INTRODUCCIÓN
América Latina: Entre el hundimiento y la rebelión América Latina está arruinada. Según datos recientes de la Cepal, el tamaño de su deuda externa se acerca a los 800 mil millones de dólares y es hoy en día la región del mundo con peor distribución del ingreso. La moratoria en el pago de la deuda externa por Argentina –país al que se puso de ejemplo y de cuyo derrumbe nadie quiere acordarse ahora– es apenas un botón de muestra de la situación a que se llevó a los países de la región luego de la «década perdida» en los años 80 del siglo pasado, del Consenso de Washington de los 90 y de las «reformas de segunda generación» del nuevo milenio. Destruido el mito de Argentina, se revive como modelo a seguir a México y su acuerdo comercial a través del Tlcna o Nafta, ocultando el estado calamitoso en que se encuentra su economía: A pesar de ser uno de los mayores exportadores del mundo, su balanza comercial es deficitaria, por lo cual su endeudamiento externo sigue aumentando para cubrir mes a mes los saldos negativos en su balanza de pagos. Ese sector exportador está en manos de media docena de empresas, todas ellas de capital norteamericano, por lo cual, a la hora de la verdad, México no es un gran exportador sino más bien lo son empresas como Ford, Xérox o IBM. Las maquilas no solo tienen las condiciones laborales más deplorables sino que en nada contribuyen al desarrollo del país, pues los «encadenamientos» con el resto de la economía son casi nulos. No obstante estas evidencias, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, está a punto de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, bajo un esquema similar al firmado con México. El primero en esta nueva ronda fue Chile, que suscribió un TLC que traerá graves consecuencias económicas para el país sureño, entre ellas las resultantes de la eliminación total del control de capitales. Pero frente a estos factores determinantes de la crisis, que documentamos extensamente en el presente dossier, está la creciente resistencia de los pueblos latinoamericanos. A un lado del espectro se sitúa el ejemplo de Uruguay, donde la población votó masivamente un plebiscito oponiéndose a la privatización de la empresa pública de combustibles, victoria que evoca la obtenida en Colombia en la abstención contra el referendo de Álvaro Uribe. Recordemos también que a comienzos de los noventa el pueblo uruguayo ya había derrotado en un referendo la política de privatización. En el otro lado, está la férrea oposición del pueblo cochabambino en Bolivia, que logró después de una gran huelga detener la privatización del servicio de agua de la región con la llamada Guerra del Agua. Sin duda, uno de los puntos más candentes de la región es la situación de Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez para cuyo análisis incluimos un artículo escrito por Martha Lucía Márquez. Estos y otros hechos de importancia cardinal son analizados en el dossier por personajes como el líder boliviano Evo Morales, quien concedió en Cochabamba una entrevista exclusiva para Nueva Gaceta, y el escritor Eduardo Galeano en una entrevista, publicada recientemente en O Globo, de Brasil, que reproducimos en esta sección.
Arturo Cancino Cadena No habrá negociación conjunta entre los países andinos y Estados Unidos. Tras varios meses de declaraciones contradictorias por parte del Departamento de Comercio estadounidense y del gobierno colombiano, se anunció el pasado 23 de marzo la iniciación en mayo de las negociaciones bilaterales Colombia-EU. Esto introduce una variante en la decisión comunicada en la pasada Cumbre de Miami por Robert Zoellick, representante de Comercio de EU, respecto a una negociación subregional con los andinos, exceptuando a Venezuela. La noticia de la autorización de la Casa Blanca para iniciar la negociación bilateral se presentó a los colombianos como un éxito de la visita del presidente Uribe a Estados Unidos. Como se sabe, el gobierno de Uribe Vélez le había apostado todo a gestionar un tratado directo, haciendo a un lado a la comunidad andina y propiciando su desunión. Eufórico, el embajador Luis Alberto Moreno apareció en las pantallas de televisión para comentar desde Washington la noticia, cuya trascendencia consiste en que la negociación nos permitirá llevar la delantera en «anclar» nuestra economía a esa potencia, según explicó gráficamente. La afanosa y solitaria estrategia, contraria al sentido común que aconseja negociar sin prisa y en grupo, concuerda sin embargo con las expectativas del ministro de Comercio, Jorge H. Botero, los asesores neoliberales, los gremios acompañantes y sus patrocinadores, las multinacionales. Todos ellos esperan tener el camino pavimentado para básicamente asegurar hacia el futuro las exenciones arancelarias que rigen hoy para algunas exportaciones al mercado estadounidense. A cambio de ello el gobierno se propone, no sólo ceder a perpetuidad gran parte de la soberanía del Estado en materias económicas, sino entregar sin regateo el resto del mercado nacional y el conquistado entre los países andinos. Así lo perciben aun sus partidarios como el senador uribista Habib Mergheg, del Observatorio del Congreso a las negociaciones de comercio, cuando manifiesta: «vamos a tener un contrato de adhesión, nada más y nada menos... el Gobierno va a salir a firmar el acuerdo con base en lo que le pongan a la mesa»(1). Igualmente, lo confirman las declaraciones del asesor presidencial, Rudolf Hommes, quien sostiene abiertamente al respecto que «la mayor parte del beneficio proviene de lo que se puede importar»(2). Según como se mire, la noticia puede ser mejor de lo que parece para los países vecinos. La razón es que, como están las cosas, en una negociación conjunta verían debilitadas sus aspiraciones por cuenta de la obediencia incondicional a Washington del gobierno colombiano, que ya aceptó incluir temas polémicos sobre prerrogativas para la inversión extranjera aún congelados en la OMC. Nadie olvida el vergonzoso «reversazo» del país por orden de EU sobre el arancel agrícola acordado por la Comunidad Andina (CAN), a instancias de Colombia, para notificarlo en las negociaciones del Alca hace año y medio. O el obsecuente retiro de la participación colombiana en el G-21, bloque de países en desarrollo que se opone a los subsidios de los países industriales a su agricultura(3).Los hilos de estas decisiones se dejaron ver en la reciente reunión del Alca en Puebla, México, cuando Estados Unidos alineó a 13 países de la región a favor del mantenimiento de sus ayudas internas y en contra del Mercosur. Los delegados colombianos sobresalieron allí por su adhesión total a las propuestas estadounidenses, lo que pone en tela de juicio la veracidad misma de la anunciada negociación con Estados Unidos. Nuevas rutas para la anexión económica Pero, al margen de estos reveladores episodios, la decisión de iniciar las negociaciones contiene una grave amenaza para los colombianos. Se inicia el conteo regresivo hacia la implantación del Área de Libre Comercio de las Américas, Alca, proyecto continental proclamado por George Bush en 1990 en su célebre Iniciativa hemisférica. Solo que para ello se seguirá el camino sinuoso de los tratados bilaterales con EU, como los suscrito por Chile o por Centroamérica. Esto responde a la estrategia adoptada por el gobierno estadounidense frente a la renuencia de Brasil y Mercosur a realizar un acuerdo que deje intactas las medidas proteccionistas de EU (subsidios internos y legislación antidumping) pero que incluya, además de la desgravación arancelaria, sus exigencias sobre garantías para la inversión extranjera, propiedad intelectual, compras gubernamentales y acceso a los mercados de servicios. Es decir, los puntos que India, China, Brasil, Argentina y los otros 17 integrantes del G-21 se rehusaron a discutir en Cancún, como reacción a la doble moral practicada por Estados Unidos y Europa de imponer el libre mercado a los demás pero mantener para sí una política proteccionista, expresada en los subsidios internos y otras barreras discriminatorias contra los productos de los países en desarrollo. ¿Cuál es la razón del impulso actual de las negociaciones de libre comercio? Para Estados Unidos el Alca significa la extensión al resto del continente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tlcan, (Nafta, por sus siglas en inglés) suscrito con Canadá y México en 1993. Durante 10 años este mercado ha favorecido una extraordinaria expansión de su comercio e inversiones, con discutibles beneficios para Canadá y decepcionantes resultados para México. Este último no sólo ha tenido una balanza comercial adversa en siete de los diez años transcurridos, sino que a pesar de haberse triplicado sus exportaciones, su crecimiento real por habitante apenas llega al 1% anual, comparado con las cifras tres y cuatro veces más altas del pasado. Además, el comercio exterior ha terminado monopolizado por las multinacionales norteamericanas (96% de su valor), verdaderas beneficiarias del auge comercial. Y el capital extranjero se ha apropiado de gran parte de la industria, los negocios financieros y el comercio. El 90% de los activos del sistema financiero están en manos extranjeras y el 70% de la industria textil, por ejemplo, pertenece a accionistas estadounidenses. A esto se suma que en el año 2002 México ostentaba la segunda deuda más alta de América Latina (ver cuadro 1) CUADRO 1 CINCO PAISES CON MÁS DEUDA EXTERNA EN AMÉRICA LATINA (US $MILLONES)
