Bogotá, Febrero - Septiembre de 2001 -Nº 3 ISSN 01246704 |
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En diciembre de 1999, el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Camilo Restrepo, y el gerente general del Banco de la República, Miguel Urrutia, a nombre del presidente Pastrana presentaron al director gerente del FMI el documento que se conocería como Acuerdo de Facilidades Extendidas de Colombia con el FMI. A partir de ese momento, el gobierno de Andrés Pastrana puso en movimiento todo el poder del Estado para cumplir con el Acuerdo, en especial para refrenar las grandes movilizaciones populares de rechazo que han suscitado las medidas. El texto del Acuerdo es explícito en el objetivo: reducir el déficit del sector público no financiero a través del recorte de todos los rubros del gasto «excluyendo pagos de intereses», insiste en dos oportunidades el párrafo correspondiente. No cabe duda de que el recorte tiene como finalidad garantizar el cumplido servicio de la deuda pública. El plan fiscal del Acuerdo prevé una fuerte reducción del déficit al 3.6% del PIB en el año 2000, 2.5% en el año 2001, y al 1.5% en el año 2002, señalando el documento que «el notable ajuste fiscal programado para el año 2000 se obtendrá principalmente mediante una fuerte reducción del gasto del gobierno central excluyendo el pago de intereses, una política de contención, reformas pensionales, y el fortalecido programa de recaudación de impuestos». De lo trascrito se derivan las tareas a cumplir, las cuales de manera explícita se reca-pitulan en el «cronograma de reformas estructurales». A cambio de ello, luego de muchas vueltas en Washington, el Estado colombiano recibió un préstamo de contingencia de unos 2.700 millones de dólares. Tales préstamos (stand by) son aquellos que solo pueden utilizarse como garantía –es decir, en estricto sentido no pueden usarse– y hasta el momento el gobierno no los ha utilizado ni siquiera como aval a la hora de contratar los créditos. Si se emplearan cuando menos como respaldo, bajarían las altas tasas que paga Colombia por la colocación de bonos nacionales en el mercado financiero mundial, como ha llamado la atención al respecto el senador Luis Guillermo Vélez Trujillo.1 A la fecha algunas de las tareas ya fueron cumplidas por el gobierno, pero aún falta su desarrollo legal, como en el caso de la ley sobre transferencia de recursos y competencias, que remplazará a la Ley 60 de 1993, y en otros casos aún se desconoce el texto final que dará paso a otras, como la reforma pensional. A continuación se analizará el significado de la principal medida ya adoptada, el Acto Legislativo, para finalizar con el de la Reforma Pensional.
La verdad sobre El intenso debate que se observó durante el primer semestre del 2001 permitió que la población conociera a profundidad los principales puntos en discusión y la posición de los actores en torno a ellos. Ante todo, los defensores de la reforma plantearon que los constituyentes de 1991, con cierto populismo, habían creado un sistema de transferencias de recursos del presupuesto nacional hacia los departamentos y municipios que se habría convertido en la causa principal del creciente déficit fiscal. Con una especie de mirada comprensiva, se menciona que el propósito implícito, dar vida a los entes subnacionales, es loable, pero que fue hecho por fuera de todo cálculo. Al respecto, vale la pena traer a colación datos de una discusión similar de mediados de 1997 sobre el peso de las transferencias en la Constitución de 1886 –introducidas en la Reforma de 1968, reglamentadas por la Ley 12 de 1986 y vigentes hasta 1991– frente a la fórmula de la Constitución de 1991. Mientras el equipo económico del
gobierno de Samper planteaba que el ritmo de crecimiento era mayor que
el previsto en la Reforma del 68, funcionarios de la administración
Gaviria Dado que los montos transferidos son menores a lo que hubiera ocurrido bajo el imperio de la Ley 12 –los datos así lo demuestran–, ello plantea un gran interrogante en torno a las promesas hechas de que con la Constitución del 91 el país entraba en una nueva era en el manejo de sus regiones. Lo que queda claro de ese debate es que en la nueva Carta se afinaron los mecanismos para trasladar competencias a los gobiernos subnacionales e introducir políticas de desregulación, pero sin que los desembolsos nacionales corriesen al mismo ritmo. Al margen de estas cifras está, además, la innegable realidad del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, que cada día cuenta con menos servicios públicos y al carecer de ingresos sencillamente aumentan las