el respeto debido a las reglas de juego, desinstitucionaliza, abandona los propósitos de cambio y no garantiza los derechos de la oposición. Constituye un sistema políticamente cerrado. Uno de los problemas políticos mayores de toda sociedad es la confrontación permanente entre quienes desean entrar y quienes se consideran irremplazables. Entre quienes detentan el poder y buscan conservarlo, a veces por todos los medios a su alcance, y quienes lo pretenden. Someter ese conflicto a reglas de civilizada convivencia y sana competición democrática, constituye acto necesario de modernización política. De verdadera reforma política. La reelección no supera ni reglamenta esa inevitable confrontación. Por el contrario, la agudiza. Por eso también constituye verdadero acto contrarreforma política.
La reelección y el proyecto democrático popular alternativo
Jaime Caycedo Turriago
La reelección, como estrategia de Álvaro Uribe, expresa la hondura de la crisis de la oligarquía colombiana y de su hegemonía histórica. El núcleo de la burguesía en el gobierno no tiene un proyecto de consenso en la clase, o por lo menos no confía en el menú de variantes neoliberales que compiten por acceder al botín del Estado. Es la desconfianza una de las razones que explica la fusión entre la idea de permanencia y consolidación de un proyecto regresivo con el mesianismo personalista como condición para su realización. La otra razón, sin duda la más poderosa, deriva de la consolidación de los “halcones” en el mando central de la administración estadounidense con la reelección de Bush y el nuevo aliento del hegemonismo imperialista para el mundo y para América Latina. La desconfianza hacia los partidos del bipartidismo tradicional y, principalmente, el intento de crear un nuevo partido en el campo de la ultraderecha, como encarnación, a la vez, del proyecto de la seguridad “democrática” extendida, del Estado “comunitario” y de la reelección, muestra un nuevo momento de la crisis del bipartidismo. De imponerse este camino, se estaría ante un nuevo intento de reconversión del régimen político tradicional aún más a la derecha, bajo un modo que tensa al extremo la forma republicana, conjugación de autoritarismo y militarismo en una apariencia de civilidad. Un partido de la ultraderecha, armado y encubierto en la política de seguridad democrática, con despliegue regional, aliado del gamonalismo clientelista local, devendría en el representante político del proyecto proto-fascista en construcción desde el poder del Estado. Esta metamorfosis no es fruto espontáneo de la casualidad. Estamos ante el asalto del poder por una nueva fracción dominante de la burguesía, vinculada a la especulación financiera, el lavado de activos, la legalización de los capitales provenientes del narcotráfico y la corrupción, y la acumulación de tierras por medios violentos. No es extraño a este modelo el renacer de un neolatifundismo, narco y paramilitar, ahora en estrecha conexión con los macroproyectos del Banco Mundial y del BID, en el marco de lo que los voceros del sistema denominan victoriosamente el “postconflicto”. Simultáneamente, sectores empresariales han venido sufriendo una reconversión en los procesos de “libre mercado”, con las fusiones y absorciones de capitales por la transnacionalización económica. El TLC y el Alca buscan regular esa sustitución de propietarios y la concentración de los capitales bajo la batuta de los monopolios capitalistas, especialmente norteamericanos. Como consecuencia, un monopolio transnacional prospera en ramas enteras donde otrora floreció una burguesía criolla, hoy carente de proyecto propio, relegada y subordinada a los intereses del gran capital dominante. La absorción de Coltabaco por la Phillip Morris es uno de los casos más elocuentes. El desinfle de la burbuja mediática Lo anterior contribuye a explicar por qué la fracción burguesa al mando carece de una base social y política fuerte, reflejo de la ausencia de un liderazgo cultural y moral sustituido ahora por el denominado “embrujo autoritario” creado en torno a la figura de Uribe. Se trata de una burbuja mediática que se sirve de argumentos tautológicos y auto referidos que no resisten la más mínima confrontación con los datos de la realidad. Las cifras oficiales, en cualquier campo que se tomen, riñen con las de instituciones como la Contraloría o la Universidad Nacional, incluso con las del Banco Mundial, por ejemplo, con relación al balance social de los dos primeros años de gobierno y las cifras sobre la pobreza. La destitución fulminante del director del Dane, en septiembre de 2004, puso en evidencia, tanto el obstáculo que representan para el poder ejecutivo los datos reales, cuanto la idea tortuosa y difícilmente consensuada del tipo de censo de población previsto para este año. El autoritarismo captura simpatías en sectores atrasados de la población. Pero simpatías que no son eternas y que han ido cediendo por los resultados de la política económica y las reformas laboral y pensional, la persistencia del desempleo y la caída de la calidad del empleo, y los nuevos fenómenos de la inseguridad tales como el auge del sicariato en ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta. De alguna manera, cada día se hace más difícil para el grupo dominante identificar sus intereses de clase con los intereses nacionales mayoritarios, que no se avienen a la jaula de hierro del TLC y a las regulaciones supranacionales impuestas por la globalización neoliberal. El factor más dinámico de la lucha contra el modelo ha sido la movilización y la organización popular. La Gran Coalición Democrática logró un éxito rotundo con la derrota del referendo, en octubre de 2003. Las acciones populares de 2004, crecientes en número y en combatividad, las cumbres sociales y políticas, los encuentros y acuerdos entre sectores del movimiento popular y de la izquierda, están ayudando al desarrollo de una oposición que mira en dirección de una alternativa de poder democrático que confronte el proyecto reaccionario. El tema de la paz El desinfle de la burbuja va dejando al descubierto la discrepancia de fondo entre la esencia del uribismo y las necesidades de las masas populares. En realidad, Uribe trata de enderezar por la fuerza una crisis social, cultural y política de carácter histórico que, más vale, tiene tendencia a agudizarse. La crisis, como el conflicto armado interno que es su manifestación más profunda, no tiene solución de fuerza, no tiene salida por la vía militar. En consecuencia, la reelección es la base de la contra reforma que mira al pasado. La intentaron Laureano Gómez y Rojas Pinilla, en el marco de gobiernos terroristas del período macartista de la guerra fría, medio siglo atrás. La retoma Uribe en un momento crítico de la globalización neoliberal, cuando el neoliberalismo, como