Las voluminosas transferencias de capitales al exterior, acentuadas por la desnacionalización de la economía, se reflejan en el déficit de las cuentas externas mexicanas que en 2001 ascendía a US$17.196 millones de los cerca de US$50.000 millones negativos que presentaba América Latina. Este desangre económico, agravado por la política de privatizaciones, se traduce en una reducción de los servicios del Estado, un estancamiento en la disminución de la pobreza (que afecta al 50% de la población) e incremento de la desigualdad. Según la Secretaría de Desarrollo Social de México, la pobreza alimentaria rural del país ha subido del 36% al 52%. La producción nacional no se ve conectada a la dinámica de las exportaciones, cuyas infladas cifras se explican por el aumento equivalente de las importaciones. El valor agregado promedio de las ventas externas es de sólo el 18%, debido a que la mitad de las exportaciones corresponde a las maquilas, que no aportan más del 6% de valor agregado (3% en insumos locales y el resto en mano de obra barata)(4). En cambio se ha multiplicado el grado de dependencia económica respecto del mercado estadounidense, que representa más del 80 por ciento de su comercio exterior. El desempeño de la economía mexicana está sujeto en exceso a las fluctuaciones de la demanda de ese mercado, como quedó en evidencia durante la recesión norteamericana de los años 2001 y 20025. La situación es particularmente crítica en el campo, donde se han perdido 1.6 millones de hectáreas de cultivos por la importación de cereales y otros productos agropecuarios subsidiados de Estados Unidos. Luego de haber gozado durante décadas de autosuficiencia alimentaria, México importa hoy cerca del 50 por ciento de su dieta básica. Las compras externas de cereales subieron de 8.7 millones de toneladas en 1990 a 18.5 millones de toneladas en el 20006. Como consecuencia, en el sector rural, que aloja a la cuarta parte de la población, millones cultivadores han quedado sin trabajo, los niveles de pobreza alcanzan el 70% y la indigencia el 36%. La ruina del agro y el desempleo han generado un vigoroso movimiento popular en pro de la revisión de los acuerdos del Tlcan, que ha puesto en jaque al gobierno de Fox. Aún sin ser parte de este tratado, pero bajo el influjo del “Consenso de Washington” y el FMI, los demás países de América Latina aplicaron en mayor o menor grado la desgravación arancelaria, la desregulación de las inversiones y las reformas de mercado de sus economías, y cosecharon similares frutos durante la última década. Mientras las exportaciones de la región aumentaron 8.7% por año, el PIB creció sólo un 2.6% promedio anual, menos de la mitad de lo esperado y muy por debajo de su comportamiento histórico durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Como reconoce el director de la Cepal, José Antonio Ocampo, “el supuesto de que la apertura iba a generar, por sí misma, desarrollo exportador, no se ha cumplido en ningún país”(7). Por el contrario, la región sufrió una significativa desindustrialización al bajar la participación de la industria en el PIB del 17% en los años 70 al 13.5% en la década pasada. Al mismo tiempo aumentó el desempleo promedio al 9%, el peor en 20 años según la OIT; cayó la inversión y los demás indicadores sociales empeoraron. Como observa el economista colombiano Eduardo Sarmiento, Todos los países de América del Sur y México se vieron expuestos a pérdidas del mercado interno que resultaron superiores a las exportaciones y tuvieron como contrapartida la destrucción de la industria, la agricultura y el empleo, a tiempo que generaron déficit estructurales en la balanza de pagos que han debilitado la demanda y conducido a saldos crecientes e insostenible de la deuda externa(8). En contraste, los “felices 90” –como los bautizó el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz– representaron para los negocios norteamericanos los mejores años después de la época de oro de la posguerra, tras más de 20 años de bajo crecimiento. Entre 1991 y el 2000 las exportaciones de Estados Unidos hacia América Latina crecieron un 18.2% mientras sus importaciones de la región solo aumentaron 14.6%. Según Antonio Romero, del Sistema Económico Latinoamericano (Sela), se configuró “un patrón asimétrico en la relación comercial... en el cual nuestra región ha incrementado su dependencia comercial con Estados Unidos, al mismo tiempo que ha perdido participación en ese mercado”(9). A esto se suman las enormes ganancias obtenidas por sus inversiones especulativas, tendencia que continúa. Según las firmas consultoras, Thompson Finantial y Global Invest, las bolsas de América Latina fueron las que más rindieron en 2003: cinco de estas bolsas (Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima y Caracas) incrementaron en promedio 80% su valor en dólares(10). Exprimiendo la fórmula ganadora Pero los beneficios para Estados Unidos empezaron a agotarse con el debilitamiento de los países más vinculados a sus negocios y sometidos a su influencia, como Argentina. Desde el punto de vista de muchos, esto exigía una revisión del modelo ya que la evidencia mostraba abrumadoramente que la promesa de desarrollo en el caso de América Latina no se había cumplido. Sin embargo, para aquellos ligados intelectual o materialmente a los intereses de las corporaciones multinacionales y el capital financiero internacional –identificados con las políticas del gobierno de EU, el FMI y el Banco Mundial– la solución consiste en profundizar el tratamiento neoliberal y extenderlo a temas como la reglas de protección de la inversión y la propiedad intelectual (derechos de los inversores, copyright, patentes farmacéuticas, etc.) o avanzar sobre sectores más esquivos al capital extranjero como los servicios o las compras estatales. Si bien estos son temas, en sentido estricto, ajenos a las reglas del comercio mundial, forman parte de la agenda promovida por las potencias industriales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) Una de las condiciones claves para cumplir esta tarea es acentuar el debilitamiento de la soberanía de las naciones mediante la erosión de las atribuciones de sus Estados. Y un mecanismo extraordinariamente útil para lograrlo ha demostrado ser la agrupación de los mercados según el modelo del Tlcan. La razón es que éste establece una legislación supranacional a favor del capital extranjero, subordina el interés público al privado y recorta los poderes reguladores de las instituciones nacionales. Compromete además a los gobiernos futuros con ciertas reglas, no sujetas a deliberación democrática, cuya violación implica demandas y penalizaciones. El impacto de estas últimas resulta en exceso oneroso para los países débiles, lo que las convierten en un instrumento de presión política de las multinacionales y las naciones ricas sobre las pobres. El modelo de esta nueva institucionalidad transnacional es la OMC, pero las normas que se busca establecer en los proyectos estadounidenses de zonas de libre comercio exceden ampliamente las reglamentaciones acordadas en esa organización. Su referente en este sentido es más bien el proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, (derrotado en 1998 en el foro de los países más desarrollados, la Ocde, pero no sepultado) y el capítulo 11 del Tlcan. En línea con esta filosofía, el Alca se propone –al tiempo con la eliminación de la protección arancelaria del mercado interno (arancel cero antes del 2015, según la propuesta de EU)– la generalización del trato nacional para las inversión extranjera. Este último principio se apuntalará con reglas sobre la “no discriminación” y la “competencia justa”, que impiden el apoyo estatal a las empresas nacionales, establecen el acceso sin restricción del capital foráneo a la contratación pública y su difusión a todos los sectores, incluyendo los servicios públicos domiciliarios, la educación, la salud, las cárceles, etc.; así mismo, además de sustraer de la jurisdicción nacional las reclamaciones de los inversionistas para entregarlas a tribunales privados, prohíben la adopción por el Estado de regulaciones que puedan afectar las ganancias esperadas del capital extranjero, sin importar la conveniencia social de tales medidas. Todo esto se adorna con el argumento de eliminar los “monopolios públicos” y favorecer la competencia privada, pero en realidad se trata de reemplazarlos dónde los haya por los monopolios privados, como lo muestra la mayoría de las experiencias en la región con la privatización de las empresas del Estado. Por último, se intenta fijar normas sobre patentes y propiedad intelectual más restrictivas que las de la OMC, con el fin de establecer la explotación monopólica del conocimiento por las multinacionales (mediante extensión del secreto industrial, patentes de segundo uso, etc.), no sólo limitando la copia tecnológica sino propiciando la biopiratería de muchas corporaciones, que consiste en patentar el uso de los conocimientos nativos haciéndoles pequeñas modificaciones para apropiarse de ellos. Las ventajas que todas estas medidas representan para las multinacionales son inmensas. Con respecto al interés en el Alca de las compañías de EU, Neil King Jr., redactor del The Wall Street Journal, explica: Docenas de multinacionales estadounidenses como Citigroup o Caterpillar están haciendo presión para mantener las conversaciones bien encaminadas. Un acuerdo completo abriría nuevos mercados en el sector de servicios, facilitaría el camino para inversionistas internacionales, reduciría los aranceles industriales y protegería los derechos de propiedad intelectual en toda la región, con más de 800 millones de personas(11) No sorprende esta actitud. Según Ernest Hillebrand, director de FES-Chile, las reglas previstas para el Alca representan: Una suerte de constitución económica continental, que define y fija un orden económico neoliberal en todos los países del hemisferio, socavando