eufemísticamente llamadas «necesidades básicas insatisfechas». Además, según el contralor Carlos Ossa, entre 1990 y 2000 los gastos efectivos del gobierno se incrementaron 9.6% del PIB y, dentro de ellos, las transferencias territoriales se incrementaron solamente en 1.5% del PIB.3 Por otra parte, debe tenerse en cuenta la composición de las transferencias, pues hay una parte dirigida a los territorios y otra a entidades descentralizadas, de manera que departamentos y municipios no reciben todo el dinero que figura como transferencias, hecho que no se destaca por los contradictores al momento de hacer el balance. Las transferencias territoriales durante el período 1991-1995 disminuyeron su participación en el total de las transferencias, pasando del 76.4% al 49.4%. Las que más contribuyen al aumento total son las obligaciones derivadas de la privatización de la seguridad social (Ley 100 de 1993) y de la asunción por parte del gobierno de pasivos de entidades como Ferrocarriles Nacionales y Colpuertos. Sobre el impacto de la Reforma Constitucional del 2001, aunque el ministro Santos aseguró por todos los medios que no afectará a las regiones, los estudios de manera incontestable demuestran que sí habrá una gran reducción de recursos. Para quien defiende el déficit cero no tendría sentido plantear una reforma que aumentara las transferencias. La Contraloría General de la República, por ejemplo, plantea que los menores recursos «alcanzarían entre 2.7% y 5.8% del PIB, para el período comprendido entre los años 2002 y 2010, dependiendo de la tasa de crecimiento de la economía».4 Pero en la discusión muy poco se habló de las reales causas del déficit fiscal. Una lista incompleta pasa por recordar la casi total prohibición constitucional de que el Banco de la República preste recursos al gobierno nacional lo cual le obliga a endeudarse en el mercado de capitales, induciéndose así déficit fiscal. De paso, valga mencionar que el argumento empleado para tomar esa medida fue el de aminorar la inflación. Pero, como lo demuestra fehacientemente César Giraldo, «simplemente se privatizó la emisión monetaria», pues el sector financiero hace emisión secundaria cada vez que adquiere TES, bien por manejo de sus propios recursos o por monetización de la inversión financiera extranjera.5 Además, el endeudamiento ocurre a tasas muy altas, lo que se constituye en otra fuente de egresos del fisco nacional. Bajo el mecanismo de la anterior Constitución, los préstamos que recibía el gobierno del banco central tenían tasas apenas nominales. En el desbalance también está el hecho de que la privatización total o parcial de las principales empresas del Estado lo ha dejado sin una importante fuente de ingresos, a lo cual se suma que la reducción de los aranceles asociada a la apertura económica significó un fuerte golpe para los ingresos del país. Para tratar de contrarrestar los faltantes durante la década se han hecho siete reformas tributarias, pero mientras que los impuestos indirectos se han incrementado, se dejan abiertas grandes troneras para la elusión, sin contar la consuetudinaria evasión tributaria. Y, finalmente, la parálisis económica padecida en la década del 90 y en lo corrido de la actual se traduce en disminución del ritmo de crecimiento del volumen de impuestos recaudados. Aprobada la reforma del 2001, lo que viene es la discusión sobre la manera en que se repartirán los menguados recursos entre educación, salud, agua potable, vías públicas y un largo etcétera de competencias que corren a cargo de departamentos y municipios por cuenta de los recursos transferidos. Cálculos conservadores indican que, por el menor ritmo de crecimiento de las transferencias, no menos de un millón de usuarios en salud y educación dejarán de ser atendidos, sumándose a los ya excluidos. Pero, además, de acuerdo con las versiones que se han conocido sobre el proyecto de reforma a la Ley 60 de 1993, se introducirán significativos cambios en la manera como se administra la educación y la salud. En general, se trata de que el criterio neoliberal de la eficiencia en la administración esté al mando, lo cual significa en pocas palabras que por este camino también se seguirá marchitando la salud y la educación en el entendido de que no son servicios que puedan arrojar ningún tipo de utilidad dineraria. Por último, para el cumplimiento del Acuerdo no tiene sentido la reforma constitucional si no se incrementan los ingresos ordinarios de la nación. En vista de que ello no ocurrirá por vía de la reactivación económica no está lejos un proyecto de reforma tributaria, es decir, una nueva cascada de impuestos.