política socioeconómica, está naufragando en América Latina. Además, la reelección implica, no el fin sino la prolongación de la guerra interior. El gobierno ha iniciado desde el año anterior las gestiones para la renovación del Plan Colombia por otros cinco años. No existe una política de paz de Estado, como lo ordena la Constitución. Esa política tiene sentido si se enfoca a resolver el conflicto armado, por una vía de diálogo y acuerdos negociados, con insurgentes que son opositores políticos del sistema y que lo han demostrado, persistentemente, por varios decenios. En lugar de eso, el gobierno está enredado en la negociación con los paramilitares que apoyan al Estado, que defienden los intereses de los latifundistas y de las transnacionales, que siendo confesos narcotraficantes, apoyan el Plan Colombia y están decididamente por la reelección de Uribe. El favorecimiento extremo a los 'paras' en materia de impunidad y el hecho de no tocar los poderosos intereses que acumularon mediante el terror, el desarraigo y el desplazamiento forzado, a lo que se agrega el tráfico de drogas, el redireccionamiento doloso de los dineros públicos destinados a la salud en las ARS o el ordeño continuado de la gasolina en los oleoductos, con la complicidad de las autoridades encargadas de custodiarlos, apunta a la continuidad del conflicto, al fortalecimiento de los enclaves regionales del paramilitarismo. Sin embargo, la legalización de los “paras” está lejos de convertirse en la base social y política que necesita el proyecto semifascista de Uribe. Un paso en falso con Venezuela La crisis de las relaciones con Venezuela reveló al mundo el verdadero rostro de la seguridad democrática como doctrina extraterritorial y su carácter agresivo en el contexto latinoamericano. Fue, ostensiblemente, un paso en falso. No solo no contó con otro apoyo distinto al que le dieron los Estados Unidos, sino que Uribe tuvo que viajar a Venezuela y aclarar su posición ante Chávez. El incidente quedó cerrado. Pero no el fondo de la situación que puso de manifiesto algo que hemos advertido como el peligro real para Colombia y América del Sur: la utilización del régimen uribista, de los recursos militaristas del Estado y del para-estado, del territorio nacional, como una base operacional para la desestabilización de los países vecinos y una fuente de presión para enturbiar las relaciones históricas, pacíficas y de cooperación. En síntesis, la perversa pretensión imperialista de convertir a Colombia en una especie de Israel contra el resto de los pueblos hermanos, actitud a la que una franja de la oligarquía colombiana se ha mostrado proclive. Han quedado a la luz, en América Latina, dos políticas que ciertamente no coinciden: la que representa el alineamiento incondicional o seguidista con Washington (economía de libre mercado: Alca, TLC; reformismo en los moldes del neoinstitucionalismo de la globalización, OEA, políticas financiadas por el BID, BM y patrocinadas por el FMI; proyecto político-militar: Plan Colombia, Plan Patriota, militarización, contrainsurgencia); y la que refuerza los ángulos autonomistas frente al imperialismo y su estrategia integral (propuestas y proyectos de integración suramericana, subregional y latinoamericana: Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN, alianza CAN -Mercosur, Petroamérica, Alba). Los años que vienen verán qué camino se impone. La clave de lo nuevo en esta dinámica es el papel de las masas populares, el crecimiento de su disposición de lucha y de acción movilizada y organizada, así como sus nuevos niveles de conciencia. Esta dinámica no se expresa hoy solo como oposición a los gobiernos. En Venezuela, Brasil, Uruguay, gobiernos orientados a la izquierda, ensayan vías de desarrollo que se separan de las recetas neoliberales. La oligarquía colombiana ha tomado el viejo rumbo de colaborar con la peor política sanguinaria y guerrerista de Washington. A cambio, ha recibido el respaldo para la reelección de Uribe, a través de un gasto público desbordado, con la aprobación del FMI. Este compromiso condena a Colombia al aislamiento y al recelo de los vecinos continentales, por cuatro años más. Porque, en verdad, el secuestro de Granda y la crisis de las relaciones de Colombia y Venezuela, pusieron de presente el peligro de regímenes retrógrados y militaristas como el de Uribe, ya no solo como anomalías en la región, sino como factores perturbadores activos de la paz, la soberanía, la convivencia pacífica, la unidad y la integración de América Latina. El rumbo de la respuesta popular Ningún signo del desarrollo político permite prever que en Colombia no se reflejen los cambios que ocurren en América Latina. Partimos de la base de que la dinámica de la protesta social, organizada y canalizada en procesos de unidad, como los que congrega la Gran Coalición Democrática, puede generar hechos políticos. A los temas centrales: contra el TLC y el Alca, contra la agenda legislativa, contra el espíritu del estatuto antiterrorista, por la solución política y los acuerdos humanitarios, contra la reelección y el modelo de Uribe; se han agregado reivindicaciones sociales de primer orden como los servicios públicos, la deuda y la lucha por la tierra. Sin duda, se ensancha la base social de la oposición popular y democrática. Oposición al contenido del proyecto semifascista del Estado comunitario y a la seguridad como razón de ser del orden social. Oposición a la reelección misma, es decir, a la propuesta del proyecto prolongado y consolidado. La lucha social adquiere un nuevo sentido en la medida que se plantea la acción por el poder, en lo inmediato, por una parte de este, el gobierno. Puede sonar a una utopía, pero es, por lo menos, una hipótesis necesaria. Sin ella no es posible elevar el nivel de la conciencia en las luchas de masas en crecimiento. Ni desplegar la voluntad transformadora contenida en la iniciativa popular y en su despliegue en la calle. Si no creamos la conciencia de que el proyecto de Uribe y su reelección son derrotables, pocas esperanzas podrían acariciar los contingentes que se distancian del “embrujo” autoritario. Por eso, la persistencia en buscar una propuesta de gobierno que cambie el rumbo actual del gobierno y busque transformar el régimen restringido antidemocrático en un nuevo régimen de libertades y soluciones sociales, estímulo al desarrollo económico con justicia social y reforma agraria que suprima el monopolio latifundista de la tierra, asegure la soberanía alimentaria y la tecnificación del campo, no solo es un ensayo avanzado de cultura política desde la izquierda sino que es el único camino que, en las actuales condiciones, puede abrir las posibilidades de una lucha, no simbólica sino real, por el cambio. Los esfuerzos que se hacen desde la Gran Coalición Democrática para convertirla