Bogotá, Febrero - Mayo de 02 -Nº 4 ISSN 01246704 |
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LA ENRON Samuel Johnson
Poco antes del 7 de enero del 2002, un asteroide capaz de pulverizar un país de buen tamaño se proyectó relampagueante a través del vacío, pasando peligrosamente cerca de la Tierra. De haber chocado contra nuestro planeta, el impacto habría tenido consecuencias globales, pues la fuerza del golpe habría sido equivalente a la explosión de varias armas atómicas de gran magnitud. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, ésta habría sido la noticia de mayor envergadura desde la extinción de los dinosaurios. En algún momento de los próximos seis meses, un pequeño y oscuro pliegue de la conciencia de George W. Bush deseará que tal cosa hubiera ocurrido. El apocalipsis, que él y sus compadres fundamentalistas han estado esperando, les caería como anillo al dedo y habrían, así, escapado a varias preguntas desafortunadas acerca de su gobierno. Desgraciadamente para él, el planeta continúa girando. Bajo la impenetrada estratosfera los rayos electrónicos de las agencias de noticias como CNN y Associated Press han comenzado a diseminarse, como telarañas, de ciudad en ciudad y de hogar en hogar. Este viento invisible transporta rumores de ocaso, negligencia y codicia. Todos y cada uno de ellos conducen, inexorablemente, a 1600 Pennsylvania Avenue y de continuar este estado de cosas, de allí empezarán a surgir cantidades significativas de pases de visita para un buen número de abogados. El gigante energético Enron Corporation acaba de ser presentado dentro de un marco detestable en aquellos lugares de la nación en donde no se había oído hablar de él. Tal como va, la historia es nada menos que asombrosa: La Enron, compañía valorada en miles de millones de dólares en Wall Street, de un momento a otro se declaró en quiebra, la más grande de todo el universo conocido, y 4.000 empleados fueron despedidos sin miramientos después de que se les hubiera impedido, cuando aún tenían algún valor, deshacerse de las acciones acumuladas en el fondo de jubilaciones. En el interín, a los ejecutivos de la compañía que estaban al tanto del asunto se les permitió vender sus acciones, cuando todavía gozaban de patrón oro en la calle, y ganar nada menos que mil millones de dólares. Aparentemente, por largo tiempo la Enron había venido sufriendo de achaques, pero los ejecutivos antes mencionados fueron capaces de mantener el espejismo de su factibilidad finaciera saturando con la deuda las llamadas «sociedades-por-fuera-de-los-balances» («off-balance-sheet partnerships»). En esencia, cada uno de los ejecutivos levantó fortalezas bancarias personales y escondió allí, lo que se ha revelado como una serie de deudas aterradoras, a sabiendas de que la compañía estaba desangrando los estados de cuenta públicamente exhibidos. Esta maniobra alimentó la homologación del crédito de la organización, permitiéndole así continuar sus negocios. El asunto continuó durante cuatro años, lo cual significa varias cosas: significa que la mayoría de los ejecutivos de Enron conocían o participaban de esta actividad tremendamente criminal e irresponsable; significa que se les mintió a los accionistas, incluyendo 4.000 empleados leales; significa que de meses atrás estos ejecutivos ya estaban enterados del desplome de los valores bursátiles de la compañía, cuando abandonaron y desangraron el barco, beneficiándose con la venta oportuna de sus acciones; significa que permitieron que los empleados perdieran sus fondos de jubilación que, pensaban, seguían creciendo dentro de los portafolios accionarios de la empresa; significa que mucha gente fue engañada por una pandilla de hábiles manipuladores a quienes les importa un comino los demás, y quienes solamente se preocupan por sí mismos. Todo esto podría simplemente anotarse como una nueva historia de codicia corporativa llevada al traste, de no ser porque es pública la conexión umbilical política y financiera entre Bush y la Enron. El capo de Enron, Kenneth Lay, era quizás el mejor amigo financiero que George W. Bush haya jamás conocido. Lay y varios funcionarios de esta organización, prácticamente costearon su campaña del 2000 para la presidencia, hasta el punto que le prestaron un avión de la organización para sus traslados a los lugares más apartados del país. Bush, antes de vislumbrar las estrellas de la Casa Blanca, había trabajado de manera muy abierta con la Enron en la política energética de Texas. Este estrecho vínculo llevó a que la administración Bush contratara, para importantes posiciones gubernamentales, a un número de personas influyentes dentro de la órbita de la Enron: Thomas E. White, secretario del Ejército, fue en una época vice-presidente del Departamento Energético de Enron y acumuló millones en acciones de esa compañía. El consejero presidencial, Karl Rove, poseía $250.000 dólares en acciones de la organización. Larry Lindsay, consejero económico, saltó directamente de la Enron a su actual trabajo en la Casa Blanca. Lo mismo ocurrió con Robert B. Zoellick, representante federal de comercio (Federal Trade Representative). Debido a su conocida aversión hacia cualquier tipo de regulación gubernamental, Harvey Pitts, director de la Superintendencia de Bolsas y Valores (SEC- Securities and Echange Commission) fue escogido a dedo para esa posición por Kenneth Lay. Además de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, hay alrededor de treinta y un funcionarios en la administración Bush que poseían un rubro de la Enron en sus portafolios accionarios. De paso, conviene señalar que la agobiada compañía ejercía, y ejerce aún, enorme influencia sobre las maquinaciones cotidianas de la política del Gobierno Federal. Uno se pregunta, entonces, si la decisión de Bush de acabar con la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act), decisión tomada para aumentar las fortunas de compañías como la Enron, no habrá sido inspiración de gente con íntimas conexiones dentro de la industria energética. Las huellas de la influencia de la Enron también llegan a los escabrosos ventrículos del vice-presidente Dick Cheney, quien hace poco admitió haber sostenido seis reuniones diferentes con los ejecutivos de la Enron durante el período en que se estaba estructurando la política energética de la Administración. Cheney, antiguo ejecutivo de Halliburton Petroleum, tuvo a su cargo la creación de dicha política. Por razones que pronto se expondrán en los estrados judiciales, Cheney rehusó detallar los aspectos específicos relacionados con la creación de dicha política, los cuales incluyen las múltiples reuniones con la Enron. Justo cuando la Contraloría General (General Accounting Office) se preparaba para demandar a Cheney y obligarlo a revelar esta información, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Posiblemente estas citaciones se
desempolven y publiquen en el curso de treinta días. Mientras tanto, el
Departmento de Justicia planea con seriedad una investigación criminal en
relación con el colapso de la Las maniobras del propio Bush dentro de la industria energética muestran resonancias preocupantes con la situación de la Enron: hubo una vez en que fue funcionario de alto rango de una empresa llamada Harken Oil. El 22 de junio de 1990 vendió sus acciones de la Harken por $848.560 dólares, con lo cual obtuvo una ganancia del 200%. Una semana más tarde Harken anunció pérdidas trimestrales por valor de $23.2 millones y sus acciones en el mercado cayeron de manera abrupta en los siguientes seis meses. Bush hizo dinero a manos llenas mientras los demás inversionistas perdían millones. Harken fue una Enron en miniatura y durante la campaña presidencial del 2000 habría podido servir de advertencia al pueblo norteamericano, si la prensa hubiera resuelto prestar algo de atención a este hecho. Existe una escuela de pensamiento, abrazada en esencia por los republicanos, según la cual equivale a traición cualquier investigación respecto a actos potencialmente deshonrosos o ilegales de la administración Bush. Aunque sin declarar, estamos en guerra, y Bush es libre de conducirla vigorosamente, con el fin de defender nuestra libertad y someter a la justicia a los asesinos de civiles norteamericanos. No obstante, de ser creíbles los informes recientemente transmitidos por CNN, Bush y su gente tendrán que responder por las acciones que hacen, que la catástrofe de la Enron parezca una infracción menor de tránsito, acciones que condujeron directamente a las masacres de Nueva York y Washington, D.C. En 1998, durante la administración Clinton, Unocal, complejo energético norteamericano, canceló planes tendientes a explotar los depósitos de gas natural en Turkmenistán. Éstos incluían extender una tubería desde esta región hasta Pakistán, lugar donde el gas habría de procesarse para los mercados energéticos asiáticos y occidentales. La idea se fue a pique cuando Clinton ordenó el bombardeo a Afganistán con misiles teledirigidos, en respuesta a los ataques terroristas planeados y ejecutados por Osama Bin Laden contra las embajadas de Estados Unidos en África. La tubería debía pasar por Afganistán, pero la gente de Clinton envió a Unocal un mensaje en tecnicolor en el sentido que ese país, controlado por los talibanes, no debía recibir ningún tipo de impulsos financieros. Aparentemente, la