la soberanía de los estados miembros, reduciendo el rol económico y social del Estado y otorgando amplios privilegios a las empresas transnacionales(12). De esta forma, a la competencia desigual entre las enormes corporaciones estadounidenses (que continuarían recibiendo ayudas internas de su gobierno) y las empresas locales, se añaden los impedimentos para estas últimas, que deben renunciar al apoyo estatal y al uso de la información y los métodos de aprendizaje (ingeniería de reversa) que en el pasado contribuyeron al surgimiento de las primeras. Como señala el industrial Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquímicas: Se trata de montar un andamiaje legal para restringir la competencia local, y no solamente mermar nuestra capacidad competitiva para exportar sino afectar los propios mercados internos, en los cuales se busca consagrar normas restrictivas a la competencia que encarecerán tremendamente el costo de vida. Detrás de la pantalla de una hipotética liberación del comercio exterior se esconde la pretensión de amarrar los mercados internos, en detrimento de los consumidores colombianos(13). Es una apreciación valida, hay precedentes: hace dos años, como condición para la renovación del Atpa –sistema de preferencias arancelarias relacionado con la política antinarcóticos– el gobierno de EU le exigió a Colombia una legislación que garantizara la exclusividad en el mercado para los productos de las farmacéuticas multinacionales por varios años, adicional a las normas sobre propiedad intelectual de la OMC. De acuerdo con Fedesarrollo, las consecuencias del Decreto 2085 de 2002, que prohíbe a los laboratorios nacionales desarrollar versiones genéricas de medicamentos por cinco años luego de introducidos al país por las multinacionales, le cuesta a los consumidores colombianos 2.665 millones de dólares. Igual prohibición se aplica para los agroquímicos genéricos, con funestas consecuencias para los cultivadores, cuya estructura de costos incluye insumos que en algunos casos representan hasta el 60% del costo total. No cabe duda que si a la inocultable debilidad de los países latinoamericanos –que entre todos no llegan a la cuarta parte del PIB de EU– se suman todas estas condiciones, el Alca significa el arrasamiento de cualquier tipo de competencia nacional e implica la ruina de los productores locales y el desplome del empleo industrial y agrícola, con sus secuelas de mayor pobreza. Asi mismo, es claro que promueve la desnacionalizacion de las principales empresas. Pero, además, conlleva la mercantilización final de todo tipo de actividades y servicios y el encarecimiento de los mismos, pues quedarán sujetos a la lógica sin atenuantes del lucro privado transnacional, eliminando el más mínimo vestigio de protección y redistribución social COLOMBIA: de la crisis al Alca “La suerte de unos es la desgracia de otros”, dice un adagio popular. Parece hecho para describir el modelo neoliberal: un juego de suma cero, dónde lo que ganan unos lo pierden otros; a mayores ganancias de los favorecidos, mayores pérdidas para los perjudicados. De ahí que el resultado global de esta política haya sido el acentuamiento de la desigualdad, tanto a nivel internacional entre las naciones más ricas y las más pobres, como en el interior de las sociedades(14). Sobre sus fundamentos, Stiglitz comenta: El neoliberalismo se basa en dos principios: el fundamentalismo del mercado, que es aquella visión según la cual los mercados por sí mismos son eficientes y suficientes para el crecimiento sostenido y el pleno empleo; y la ‘economía de efecto cascada’, que es la visión de que el crecimiento por sí mismo inevitablemente beneficia a todos, incluyendo a los pobres... Ni la teoría económica ni la evidencia respaldan alguna de estas proposiciones. La economía de mercado ha estado plagada de crisis periódicas y desempleo masivo; sin intervención del gobierno, las empresas han contaminado nuestro aire y nuestras aguas; la banca no regulada o poco regulada ha causado problemas país tras país... En los países con crecimiento más rápido, los gobiernos han jugado un papel central(15). En Colombia, las reformas de mercado realizadas a principios de los 90 produjeron un descenso neto de los indicadores económicos y sociales, luego de una efímera bonanza estimulada por el ingreso de capitales especulativos que terminó en la “burbuja” financiera e inmobiliaria del 98 y la recesión del 99. Con la apertura económica, la industria retrocedió. Después de haber logrado una participación en el PIB del 22.7% en la década del 70, cayó al 14% en la del 90. Se perdió una cuarta parte del empleo industrial: del criticado modelo de “sustitución de importaciones” pasamos al nocivo modelo de sustitución del empleo por las importaciones. El desempleo nacional se duplicó. No solo a causa de las miles de empresas cerradas, sino además por la reorientación de importantes ramas de la producción industrial hacia la importación de bienes intermedios y el ensamblaje. El desplazamiento de las exportaciones hacia estos bienes de bajo valor agregado(16), contribuyó a empeorar el desequilibrio de la balanza comercial del país causado por la avalancha indiscriminada de importaciones. La industria, antes motor de desarrollo y generadora de divisas, con su nuevo sesgo hacia la importación de bienes intermedios se convirtió en uno de los orígenes estructurales de los saldos negativos de la balanza de pagos. Se han destacado en ello las industrias con inversión extranjera directa (IED): a estas corresponde el 36% de las importaciones y el 21% de las exportaciones(17). El déficit resultante se terminó cubriendo con una cuantiosa deuda externa. En el campo, los estragos no fueron menores. El área sembrada disminuyó en 800.000 ha. de cultivos transitorios por las importaciones masivas de cereales que llegaron a 7 millones de toneladas anuales. Las importaciones en dólares crecieron más del doble que las exportaciones, contribuyendo al déficit comercial del país. La participación del agro en el PIB bajó del 18% al 13%, el desempleo rural se duplicó y la pobreza se extendió hasta cubrir al 83% de la población campesina. En suma, perdió el país en su conjunto (el ingreso por habitante no ha recuperado aún los niveles del año 94) y ganaron los exportadores e inversionistas extranjeros, junto con un reducido grupo de intermediarios y algunos magnates locales, especialmente aquellos que se vincularon a la especulación financiera. La distribución del ingreso, una de las más inequitativas de América Latina, empeoró. Según cifras del Banco Mundial, al terminar la década mientras el 20 por ciento más rico obtenía el 62.7% del ingreso, el 20 por ciento más pobre percibía sólo el 2.4%, es decir, una diferencia de 26 veces, el doble que diez años antes. Y la diferencia entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 52 veces en 1991 a 80 veces en 1999(18). Transcurridos seis años desde la recesión, marcados por un insignificante crecimiento nominal del PIB inferior al 1% promedio anual, el presente gobierno se propone una reedición aumentada de la desastrosa política de liberalización comercial y desregulación financiera, entregando esta vez mucho más que diez años de crecimiento. Ahora se trata comprometer al país con un modelo por lo menos para los próximos cincuenta años, con graves consecuencias sobre la actual y las siguientes generaciones. Ya inclusive, por la puerta de atrás, se están implementando las condiciones del Alca a través de proyectos de ley. Uno de ellos establece una indemnización por el Estado colombiano a los inversionistas extranjeros por la disminución de sus ganancias esperadas con motivo de un eventual cambio normativo que adopte el país. Otro más consagra el arbitramento privado internacional de las diferencias entre los inversionistas y el Estado, para sustraer la solución de estos pleitos de los tribunales y la legislación nacional. El punto de partida para la aventura no puede ser más precario. La industria más representativa del país sigue especializada en la elaboración de bienes de consumo a partir de la transformación de recursos naturales y sin incorporación de alta tecnología. La elaboración de bienes intermedios y de capital, que involucran un mayor contenido tecnológico, ha retrocedido. La agricultura comercial sobrevive a la competencia de las importaciones subsidiadas gracias a los altos aranceles (el arancel promedio está sobre el 60%) y al uso de cuotas y otras protecciones no arancelarias. Si el agro mexicano, donde el Estado ha invertido cerca de US$12.000 millones, ha sido vapuleado por los acuerdos de libre comercio, calcúlese la vulnerabilidad del campo colombiano donde la inversión pública prácticamente fue borrada en el Plan de Desarrollo de este gobierno(19). Estimativos preliminares permiten prever que la eliminación de la protección arancelaria significará la ruina de la producción de leche, huevos, carne de cerdo y pollo, así como la desaparición de cultivos como el arroz y el maíz y la pérdida de cerca de 2 millones de hectáreas cultivadas(20). Sin considerar la pérdida de la seguridad alimentaria, el sólo derrumbe de este sector le puede costar al país US$5.000 millones al año en importaciones, al lado de lo cual lo percibido por las exportaciones de flores y confecciones resulta insignificante. La competitividad actual de la producción urbana y rural del país está, además, seriamente socavada por los altos costos del dinero y la restricción de crédito impuesta por un sistema financiero que gira alrededor del financiamiento privado del Estado y la especulación con las divisas y los TES. La política macroeconómica propicia la prolongación de esta nociva distorsión y otras