en un escenario de convergencias y propiciar el encuentro, la aproximación, la elaboración de agendas y la profundización de un programa común de las fuerzas democráticas son un ejercicio estimulante, en un momento de búsquedas y expectativas populares. Es un ambiente que propicia la actuación libre e independiente de las fuerzas políticas que puedan coincidir en identidades de ruptura con el autoritarismo y en la propuesta de un gobierno democrático, pluralista, de convergencia popular. La izquierda tiene en esto una opción clara. La ha formulado el senador Carlos Gaviria como una propuesta abierta pero sin ambigüedades. Los reagrupamientos unitarios no pasan por alto la legislación electoral antidemocrática vigente: deben buscar lanzar listas únicas, defender el voto preferente, convenir mecanismos organizativos participativos, transparentes y eficaces. La forma de designación de una candidatura única de la izquierda, entre el PDI y Alternativa Democrática, puede ser también el fruto de un acuerdo de conjunto que mire la equidad, la conveniencia, el mejor posicionamiento y la proyección popular del nombre escogido. Mirando más allá La perspectiva de las tareas inmediatas no tiene por qué nublar la mirada estratégica. La respuesta popular tiene que inscribirse en la construcción de un proyecto nacional democrático popular, vinculado a la unidad y la integración de América del Sur. Las fuerzas de la izquierda deben unirse para despejar el espacio a la opción socialista como contenido histórico de esa unidad e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Carlos Rodríguez Díaz Con mucha vehemencia, los voceros del Gobierno iniciaron la campaña por la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe, centrando su actividad legislativa en la misma y soslayando, en buena medida, temas de trascendencia nacional, como la pobreza que cunde en la Nación y que amerita esfuerzos conjuntos para encontrarle salidas a dicho flagelo. En Colombia, la reelección presidencial se prohibió definitivamente en la Carta Política de 1991, en virtud de la cual se busca preservar, a la vez, la imparcialidad oficial en las elecciones, la dedicación del Presidente a la tarea de gobierno y la igualdad de condiciones y reglas de juego para los distintos aspirantes al cargo. A propósito del tema, un genio de la psicología política, el escritor francés Alexis de Tocqueville, decía en su obra La Democracia en América: «En todas las multitudes, hay un gran número de individuos atrasados que se emocionan con el entusiasmo de la víspera». Así las cosas, podemos deducir que las victorias obtenidas a punta de empujar las motivaciones psicológicas del pueblo, llevan irregularmente a propósitos inciertos. Las tareas de un gobernante, atascado con la obsesión de su continuidad, se ven seriamente obstaculizadas. Una campaña a favor de la reelección contra el imperio de la Constitución o contra los organismos institucionales, fomenta más nuestras distorsiones y polariza a los ciudadanos en un tema cuya delegación y debate debe llevarse a cabo con ponderación en el Parlamento. Volviendo a Tocqueville, en 1848 anotaba en su libro El Antiguo Régimen y la Revolución: «El método más seguro que un gobierno puede seguir entre nosotros es el de gobernar bien y, sobre todo, gobernar en beneficio de todo el mundo. Y aún debo reconocer que incluso tomando ese camino, no está muy claro que dure mucho tiempo». Recordemos que Simón Bolívar libertó cinco naciones, fue elegido como Presidente en tres períodos y ejerció efectivamente durante siete años y ocho días. Pero, después de alcanzar la gloria, rodeado de enemigos y desengaños, renunció al poder el 27 de abril de 1830 y, 11 días después, emprendió su último viaje, hacia la muerte. Declinó el mando para preservar la unión. Pero sólo en el ocaso de su vida asumió la lección que intentó promover en el Congreso de Angostura: La continuación de la autoridad en un mismo individuo, frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos (...) Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. El panorama descrito nos reafirma que la reelección no es una buena consejera y, por el contrario, ha contribuido a desestabilizar a la nación, generando caos, ingobernabilidad y principios de autoritarismo. En Europa existe un régimen parlamentario que permite que sea el poder legislativo quien controle al Primer Ministro y que este pueda ser removido sin que se afecte la gobernabilidad. El parlamentarismo es un sistema de organización política en que el Parlamento posee el ejercicio exclusivo del poder legislativo y la fiscalización de la actuación del gobierno, cuyos miembros son solidariamente responsables ante él, o ante una de sus cámaras: El parlamentarismo se basa en la distinción de poderes, en especial del poder Legislativo y del Ejecutivo. En América existe un régimen presidencialista que posibilita la máxima concentración de poder, facilitando el clientelismo, que trae aparejada la corrupción. El presidencialismo es un régimen político en el cual el poder ejecutivo pertenece al Presidente de la República, que ostenta simultáneamente las funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno: En América Latina el presidencialismo sufre a menudo deformaciones que lo conducen a situaciones semidictatoriales. Frente a la reelección presidencial, coincido con quienes plantean adoptar un régimen parlamentario. El gobierno sería ejercido por un Primer Ministro escogido por el Parlamento y cambiable cuando carezca de apoyo político; así, aunque salgan los ministros se conservaría la estabilidad política y la gobernabilidad. Habría un Presidente elegido también por el Congreso para un período preciso, que sería una figura que simbolizaría la unidad de la Nación, cuyo poder se reduciría a proponerle al Parlamento el candidato para Primer Ministro y convocar a nuevas elecciones cuando no fuera posible formar gobierno. Las ventajas de este sistema son evidentes, por lo que se hace indispensable elegir un Parlamento digno, eficiente y responsable. Ese es el gran reto, porque hoy la Agenda reeleccionista es incompatible con la Agenda social. Los colombianos necesitamos de manera urgente resolver asuntos como la emergencia social, la hambruna y el desempleo. Por lo tanto, coincido con el senador Rodrigo Rivera Salazar, quien afirmó “que a partir del momento en el que se plantea la reelección y el Presidente no la desautoriza, cada actuación suya empieza a lucir diferente, sospechosa de que es la actuación no de un Presidente en ejercicio, sino de un candidato en campaña”. Ante esta situación, los trabajadores opondremos a la agenda reeleccionista la agenda social. Como hemos visto en las líneas presentadas, históricamente la reelección en Colombia no ha tenido cabida, razón por la que rechazamos tamaña pretensión.