Mentiras en torno Aunque no se conoce el texto del proyecto de ley que el gobierno pondrá en consideración del Congreso, de acuerdo con borradores y declaraciones hechas por miembros del gabinete, esta reforma abarcará cuando menos los siguientes aspectos: aumento de la edad de jubilación y de las semanas de cotización, disminución de la pensión tanto general (con una nueva fórmula de cálculo del Ingreso Base de Liquidación) como mínima (para cuando el cotizante no alcance a cubrirla) y mayores garantías a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, mientras que frente al ISS se habla desde su cierre inminente hasta la prohibición de toda nueva afiliación (con lo cual su situación se agravará muy rápidamente).6 Además, se pretende introducir reformas en los regímenes especiales de pensión (Ecopetrol, Telecom, magisterio, Fuerzas Armadas). Para justificar la reforma se han argumentado una serie de falsas pre-misas. A continuación veremos algunas de ellas, pero desde ahora destaco que las reales causas no se mencionan. Así, el punto central puede ubicarse en la necesidad del capital financiero de encontrar nuevos «nichos» de inversión, pues día a día la tasa de ganancia en los viejos negocios ha venido decayendo en el planeta desde la segunda mitad del siglo XX y, desde otro ángulo, la creciente «financiarización de las finanzas públicas», a que hace referencia Giraldo,7 que se manifiesta, entre otras formas, en que la acumulación de riqueza social en manos del Estado se transfiere a los particulares. Estas premisas son:
1. Para el pensionado, el régimen de ahorro individual es mejor que el de prima media Hay que tener en cuenta que por su propia naturaleza el régimen de ahorro individual8 requiere mayor rentabilidad de las cotizaciones que el de prima media9 y que, por definición, en aquel no existe solidaridad ni intra ni intergeneracional, como sí ocurre en el régimen de prima media. De ello se deriva que un cotizante en una AFP debe cumplir con una serie de condiciones más exigentes que en el régimen de prima media para acceder a la pensión. Por ello, solo quien reciba durante su vida laboral altos ingresos puede aspirar a tener una pensión al menos similar a su salario.10 El mismo ex presidente del ISS, Arias Ramírez, debió reconocer el hecho con el siguiente ejemplo: «Si usted gana mensualmente un millón de pesos y se pasa al régimen de ahorro individual, al cabo de 1.150 semanas obtendrá un salario mínimo, si la rentabilidad es del 4% real (lo más ajustado a un plazo de 20 años). En el ISS al cotizar 1.000 semanas obtendrá 650.000 pesos y recibirá 14 mesadas cada año; si cotiza 1.400 semanas, la pensión llegará a 850.000 pesos».11 Pero la realidad también demuestra la ruleta a que juegan los afiliados a las AFP: de acuerdo con noticia de prensa, un tal Germán Bedoya, de 58 años de edad, se trasladó a un fondo privado aportando un bono pensional de 50 millones de pesos, pero la AFP le informa que esa suma –más los aportes que continuó haciendo– no le alcanza ni para una pensión mínima, por lo cual deberá seguir cotizando –a pesar de estar desempleado– hasta alcanzar la cifra requerida. El artículo cita a Bedoya: «Si yo tuviera 50 millones de pesos en mi bolsillo estaría viviendo como un rey, y cuando cumpla los 60 años no podré vivir como el más mísero de los colombianos... Con esa plata vivo 100 años».12 En Chile, país que suele ponerse como ejemplo a la hora de hablar del tema pensional,13 uno de los problemas que afronta el sistema es la baja rentabilidad de las pensiones en el sistema de AFP (Cuadro 2), lo cual se traduce en bajos montos de pensión. Nótese, comparativamente, que el crecimiento de la economía ha sido varias veces más alto que la rentabilidad reconocida a los cotizantes. Según el mismo estudio, una de las razones del problema radica en las altas tasas de administración que cobran las AFP a los afiliados, lo cual explica, además, que la rentabilidad de los fondos, por su parte, haya sido en promedio del 16% anual en los 17 años de funcionamiento. 