graves desventajas como la inestabilidad de la tasa de cambio, sujeta a largos períodos de revaluación, semejantes al iniciado a mediados del año pasado. Con todas estas limitantes, al final “nos hemos venido especializando en lo que es de bajo valor agregado doméstico, con poco contenido de ingeniería, y en el procesamiento de recursos naturales. Este fenómeno se profundizará al ingresar al Alca o a un TLC con Estados Unidos”, advierte el analista Manuel José Cárdenas(21). Las cuentas adversas del libre comercio Varios estudios académicos, como el realizado por la Universidad de Colorado para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, desaconsejan el Alca por significar un incremento de las importaciones (24%), tres veces mayor que el de las exportaciones (7.5%) y una caída de la producción nacional no inferior al 1.3%22. El estudio realizado por la CAN concluye que ese proyecto representa desmejora del nivel de bienestar prácticamente para cada uno de los países andinos, peor en el caso de Colombia. Y una investigación adelantada por la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana pronostica que con este tratado Colombia perderá la mayor parte del mercado venezolano para sus exportaciones industriales, a manos principalmente de la competencia estadounidense, y lo propio pasaría con los mercados colombianos de las exportaciones venezolanas. Ante las conclusiones negativas de estos estudios (así como de otros contratados con universidades colombianas por Mincomercio, pero no divulgados), el DNP avaló una versión anónima del análisis, en la que curiosamente se concluye que el “nivel de bienestar” del país mejorará un 0.79%. Con todo, no puede ocultar que tanto en la alternativa del Alca como en la de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, las importaciones crecerán el doble de las exportaciones y el déficit fiscal aumentará en US$807 millones, en el primer caso, y US$591 millones, en el segundo (véase cuadro 2). Para el economista Mauricio Cabrera, además “el TLC aumentaría el déficit comercial en unos 1.000 millones de dolares, llevándolo a un nivel cercano al 4% del PIB”23. El deterioro es notorio comparado con un nivel actual de alrededor del -1.5%, y nos acerca peligrosamente al -5.4% del año 97, que dio origen al “apretón” monetario con el que se inició, en abril del 98, la más profunda recesión que haya sufrido Colombia desde que existen cifras. Cuadro 2 La economía colombiana en tres escenarios comerciales
F uente: DNP *Millones de dolares Esto, sin embargo, no ha detenido al gobierno que insiste en ver enormes beneficios en la pequeña rebaja de los aranceles estadounidenses (5% en promedio) pero cierra los ojos ante la sustancial rebaja de los aranceles propios (10% al 30% en la industria, 50% al 100% en el agro), que representará la pérdida de gran parte del mercado interno para muchos productores nacionales. Al desaparecer los aranceles andinos se sacrificarán también más de 2.000 millones de dólares en exportaciones a los países de la CAN, con los cuales se esfumarán los 300.000 empleos que genera este mercado. Como advierte la SAC, de los diez sectores sólo dos (floricultura y confecciones) saldrán en principio favorecidos con un mayor crecimiento de las exportaciones sobre las importaciones y el resto saldrán perjudicados con la situación inversa. Pero aun estos magros beneficios son inciertos. Se parte de suposiciones optimistas que no tienen en cuenta que las exportaciones de las confecciones y los textiles colombianos en breve pueden ser arrasadas en el mercado norteamericano por la competencia de China, país que con el 20% de participación en el mismo ha desplazado ya del primer lugar a México (con el 12%) en las exportaciones a su vecino. Las proyecciones del Banco Mundial dicen que para el 2005 las exportaciones chinas en confecciones dominarán el 50 por ciento del mercado mundial(24).
¿Tiene Colombia una estrategia negociadora?
Esta es una pregunta que ronda no sólo a periodistas sino a mucha gente que sigue de cerca el proceso. Según la ex viceministra de Comercio, Claudia Uribe, sí la tiene pero es “secreta”. Otros creen lo contrario. Para Emilio Sardi, “no la tiene, o si la tiene, es simplemente aceptar lo que le propongan... ahora están definiéndola, pero en ese proceso participan los abogados de las multinacionales, lo que es pésimo, y en la definición de la estrategia no están los productores y consumidores que serán los perjudicados”. La contraparte, en cambio, tiene metas muy claras, primer requisito de una verdadera estrategia. En el mensaje de Zoellick al Congreso de EU se puntualiza que entre los principales objetivos del TLC está el promover “oportunidades de exportaciones para la agricultura estadounidense, la industria y los proveedores de servicios”, junto con “la protección de patentes y protección de la información sin revelar” y la “eliminación... de restricciones de comercio injustificadas que afecten la nueva tecnología estadounidense” (léase transgénicos). Igualmente, “ponerle disciplina a la discriminación y otras barreras de los mercados de servicios en los países andinos... incluyendo el mejoramiento en el acceso a las telecomunicaciones, servicios financieros, de energía, correos y otros sectores”(25). Sin duda, la afinidad con los intereses extranjeros de los funcionarios colombianos encargados de las negociaciones, como el ministro Jorge H. Botero, augura peores resultados para el país. Pero más allá de la deplorable actitud del gobierno en la negociación, la naturaleza misma del libre comercio favorece al más fuerte. Los acuerdos de libre comercio como el TLC están basados en el supuesto de que, al eliminar las barreras comerciales, las “ventajas comparativas” de un país harán que se especialice en lo que mejor hace y su intercambio con lo que producen otros será indefectiblemente beneficioso para ambas partes. Se trata de la muy antigua tesis de la división internacional del trabajo de Smith y Ricardo, que en su tiempo sirvió a la supremacía inglesa, desempolvada siglos después por los economistas neoclásicos y hoy al servicio principalmente de la supremacía norteamericana. En nuestro caso y el de la mayoría de los países de América Latina su aplicación significa abandonar los intentos de lograr un alto grado de desarrollo industrial y autosuficiencia alimentaria, de la que otros ya disponen. A cambio debemos especializarnos en la manufactura de ensamblaje de bajo valor agregado o en la industria de transformación de bienes primarios, que cuentan con la ventaja de la mano de obra barata, así como en los cultivos tropicales y la minería, favorecidos por el clima y otras ventajas naturales. Con el producto de las ventas externas de estas mercancías, importaríamos los cereales y bienes industriales que dejemos de producir. Pero la mayoría de los bienes primarios y de bajo grado de elaboración en los que se pretende especializar a estas economías tienen limitaciones de demanda. Algunos son producidos eficientemente en todos los países, y otros, como el café, tienden a ser sobreofrecidos en el mercado mundial, lo cual redunda en una tendencia decadente de sus precios. Por otra parte, el intercambio real se da en un mundo regido no por la libre competencia sino por los monopolios y las “distorsiones” del mercado. Durante los últimos 20 años varios economistas, desde Arrow hasta Rodrik y Stiglitz, han documentado ampliamente este fenómeno y algunos incluso han sido galardonados con el premio Nobel por sus estudios. Pese al atractivo de la simplicidad de la teoría sobre las ventajas comparativas y los beneficios generales del libre comercio, “la realidad es distinta”, dice Eduardo Sarmiento. En un mundo expuesto a limitaciones de demanda efectiva, las relaciones comerciales están más determinadas por las ventajas absolutas. Las mayores posibilidades de exportación están en los productos de mayor complejidad que gozan de mayor demanda en los mercados internacionales. La liberación comercial favorece a los países que van adelante, y, por lo tanto, logran aumentar las exportaciones en relación con las importaciones(26). ¿Qué pasará cuando las divisas generadas por las exportaciones baratas no alcancen para adquirir los alimentos y bienes industriales a cuya producción renunciemos? A juzgar por el manejo de situaciones parecidas en los años recientes, los seguidores del modelo neoliberal solo tienen dos respuestas, ambas lesivas para la nación. O se subastan todos los activos públicos y se aumenta el endeudamiento externo hasta llegar a los niveles insostenibles de Argentina. O se induce una recesión como en Colombia en el 98-99 para bajar las importaciones por el método de comprimir la demanda interna, sacrificando el empleo y el nivel de vida de la población. Conclusiones Las exportaciones colombianas a Estados Unidos, sobre las cuales se hacen grandes aspavientos de que representan el 43% de las ventas externas, están compuestas en un 70% por petróleo y casi un 9% por café, flores, carbón y banano, es decir, son en esencia productos primarios. Las exportaciones industriales a ese mercado apenas llegan a US$1.000 millones anuales y están representadas por manufacturas con bajo contenido tecnológico. Salvo el caso de agroindustrias exportadoras como el azúcar en los que Estados Unidos mantiene subsidios y estrechas cuotas proteccionistas sobre sus importaciones, el obstáculo para aumentar las ventas externas no es tanto un problema de acceso ni de tarifas arancelarias sino de ausencia de una oferta exportable industrial, con suficiente fortaleza para competir en el mercado norteamericano. Por eso, el argumento de que vamos al abordaje del más grande mercado del planeta no pasa de ser un engaño.