Vicisitudes de la unidad en la lucha Marcelo Torres La realización del Seminario Programático de la Gran Coalición Democrática del 4 y 5 de marzo pasado en el Hotel del Parque en Bogotá, no solo constituyó un acontecimiento político nacional al reunir a la abrumadora mayoría de las fuerzas contrarias a la reelección de Álvaro Uribe. Marcó, además, un paso adelante en el proceso unitario en pro de la candidatura presidencial única antiuribista. La presencia en el evento del precandidato de Alternativa Democrática, Carlos Gaviria, del presidente del PDI, Samuel Moreno, y del vocero del liberalismo, Horacio Serpa, hizo manifiesta la voluntad de todos ellos de contribuir conjuntamente a la coalición y a la candidatura única contra la reelección. El hecho cobró tanta mayor importancia cuanto que el día anterior se había anunciado el agrupamiento del uribismo en campaña por la reelección con Juan Manuel Santos como jefe de debate. El Seminario, convocado por la Gran Coalición Democrática, patentizó el papel de esta como gran auspiciadora y orientadora de la unidad. El evento, que amplió de 5 a 8 los puntos programáticos de la Coalición, fue inaugurado por Carlos Rodríguez, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y coordinador de la antedicha coalición, clausurado por Apecides Alvis, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y a él asistieron la senadora Piedad Córdoba, los dirigentes y delegaciones de todos los partidos de izquierda del país, de sindicatos nacionales, del movimiento comunal, de las ONG, y de otras numerosas organizaciones. El reeleccionismo, proyecto fascista criollo ¿Qué concita tan amplia convergencia política? Diríase, al rompe, que el instinto de conservación de los más amplios sectores democráticos y de izquierda del país. En efecto, si algo es evidente es que el presidente Uribe viene pugnando por imponer en Colombia un esquema político del cual, lo menos que puede decirse, es que rompe abiertamente con el llamado Estado de derecho, aunque factores de resistencia civil de carácter nacional –coadyuvados por una crítica opinión internacional– no se lo hayan permitido a cabalidad. En realidad, el filo más cortante de la cruzada represiva que se ha dado en llamar Política de Seguridad Democrática se dirige, sin mayores disimulos, a segar de un tajo lo que queda del régimen democrático-burgués en el país. Así lo comprueban numerosos actos y medidas de gobierno o avisos nada velados en tal sentido. Por ejemplo: los anuncios de revocar el Congreso y de cercenar a la Corte Constitucional esenciales atribuciones en materia de vigilancia del cumplimento de la Carta Política, el Estatuto Antiterrorista, la práctica del Ejecutivo de no acatar los fallos de la Corte Constitucional, el proyecto de censo de la población con huella dactilar y domicilio de los censados, las arbitrarias detenciones masivas, la costumbre del Presidente –y recientemente del Vicepresidente– de tildar de “terroristas” a quienes hacen uso del derecho a la protesta, a ciertas informaciones de la prensa y a las ONG. El artículo del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, donde afirma que “la tortura se justifica si con ella se salvan vidas”1, ilustra con brutal elocuencia la ominosa tendencia. Las extradiciones, cuyo número rebasa cualquiera que gobierno anterior alguno haya realizado, incluyen no sólo a narcotraficantes sino a miembros de las guerrillas, se ordenan con absoluto desinterés por la observancia de nuestra legislación nacional, y revelan no sólo el vilipendio oficial a los derechos de los colombianos sino la abyecta condición de gobierno vasallo de Norteamérica. En la concepción de Uribe, se trata de la supresión o reducción a la impotencia de las ramas judicial y legislativa, al igual que de todo tipo de controles públicos, como de la liquidación de las libertades y garantías civiles. Por consiguiente, se busca implantar la ausencia de normatividad, no digamos sólo para acabar toda garantía de bienestar social, sino para impedir cualquier ejercicio de los más elementales derechos, como huelga, asociación, convención colectiva, expresión, reunión, movilización, oposición política; o para precaverse, del reinado sin fin de la arbitrariedad del Ejecutivo en el domicilio, en la correspondencia, en los procesos judiciales o en la propia integridad personal. En suma, los obstáculos que hasta ahora se le han atravesado a Uribe en su proyecto político resultarían, en apariencia, minimizados, de lograr su reelección, con el supuesto respaldo nacional que ella implicaría. Sobre todo si se tiene en cuenta que un rasgo sobresaliente de la situación internacional consiste en que la reelección de Bush reafirmó la tendencia a la fascistización de la opresión imperialista y del esquema neoliberal, incluso en Estados Unidos. Con la reelección de Uribe no sólo se daría por descontada la continuación y la profundización rampante del neoliberalismo, que por década y media ha postrado la economía nacional y empobrecido al país, sino que el régimen político colombiano correspondería de lleno a una amalgama neoliberal-fascista2. Puede derrotarse a Uribe Si se ausculta la actual relación de fuerzas en la crucial batalla política que se avecina, habrá de identificarse una serie de factores que, debidamente aprovechados, pueden desembocar en la derrota del proyecto reeleccionista. En los dos años y medio del gobierno Uribe, es incuestionable que tanto la resistencia civil como la que puede llamarse institucional han logrado victorias importantes. El hundimiento del referendo en octubre de 2003, casi simultáneo con el de los candidatos gobiernistas en las elecciones del día anterior, constituyó el mayor hito en la lucha política reciente. Si los principales artífices del descalabro del referendo fueron la Gran Coalición Democrática y el liberalismo, con Piedad Córdoba encabezando la DNL, el suceso en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados lo constituyó la emergencia del PDI. El gobierno de Uribe sufrió su primera gran derrota y el modelo neoliberal experimentó su más acusado revés en Colombia. Con ambos triunfos populares, la derrota de los candidatos gobiernistas y, principalmente, el naufragio del referendo, el cuadro general de la correlación de fuerzas en el país, aunque no experimentó una transformación de fondo, sí acusó una modificación positiva apreciable, que