Bogotá, Febrero - Septiembre de 2001 -Nº 3 ISSN 01246704 |
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Conscientes de la necesidad de
analizar y discutir un tema tan trascendental para el presente y Nariño, Parmenio Cuéllar, el senador Amylkar Acosta, el ex senador Marcelo Torres y el ex sacerdote Carlos Palacios, dirigente cívicodel Putumayo. El ex senador, ex ministro de Estado y ex gobernador de Sucre, Apolinar Díaz Callejas igualmente envió su ponencia. A continuación, presentamos una síntesis de las intervenciones.
Desde finales de la década del ochenta la guerra en contra del narcotráfico se convirtió en la estrategia fundamental de la política exterior de Estados Unidos, desde ese entonces la única superpotencia mundial. Dicha estrategia se ha materializado durante los últimos dos años en el llamado Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano a mediados del 2000. A partir de ese momento, el gobierno de Pastrana lo adoptó como su carta de navegación, dejando de lado incluso su Plan de Desarrollo. Así, dentro del Plan Colombia, diseñado y confeccionado a la medida de los intereses del país del norte, se envolvieron las que han sido políticas prioritarias del actual gobierno: la lucha antinarcóticos, el proceso de paz y la profundización del modelo neoliberal. No obstante, las implicaciones de este Plan trascienden el ámbito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y afectan de manera sustancial a los países de la región andina y la cuenca amazónica. Parmenio Cuéllar «El Plan Colombia sí es una política de Estado, pero no del Estado colombiano sino del de Estados Unidos. (...) Estados Unidos quiere volver a consolidar su hegemonía en nuestro país y el Plan Colombia es uno de sus instrumentos». Se trata de un plan impuesto al país por parte de un gobierno y de unos organismos internacionales con los cuales el Estado colombiano tiene unas relaciones que no puede modificar de manera unilateral. Es una política que defiende al sistema capitalista en un contexto mundial y por eso sí es una política de Estado. Es una respuesta neoliberal a la problemática social. Es una respuesta represiva a la problemática de la nación colombiana. Así, el Plan Colombia aparece en una situación coyuntural que obliga al actual gobierno a comprometer los intereses nacionales, aunque, desde luego, esta situación venía gestándose en gobiernos anteriores. No se ve en el futuro próximo un gobierno con el propósito de acabar con el Plan Colombia, sino más bien una continuidad de dicha política. El origen del Plan Colombia tiene que ubicarse en el contexto de la globalización económica. Así como se somete al país en los términos económicos y sociales, con la política de apertura, privatizaciones y restricción del gasto social, también se requiere de una política claramente represiva, lo cual constituye un atentado contra el orden democrático tradicional del país. Como consecuencia, se produce la concentración acelerada de la riqueza en las multinacionales y en los grandes grupos económicos internos, lo que genera una mayor polarización social. Se profundiza la dependencia nacional y se aumenta la brecha entre los países pobres y los países ricos. Es en este contexto de globalización de la economía, de debilitamiento del Estado, donde se produce también un debilitamiento de la democracia y un endurecimiento del régimen político. Por ello, en la medida en que se agudizan los problemas sociales del país, el narcotráfico gana terreno. Por lo tanto, sólo a través de una política que tienda a garantizar el bienestar social de la población será eficaz la política contra el narcotráfico. De lo contrario seguirá ocurriendo lo que vemos hoy, en el sentido de que se erradica el narcotráfico en una región pero se fortalece en otra. La producción de coca se convirtió en la única alternativa para los campesinos frente a la crisis de la agricultura, dado que este sector ha sido la principal víctima del proceso de globalización. La producción de coca pasó de 41 mil hectáreas en el 92 a 122 mil en el 99 y a 150 mil en el 2000, vinculando a 335.640 personas en 107 municipios, de acuerdo con datos suministrados por el Plante. Además de la política represiva, el Plan Colombia ha generado un problema gravísimo de desplazamiento y está destruyendo nuestro ecosistema, de tal