El mercado externo de nuestra producción industrial de mediana tecnología es esencialmente el de la región andina, segundo destino de nuestras exportaciones (22.3%), donde hasta hoy gozan de una protección promedio cercana al 20% gracias al arancel acordado por la Comunidad Andina. Sin ésta ventaja seríamos desalojados por la competencia extranjera. Según el ex Secretario General de la CAN, Fernández de Soto, en los últimos diez años mientras las exportaciones de Colombia han crecido en total un escaso 0.5%, las destinadas al mercado andino se han multiplicado por 7 y para los bienes industriales por 9. De hecho, el 91% del comercio intrarregional andino está constituido por productos industriales(27). El 70 por ciento de las exportaciones de Colombia a ese mercado y, particularmente al venezolano, son manufacturas de la industria metalmecánica, eléctrica, química, textil, etc., (véase cuadro 3) y el resto lo componen productos agropecuarios cuyo mercado fundamental es el interno. Por tanto, el mercado interno y el andino son estratégicamente los más importante para el país por ser los que presentan las mayores oportunidades para el desarrollo de bienes de mayor complejidad tecnológica. Es evidente en este punto el contraste con la floricultura de exportación, sector que ostenta gran participación accionaria estadounidense y uno de los principales usufructuarios de las preferencias arancelarias del Atpdea y del futuro TLC con Estados Unidos. E igualmente contrasta con las confecciones y textiles, ubicados en los primeros peldaños de la escala tecnológica, con el agravante de que este negocio se desenvuelve en el congestionado mercado mundial de los “commodities”. No hay nada que asegure que la cuota adicional obtenida en el mercado estadounidense por estas industrias y otras semejantes, como las del cuero y el calzado, sean sostenibles en el futuro frente a competidores como China, al igual que no lo han sido la de las maquilas mexicanas. En este mismo sentido, los 150.000 nuevos empleos esperados de la exportación de confecciones bajo el TLC pueden resultar ilusorios. No así los 300.000 empleos industriales que desaparecerán con la pérdida del mercado andino, ni los muchos más que se perderán en la agricultura y la industria que depende del mercado interno. Por otro lado, los acuerdos entre la CAN y el Mercosur pueden ofrecer mayores oportunidades externas de crecimiento industrial en la medida en que –al contrario del TLC con Estados Unidos– tienen en cuenta las desigualdades en el grado de desarrollo de los países y contemplan un trato nacional diferenciado. En cuanto a los efectos del esperado aumento de la inversión extranjera que traerán las nuevas reglas sobre inversión del Alca o el TLC, basta mirar el caso de México. La experiencia histórica enseña que “ningún país ha logrado desarrollarse sin reactivar la inversión y el ahorro interno”, como lo expresara Dani Rodrik en su conferencia en Bogotá el año pasado (marzo 6 de 2003). Sin embargo, “el verdadero factor crítico para las decisiones de inversión es la demanda”(28), advierte Mauricio Cabrera. Y a escala de un país del tamaño de Colombia, esa demanda clave es la del mercado interno, cuyo estrechamiento o pérdida paraliza los proyectos productivos. Ha sido la apertura junto con las políticas recesivas prescritas por el FMI lo que ha ocasionado que el ahorro en Colombia llegue solo a la mitad del mediocre 19% promedio latinoamericano. Y que la inversión privada haya caído del 12% en 1994 al 7% en el 2001, según datos del Gobierno(29). A esto ha contribuido enormemente la desacumulación que representan las rentas apropiadas por el capital financiero, que dentro de la política de endeudamiento y ajuste fiscal se han venido sustrayendo principalmente a la población a través del recorte de la inversión pública y de la extensión e incremento de impuestos indirectos como el IVA. La explicación del comportamiento del ahorro y la inversión no es por tanto un misterioso acertijo de “confianza” en las instituciones, sino responde al entorno económico creado desde la dirección de la economía del país, que en nuestro caso ha sido adverso a la inversión productiva y al consumo y favorable a las rentas especulativas y al capital extranjero. En una manifestación de excepcional franqueza, el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, declaró al Congreso de su país en el 2002: “Nuestro objetivo en el Alca es garantizar a las empresas de Estados Unidos el control de un territorio que va del Polo Norte a la Antártida y asegurar un libre acceso, sin obstáculos ni dificultades, a nuestros productos y a nuestros servicios, a la tecnología y al capital de Estados Unidos en el conjunto del continente”. Las motivaciones del país promotor del Alca no son pues un secreto. Sumadas todas las consideraciones hechas, no es difícil prever que si se cumplen los planes del Gobierno y se firma el TLC con Estados Unidos, Colombia sufrirá un retroceso peor y más prolongado que el experimentado desde la primera aplicación de las políticas neoliberales. Los problemas sociales mostrarán un negativo ahondamiento de las tendencias ya observadas. El Gobierno tiene como meta firmar a toda costa este año el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Luis Carlos Villegas, vocero de las multinacionales representadas en la Andi, así lo viene reclamando vehementemente, en coro con diversos funcionarios de la Casa Blanca. A nuestro juicio, lo menos que podemos hacer es apoyar los esfuerzos de quienes se oponen a este tratado y pugnan por preservar a la nación de sus predecibles estragos. De lo contrario habremos permitido, sin resistencia alguna, que los partidarios incondicionales del Alca y la desregulación de los mercados terminen conduciendo a Colombia a un grado de postración económica y subordinación política solo comparable con la registrada en los anales de la época colonial.