2. El régimen de prima mediano es viable Conviene recordar que el régimen de prima media, el único que existía antes de la Ley 100 de 1993 y que continúa ahora exclusivamente para el ISS, nunca recibió los aportes que por ley le correspondía hacer al Estado y tampoco ha percibido los giros relativos a la mesada número 14 establecida en aquella ley.15 Además, el ISS no puede manejar sus recursos autónomamente, pues está obligado a hacer sus inversiones de acuerdo con políticas del gobierno. La suma de estos problemas da lugar al actual déficit operacional,16 que implica empezar a gastar las reservas acumuladas. A pesar de ello, el Instituto hoy tiene reservas por más de 5.5 billones de pesos, a lo cual podría agregarse que en 1990 el gobierno reconoció que su deuda acumulada con el ISS era de $20 billones desde cuando se dispuso, por el decreto 3041 de 1966, que el Estado contribuiría con una parte de la financiación del sistema. En parte de pago (a lo sumo, el 0.75% de lo adeudado) el Estado le entregó al ISS la porción del BCH de la que era propietario.17 Para el 2001, la deuda de la nación con la entidad ascendía a 42 billones de pesos. Al respecto, un informe actuarial estableció: «Si la nación le paga al ISS lo que le debe, este tendrá los recursos suficientes para cumplir durante 30 años con los 650.000 jubilados que tendrá a partir del 2006».18 Como punto de comparación, nótese que el salvamento de la banca –hecho efectivo a través de transferencias del presupuesto a las entidades en cerca de cinco años– ha costado no menos de 11 billones de pesos. Dice mucho de la preferencia del Estado para con las AFP el hecho de que cuando un afiliado al ISS se traslada a una administradora privada se le reconoce el correspondiente bono pensional, pero al ISS ni siquiera se ha estudiado la posibilidad de irle otorgando bonos parciales para subsanar la cuantiosa deuda. Subrayando las dificultades, Asobancaria describe así la situación del ISS: «Su pasivo pensional en 1997 ascendió al 55.2% del PIB; el déficit operacional en 1999 fue de $300 mil millones y se estima que dicho déficit acumulado entre 1999 y 2025 será del orden del 36.8% y del 43.7% del PIB, sin bonos y con bonos pensionales, respectivamente; esto sin contar con las mayores obligaciones que tendrá que asumir el ISS al recibir a buena parte de los afiliados a las Cajas y los Fondos públicos, cuyo déficit operacional acumulado para el mismo periodo, se estima en 33.02% del PIB».19 Sobre estas cifras vale la pena tener en cuenta que el pasivo pensional no es un valor actualmente exigible, sino lo que valdrían las pensiones si se tuviera que entregar todo el dinero a los cotizantes actuales. De igual manera, el déficit de 1999 al 2025 equivale a lo que podría deber el seguro en el año 2026 si en ese momento tuviera que entregar a sus afiliados el monto de sus cotizaciones. Frente a la conclusión del gremio financiero, contrasta la de Germán Fernández, extraída de hechos ciertos: «Es necesario señalar que durante la vigencia (del régimen de prima media), se pagaron siempre los compromisos con las mesadas de los pensionados, crecieron las reservas y no se generaron crisis financieras ni para el ISS ni para los fiscos. Y ello aunque el Estado no cumplió con los compromisos adquiridos con el Sistema de Seguridad Social»20 (cursivas originales). De ahí que luego de hacer un recuento de las zancadillas puestas por el gobierno al sistema de prima media, el doctor Raúl Alameda Ospina, Secretario Perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, anote: «En vez de reconocer estas fallas, gentes de muchas campanillas profesionales, pretenden responsabilizar de semejante incuria a los trabajadores, hoy amenazados con la