manera que el país está en una situación sin salida. El Plan Colombia no se le consultó ni al país ni a las comunidades afectadas. De ahí que los gobernadores de los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Putumayo y Caquetá propusieron el llamado Plan Alternativo del Sur, que contiene diez estrategias. Como primera, se plantea una propuesta de concertación con las comunidades campesinas y el Estado colombiano. Una segunda estrategia consiste en la erradicación manual de los cultivos de coca, pero de manera voluntaria. El Plan Surcolombiano, como también se le conoce, es un proceso de reconstrucción social, económica, ambiental e institucional para orientar acciones oficiales y privadas en las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito, dentro de un contexto de desarrollo regional, que de manera integral aborde todos los componentes de la vida social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Una tercera estrategia es una reforma agraria, que debe comenzar con el traspaso de las propiedades hoy sembradas con coca a los campesinos. Esta reforma agraria debe ser integral, esto es, que además de entregarles la tierra a los campesinos, se les asesorare en sus cultivos, y se les garantice créditos y la comercialización de sus productos. Guillermo Alfonso Jaramillo «El escalamiento de la guerra que ocasionará la puesta en marcha del Plan Colombia polarizará aún más la sociedad colombiana». Es claro que los intereses estratégicos sobre el territorio colombiano se involucran cada vez más en la dialéctica del conflicto. Las transnacionales y el capital financiero agregan otro ingrediente a la guerra civil en la medida en que buscan generar mecanismos de seguridad a sus negocios, financiando a los grupos armados y traficando con armamento, a la vez que garantizan sus beneficios extraordinarios aquí en Colombia. La paz hace parte de la economía política de la guerra. El discurso de la paz sirve también para la consecución de recursos financieros externos, obtener preferencias en los mercados internacionales, ganar solidaridad política y fortalecerse estratégicamente en el conflicto. Además, la intensificación de la guerra en Colombia se encuentra imbricada con la profundización del modelo neoliberal que se viene imponiendo en nuestro país durante la última década. En cuanto al Tolima, el balance después de una década de neoliberalismo es hoy demasiado pobre. Ibagué, la capital, es la ciudad con la mayor tasa de desempleo en nuestro país y la crisis económica se expresa en una caída sin precedentes en la construcción, la agricultura comercial, el café y el sector manufacturero, aunada a los bajos niveles de inversión del sector privado y al alto déficit de las finanzas públicas, regionales y locales. Sin desconocer el peso que tiene la violencia social, es inevitable expresar la gravedad de las repercusiones que tiene el conflicto armado en el Tolima. El departamento está sitiado por la insurgencia y las autodefensas. La situación estratégica del Tolima en términos de la salida a la capital de la República y a la Cuenca del Pacífico ha llevado a una feroz disputa territorial entre los actores del conflicto armado. Esta situación ha implicado la concentración de fuerzas con sus obvias consecuencias en términos de intimidación, terror y desplazamiento forzado. Considerando estos elementos en el ámbito nacional y reconociendo que la situación en sus propias regiones es igualmente crítica, los gobernadores de los departamentos del sur del país propusimos el Plan Surcolombiano. En 1998, el gobierno nacional presentó al gobierno estadounidense un plan de erradicación de los cultivos de uso ilícito, coca, amapola y marihuana, de lucha contra el narcotráfico y de control del mercado de las drogas producidas en Colombia. Este plan se denominó Plan Colombia y en su primera versión produjo la fumigación de las zonas sembradas de dichos cultivos y el fortalecimiento militar para un supuesto control del auge del narcotráfico. Una de las zonas de aplicación del Plan es el Macizo Colombiano, situación esta que indujo a la reacción en su contra de campesinos e indígenas, que son los más directamente afectados, y que compromete además al conjunto de la población de la región por las precarias condiciones económicas en que se encuentra y por la interdependencia