Martha Lucía Márquez Restrepo ras el fracaso del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y el agotamiento del paro indefinido que decretó la oposición entre el 2 de diciembre de ese mismo año y el 2 de febrero del 2003, a los detractores del gobierno de Hugo Chávez no parece haberles quedado otro recurso que actuar por los canales institucionales para buscar la salida del mandatario. Por esta razón, aunque no han cesado las marchas ni los rumores de conspiración, el año 2003 estuvo signado por discusiones que giraron sobre temas como el referéndum consultivo, el referéndum revocatorio y la validación de las firmas que debían sustentar dichos procesos. Siguiendo la crisis El 2003 amaneció con un paro que se remontaba al 2 de diciembre y que se extendería, por dos meses, hasta el 2 de febrero. Durante estos meses, la oposición antichavista organizada en la Coordinadora Democrática y respaldada supuestamente por cuatro millones de firmas recogidas en noviembre del 2002, se concentró en sacar adelante el Referéndum Nacional Consultivo que debía ser vigilado por observadores internacionales como la Comisión Andina de Juristas, el Centro Carter y la OEA entre otras, y cuyo fin era presionar la salida del gobierno. Pero pronto, el 23 de enero, este recurso fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, en respuesta a una demanda de un diputado chavista, conceptuó que ninguna iniciativa tendiente a alejar al presidente del cargo podía hacerse antes de que éste hubiera cumplido la mitad de su período de gobierno, es decir, antes del 19 de agosto. Esta decisión judicial motivó la búsqueda de otra estrategia por parte de la oposición: esta vez se trataría de sacar adelante una enmienda constitucional que recortara el período de gobierno del presidente, de 6 a 4 años, el de la Asamblea de 5 a 4 años, y que modificara el mecanismo de elección presidencial a través del ballotage o segunda vuelta. Para tal propósito se realizó el 2 de febrero una nueva jornada de recolección de firmas. Pero en el mes de marzo, en el marco de la reorganización de la oposición que había sido fuertemente menguada en su credibilidad y organización tras el fracaso del paro que se prolongó por 63 días sin lograr el objetivo de tumbar a Chávez, la Nueva Coordinadora Democrática –como se llamará ahora– optó por tomar el camino del referéndum revocatorio y dejar de lado la enmienda constitucional, por ser ésta en términos jurídicos más compleja. A la luz de esta estrategia se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y la oposición en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos, presidida por el secretario general de la OEA, César Gaviria, quien permanecía en el país desde noviembre del 2002. El acuerdo entre las partes, conocido como el “Pacto Integral”, se firmó a fines de mayo. Gobierno y oposición acordaron permitir la realización de un referéndum revocatorio después del 19 de agosto pero además pactaron el desarme de los grupos armados, el respeto a la libertad de expresión, así como la sustitución de la Mesa de Negociaciones y Acuerdos por una comisión bilateral compuesta por miembros del gobierno, la oposición, la OEA, el Centro Carter y el Pnud, que se encargarían de supervisar el cumplimiento de los 19 puntos del acuerdo. Esta última medida fue una victoria del gobierno al lograr quitarle el monopolio de la mediación en el conflicto al ex presidente colombiano César Gaviria, figura no popular a los ojos del chavismo por su simpatía hacia la oposición. Sobre este punto en particular, no sobra recordar que cuando se dio el golpe de abril del 2002, la OEA no lo condenó, sino que se dedicó a hacer llamados a la conciliación de los venezolanos. Desde el mes de julio de 2003, la discusión política se centró en la necesidad de que la Asamblea Nacional nombrara al Consejo Nacional Electoral y que éste actualizara el Registro Electoral Permanente. Dicho Consejo había sido revocado a fines del año anterior, en medio de críticas por su posición antigobiernista, cuando se había promulgado una nueva Ley Orgánica del Poder Electoral. El gobierno, incluyendo al presidente y a algunos de sus ministros, insistía en que era bastante improbable que se lograra nombrar al Consejo Nacional Electoral y que éste pudiera organizar el referéndum antes de finalizar el año, que es lo que quería la oposición. Por su parte, la Nueva Coordinadora Democrática se fue lanza en ristre contra la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que en todo el mes de julio no se puso de acuerdo para nombrar el Consejo Nacional Electoral. El conflicto se resolvió cuando la oposición acudió al Tribunal Supremo de Justicia, institución que dio plazo hasta el 14 de agosto para que la Asamblea hiciera los nombramientos o de lo contrario estos serían hechos por la Sala Constitucional. Una vez posesionado el Consejo, y llegados a la mitad del período de gobierno de Chávez que se cumplió el 19 de agosto, el miércoles 20 del mismo mes se dio el “madrugonazo” de la oposición que consignó ante dicho organismo las firmas recogidas para solicitar un referéndum revocatorio. A partir de este momento, la discusión comenzó a girar sobre la validez o la invalidez de unas firmas que habían sido recogidas seis meses antes de cumplida la mitad del período presidencial. Tras una serie de consultas jurídicas, a mediados de noviembre, el Consejo Nacional Electoral declaró como extemporáneo el recurso. Para responder a esta nueva derrota, la oposición convocó el 5 de octubre a una nueva jornada de recolección de firmas, conocida como el Reafirmazo, que fue pospuesta hasta recibir la autorización del órgano electoral. A mediados de octubre ese organismo autorizó a la oposición para que entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre recogiera las firmas tendientes a solicitar el referéndum revocatorio. El gobierno, por su parte, fue autorizado para que entre el 21 y el 24 de noviembre adelantara el mismo proceso, buscando la revocatoria de Alfredo Peña, el alcalde de Caracas, acusado de usar las fuerzas policiales contra los chavistas, de los gobernadores de Miranda, Apure, Yaracuy, Zulia, Carabobo, Monagas, Anzoátegui y de cuarenta y seis parlamentarios de oposición. Ambos procesos, que contaron con la verificación de observadores internacionales, se realizaron con relativa tranquilidad. Aunque la fecha inicial para conocer los resultados del proceso estaba planeada para el 13 de febrero, el Consejo Nacional Electoral se tomó hasta el martes 3 de marzo en las horas de la tarde para dar a conocer el resultado de la verificación de firmas. Según este organismo, de las 3.086.013 firmas verificadas, sólo 1'832. 493 son válidas, pues cerca de 150.000 pertenecen a personas no inscritas en el registro electoral; las restantes 1'109.590 son firmas dudosas por errores en las planillas, por tener caligrafía similar a la de otras firmas o por estar respaldadas por huellas dactilares ilegibles. Esto significa que estas firmas deberán pasar por un proceso de verificación consistente en la presentación de sus titulares ante las autoridades electorales para validar la rúbrica. Para ello el Consejo Nacional Electoral ubicará mesas en los mismos sitios donde se ubicaron en noviembre las mesas para recolección de firmas, y en presencia de funcionarios del CNE, de observadores internacionales y de representantes del gobierno y de la oposición, se procederá a hacer la verificación. Mientras se cumple este proceso, la victoria parece ser para el gobierno de Hugo Chávez, pues de las 2.452.179 firmas que se necesitan para citar al referéndum revocatorio, hacen falta 619.686 firmas, es decir, el 55.84% del total de firmas verificables(1). Explicando la crisis: la política económica del chavismo La crisis política del 2003, cuyo desarrollo se ha rastreado en los espacios institucionales donde se busca la derogatoria del mandato del presidente, pero que también se manifiesta en el espacio público donde mes a mes se han producido marchas de apoyo al presidente y manifestaciones de la oposición tales como el Petarazo (13 de junio), el Tachirazo (21 de junio), el Maracayazo (19 de julio) y el Ochazo (agosto), entre otras, sólo puede ser entendida como continuación de la crisis que se inició en el segundo semestre del 2001, cuando el gobierno hizo pública su intención de promulgar 49 leyes con el fin de reformar la estructura económica del país. Como lo señala la historiadora venezolana Margarita López Maya, las 49 leyes habrían ocasionado un momento de inflexión en la crisis política que vivía el país desde la posesión de Chávez y habrían ocasionado una mayor polarización(2). Las mencionadas leyes se elaboraron en el marco de una Ley Habilitante del año 2000 que facultaba al presidente para dictar medidas económicas tendientes a garantizar el desarrollo sustentable del sector agrícola, el impulso a la pequeña y mediana industria, el fortalecimiento del sistema financiero, la inversión económica en zonas deprimidas, el impulso del