marcó el inicio de un ascenso de masas contra el gobierno de Uribe y el esquema neoliberal. Mientras que el gobierno resultaba visiblemente debilitado, el pueblo, o por lo menos sus destacamentos más avanzados y organizados en la Gran Coalición Democrática, se percataron de que pueden derrotarlo, empezaron a recuperar la confianza en las fuerzas propias y a reagruparse mediante nuevas y grandes movilizaciones, con la mira puesta en el acercamiento de las condiciones para la preparación de una contraofensiva futura. Era lógico que en un clima tal de avances surgiera y alzara vuelo la tendencia hacia la unidad. Fisuras en la coalición uribista Como puede verse, el desarrollo de la pugna por alcanzar la presidencia en el 2006 presenta, respecto de las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores, dos grandes diferencias. Ambas actuarán contra la reelección de Uribe y en favor de las fuerzas opositoras. La primera consiste en los quebrantos de la unión de los sectores que llevaron a Uribe a la presidencia y, la segunda, en el fuerte movimiento hacia la unidad de los adversarios de la reelección. La coalición pronorteamericana que posibilitó la elección de Álvaro Uribe como presidente en el 2002 estuvo integrada por el gobierno Pastrana y los demás círculos neoliberales, los grupos económicos, los principales medios de comunicación, el conservatismo, los terratenientes, los grandes empresarios agrícolas y los dirigentes colaboracionistas del liberalismo3. Sin embargo, a poco andar, y no obstante los vítores prematuros de la Política de Seguridad Democrática, dicha coalición se agrietó alrededor de dos cuestiones candentes: el proyecto de reelección de Uribe y las negociaciones de Ralito. Hoy no hay trazas de que tan serias fisuras puedan subsanarse antes de mayo del 2006, lo cual, inexorablemente, le restará fuerzas a Uribe. Por el contrario, no pocos medios, que en general han apoyado al gobierno, subieron el volumen de sus voces críticas en torno a la ausencia de voluntad oficial sobre el estatuto que establezca claras garantías para las agrupaciones y candidatos opuestos a la reelección4. Una especie de temporal se abatió la última semana de febrero sobre el gobierno; fue generalizada la impresión de que mientras presentaba a la Mesa de Donantes, en Cartagena, las bases de un proyecto legislativo inspirado en los criterios de verdad, justicia y reparación, en realidad apoyaba otro, de la cosecha del Comisionado Restrepo, más inclinado por una discrecional benevolencia del presidente hacia los jefes de los grupos armados ilegales concentrados en Ralito. El ex presidente Pastrana llegó a lanzar contra el presidente Uribe la acusación, de muy grueso calibre, de que su reelección se entrelazaba con la negociación de Ralito. Sobre esta y la reelección, los reparos editoriales de El Tiempo, como los de El Nuevo Siglo, en vez de cejar, se hacen más frecuentes. El otrora cercanísimo compañero de Uribe, Pedro Juan Moreno, no escatima invectivas contra la claque del mandatario. Ya forman legión los columnistas de todos los medios que lanzan afilados dardos contra la reelección y los pactos de Ralito5. Tampoco fue de desestimar el descrédito que le acarreó al gobierno el sainete clientelista de la compra oficial de votos de los parlamentarios para la aprobación del proyecto reeleccionista durante sus dos agitadas legislaturas. En el horizonte plagado de nubarrones que enfrenta el gobierno, el fallo pendiente de la Corte sobre la reforma constitucional que aprobó la reelección es, quizá, el escollo decisivo en lo inmediato. En sucesivos y conocidos fallos, la Corte Constitucional ha salido por los fueros del Estado de derecho, propinado severos contragolpes a la tendencia autocrática del gobierno y defendido el interés material de las clases populares. La caída del Estatuto Antiterrorista y la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de la reforma pensional, para sólo referirnos a dos casos ejemplares, hablan por sí solas de la trascendencia de la resistencia democrática institucional frente a la tendencia policíaca y a los desafueros neoliberales de la administración Uribe. Con laberintitis o sin ella, ha quedado claro lo que ya muchos habían vaticinado: que el sosiego en la Casa de Nariño se iría al diablo por el desgaste de las negociaciones de Ralito y por la aguda cefalea política derivada de los afanes de la reelección. La tendencia hacia la unidad En la orilla opuesta, la de los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, prevalece la tendencia contraria. Está en marcha un clarísimo movimiento hacia la unidad de las fuerzas antiuribistas. Se deriva de una conciencia creciente sobre la necesidad de la unidad popular para conjurar la amenaza reeleccionista y poner en marcha cambios políticos de fondo, la que a su turno se origina en la asimilación de la experiencia de la lucha reciente. A diferencia de las elecciones presidenciales de 1998 y de 2002, cuando la mayoría de las fuerzas de izquierda y del llamado centro izquierda no se plantearon siquiera la necesidad de conformar una amplia coalición unitaria, primero contra Pastrana y luego contra Uribe, ahora el viento sopla definidamente en pro de la conjunción de esfuerzos. Si en las presidenciales del 2002 la considerable votación que obtuvo Luis Eduardo Garzón se hubiese sumado a la de Serpa, acaso la historia habría podido ser diferente. En todo caso, reconózcase explícitamente o no, el asunto es que el grueso de la izquierda y los sectores democráticos parecen haber aprendido la lección. En la hora actual, los más reparan en que para pisar en firme el terreno de las posibilidades de la derrota de la reelección, antes debe lograrse la premisa de concentrar la totalidad o por lo menos la gran mayoría de las fuerzas antiuribistas en una gran coalición que respalde una única candidatura presidencial. El que esta política –que dentro de la tradición marxista se ha denominado de frente único– sea hoy moneda corriente al cabo de mucha agua pasada bajo el puente del período neoliberal, no evidencia sino cuánta razón asistía a los planteamientos de Francisco Mosquera, quien más tempranamente la formulara en Colombia6. También es evidente que en la vigorosa tendencia unitaria mucho han influido los vientos del Sur, esa marcha tumultuosa de nuestro vecindario hemisférico contra los regímenes neoliberales, manifiesta