pérdida o disminución sustancial de sus derechos laborales. Se magnifica negativamente el que algunos empleados del gobierno hayan conquistado en largas jornadas reivindicativas, el derecho a no ser parias después de 30 o más años de recibir salarios modestos, como es el caso de los maestros que han tenido que soportar condiciones de trabajo (clima, lejanía, irregularidad en los pagos, crueles persecuciones) y de los trabajadores de Ecopetrol y de Telecom, quienes han recibido remuneraciones más de acuerdo con su productividad y con su contribución a la formación de riqueza nacional y extranjera».21 3. El régimen de prima media afectará crecientemente las finanzas públicas El argumento oculta que hoy está ocurriendo exactamente lo contrario: el gobierno nacional se apoya en las reservas del ISS para realizar cuantiosas operaciones de mercado abierto (OMA) que atenúan el déficit fiscal. Mientras tanto, respecto a las AFP, a mediano plazo cuando empiecen a pensionarse masivamente sus afiliados–, dada la baja rentabilidad de las cuentas de ahorro individual, el fisco tendrá que hacer grandes transferencias para garantizar la pensión mínima, en particular para quienes hoy ganan menos de dos salarios mínimos y que constituyen una alta proporción de afiliados. Ello porque el ahorro individual no alcanzará para los topes establecidos por ley, por lo cual el Estado deberá subsidiar a las AFP.22 Pero, claro está, entre tanto las AFP seguirán obteniendo pingües ganancias. Los interesados en quedarse con los recursos del ISS son muy acuciosos en hacer cuentas sobre las dificultades que padecerá en 50 años la entidad, pero ocultan el grave problema a corto plazo de las AFP. Además, desde 1993 una parte del déficit fiscal que tanto preocupa a los últimos gobiernos hunde sus raíces en el reconocimiento a las AFP de los bonos pensionales de los cotizantes que se han pasado del ISS y las cajas de previsión a las AFP. Aunque los datos no son precisos sobre el impacto de tales bonos en las finanzas públicas, es bien diciente: mientras que a finales de los ochenta el gasto público en pensiones había sido del 0,9% del PIB, a finales de los noventa se incrementó al 2,4%, por supuesto sin que ese incremento haya llegado a los bolsillos de los pensionados. Sobre este punto ha de tenerse en cuenta cómo no son los pensionados los beneficiados, y sí lo son quienes están recibiendo la plata, las AFP, las cuales luego de captarla la colocan en alto porcentaje en títulos del Estado. No cabe duda de que el papel de las AFP es inane. Como señala Fernández, «reciben el dinero de los trabajadores (y recursos del fisco nacional a través del bono pensional, anotamos nosotros), cobran la comisión de administración y luego se lo entregan al Estado para que lo administre con seguridad y más elevada rentabilidad que la del mercado».23 No está de más subrayar un hecho: en la medida en que los cotizantes permanezcan en el ISS no significan ningún gasto para el fisco, pues cuando llega el momento de la pensión los pagos se hacen por mesadas a cargo del aporte de los cotizantes de ese momento más las reservas, no en un solo giro como ocurre con los bonos pensionales. En cambio, si se liquida el Instituto o se insiste en sonsacarle afiliados, será necesario cargar a las reservas del ISS –y, cuando estas se agoten, al tesoro público– el valor de las cotizaciones acumuladas y hacerlo efectivo de inmediato (en el mejor de los casos, pagar abultadas sumas de intereses a las AFP por la espera). De manera tal que si de enfrentar el déficit fiscal se trata, la mejor solución es abolir las administradoras privadas de pensiones para contener la hemorragia que han significado los bonos pensionales y lo que representará garantizar a sus afiliados la pensión mínima. Nótese por último que para 1999 el superávit del sector salud fue de $1.254.000 millones ($1,254 billones) y en el 2000 