cooperativismo, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades, así como la desconcentración económica y el aumento de los ingresos provenientes del sector petrolero(3). Tales objetivos se enmarcaban en la propuesta de un nuevo modelo económico que había hecho el chavismo desde el inicio de su gobierno, y que se definía como un “modelo económico humanista, y autogestionario” que debía buscar una alternativa al capitalismo neoliberal, y que por supuesto amenazó los intereses de las clases poseedoras y de las privilegiadas burocracias. Dentro de las leyes que más resistencia han ocasionado, se encuentran la Ley General de Hidrocarburos, la Ley de Tierras, la Ley de Espacios Acuáticos y la Ley de Pesca. La Ley General de Hidrocarburos propone un cambio en las reglas que rigen el manejo del negocio petrolero, reglas que desde la apertura de 1989 conforman lo que algún autor ha llamado “un régimen fiscal liberal”(4). Éste se caracteriza por un cambio en la forma de gravar la explotación petrolera que desplaza el cobro de la regalía sobre volumen explotado –cobro que fue el eje del “régimen fiscal propietario” que rigió desde 1973– al cobro de un impuesto sobre la ganancia. Esto se traduce en el hecho que las empresas explotadoras del crudo pagaban al Estado de acuerdo a las ganancias obtenidas y no al volumen explotado, lo que en otros términos quiere decir que el agotamiento de un recurso no renovable como el petróleo podría generar pocos ingresos para el país, si es que el precio del petróleo era bajo en el mercado y apenas alcanzaba para cubrir el costo de explotación. Esto fue lo que ocurrió en 1998 cuando la caída de los precios del petróleo echó al piso las ganancias de las petroleras y con ello la recaudación fiscal. Otra cara del régimen fiscal liberal era el poder de facto que había adquirido la empresa Pdvsa que, habiendo sido creada para coordinar la exploración, extracción, refinación y distribución de crudo, pasó virtualmente a manejar la política petrolera no sólo diseñándola, sino otorgando contratos y licencias, decisiones que según la Ley del Hidrocarburos del año 1943 eran competencias del ministerio de Energía y Minas. El otorgamiento de contratos se hacía a discreción de la junta directiva de la entidad, sin licitaciones, y favoreciendo al capital extranjero que tenían entrada al negocio desde la apertura petrolera. Por el carácter oculto que tenían los negocios petroleros, era común oír decir en el vecino país que “En Venezuela se acabó el secreto militar, el bancario y hasta el sumarial. Sólo queda el de confesión y el de Pdvsa”(5). La Ley General de Hidrocarburos pretende corregir las limitaciones del régimen anterior, devolviendo al ministerio de Energía y Minas la función de formular, regular, seguir, planificar y controlar las actividades en materia de hidrocarburos; de esta manera, Pdvsa quedó reducida a la función de simple empresa explotadora sin atribuciones para celebrar contratos o concesiones. En cuanto a la regalía, que en el régimen fiscal liberal era del 1%, se estableció un piso de 20% para el gas natural y de un 30% para los hidrocarburos líquidos, incluyendo el crudo pesado del Orinoco. Por otra parte, se devolvió al Estado la función de actuar como socio mayoritario en los negocios petroleros, aunque se incluyó también la obligación por parte de éste de apoyar la participación en el negocio del petróleo del capital privado venezolano. Como objetivo a largo plazo, se planteó la variación de la composición de la cesta petrolera que de estar compuesta por 60% de petróleo crudo y 40% de productos elaborados, debería aumentar el porcentaje de los productos elaborados. Como es apenas evidente, esta reforma no fue del agrado de la Junta Directiva de Pdvsa ni de los ejecutivos de la entidad, quienes objetaron las reformas por considerarlas estatistas y porque supuestamente alejaban la inversión extranjera. Por esta razón no es extraño que los altos empleados de Pdvsa hayan participado activamente en la oposición al gobierno, ni que la marcha de los ejecutivos de la empresa el 4 de abril del 2002 haya terminado en golpe de Estado cuando la Coordinadora Democrática se sumó a su protesta el 11 de abril. Desde esta perspectiva se entiende también por qué los ejecutivos de la empresa se sumaron al paro de fines del 2002 e inicios del 2003, ocasionando prácticamente una paralización en la explotación y comercialización tanto del crudo como del gas, hecho que reportó pérdidas por 6.188 millones de dólares, lo que le costó al Estado 1.600 millones de dólares por concepto de ingreso petrolero no percibido(6). Hoy, un año después del paro, la oposición de la gente de Pdvsa se manifiesta a través del grupo de oposición Gente de Petróleo, a cuyos motivos de descontento se sumó el despido de más de 15.000 trabajadores de la estatal petrolera, una vez el gobierno recuperó el poder de la misma. También protestan por la judicialización de un grupo de ejecutivos que presuntamente participó en labores de sabotaje de la estructura petrolera. El gobierno, por su parte, ha venido manifestando que la reducción de los costos de Pdvsa que se logró gracias al despido de empleados, ha permitido una mayor rentabilidad de la empresa y se ha traducido en un aumento del gasto social. Otra de las leyes que ha causado mucha resistencia es la Ley de Tierras con la que se busca impulsar la agricultura como base estratégica del desarrollo sustentable, como medio de desarrollo social y como garantía de seguridad alimentaria para el país. Esta ley se propone también asegurar el cumplimiento de la Constitución nacional que en su artículo 307 señala que “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola”. Para cumplir el propósito de redistribuir y hacer productiva la tierra en un país que ostenta frente al resto de los países andinos una baja proporción de tierra destinada a la agricultura(7), y que importa cerca del 80% de los alimentos que consume(8), la Ley de Tierras propuso la clasificación de tierras según sus niveles de productividad y la expropiación o el gravamen de las tierras ociosas. En el caso de las tierras de baja productividad o fincas mejorables, se estableció un plazo para asegurar un adecuado nivel de producción, así como la ayuda estatal para la creación de fondos colectivos para la producción agraria y para actividades como recolección, transporte, transformación y mercadeo de bienes agrícolas. Estos fondos, basados en los principios de mutua cooperación y solidaridad, deberán funcionar como cooperativas y tendrán apoyo del Estado. De otra parte, para poner fin al mal aprovechamiento de los recursos pesqueros del país, que según investigaciones contratadas por la Presidencia de la República de Venezuela se estarían explotando crematísticamente y para impulsar la pesca artesanal, la Ley de Pesca y Acuicultura tomó medidas tendientes a restringir a los pesqueros extranjeros la entrada a los mares nacionales y para controlar la labor de las grandes empresas pesqueras que usan el método de arrastre. Paralelo a esto, se prohibió a las grandes empresas pescar en los caladeros de pesca artesanal. Pero lo que tal vez causó mayor malestar entre las grandes empresas, fue la intención del gobierno de garantizar el acceso de los trabajadores de los barcos pesqueros y de los empleados de todo el sector a la seguridad social. Como se mencionó anteriormente, lo que tienen en común todas estas leyes de la discordia, es la oposición del chavismo al capitalismo salvaje y al neoliberalismo, y su deseo de proponer un modelo económico alternativo para su país y para la región. Por eso en los cinco años que ha durado su gobierno, se ha oído a Chávez atacar el modelo neoliberal no sólo en los espacios en los que se desenvuelve la política nacional, sino también en los foros internacionales. A inicios de este año, en la Cumbre de Monterrey, tuvieron amplia resonancia sus declaraciones en el sentido de que el neoliberalismo era el verdadero causante de la desestabilización política en América Latina, atribuyéndole el derrocamiento de varios mandatarios latinoamericanos: El verdadero desestabilizador, el verdadero conspirador que derrocó a De la Rúa, que derrocó a Jamil Mahuad, que derrocó ahora hace poco a Sánchez de Losada, en Bolivia, no son Fidel Castro y Hugo Chávez, es el neoliberalismo, es la pobreza, son esos pueblos que se han levantado y están diciendo hasta cuándo, hasta cuándo nos estamos muriendo de hambre(9). Por eso planteó el 14 de enero, ante el mismo foro, la necesidad de crear un Fondo Social Internacional al que se destinen entre el 15 y el 20% de los pagos de la deuda que hacen los países latinoamericanos, con el fin de usar estos recursos para erradicar la pobreza en el continente; también dejó en claro su oposición al Alca, así como la necesidad de impulsar el Alba, la Alternativa Bolivariana para la América, una alternativa de integración regional que tenga como eje lo humano y no simplemente el avance del capitalismo internacional. Los costos de la crisis Las