que existe entre las comunidades. Las organizaciones sociales han desarrollado un proceso de movilización y negociación con el Estado sobre las necesidades más sentidas por sus comunidades. Los departamentos que constituyen la región surcolombiana manifiestan la imperativa necesidad de profundizar la inversión social en las entidades territoriales y de realizar la erradicación manual de cultivos de uso ilícito acompañada de programas integrales, de mejoramiento de la calidad de vida y de proyectos de sustitución de cultivos, descartando totalmente la opción de fumigación. La región presenta altos índices de pobreza, baja cobertura escolar, analfabetismo, significativas tasas de mortalidad infantil y una participación en el PIB de la nación de tan solo el 8.76 por ciento. El sur de Colombia se ha convertido en una zona estratégica y fundamental para la definición de la guerra en Colombia. También lo es para el narcotráfico, por la presencia de los cultivos de uso ilícito y la posibilidad de ampliarlos a la zona amazónica y a la cuenca del Pacífico. Pero es también estratégica en cuanto a su oferta de recursos ambientales y petróleo. En todo caso, son actores externos quienes se disputan esta amplia región, correspondiente al 20 por ciento del territorio nacional, sin importarles que para ello tengan que expulsar a la población que hoy lo habita, como lo vienen haciendo. Amylkar Acosta «La versión que finalmente terminó por conocerse del Plan Colombia se fraguó a hurtadillas, a espaldas de la opinión nacional y del mismo Congreso de la República» La conducta del gobierno de Pastrana frente al Plan Colombia ha estado llena de incoherencias. El primer bandazo se presenta cuando vino al país el general Mc Caffrey, y planteó que el plan, tal como había sido aprobado en su primera versión, no era convincente para los Estados Unidos y que por tanto no existían fondos para su ejecución. Ante ello, el director de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda se trasladaron a Washington, donde empezaron a trabajar sobre los borradores de lo que sería la versión USA del Plan Colombia, el cual recibió aprobación de la administración Clinton, quien lo calificó co-mo una de las más importantes iniciativas antinarcóticos que jamás había sido propuesta por gobierno colombiano alguno y que respondía al interés de salvaguardar la seguridad nacional estadounidense. Es claro que, una vez superada la Guerra Fría, el enemigo principal para Estados Unidos son los narcóticos, su interés principal es luchar contra el narcotráfico, y en ese propósito no tiene inconveniente en aliarse con fuerzas tan disímiles como la guerrilla o los paramilitares, confirmando su pragmatismo que se expresa en el hecho histórico de que ese país no tiene amigos sino intereses, como lo señalara Churchill hace muchos años. Quiero resaltar la doble moral de Estados Unidos, que se manifestó en el «jubileo clintoniano», con los perdones e indultos que dio el ex mandatario a los narcolavadores, socios de los Rodríguez Orejuela. Mientras por un lado se dice combatir el narcotráfico, por el otro hay connivencia con el consumo y la producción de la marihuana en ese país. El representante de las Naciones Unidas para el Programa de Control y Fiscalización de Drogas afirmó que Estados Unidos es el más grande productor de marihuana del mundo. De otro lado, hay evidencias de que la estrategia que se ha seguido para combatir el narcotráfico y la producción de la droga ha sido equivocada y fracasada, no ha tenido en cuenta que el problema fundamental es el del consumo al interior de los Estados Unidos. En los últimos ocho años Estados Unidos ha invertido en Colombia 700 millones de dólares, en combate contra el narcotráfico, especialmente en fumigaciones y en interdicción, y el único resultado conseguido es el incremento en un 260 por ciento del área sembrada de cultivos ilícitos, que pasó de 122.500 hectáreas de coca en el año de 1999 a 136.200 en el 2000. Sin embargo condecoraron al general Rosso José Serrano como el mejor policía del mundo por su éxito contra el narcotráfico Lo que realmente se está fumigando es el pulmón del hemisferio. En el sur del país se está repitiendo lo ocurrido en décadas pasadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde también se fumigó con glifosato y las consecuencias