administración Bush no encontró dilema moral alguno en cuanto a negociar con los talibanes para obtener el gas. Inmediatamente después de su llegada a Washington, éstos tropezaron con los vigorosos coqueteos de la gente de Bush. En realidad, si hemos de darle crédito a los informes de Richard Butler, antiguo Inspector de Armamentos de Naciones Unidas, la administración Bush tenía sumo interés en fortalecer y estabilizar el sistema talibán, pues un régimen sólido habría de seducir a los inversionistas para revivir el negocio del gas natural en Turkmenistán. Los talibanes –los demonios de hoy – cumplían con la idea que tenía Bush de un gobierno «estable»; de todas maneras, lo suficientemente estable como para ver hecha realidad dicha tubería. Los vínculos entre Bush y los talibanes se hicieron tan fuertes que éstos llegaron al punto de contratar a una experta en relaciones públicas norteamericanas, Laila Helms, para pavimentar el camino entre los dos regímenes. Así, continuaron los encuentros a alto nivel entre las dos naciones, el último de los cuales tuvo lugar en agosto, a escasas semanas de los ataques de septiembre. Todos estos pasos se llevaron a cabo con el fin de explotar las enormes reservas energéticas de Turkmenistán en beneficio de las corporaciones norteamericanas. Las íntimas relaciones entre Bush y los talibanes frustraron los esfuerzos investigativos de John O’Neill, anterior subdirector del FBI, quien era en este organismo el principal perseguidor de Osama Bin Laden y estaba a cargo de las investigaciones sobre sus conexiones con los ataques de 1993 contra el World Trade Center, la destrucción en 1996 de un campamento militar en Arabia Saudita, los bombardeos de 1998 a embajadas norteamericanas en África y el ataque al U.S.S. Cole en el 2000. Dos semanas antes de la destrucción de las Torres Gemelas, O’Neill renunció al FBI en señal de protesta, y lo hizo porque su investigación se vio obstruida por las conexiones entre la administración Bush y los talibanes, y por los intereses de las compañías petroleras norteamericanas. Según sus palabras, «los principales obstáculos en la investigación del terrorismo islámico residen en los intereses de las organizaciones petroleras norteamericanas y en el papel que jugó Arabia Saudita en aquél». Al abandonar el FBI, aceptó un trabajo como Jefe de Seguridad en el World Trade Center y murió el 11 de septiembre cuando, en su intento por salvar las vidas de personas atrapadas durante los ataques, las torres le cayeron encima. La paradoja es sencillamente horripilante. En resumen, al agente federal que más que nadie en los EU sabía de Osama Bin Laden se le impidió escudriñar las amenazas terroristas contra este país. Se le boicoteó porque la administración Bush estaba desesperada por cultivar la ayuda de los talibanes, quienes tenían en tanta estima al cerebro terrorista Bin Laden, que le permitieron acceso a los lucrativos depósitos de gas natural de Turkmenistán. Si estos argumentos prueban ser veraces, Bush y sus amigos son los responsables de que se enredaran las investigaciones que habrían abortado los planes de Bin Laden para septiembre. Si estos argumentos son veraces, todo desde septiembre 11 ha sido una operación masiva de encubrimiento, en la que han muerto soldados norteamericanos y miles de civiles afganos. Si estos argumentos prueban ser veraces, la administración Bush tiene en sus manos la sangre de miles de civiles norteamericanos. Si estos argumentos tienen el más leve tinte de credibilidad, entonces George W. Bush y los miembros de su administración están untados de alta traición y asesinato. El 7 de noviembe del 2000 una amplia mayoría de norteamericanos llegó a la conclusión de que George W. Bush no era apto para gobernar esta nación. Esta conclusión se pasó por alto y las razones son oscuras y polémicas. Pronto, de continuar las redes electrónicas de los medios sus emisiones sobre estas historias de corrupción, codicia y muerte, el pueblo norteamericano podrá entender a cabalidad las consecuencias de esa fallida elección. Una cosa es mimar y cortejar una compañía energética para obtener beneficios políticos y económicos; otra, bien distinta, mimar y cortejar un régimen asesino encubridor de terroristas, obstaculizando de paso las investigaciones respectivas, con el propósito de lograr la explotación de valiosos recursos naturales. La primera le costó a mucha gente la desaparición de sus fondos de jubilación. La segunda ha significado la pérdida de miles de vidas. La primera es criminal. La otra es abominable. George W. Bush está hondamente implicado en ambas. El saldo a pagar será infernal.
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