fue de 808.900 millones,24 suma que ingresa al presupuesto nacional.25 Estos datos ponen de presente que el régimen de prima media es un mecanismo idóneo para acrecentar la capacidad de ahorro del país. Respecto a concebir a los fondos privados como palanca del ahorro, los estudios sobre el tema coinciden en afirmar que no hay evidencia robusta al respecto.26 Por lo demás, en Colombia las AFP pueden invertir hasta el 10% en fondos extranjeros, un punto más de lo permitido en Chile, sin contar con el hecho de que las ganancias de las AFP muchas veces emigran del país por cuenta de dividendos de los propietarios, grupos no nacionales. 4. La causa del problema de las pensiones es la transición demográfica Se anota que uno de los problemas del régimen de prima media es que la pirámide poblacional colombiana está cambiando, pues el promedio de edad es cada vez mayor y que, en consecuencia, hay cada vez más población potencialmente beneficiaria de pensión, mientras que los cotizantes activos son proporcionalmente cada vez menos. Se trata, en síntesis, del envejecimiento de la población. Al respecto vale la pena hacer varias precisiones. Si bien Colombia es todavía un país joven en los promedios planetarios, no está por demás señalar que buena parte de los 3,5 millones de compatriotas que han debido salir del país por la crítica situación económica son jóvenes que en otra circunstancia podrían engrosar el número de afiliados al sistema de pensiones. Anota Javier Fernández Rivas: «Por rápido que en las próximas décadas crezca el número de pensionados, y por mucho que suba su esperanza de vida, en Colombia la baja relación de pensionados a cotizantes potenciales otorga una capacidad de maniobra que ya quisieran para sí muchos países del mundo».27 Por otra parte, en el cálculo del impacto demográfico no se tiene en cuenta el aumento de la productividad de los trabajadores. En un régimen de prima media, cada nueva generación de cotizantes –que ha de atender a una mayor cantidad de pensionados con sus aportes– tiene una productividad varias veces superior a la anterior, de manera que si bien hay menores cotizantes, su aporte es mayor tanto en proporción al ingreso individual como al ingreso nacional. Es decir, los continuos aumentos de la productividad de la mano de obra deberían traducirse en aumento de los salarios, del PIB y de los impuestos y por ende de las cotizaciones y de la capacidad de aporte del fisco nacional. Pero como ello no ocurre así, como los ingresos individuales no aumentan a la par que la productividad, y el ingreso nacional se distribuye de acuerdo con las leyes del capitalismo, se condena a los obreros a padecer como jubilados la misma suerte de su época de activos. De hecho, descontado el punto de la productividad, los históricamente bajos salarios y su continua pérdida de poder adquisitivo tienen el mismo efecto. De esta suerte no se escapan los afiliados al sistema de ahorro individual en Colombia y el planeta y es por ello que también en los países desarrollados se está impulsando el desmonte del sistema de prima media. Otro lastre del sistema de prima media es que cada vez hay menos vinculados por causa del desempleo, el subempleo y la informalidad.28 El sistema de ahorro individual no puede solucionar este cuello de botella y la rentabilidad de las AFP tiende a ser menor debido a los bajos volúmenes de ahorro que manejan por esa causa. En Chile el porcentaje de la fuerza de trabajo afiliada era del 60.9% en 1974 y del 49.8% en 1990, siendo el año 1982 el más bajo en el rango indicado con 36.8%.29 Estas cifras, aun en su máximo pico, son bajas en comparación con las de países como Uruguay, más aún si se tiene en cuenta que Chile no ha padecido las escandalosas tasas de desempleo de gran parte de Latinoamérica. No menos importante es señalar que el sistema de ahorro individual echa por la borda, en el mejor