de dicha acción están a la vista: proceso de deshielo, avance del desierto hacia las cumbres de la Sierra Nevada, desaparición de diez ríos que nacían en la región, así como casos de males congénitos entre la población indígena de los kogis, arhuacos y demás grupos asentados en la región, por efecto de estas fumigaciones. El actual ministro del Medio Ambiente se opuso en aquel entonces a esa práctica por inconveniente, pero ahora dice que no se requiere de licencia ambiental para esas fumigaciones, dado que se trata de una actividad que se viene desarrollando desde 1992, cuando el antigua Inderena otorgó el permiso. Tampoco existe un plan de manejo ambiental. El Plan Colombia queda reducido a un plan antinarcóticos. Pese a que en Estados Unidos se reciclan la mayor parte de los dineros del narcotráfico, allá no existe una ley que penalice el lavado de activos, de extinción de dominio, ni de enriquecimiento activo como delito autónomo. El caso de la esposa del coronel agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Colombia, quien fue sorprendida traficando cocaína en la valija diplomática, es muy diciente. A ella se le condenó en los Estados Unidos a tres años de cárcel, a su esposo a cinco meses y a una caución de 40 millones de pesos, con lo que obtuvo su libertad. Ahora están pidiendo la extradición del chofer colombiano de la esposa del coronel, a quien ya condenaron en las cortes norteamericanas a cinco años de cárcel. ¿Esa es la reciprocidad, la corresponsabilidad de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico? Marcelo Torres «Para entender el origen de la política de paz y del Plan Colombia hay que considerar una determinante clave: Pastrana llegó a ser presidente de la República luego de un vigoroso apoyo de los círculos de negocios de Estados Unidos y del Departamento de Estado norteamericano» En octubre de 1999 fue presentado al Congreso de Estados Unidos, envuelto en el texto de una ley de ayuda al extranjero, el Plan Colombia. La razón por la cual no se presentó nunca este texto al Congreso colombiano ni se puso en consideración ante ninguna instancia democrática y representativa del país es asunto cuya explicación aún le debe el gobierno de Pastrana a la nación. Lo curioso es que padezcamos los efectos de un Plan, esencialmente bélico, que altera sustancialmente la vida del país, simplemente como efecto de una ley norteamericana. El Plan contempla una ayuda de 1.200 millones de dólares para Colombia, el 73 por ciento de los cuales, 760 millones, tiene una finalidad estrictamente militar. Las diez estrategias del Plan se concentran en un proyecto de erradicación del 50 por ciento de los cultivos ilícitos en un plazo de seis años, amén de un programa de transformación regresiva y represiva de la legalidad, de la administración de justicia y de las normas de carácter penal, de persecución al narcotráfico, así como de una «estrategia económica» que resume –anticipadamente– los compromisos del gobierno con el FMI de finales de 1999. ¿Cuál es el origen de la política de paz de Pastrana? ¿A qué intereses corresponde? Para responderlo, hay que considerar una determinante clave: Pastrana llegó a ser presidente de la República luego de un vigoroso apoyo de los círculos de negocios de Estados Unidos y del Departamento de Estado norteamericano. Dicho respaldo estuvo fuertemente relacionado con el tema de la paz durante las elecciones de 1998, de excepcional importancia para el rumbo reciente del país. La cotización de Pastrana venía en alza frente a Estados Unidos desde que fue alcalde de Bogotá e inició la racha de privatizaciones de la década neoliberal. Fue él quien, como candidato presidencial derrotado en 1994, se prestó de estafeta de la DEA para presentar el narcocasete que desató la crisis política nacional en el gobierno de Samper. A partir de entonces, se unió al coro pro norteamericano para estigmatizar y aislar a Colombia y presentarla como país convicto, de maleantes, digno de una sanción y coerción por parte de Estados Unidos y de la llamada comunidad internacional. Fue Pastrana la carta fuerte para las elecciones presidenciales de 1998. Fue él quien, una vez electo, declaró «país pacificador» a Estados Unidos, y en su discurso de posesión lo llamó «invitado de honor» al proceso de paz. El primer funcionario de alto rango que