secuelas del paro nacional y en especial del paro petrolero de inicios del 2003 agravaron aún más la situación económica venezolana que ya era crítica al cierre del año 2002, período en que la economía del vecino país registró un retroceso del 8.9%, lo que hasta el momento constituía la mayor caída del PIB desde 1950. Pero las cifras del 2003 superaron las del 2002: según la Cepal, durante ese año el PIB se contrajo en 9.5%, en buena medida debido a la lenta recuperación de la actividad petrolera. Esta cuestión de la recuperación del negocio petrolero es un tema más que divide al gobierno y a la oposición; mientras el primero afirma que ha logrado recuperar la empresa remontando la cifra de los 25 mil barriles diarios a que cayó la producción en el momento de paro y relanzándola a 3.2 millones de barriles diarios, cifra que incluso estaría por encima de los 2.9 millones de barriles diarios registrados en noviembre de 2002, la oposición, usando cifras de la Energy Information Administration, brazo estadístico del Departamento de Energía de EU, afirma que no se producen más de 2.6 millones de barriles diarios y que, de hecho, la explotación va en descenso desde mediados de año, como consecuencia de la poca inversión que se ha hecho para mantener los yacimientos sanos. Esta contracción del PIB, según el Pnud, sería la causa del lento crecimiento del desarrollo humano en el país, hecho que se pone de manifiesto en que el Índice de Desarrollo Humano pasó de 0.77 en el 2002 a 0.775 en el 2003, con lo que Venezuela conserva el puesto 69 en el escalafón mundial. Debe mencionarse, sin embargo, que en medio de la crisis el gobierno ha intentado proteger a los sectores populares a través del control de precios de los productos básicos –decretado en febrero del 2003– y del aumento del presupuesto en salud y en educación. Según cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de Chávez el presupuesto en educación habría pasado del 2.5 % al 7% del PIB, y el de salud se habría triplicado. Los efectos modestos pero positivos de estas políticas se dejan ver en los informes del Pnud sobre Desarrollo humano, en los que se percibe una disminución del PIB per cápita pero un leve incremento en los indicadores educativos y de salud(10). Según el gobierno, estos efectos se traducen en que entre el 2002 y el 2003 el cubrimiento de salud y educación para los sectores básicos pasó de beneficiar al 40% de la población más pobre a extenderse al 95% de la misma. En este logro habría jugado un papel importante el programa Barrio Adentro, a través del cual los profesionales de la salud, con asesoría cubana, se internan en los barrios populares para llevar los servicios médicos. Justamente para continuar atendiendo la cuestión social y moderar el impacto de la crisis económica, en enero del año en curso el gobierno solicitó al Banco Central de Venezuela la destinación de 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales para utilizarlos en gasto social, especialmente en el impulso al sector agrícola. Según datos del gobierno, habría 21.000 millones de dólares en reservas –buena parte de ellas acumuladas gracias al control de cambios que decretó el 6 de febrero del año anterior, cuando en medio del paro petrolero salían del país en promedio 400 millones de dólares diarios– de las cuales 15.000 millones serían suficientes para garantizar la estabilidad de la moneda. Ante la oposición del Banco Central, amparado en el artículo 318 de la Constitución que le otorga el manejo exclusivo de la política monetaria, el gobierno amenazó inicialmente con intervenir el Banco Central y posteriormente instó a la Asamblea Nacional para que elaborara una Ley de Utilización de Excedentes de las Reservas Internacionales. Este incidente que opone una vez más la heterodoxia en materia económica del gobierno, a la defensa de la ortodoxia que hace la oposición, añadió un elemento más de tensión a las difíciles relaciones entre estos actores, cada uno de los cuales esperaba sellar su triunfo con el proceso de verificación de firmas, que está en curso. Bibliografía Archivo de ediciones anteriores diario El Universal, www.archivo.eluniversal.com Chávez Frías, Hugo. Presentación de cuentas ante la Asamblea Nacional 15 de enero de 2004 Tomado de www.venezuela.gov.ve/ns/aloc/ Chávez Frías, Hugo Discurso ante Sala Plenaria-Cumbre de Las Américas Monterrey - México Martes, 13 de enero 2004 tomado de www.venezuela.gov.ve/ns/aloc/ Comisión económica para América Latina 2003. Balance Preliminar de las economías de América Latina 2003. Venezuela. Tomado de www.cepal.org. Comisión andina de juristas “Cronología andina. Venezuela 2003”, tomado de www.cajpe.org.pe/ Entrevista de la BBC al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías con motivo de Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey el 24 de enero de 2004. Tomado de www.venezuela.gov.ve/ns/aloc/entrevista. Martínez, Eugenio “25 de marzo se sabe si habrá revocatorio”; en El Universal 1 de marzo de 2004 Párraga, Mariana “Pdvsa celebra superación de crisis pese a las críticas”, El Universal, 2 de diciembre de 2003. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud. Informe sobre desarrollo humano en Venezuela, 2002. Tomado de www.pnud.org.ve/idh/venezuela.asp Withbeck, Harris, Entrevista de la CNN al Presidente Hugo Chávez Frías en el marco de la Cumbre Extraordinaria de Presidentes en Monterrey Tomado de www.venezuela.gov.ve/ns/aloc/entrevista Notas 1Cifras tomadas de “Consejo Nacional Electoral validó 1.832.493 firmas”; en El Nacional 3 de marzo de 2004 tomado de www.el-nacional.com/revocatorio2004/Noticias.asp 2 López Maya, Margarita 2003 “Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia”. En Medina, Medófilo y Margarita López Maya, Venezuela: confrontación social y polarización política, Bogotá., Ediciones Aurora p. 142. 3 República Bolivariana de Venezuela 2000 Ley que autoriza al Presidente de la Republica para dictar decretos con fuerza de ley en las materias que se delegan (Ley Habilitante 2000) Gaceta Oficial Nº 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2000 tomado de www.comunidad.derecho.org/pantin/habilitante2000.html. 4 Mommer Bernard 2002 “Un nuevo marco legal petrolero”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, volumen 8 número 2 de mayo-agosto 2002, pp.201-207. 5 Citado Boué, Juan Carlos 2002 “El programa de internacionalización de Pdvsa. ¿triunfo estratégico o desastre fiscal?”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, volumen 8, número 2 de mayo-agosto 2002. 6 López Maya, Margarita, Op. cit., p. 188. 7 En Venezuela de cada 100.00 hectáreas, sólo 21.640 son destinadas a la agricultura. En el caso colombiano la proporción supera el doble, pues la cifras asciende a 45.465. En Perú, Bolivia y Ecuador la cifra es de 31.310, 36.037 y 8.108 respectivamente. Fuente FAO, año 2000. 8 En el año 2001 las importaciones agroalimentarias fueron de 4.998 millones de toneladas y tuvieron un costo de 2.017 millones de dólares. Ver Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 2002, Monitoreo del Sector agroalimentario de Venezuela, tercer Trimestre de 2002. 9 Entrevista de la BBC al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, con motivo de Cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey, 24 de enero de 2004. Tomado de www.venezuela.gov.ve/ns/aloc/entrevista. 10 El índice de esperanza de vida al nacer pasó de 0.8 en el 2002 a 0.81 en el 2003; en el año 2001 este indicador era de 0.79. Por su parte, el índice de educación pasó de 0.83 a 0.84 en el mismo período. Datos tomados del Informe sobre Desarrollo Humano del Pnud para cada año citado.
La
actitud del pueblo boliviano Luis Flores para Nueva Gaceta El año pasado, el pueblo boliviano inició una vigorosa lucha contra la entrega por el gobierno de sus importantes reservas de gas natural a las multinacionales, a las cuales se les otorgó ventajosos contratos para exportarlo a través de Chile. A medida que la protesta creció, se convirtió en un rechazo multitudinario al modelo neoliberal, cuya aplicación le ha significado a esta nación andina un enorme retroceso económico y social, acarreando mayor pobreza y desigualdad a uno de los países más afectados de América Latina. La represión contra el pueblo desatada por el presidente Sánchez de Losada, un caracterizado neoliberal, no hizo más que atizar y extender la rebeldía popular, cuya fortaleza y persistencia terminó con su derrocamiento. Uno de los más destacados y emblemáticos conductores de esta lucha es el dirigente popular Evo Morales, cabeza del partido Movimiento Al Socialismo, MAS. Con la colaboración de su compatriota Luis Flores, estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Javeriana, Nueva Gaceta logró el pasado 12 de enero, en La Paz, una entrevista exclusiva con el líder boliviano. Las siguientes fueron sus apreciaciones sobre diversos aspectos de la realidad latinoamericana. NUEVA GACETA: ¿Cree usted que estamos ante el comienzo del fin de las políticas del Consenso de |