espíritu del darwinismo social impuesto por el neoliberalismo, la solidaridad intra e intergeneracional. La primera se trata de que el sector de mayores ingresos haga un aporte superior que el de menores ingresos para realizar un subsidio cruzado al momento de determinar las cuotas. La segunda, en que la nueva generación debe subsidiar a la vieja, teniendo en cuenta que su productividad es mayor. Por supuesto, si el aumento en productividad no beneficia a los trabajadores, fácilmente ocurre que los aportes de la nueva generación sean insuficientes para las pensiones de los mayores. Frente a tan poco halagüeño panorama, tienen sentido propuestas como la presentada por el senador Carlos Corssi, de la cual se informó: «El proyecto elimina la garantía de pensión mínima a cargo del Estado para los afiliados a las AFP, prohíbe el traslado de quienes están en el ISS... (y) ordena trasladar al ISS los ahorros de los pensionados por las AFP», «pues (este sistema) se convirtió en la mayor fuente de gasto público improductivo conocido en la historia del país».30 Ha de entenderse, claro está, que para que propuestas como ésta hagan curso se requiere de la más amplia resistencia contra el proyecto estatal, pues como quedó en evidencia en la discusión de la reforma constitucional a las transferencias, el gobierno de Andrés Pastrana hará hasta lo indecible con tal de lograr la aprobación el mandato del FMI. No puede pasarse por alto, además, que la Agenda del FMI incluye otras reformas, como quedó indicado, que implicarán mayores cargas sobre la población. Pero también se ha insistido en la necesidad de cambiar la legislación laboral, aduciendo la misma razón de 1990 cuando se expidió la Ley 50: inflexibilidad laboral que se traduciría en aumento del desempleo. Hecha esta ley, por ninguna parte se vieron sus beneficios. Pero aun así se habla de la reforma de «segunda generación», una de cuyas expresiones está en la ley de Zonas Especiales Económicas de Exportación. Aunque la ley tiene un radio de aplicación muy limitado, consagra la posibilidad de extender su aplicación de manera expedita a todo el país. Sumando esta ley a la reforma pensional, se pone en evidencia que uno de los propósitos es disminuir los costos laborales para atraer inversión extranjera –las maquilas– sin importar las condiciones de vida de la población. Estos temas, más las reformas tributarias señaladas en el Acuerdo, se constituirán en un nuevo pulso entre el gobierno y la población, en medio del mayor desprestigio que gobierno alguno haya podido acumular.
Notas 1 Cfr. La República, 15-8-00. 2 Cfr. el debate abierto en las páginas de Semana Económica de El Espectador, en particular los análisis presentados el 29 de junio de 1997 por Santiago Herrera ex viceministro de Hacienda de R. Hommes, el 10 de agosto por el ministro de Hacienda (e), Eduardo Fernández Delgado, y el 17 de agosto nuevamente por Santiago Herrera. 3 El Espectador, 25-02-2001. 4 Revista Economía Colombiana y Coyuntura Política, Contraloría General de la República, Edición número 284. 5 César Giraldo, Finanzas públicas en América Latina, Bogotá, 2001, págs. 93-95. 6 Para una descripción del sistema actual de pensiones en Colombia y un sugestivo análisis de la grave situación que afronta, cfr. Germán Fernández, Defendamos las pensiones, Bogotá, 2000, de quien he tomado importantes ideas para la elaboración de este apartado. 7 Giraldo, op. cit., passim, en especial capítulo 5 del libro. 