visitó oficialmente Colombia, a menos de una semana de haberse iniciado el nuevo gobierno, fue el entonces director de la DEA, Thomas Constantine. Desde entonces hasta hoy, registramos una romería sin fin de altos funcionarios de Estados Unidos que realizan visitas de inspección a Colombia: el jefe del Comando Sur –el anterior y el actual–, el zar antidrogas, la secretaria de Estado y los subsecretarios de antinarcóticos del anterior y el actual gobierno norteamericano, los jefes de la DEA, mandamases de la CIA y el FBI, y una pléyade de agentes encubiertos de dichas agencias. Mil tropas norteamericanas, incluyendo contratistas privados, manejan los asuntos de las fuerzas armadas en el país y entrenan sus efectivos. En octubre de 1998, Pastrana firmó en Washington la Alianza contra las Drogas Ilícitas con el presidente norteamericano. Allí afirmó «que ninguna paz sería buscada por su gobierno si no tuviera como fin la destrucción de los cultivos ilícitos en Colombia». A mediados de 1999, luego de un estancamiento de las conversaciones de paz, apareció publicado un artículo de la secretaria de Estado norteamericana de entonces, la señora Albrigth, en The New York Times, donde reprendió al presidente Pastrana y le exigió endurecer la política de paz: más «garrote» en lugar de tanta «zanahoria». Enseguida, voceros de la administración Clinton desempolvaron la tesis de la «narcoguerrilla» y anunciaron sustanciales incrementos de la ayuda militar al gobierno de Colombia. En agosto del mismo año llegaron a Colombia cuatro subsecretarios, los de Estado, Justicia, Tesoro y Defensa de Estados Unidos, y reescribieron la que aparentemente era la política oficial en materia de paz, la que abarcaba una extensa parte del Plan de Desarrollo de la administración Pastrana. La misión demoró un mes en el país y ya en octubre de ese año, en lugar de la política anterior, que fue archivada, se presentó en el Congreso de Estados Unidos el nuevo plan, el denominado Plan Colombia. Una injerencia semejante, para enmendar la política sobre el asunto más trascendente del país, no tiene precedentes sino en el cuatrienio anterior, el del gobierno Samper. ¿Por qué interviene Estados Unidos en este proceso de paz? Hay fundamentalmente dos razones: la primera reside en que, terminada la Guerra Fría, la lucha contra el narcotráfico se convirtió en la prioridad hemisférica de Estados Unidos. En septiembre de 1989 el presidente Bush, padre, lanzó la llamada Estrategia Andina, el primer plan antinarcóticos para la subregión: Perú, Bolivia y Colombia. A comienzos de 1990 se realiza la primera reunión continental de presidentes de estos países, en Cartagena. En octubre de 1995, desde la tribuna de las Naciones Unidas, Clinton declara que Colombia es «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, por haberse convertido en el epicentro mundial del narcotráfico, y recibe poderes especiales, mediante una ley de emergencia, que le fueron prorrogados durante su segundo período. Posteriormente, se efectúan las reuniones de los ministros de Defensa del continente realizadas en Williamsburg (1995), Bariloche (1996) y Cartagena (1998), en las cuales se establece y reafirma la lucha contra el narcotráfico como el objetivo prioritario de la actividad de los ejércitos y de las fuerzas de seguridad de América Latina. En mayo de 1998, Clinton reafirmó esta posición en su Estrategia contra el Crimen Trasnacional. Tanto las declaraciones como las acciones del actual gobierno de Bush corroboran que esa sigue siendo la prioridad en materia de seguridad nacional de su país. Empero, hay hechos reveladores que no se compaginan con esta proclamada persecución al narcotráfico. Estados Unidos trafica con drogas y encubre el tráfico de drogas, como lo demuestra, entre otros hechos, las denuncias aparecidas en el San Jose Mercury News, de California, en 1996, sobre la financiación del gobierno estadounidense durante los ochentas de la contra de Nicaragua con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, una operación de la CIA en la cual estuvieron involucrados los carteles colombianos. Está claro que hubo donaciones por parte de narcotraficantes, cubano-norteamericanos y rusos, a la segunda campaña presidencial de Clinton; lo curioso fue que la fiscal Janet Reno se negó a designar a un fiscal independiente para investigar el asunto. Según declaraciones de testigos ante una corte de Houston, durante toda la primera mitad de los noventas el cartel del Golfo, de Juan García Abrego, mexicano, introdujo cocaína a Estados Unidos desde el sur de Texas con la complicidad de autoridades estadounidenses en camiones de la Guardia Nacional y del Servicio de Inmigración. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico? En primer lugar, es un magnífico pretexto para intervenir en nuestros países. Pero no se reduce a un pretexto. Existen razones de fondo que tienen que ver con el lavado de dólares en la economía norteamericana, una vieja práctica de las multinacionales, muy aprovechada por el tráfico ilegal de drogas. De acuerdo con un extenso informe de Time de hace una década, las quinientas empresas más importantes de ese país lo practican de manera normal. En una conferencia de ministros de Economía de América sobre lavado de dineros, realizada en Buenos Aires en noviembre 1995, el subsecretario de Tesoro de Estados Unidos reveló que anualmente se lavan entre 300 mil y 600 mil millones de dólares en todo el mundo, provenientes del narcotráfico, cifra que equivale a más de dos tercios de las reservas de todos los bancos centrales del mundo, al doble de los ingresos anuales de la OPEP y a más de diez veces el total de la venta mundial de armamentos en un año. A mediados de los noventas, en Estados Unidos se lavaban anualmente cien mil millones de dólares, que se elevan a trescientos mil millones si se incluyen la actividades conexas relacionadas con el narcotráfico. Según la DEA, el 75 por ciento del dinero del tráfico proveniente de Colombia se lava en Nueva York. Entre 1980 y 1989 floreció en Estados Unidos el comercio de estupefacientes y fue entonces cuando Florida triplicó sus depósitos bancarios y cuando Miami se convirtió en el segundo centro bancario internacional de Estados Unidos. A fines de 1989 la deuda externa del país del Norte era de 600.000 millones de dólares y en 1996 llegaba a 900.000 millones. Los extranjeros representaban el 31 por ciento de los acreedores de esa deuda y poseían bonos del tesoro, que no tienen ningún control. Una buena parte de los dineros del narcotráfico se ha invertido en dichos bonos. Según The Wall Street Journal, la ley bancaria de Estados Unidos en materia de lavado es anacrónica, circunscrita al dinero en efectivo, deja por fuera las transferencias electrónicas de dinero, actualmente la parte más importante del movimiento bancario. Estados Unidos se queda con más del 85 por ciento de las ganancias provenientes de este tráfico, que se lava en el mismo país a través de los casinos, joyerías, supermercados y, sobre todo, de los bancos. Hay una pequeña porción que sale, alrededor del 15 por ciento, parte de la cual va a los países productores y exportadores de estupefacientes. A mediados de los noventa, Colombia, que ya era el principal exportador de cocaína del mundo, pasó del segundo al primer lugar –por encima del Perú– como productor mundial de hoja de coca; hoy suministra el 80% de la cocaína y el 60% de la heroína que consumen los norteamericanos. Durante una visita a Bogotá, el director de la DEA, Constantine, recién iniciado el gobierno de Pastrana, se lamentaba alarmado de que los jefes de los carteles de Colombia estaban enviando emisarios para apoderarse del mercado de las drogas ilegales en las calles de las ciudades estadounidenses. Alarma comprensible: la parte del león de las ganancias del tráfico de estupefacientes no proviene de la venta al por mayor –tradicionalmente controlada por los carteles latinoamericanos– sino de la venta al detal, hasta hace poco coto de caza reservado a los capos anglosajones. Ergo, resulta un innegable interés estadounidense, primero, tanto impedir que se siga fugando parte de las ganancias del tráfico ilícito como recuperarlas, y segundo, y esto es lo más importante, cerrar toda posibilidad de que en un futuro predecible los carteles de narcotraficantes extranjeros –de América Latina– pudiesen llegar a controlar el narcotráfico en el interior de Estados Unidos, con lo cual el drenaje de utilidades hacia el traspatio latinoamericano podría crecer a volúmenes sin precedentes. Sin duda, se trata del negocio más voluminoso y rentable del planeta. Bien vale una o más guerras. Es archisabido