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De la redacción
El nuevo orden imperial y la Política de Seguridad Democrática
Estoy muy
impresionado con la estrategia colombiana de seguridad nacional. El mundo
podría ser un mejor lugar si tuviéramos más líderes de este tipo y con su
determinación», expresó Donald Rumsfeld, con su talante de halcón
petrolero, durante su visita a Colombia en agosto pasado. Pocos días
antes, también a su paso por el país, otros dos visires del imperio
manifestaban igual sentimiento. Richard Myers, Jefe del Estado Mayor
Conjunto, destacaba a Colombia como el aliado más recio de Estados Unidos,
en tanto que Robert B. Zoellick, Secretario de Comercio, se concentraba en
imponer las condiciones para un acuerdo bilateral.
En estos
tiempos de oprobio, en los que se arrasan hasta límites sin precedentes
los derechos básicos de los pueblos y las personas a nombre de la
democracia y la libertad, pocos mandatarios de la región acogen con tanto
esmero el mandato de la Casa Blanca como Uribe Vélez. A finales del 2002
Bush anunció su Doctrina de Seguridad Nacional, mediante la cual justifica
el ataque preventivo y, amparado en ella, no sólo destruye a Irak sino
también los pilares de la legalidad internacional. Quienes fraguaron esta
guerra se encuentran ahora en una sin salida, en medio de un creciente
descrédito en sus propios países y del repudio del mundo entero
«¿Liberación nacional o liberalización económica?», pregunta Rasnia Masri
en el artículo que incluimos sobre el orden que ha tratado de imponer
infructuosamente la tropa invasora en el país petrolero.
El
episodio de Irak y su desenlace traen a la memoria el robo de Panamá, con
el que el presidente Theodoro Roosevelt proclamara con arrogancia el
designio imperial de su país hace un siglo. A este asunto dedicamos una
sección, ilustrada con el pensamiento y los poemas de autores de la época.
Entre
tanto, continúa la pesadilla de los detenidos en Irak y en Guantánamo.
Curt Goering, director delegado de Amnistía Internacional, se refirió
recientemente a la condición de más de tres mil prisioneros en el campo de
concentración estadounidense de Camp Crooper, en las afueras de Bagdad,
señalando que, «a la imposibilidad de dormir y al abuso físico se suman
las condiciones altamente degradantes, asimilables a torturas». Al igual
que los detenidos en Guantánamo, no tienen cargos reales en su contra sino
que han sido confinados por sospecha y se les ha negado el derecho a
someterse a un tribunal de justicia.
La
política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe Vélez se inscribe
dentro de la estrategia antiterrorista de Bush y parte de principios
similares. La violación permanente del Estado de derecho, el recorte
sistemático de las garantías democráticas, la persecución a las
organizaciones políticas y sociales, han sido la más clara expresión de
ello. Por fortuna, la preocupación democrática de organismos
internacionales, gobiernos extranjeros, entidades diversas y de la prensa
internacional, se viene expresando cada vez con mayor ahínco.
Pero el
gobierno colombiano insiste en cumplir con su papel de avanzadilla del
imperio en la región. Como un cruzado solitario, ha defendido la creación
de herramientas para que los países cumplan con su papel en la lucha
contra el terrorismo y el narcotráfico: Respalda el establecimiento de una
especie de lista negra interamericana. Insiste en reformar el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, de manera que se pueda aplicar
ante conflictos internos que amenacen la estabilidad de la región, como
los de Colombia y Venezuela. Busca, sin éxito, respaldo entre los países
americanos para abrir la puerta a una fuerza multinacional que permita
enfrentar el conflicto interno... En fin, ha insistido una y otra vez en
la necesidad de la intervención extranjera, poniendo en peligro la
integridad nacional de Colombia y de sus vecinos.
Quizás la
manifestación más importante de esta tendencia autoritaria y antinacional
fue el experimento del Referendo, pactado con el Fondo Monetario
Internacional dentro del último acuerdo suscrito por el gobierno, un nuevo
peldaño para políticas de largo alcance: Restringir la democracia
representativa mediante la reducción del tamaño de las corporaciones
públicas y la supresión de algunos de los organismos de control, mantener
congelado el gasto público y los salarios, convirtiéndolo de hecho en un
plebiscito para imponer su reelección como presidente o la prolongación
del mandato.
En medio
del afianzamiento de la postura autoritaria, Uribe Vélez promovió el mayor
despojo de que se tenga noticia en los anales del país al debilitar de
manera notoria o liquidar empresas estratégicas del Estado. Al análisis
del despojo consagramos en esta ocasión el dossier.
Mientras
tanto, el pueblo boliviano protagonizó un amplio levantamiento nacional
contra el saqueo del gas natural por el capital extranjero y contra las
políticas neoliberales. La protesta llevó a la caída de Sánchez de Lozada,
«El Gringo» como lo llaman por su notorio acento inglés. He ahí una
referencia obligada para los pueblos latinoamericanos.
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