en las amplias coaliciones sociales y políticas en busca de nuevas salidas a la crisis de estancamiento, pobreza y opresión; otra cosa será si los nuevos gobiernos que la expresan satisfacen las expectativas puestas en ellos o las traicionan, como el coronel Gutiérrez en Ecuador. Con escasas excepciones, también se reconoce que los principales agrupamientos que podrían concurrir a esa concentración de fuerzas para conformar una coalición unitaria, de una amplitud sin precedentes, son: el sector antineoliberal del liberalismo, el PDI, la bancada de Alternativa Democrática y la Gran Coalición Democrática. Antecedente del proceso en esa dirección fue la reunión de los representantes y voceros de tales agrupamientos en la que se llamó Cumbre Social y Política del Hotel Orquídea Real de Bogotá, el 22 de julio del 2004, convocada por la Gran Coalición Democrática. Allí el vocero del PTC (moirista) planteó la coalición y la candidatura presidencial única antiuribista. Otro hecho en la misma línea, más reciente, fue la propuesta –a instancias de Antonio Navarro– del PDI a Alternativa Democrática, de efectuar una consulta para escoger el candidato de las dos importantes colectividades, respondida positivamente, con la disposición a seleccionar dicho candidato y con otras propuestas unitarias, por Carlos Gaviria7. Antes de ello, el 29 de noviembre de 2004, en el seno de la Gran Coalición Democrática, el Secretario General del PC, Jaime Caycedo, había presentado una proposición en el sentido de que se respaldara la política de candidatura única antiuribista sobre la base de un programa conjunto y de listas únicas para Congreso. En síntesis, amén de los factores ya señalados, que revelan por qué es posible derrotar a Uribe en el 2006, deben añadirse los que se avizoran en perspectiva. En el tramo final del gobierno es muy predecible que aumentarán el descontento popular y las movilizaciones de protesta. La continuación del ajuste fiscal fondomonetarista, con su secuela de más liquidaciones de entidades del Estado, despidos masivos, cierre generalizado de los hospitales, recorte a los gastos de salud y educación, cultura y recreación, incrementará los padecimientos del pueblo pero contribuirá a revelar la verdadera naturaleza antipopular de Uribe8. La firma del TLC por el gobierno, que puede darse por descontada, habida cuenta de la estrecha dependencia de este de la asistencia militar norteamericana y de la deuda externa, desengañará a no pocos de la supuesta posición de Uribe en la defensa del interés nacional. El tratado le impondrá al país el dogal de la anexión económica a la órbita gringa, pero contra el gobernante apátrida se revolverán ya no sólo los obreros y los sectores populares sino muchos de los empresarios pequeños, medianos y aun grandes, tanto del agro como de la industria.
El envión del colaboracionismo No obstante las favorables condiciones que vienen juntándose para la formación de la unidad popular que pueda abatir el proyecto reeleccionista, enfrente de esta se alzan considerables obstáculos. Desde la derecha, como el más grande, conspira el envión del colaboracionismo prouribista para tomarse el Partido Liberal y ponerlo al servicio de la reelección; y desde la ultraizquierda, los escollos del espíritu de secta atravesados en el seno del movimiento popular al avance de la política de candidatura única antiuribista. A la corriente antineoliberal del liberalismo opuesta al gobierno, terminaron por salirle al paso, tanto desde fuera como desde dentro del Partido Liberal, partidarios abiertos y camuflados del presidente Uribe. El flanco desembozado del reeleccionismo lo encabeza sin ambages el ex presidente Turbay. Las propuestas de consulta liberal para escoger candidato –en la que se incluye a Enrique Peñalosa–, jefatura única para el ex Secretario General de la OEA y la inefable bandera de la reconciliación de los liberales, presentadas bajo el velo del interés por el fortalecimiento de la averiada colectividad en el anunciado congreso de junio, nacieron del pacto entre los ex presidentes Gaviria y Samper. La mencionada consulta, además de plantearse muy tarde, para marzo de 2006, busca, por un lado, descartar a Serpa, al tiempo que se logra, con su posible concurso, darle un viso democrático al proceso de escogencia; por otro, elegir como candidato a un connotado neoliberal como el mencionado ex alcalde de Bogotá y, por último, alcanzar con ello la antesala para un acuerdo de respaldo a la candidatura de Uribe. El trío de ex mandatarios coincide, explícita o tácitamente, en que Uribe sea el candidato presidencial del liberalismo9, en que se archiven los estatutos bajo los cuales se eligió la dirección liberal que tomó partido contra la actual administración y en que quienes votaron la reelección, hoy sancionados por la DNL, como su numerosa clientela, puedan concurrir como si nada a la consulta y al congreso a decidir la suerte del liberalismo. Sus matices residen en que Turbay, para reelegir a Uribe, sigue empeñado en resucitar una coalición bipartidista de molde antañón, así sea, a manera de rima paradójica, con el mote de “Patria Nueva”. En que Samper, bajo la divisa de que “el Partido debe hacer lo que sea para recuperar el poder”10, ha venido sosteniendo que “Uribe debe cambiar de pareja” para significar que todos los problemas se arreglarían si el Presidente, en lugar de los aliados que hoy tiene, decidiera gobernar con los liberales colaboracionistas. Y César Gaviria, a su turno, ha expresado sus reparos sobre el gobierno, alusivos al desdén del Presidente por el sistema de partidos y los derechos de la Constitución del 91, sólo para rematar en la reiteración fundamental de que Uribe adelanta “orientaciones generales de política económica [es decir, las del modelo neoliberal] con las cuales coincido”11. En el escenario descrito, Serpa rechaza la reelección de Uribe y se muestra partidario de una amplia coalición que unifique a las fuerzas antiuribistas y apoye un solo candidato antireeleccionista. Queda por verse si, al frente de los liberales que promovieron la abstención contra el referendo y que rechazan la reelección, pueda desbaratar los planes Samper-Gaviria y cruzar con éxito el rubicón del congreso liberal. Si Serpa no logra establecer con claridad en el seno del partido liberal la línea de demarcación entre las fuerzas antiuribistas y las que solapadamente