8 Sistema de ahorro individual: cada cotizante tiene su propia cuenta en la cual se acumulan sus cotizaciones. Llegado el momento de pensionarse, se hacen pagos según el monto acumulado. El número de semanas a cotizar, el porcentaje salarial, la edad de jubilación y demás reglas se establecen calculando el rendimiento de la cuenta individual durante el tiempo de cotización y su relación con el tiempo probable de supervivencia del pensionado y el monto mínimo de pensión. Su manejo lo hacen las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP. 9 Sistema de prima media: las mesadas pensionales se pagan con las reservas constituidas por la entidad más los ingresos por cotización de los trabajadores actuales. Las reglas del sistema se establecen con base en simulaciones sobre la evolución probable de las variables demográficas y macroeconómicas. El monto de la pensión depende del promedio cotizado en la última parte de la vida laboral, no de la cantidad aportada individualmente. 10 “Menos de un 30% de los afiliados (a las AFP) alcanzará una pensión superior al 40% del último salario cotizado” Jorge Espitia y Carlos Betancourt, “No sólo de largo plazo se compone el problema pensional”, Revista Economía Colombiana y Coyuntura Política, Contraloría General de la República, abril de 2001, pág. 24. 11 Jaime Arias R., “¿Por qué escoger el ISS?” El Tiempo, Especial Pensiones, 26-03-2001. 12 El Tiempo, 27-05-2001, pág. 1-15. 13 Llama la atención que la reforma pensional realizada en 1981 por Pinochet no cobijara a las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional. 14 Claudia Lara, “La crisis de un paradigma previsional: los fondos de pensiones en Chile”, Consumidores y Desarrollo (Enero-Abril 1999), Oficina Regional para América Latina y El Caribe de Consumer Internacional-Chile. 15 De la forma sesgada como pueden verse las cosas da cuenta esta conclusión del ex ministro Antonio Urdinola: “La generación que se va a jubilar o se está jubilando... no hizo una contribución plena, en razón a que el gobierno no puso su cuota. En consecuencia, se requeriría, en nombre de la justicia y de la equidad intergeneracional, que esta generación pague impuestos sobre las pensiones” “Reforma pensional: Un barco a la deriva, Informe Especial”, Revista Economía Colombiana y Coyuntura Política, abril de 2001, pág. 10. 16 Definido como la diferencia entre lo que la entidad percibe por cuenta de aportes y rendimientos financieros y lo que paga a los pensionados actuales. 17 Como se recuerda, en una muy curiosa decisión, el BCH se dedicó a recibir la cartera morosa de las corporaciones de ahorro y vivienda con planes que permitían anticipar el resultado, la quiebra del BCH. Podría sospecharse que se trató de una política implícita de salvamento a favor del sector privado con los recursos del ISS. 18 El Tiempo, 1-06-2001, pág. 1-1. 19 Sistema pensional: Hacia una solución integral, Asobancaria, Departamento de Análisis Económico, noviembre de 2000, pág. 7. Disponible en Internet. 20 Fernández, op. cit., pág. 71, 21 La República, 27-03-2000. 22 De acuerdo con Espitia y Betan-court, “los bonos y la garantía de pensión mínima (a favor de las AFP) cuestan cerca de $22.1 billones de 1999”. Espitia, op. cit., pág. 21. 23 Fernández, op. cit., pág. 80. 24 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de la República, marzo de 2001. 25 Desagregando las cifras, el Documento Confis del 14 de marzo de 2001 indica: Pensiones y cesantías (IVM). Durante el año 2000, la unidad de pensiones y cesantías generó un superávit de $656 mil millones. El resultado en esta unidad de negocio incluye el superávit de los Fondos de Pensiones por $537 mil millones, del Fondo de Pensiones Territoriales Fonpet por $343 mil millones, el Instituto de Seguros Sociales por $50 mil millones y el déficit del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por $248mil millones. 27 Cfr. Espitia, op. cit., pág. 33 y Gutiérrez, op. cit., págs. 44 a 49. 28 Javier Fernández Rivas, Problema relativo. Revista Dinero, 136, 6-08-2001. 29 EL actual nivel de cobertura pensional, medido como la relación número de contribuyentes-fuerza laboral es de aproximadamente el 34.2%. Este nivel es lejano del promedio latinoamericano del 38%. 30 Gutiérrez, op. cit., pág. 51. 31 El Tiempo, 16-06-2001, pág. 2-12. |