que el tráfico y la producción permanecen estables e incluso aumentan en vez de disminuir. ¿Por qué la primera potencia del mundo no es capaz, con todo su poderío, de impedir la entrada (la producción, en el caso de la marihuana) y la venta en su territorio de las drogas ilegales año tras año? Es evidente que Estados Unidos no tiene el propósito real de acabar el tráfico, sino de controlarlo, por cuanto significa un aumento adicional de los recursos públicos y privados en ese país. Ello lo reafirma la laxitud de su legislación penal bancaria y el hecho de que sigue siendo el primer centro de lavado de dólares del mundo. Si Gran Bretaña hizo la guerra a China para obligar a que su gobierno que permitiera el consumo de opio a su población, razonarán los estrategas del imperio, ¿por qué Estados Unidos no puede hacer la guerra a un país de su patio trasero para controlar la producción de coca y amapola? Pero existe una segunda razón, de claro orden estratégico, para la «guerra contra las drogas» de Estados Unidos y para inmiscuirse en el proceso de paz de Colombia. Entre abril y mayo de 1998, informes y estudios oficiales del gobierno norteamericano sobre la situación de Colombia suministran una explicación de fondo para la intervención (el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que incluía al Departamento de Estado, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el Comando Sur, presentado en mayo de 1998 al Comité de las Fuerzas Militares del Senado; el estudio del a Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, de mayo de 1998; y el estudio de la misma época del analista de la Oficina Naval de Inteligencia, James Zackrison). Se perfilaron entonces varios puntos críticos para los intereses norteamericanos: 1. La evolución del equilibrio militar en Colombia era desfavorable al ejército colombiano en los tres años anteriores al gobierno de Pastrana. Se pronosticaba que de continuar así se perdería la guerra en cinco años. 2. De colapsar el Estado colombiano, emergería un narcoestado. 3. Se establecería así en Colombia un nuevo foco de amenaza a la estabilidad hemisférica norteamericana, que ya no sería Cuba sino Colombia. La política de Estados Unidos frente a esta situación descrita se condensa en dos opciones. La primera es el llamado Plan A, consistente en la búsqueda de un acuerdo negociado con la guerrilla mediante un incremento de la presión militar sobre el terreno. Esta política prevalece actualmente. La segunda opción es el Plan B, prevista para el caso en que no sea practicable una solución por acuerdo, que plantea una intervención militar masiva con ropaje multinacional. Estados Unidos propuso hace tres años en la OEA la constitución de una fuerza armada multinacional para «defender la democracia», es decir, una acción colectiva de carácter militar contra un determinado país, en caso de que las circunstancias lo requiriesen. Por fortuna, esto no fue aprobado, pero Washington ha venido adelantando una activa gestión diplomática y de presiones sobre los países vecinos de Colombia en busca de establecer un cerco militar a partir del cual podría lanzarse, de considerarse necesaria, una invasión en regla. Se trataría de una intervención «de carácter humanitario» para defender los derechos humanos de nuestra población. Los invasores vendrían a salvarnos de la barbarie y el caos. Algunos sectores de la opinión nacional, desesperados ante la oleada creciente de secuestros, extorsiones y terrorismo, han empezado a ver con buenos ojos una intervención militar de Estados Unidos, con la ilusión de que esta traerá la anhelada paz. No perciben los peligros de una pax americana: amenaza a la unidad territorial misma de la nación, ingentes padecimientos de la población de las zonas de cultivos ilícitos y posible ocupación militar extranjera indefinida sobre parte o la totalidad del mapa colombiano, con el mantenimiento y profundización del modelo neoliberal en el país. Podemos concluir: Primero, el país debe ser consciente de que el Plan Colombia es un plan imperialista, impuesto por los Estados Unidos a nuestra nación, con la connivencia del gobierno de Pastrana. Segundo, el Plan representa una indebida intervención de carácter militar de Estados Unidos en un conflicto de carácter interno, que debería resolver Colombia sin intro-misiones