le hacen el juego a la reelección, si transige con la participación de los sectores colaboracionistas en la consulta y el congreso liberal, la batalla de esta colectividad contra Uribe no podría adelantarse consecuentemente y la corriente antineoliberal del liberalismo sufriría una dura derrota12. La resolución del pleito que ha de ventilarse en el liberalismo no resulta indiferente al conjunto de las fuerzas democráticas y de izquierda del país; interesa a los sectores más avanzados y progresivos de Colombia que los liberales antiuribistas salgan airosos. El sectarismo de la ultraizquierda En la izquierda, la mayor obstrucción a la política unitaria la encarnan algunos sectores, sempiternos aquejados de la enfermedad infantil del “izquierdismo”, cuyo principal exponente hoy es el Moir. Sus objeciones contra la coalición que respalde una candidatura única antituribista se reducen a una mescolanza de estrechez política, sectarismo y abandono total de la consecuencia táctica central que el fundador del moirismo, Francisco Mosquera, extraía de su análisis del período neoliberal, el frente único de salvación nacional. Uno de tales argumentos: que la Gran Coalición Democrática no debe ventilar ni tomar posición sobre la cuestión principal de la política nacional, la de si se debe o no conformar una coalición unitaria que libre la batalla antireeleccionista con una candidato único; otro: que el candidato que enfrente la reelección sólo puede ser la expresión política de un frente electoral de izquierda. Ya al final del año anterior, Carlos Valverde, uno de los fundadores y dirigentes históricos del moirismo, abrió el debate público y emplazó a la dirección del Moir a corregir tan desatinadas invitaciones a dar marcha atrás. El título de la declaración en la cual planteó su punto de vista resultó todo un manifiesto: “El deber de la hora es propiciar, no sabotear la candidatura presidencial única antiuribista”13. Llegó a plantearse en la coordinación nacional de la Gran Coalición Democrática, con muy poca fortuna, que esta no puede ocuparse de la actividad política electoral so pena de dividirse. “Pensar hoy en un proceso de unidad recogido en la sumatoria de ejes ya planteados sólo para el debate electoral, pensarlo incluso en el marco de la pelea para el debate y la participación electoral solamente, es apostarle a la liquidación de gran coalición”14 (mayúsculas del original), y añade: “solicitamos que gran coalición se siga recogiendo y pensando como para aquello que surgió, un espacio de unidad, para la pelea y la lucha de todos los excluidos, la mayoría de esta importante Nación”15. Los autores del comunicado se inventan algo que nadie sostiene en la Gran Coalición Democrática, que esta se limite “solamente” a la participación electoral. Luego, en “la pelea y la lucha de todos los excluidos” que dicen debe librar la Gran Coalición Democrática, no incluyen ni por asomo la más importante: la batalla contra la reelección. Para arribar a tal absurdo no paran mientes al asumir la vieja y atrasada posición que proscribe la política de los sindicatos, la política que los trabajadores quieren, deben y pueden escoger sin que se las autorice “radical” alguno. Tampoco vacilan en hacer suya la práctica del bipartidismo tradicional, tan antediluviana como reaccionaria, de que la política, las elecciones –incluidas las presidenciales–, son asunto reservado a la decisión de los parlamentarios. Sobre la pifia de la misma autoría, la pretensión de “prohibir” que la Gran Coalición Democrática participe activamente en la lucha política arguyendo precisamente el origen de la misma, cabe la misma glosa. Dicha coalición tuvo un origen directamente político: nació como respuesta popular al referendo uribista y fue precisamente su composición (partidos políticos de izquierda, centrales obreras, sindicatos, organizaciones comunales, ONG, y otras) lo que otorgó una efectividad inusitada a su acción política (la abstención, que desde hacía décadas carecía de eficacia política). Aunado a este nacimiento que culminó en un verdadero parte de victoria (la derrota del referendo), la coalición de la izquierda y las centrales obreras adquirió después características que la convierten en la gran alianza popular sin precedentes de la época posterior al Frente Nacional: se constituyó en el instrumento más eficaz de la movilización de masas –de ello dan fe las protestas y marchas del 2004, especialmente el paro nacional del 12 de octubre– , su organización se ha extendido nacionalmente y ha logrado decantar un programa. De modo que si algo pregona tanto el origen como el desempeño de la Gran Coalición Democrática es el protuberante papel político que está llamada a cumplir. Con el mismo espíritu de secta se arguye que el candidato no puede ser sino vocero de un frente de izquierda, sobre la base de recalcar la necesidad de un programa que implique “el rechazo radical” de la política neoliberal del gobierno Uribe, como la lucha por la conquista de la plena soberanía económica y política, para pasar, luego de tan razonable premisa, a la afirmación de que sólo la izquierda es consecuentemente patriótica y democrática16. ¿Cuál es el interés de la rotunda aseveración? Con grandes aspavientos, se nos revela como el descubrimiento clave de la situación: la izquierda nunca debe “desplazarse hacia el centro”17. Cuando lo que debe resolverse es un problema político, la formulación y aplicación de la táctica adecuada contra la reelección, se responde con todo un alegato sobre la ubicación en el terreno ideológico. La formulación de la táctica, que es siempre un problema concreto, no puede resolverse con la perogrullada de que la posición ideológica revolucionaria debe permanecer fiel a sí misma, no puede reducirse jamás a la radiografía ideológica del conjunto de las fuerzas en el cual, como es obvio, unas resultan más de izquierda y otras mucho menos. La política no puede reemplazarse con ideologismos. La cuestión no merecería mayor atención de no ser por la perniciosa influencia que puede ejercer sobre el movimiento político concreto. El silogismo armado para obstruir la política unitaria es este: como sólo la izquierda es “consecuentemente patriótica y democrática”, se sigue de ello que la lucha contra la reelección sólo puede adelantarse con una candidatura surgida o respaldada por la izquierda “consecuentemente patriótica y democrática”. Que la izquierda en su conjunto tenga la consecuencia aludida, afirmación que se proclama como un axioma, es algo que merecería confrontarse con los hechos. Pero limitándonos al asunto en cuestión, la resistencia civil en la situación concreta de Colombia, ¿puede adelantarse únicamente con la izquierda “consecuentemente patriótica y democrática”?, ¿qué hacer frente a las fuerzas, cualesquiera que sean, que de alguna manera tienen posiciones patrióticas y democráticas aunque no de modo consecuente?, ¿las descartamos con el esclarecido lema de “nunca desplazarse hacia el centro”?, ¿o simplemente nos guiamos por la indicación leninista de no desaprovechar en la lucha contra el enemigo común ningún aliado posible de masas, así sea “temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional”18? Respecto de las verdades de la táctica marxista habría que decir, como Mosquera: que vale la pena recordarlas “no porque se trate de cuestiones nuevas sino olvidadas”. Muy olvidadas, según puede constatarse, por estos mosqueristas de pacotilla. El fondo de la cuestión reside en que tanto la corriente antiuribista del liberalismo como el PDI constituyen indudables aliados de masas nada despreciables sino, por el contrario, indispensables a la hora de sumar fuerzas en el empeño por inclinar la balanza contra la reelección, a favor del pueblo. Al frente de tales fuerzas han de jalonar la movilización efectiva las candidaturas de los líderes más reconocidos de las mismas, verbigracia, Antonio Navarro entre los partidarios del Polo, como Horacio Serpa entre los liberales y Carlos Gaviria entre amplios sectores de izquierda. Flaco servicio presta a las masas una táctica “radical” que ignora tan evidente exigencia de la correlación de fuerzas en la presente batalla contra la reelección. Por lo pronto, la realización del pasado Seminario Programático de la Gran Coalición Democrática no solo remató el tramo preliminar del avance del proceso unitario sino que vino a zanjar diáfanamente la pugna en el seno de la izquierda en favor de la candidatura presidencial única antiuribista. Se inaugura una nueva fase. Corresponde al período de concreción de los acuerdos políticos necesarios que hagan realidad la candidatura unitaria. Contribuyamos a lograrlos.
La reelección: oportunidad para la unidad Antonio Navarro Wolf A estas alturas de la discusión del proyecto de reelección inmediata, creo que no vale la pena repetir los argumentos que se esgrimieron ampliamente el año pasado. No me cabe duda de que la reforma constitucional que permite la posibilidad de reelegir al Presidente en ejercicio, es mala como norma general y peor como mecanismo que puede llevar a reelegir a Álvaro Uribe. Como norma general, la reelección inmediata abre paso a abusos de poder del mandatario de turno, promueve la corrupción y el clientelismo desde el Ejecutivo, deteriora las garantías de igualdad en el proceso de elección presidencial y produce segundos mandatos con presidentes débiles. Además, prolonga las políticas públicas defectuosas del mandatario que es reelegido y, en el caso de las inicialmente exitosas, el continente suramericano ha mostrado la total incapacidad que tienen los presidentes de segundo período, de modificarlas cuando está claro que llegan a su obsolescencia. Finalmente, la autorización de la posibilidad de la reelección presidencial inmediata llevará a una medida similar para alcaldes y gobernadores, con lo cual se profundizará el desastre politiquero en las entidades territoriales. En el caso de Álvaro Uribe, la situación es especialmente grave porque representa un proyecto autoritario que está incidiendo de manera grave y negativa en la historia nacional, poniendo en riesgo los contenidos progresistas de la Constitución, polarizando al país con un lenguaje y unos símbolos de derecha dura, produciendo hechos que constituyen antecedentes muy complejos en los procesos de paz, profundizando la desnacionalización del país con acuerdos de largo plazo como el TLC y volviendo irreversibles elementos complejos del programa neoliberal. Además, promovió la modificación constitucional en beneficio propio, en un claro acto de agresión a la ética pública. Todos esos elementos se han discutido extensamente en foros de la más diversa índole. Hoy parece vano repetirlos. Pero como todo indica que la posibilidad de reelección va a ser legitimada por la Corte Constitucional, ya que este cuerpo judicial no parece capaz de enfrentarse al establecimiento económico y social del país con un fallo de inexequibilidad, vale examinar qué oportunidades nos brinda la situación actual. Todos los síntomas nos señalan que gracias a ella se está profundizando la crisis de los partidos tradicionales. En el conservatismo, el partido azul se presenta por segunda elección presidencial consecutiva sin candidato propio, dependiendo del mero apoyo clientelista, lo cual sin duda disminuirá su apoyo popular. En las filas liberales, el cisma que había comenzado con la elección de Uribe contra el candidato oficial del partido rojo en el año 2002, se profundiza con la reelección. La disputa entre la izquierda liberal y los sectores más de derecha de ese partido continúa sin que se pueda ver claramente aún cuál de los actores impondrá finalmente sus puntos de vista en el congreso de esa colectividad el próximo mes de julio. De todos modos, la izquierda liberal es nuestro aliado más cercano. Ante esa crisis del bipartidismo y, analizando las tendencias que muestran las corrientes de opinión más consistentes, parece que la mejor oportunidad es para quienes representamos de manera más clara una opción francamente opuesta a la derecha uribista. En mi criterio, la unidad de la izquierda democrática tiene un futuro promisorio, entre otras cosas porque con Uribe como candidato, la tendencia a la polarización parece irrefrenable. Además, la unidad es poderosa porque simplifica el mensaje y facilita la posibilidad de escoger a los ciudadanos, porque aumenta la certidumbre del futuro, porque potencia las fuerzas muy por encima de su suma aritmética, porque derrumba los mitos del canibalismo interno. En medio del infortunio que representa para Colombia la posibilidad de reelección de Álvaro Uribe, debemos aceptar que ella, sin proponérselo, ayuda al avance de un proyecto como el que unidos hoy representamos.
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