foráneas ni presencia de tropas extranjeras. La primera fase del Plan ha agredido en escala masiva a la población campesina del sur del país, intensificando el conflicto, provocando más desangre y desplazamientos internos, especialmente por las fumigaciones aéreas. Tercero, se ha reemplazado lo que debería ser el objetivo del proceso de paz: la obtención del cese de la violencia, la civilización de la contienda política en Colombia, por un plan de erradicación de cultivos ilícitos enmarcado en la política antinarcóticos de Estados Unidos. Cuarto, al sobreestimar el peso del narcotráfico como fuente de todas las desgracias nacionales y de la violencia en particular, se falsea la realidad nacional. Colombia debe enfrentar el flagelo del narcotráfico de acuerdo con el interés nacional, sin permitir la represión brutal, las fumigaciones aéreas y el desarraigo masivo del campesinado. Quinto, el Plan Colombia pretende seguir acentuando los rasgos fascistoides de la administración de justicia en materia penal, de persecución al narcotráfico, por imposición de Estados Unidos. Sexto, el Plan reafirma el modelo económico neoliberal al recoger los compromisos del gobierno de Pastrana con el FMI; y Séptimo, el Plan Colombia abre la puerta de una invasión extranjera al pretender que el principio de la no intervención no resultaría violado si, previamente a la presencia de tropas extranjeras en el país, se realizan «consultas» con el gobierno colombiano. Es imperativo mantener una activa resistencia contra este Plan. Debemos emprender una campaña nacional que tenga como escenario los centros de trabajo, las organizaciones sindicales y cívicas, las universidades, las corporaciones públicas, para impulsar la más masiva movilización de los colombianos contra la injerencia yanqui. En este auditorio universitario, recordemos que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam cuando se levantaron las universidades, cuando se rompió lo que ellos mismos llamaron su frente interno y perdieron políticamente el conflicto. Carlos Palacio «El Plan Colombia sí es apocalíptico» Quiero contarles simplemente la visión que tienen los campesinos del Plan Colombia, el sentimiento que tienen los que fueron fumigados en el valle de Guamués, el municipio donde trabajo como secretario de Desarrollo, después de que fueron destruidas sus tierras y sus aguas, acribillados sus animales, y sus niños fueron afectados por la fumigación. La fumigación ha sido la estrategia más corrupta, más mentirosa de toda la historia de nuestro país y de los Estados Unidos. En 1994, en el Putumayo había 4.100 hectáreas sembradas de coca y hoy tenemos más de 56.000, ¿por qué se continúa con la fumigación? ¿Qué hay detrás de la fumigación? ¿Qué intereses económicos hay en el petróleo que hay en nuestra tierra? ¿Detrás de los megaproyectos? ¿Qué hay de la salida de Brasil hacia el Pacífico? Tales son las preguntas que nos hacemos en el Putumayo. Esta crisis que se presenta el Putumayo, una región con 84 por ciento de necesidades básicas insatisfechas, nos debe servir para que los colombianos emprendamos acciones decisivas en contra del Plan Colombia. Apolinar Díaz Callejas «El Plan Colombia es un plan conducido por objetivos globales y estratégicos, previsto desde hace varios años, para el interés nacional de Estados Unidos» Es un plan de intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que tiene como objetivo montar bases norteamericanas en la región, así como involucrar en un conflicto regional la zona andina y la Amazonia, y colocar a tiro de fusil y misiles norteamericanos al Brasil. Esto ha quedado plenamente confirmado con el lanzamiento de la llamada Iniciativa Estratégica Andina, cuyo objetivo sería «prevenir el aumento y la difusión de la violencia y el narcotráfico en toda la región». Es un proyecto militar, preparado desde antes de Bush, que comprenderá a Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela. Mi opinión es clara: el Plan Clinton o Plan Colombia que le entregaron a Pastrana es el primer paso para la presencia militar norteamericana en la región andina y el Amazonas, cuya cuenca es vital por su riqueza biogenética para la política norteamericana sobre calentamiento de la tierra, que pretende desarrollar al margen del Protocolo de Kyoto, que el gobierno de Bush acaba de rechazar. |
