Bogotá, abril-julio de 2005 -Nº 10 ISSN 01246704 |
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El Plan Maestro de la refinería de Cartagena Una esperanza frustrada para Colombia Por Fernando Guerra Rincón Con la promulgación del documento Conpes 3312 de septiembre 20 del 2004, Proyecto del Plan Maestro de la Refinería de Cartagena, PMD, se cierra un ciclo en el período de entronización en el país del modelo neoliberal y de los esfuerzos gubernamentales por liquidar a Ecopetrol. Mediante el Decreto 1760/03, este gobierno escindió la empresa en tres distintas, acabando con la integración vertical de la actividad, una de las condiciones imprescindibles para minimizar el riesgo y aprovechar las ventajas de la industria petrolera, con el único objetivo de facilitar y profundizar el ingreso pleno de las compañías transnacionales en los recursos energéticos del país. Con el recurrido argumento del déficit de las finanzas públicas, el Gobierno Nacional terminó entregando el desarrollo del PMD de la refinería de Cartagena al capital extranjero, en lo que constituye un alevoso paso en la estrategia gubernamental de privatizar la estatal petrolera, cercenándole uno de sus activos más importantes.
Historia de una entrega El Plan Maestro de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena ha sido una vieja aspiración de los industriales del sector petroquímico y plástico, así como de la propia ciudad de Cartagena1. El gobierno de Ernesto Samper dejó aprobado el proyecto de la refinería de Cartagena pero, por razones que no se han explicado suficientemente, el proyecto se abandonó. Andrés Pastrana dejó pasar los cuatro años de su mandato, al final del cual, su ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, anunció el respaldo del Gobierno Nacional a la obra:
En el primer consejo comunitario celebrado en Cartagena, Uribe Vélez le dijo no al Plan Maestro, con la excusa recurrente de la falta de recursos en las arcas oficiales. Después cambio su posición y aceptó, pero a cambio de la virtual privatización de la refinería, al definir en el Plan de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario, que en su gobierno se avanzaría en la ejecución del PMD pero “con la mayor inversión privada posible”. En enero del 2004, el Plan Maestro estuvo herido de muerte cuando se informó, por parte de la gerencia del proyecto, que este no costaría US$ 628 millones sino US$ 870 millones. Pasado ese obstáculo, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich señaló: “El proyecto ya está incorporado, tiene el visto bueno de Hacienda y el respaldo del Presidente, de modo que podemos decir con toda tranquilidad que el proyecto está asegurado”3. Estas declaraciones fueron ratificadas por el ministro de Minas4. Pero una cosa piensa el burro y otro el que lo esta enjalmando. Cuando llegó la hora de las definiciones en materia de disponibilidad presupuestal para garantizar el desarrollo del cronograma del PMD, saltó la hidra neoliberal de las oficinas del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional. Alberto Carrasquilla y Armando Montenegro orquestaron una campaña contra la financiación del PMD por parte del Estado, aduciendo que las condiciones de rentabilidad del proyecto habían cambiado al incrementarse su valor, así como la participación privada en el mismo5. Para tomar esta decisión, el Gobierno Nacional hizo caso omiso de diversos estudios6 contratados con consultores internacionales desde 1996 (Purvin & Gertz, Kellog, Shell Global Solution) a costos millonarios en dólares que coincidieron en los siguientes puntos: 1. El Plan Maestro es una absoluta necesidad para la refinería de Cartagena, a la que deliberadamente se dejó llegar a peligrosos niveles de obsolescencia7. Recomendaban su construcción. 2. A pesar de los cambios en el valor del proyecto, la rentabilidad mínima para las inversiones que Ecopetrol exige de sus inversiones, que es de 14,7%, se mantenía8. 3. Su carácter de jalonador del desarrollo del sector petroquímico, que podría entonces acometer la construcción de la planta de olefinas, una necesidad del sector con inversiones de alrededor de US$ 1.000 millones que dinamizarían la economía cartagenera, con importantes implicaciones en el empleo. El estudio ordenado por Ecopetrol, (2000) a la Shell Global Solution para despejar cualquier duda sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto y la revalidación de los estudios anteriores, confirmó las conclusiones aquí reseñadas. Una pregunta de Perogrullo es la siguiente: ¿Por qué no se acometió el desarrollo del PMD en el 2001, cuando, según Juan Manuel Santos, no había problemas fiscales para su ejecución? La respuesta puede encontrarse en este editorial del diario económico Portafolio: “Un grupo de inversionistas tiene listo un proyecto de construcción de una refinería, Sebastopol, en Puerto Berrío, con un costo de US$ 450 millones. No parece haber razón alguna para negarle la vía libre a Sebastopol. Por el contrario, podría ser una buena respuesta a las necesidades de refinación, sin comprometer recursos estatales”9. Esta campaña, que adquirió ribetes nacionales10 y características de esquizofrenia (La W dedicó más de una semana a denigrar, como verdadera cruzada del capital extranjero, contra la inversión estatal en el PMD), fue asumida por todos los círculos neoliberales del país que, al unísono, se pronunciaron a favor de los argumentos de los funcionarios gubernamentales. El Tiempo afirmó:
Dicha polémica la recogió así un editorial del diario El Universal:
La cruzada dio sus resultados: El gobierno nacional negó las vigencias futuras para el desarrollo del Plan Maestro. Después de un conato de renuncia del Presidente de Ecopetrol13, a quien habían hecho quedar como un mentiroso ante la opinión nacional, este se dispuso a promulgar un documento Conpes donde se fijarían las condiciones en que se adelantaría el Plan Maestro, que no eran otras que la liquidación y el traspaso a manos privadas de la refinería de Cartagena:
El Plan Maestro, el déficit fiscal y el FMI El autor de este artículo advirtió, en su momento, que sobre el PMD y su financiamiento por Ecopetrol pendían amenazas por cuenta del déficit fiscal de la nación, los acuerdos con el FMI y la falta de autonomía financiera de la empresa estatal. Señaló que estas restricciones seguían siendo la espada de Damocles que dificultaba el desarrollo del proyecto por parte del Estado15. Ecopetrol quedó herida de muerte con el Decreto 843 de 1990, que le cercenó su autonomía financiera. Desde entonces la empresa estatal no puede realizar ningún tipo de inversión, sin que antes no pase por el filtro del Gobierno Nacional, que ha convertido los excedentes financieros de Ecopetrol en un venero extraordinario para aliviar sus penurias fiscales y cumplir sus metas macroeconómicas, derivadas de los acuerdos con el FMI, a costa de la viabilidad y sostenibilidad financiera y competitiva de la estatal petrolera. Estas afirmaciones se ilustran con el PMD y con toda la política petrolera nacional que no ha servido ni siquiera para mantener la autosuficiencia petrolera nacional. A pesar de su importancia estratégica y a despecho de los ingentes recursos que ha generado Ecopetrol a partir de los descubrimientos petroleros del pie de monte llanero y a la confluencia de los altos niveles de los precios externos del crudo, se ha dejado convertir a la refinería de Cartagena en una inmensa chatarrería. Ello impide la integración de la cadena petróleo-refinería-petroquímica-plástico, coloca en grave riesgo la permanencia de la industria en el contexto de la creciente integración comercial del país y en seria desventaja con competidores como México, Brasil, Venezuela, poseedores de industrias integradas que producen sus propias materias primas16. Ecopetrol ha generado los recursos que hubiesen permitido hacer el Plan Maestro. Sus aportes han significado el 22,2%, 30,6%, 20,3%, 16,6% de las rentas que ha recibido el Estado colombiano, que a su vez equivalen al 2,3%, 3,8%, 2,7%, 1,8% del PIB, solo entre los años 2000 y 200317. Por transferencias, la empresa estatal ha desembolsado más de 34,2 billones de pesos en los últimos años18. Solo en el 2003 invirtió más de $ 30.391 millones en proyectos de infraestructura en las regiones en lo que tiene que ver con agua potable, saneamiento básico, gas, vías, etc. En la protección del medio ambiente invirtió 200.000 millones19. En el 2004 le ingresaron a la empresa más de 900.000 millones, por encima de lo esperado, por los altos precios del crudo en el mercado internacional, que algunos analistas calculan en 1,3 billones. Ecopetrol tiene en su portafolio de inversiones recursos por más de 3,32 billones de pesos, 35 por ciento de los cuales corresponde a Títulos de Deuda Pública del Gobierno Central para el año 200120. Para diciembre 2003, la empresa tenía 731 mil millones de pesos en TES clase B21. En el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, Faep, tiene en la actualidad, en bancos internacionales, US$ 1.100 millones, que rinden menos que los intereses a los cuales se tiene que pagar la deuda externa, mientras la refinería es presa del óxido del Caribe y la carcome la obsolescencia22. Isaac Yanovich se confiesa: “La financiación no es el problema, sino la situación fiscal, porque independientemente de que Ecopetrol pueda apalancarla, esto se cuenta como deuda de la Nación, y entonces hay que enmarcarse en el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional”23. El país está ante la trampa del déficit fiscal, que no deja desarrollar la nación. Pagar solo deuda no sirve, si con ello se le niega las posibilidades de generar, desde la dinámica de sus sectores productivos y del crecimiento económico, excedentes para pagarla. Con el déficit fiscal se ha producido un círculo vicioso: deuda-déficit-deuda-déficit, en el que un mayor déficit conlleva una deuda más elevada. El círculo se rompe si los nuevos créditos no se destinan exclusivamente a pagar los viejos créditos24. El problema del actual déficit no es el gasto sino la dinámica de la deuda que cada día reduce la disponibilidad de recursos públicos para financiar la inversión pública y el gasto social25. Permitir que el FMI considere que una inversión como el Plan Maestro es un gasto, porque amplia la deuda publica y se comprometen las metas fiscales, es negarle al país las posibilidades de su desarrollo. Es la política de empobrecerse a sí mismo. El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, ha hecho afirmaciones contra ese dogma. En Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el Consenso Post-Washington (1998) señala que los déficit públicos “no son buenos ni malos, pues dependen de las circunstancias y sobre todo del uso a que se destinen los fondos”. En Los felices noventa (Taurus 2003) apunta que:
William Vikrey, (Premio Nobel de Economía 1996) en Quince Falacias del fundamentalismo financiero. Disertación sobre la economía de la demanda, (1996) califica al déficit fiscal como una falacia. Argumenta que si los Estados o los individuos no se endeudaran por encima de sus posibilidades, simplemente no habría bancos, ni sistemas de crédito, etc. La disciplina fiscal y el déficit cero, entendidos como un dogma religioso, son una camisa de fuerza para la economía nacional. La negación de la financiación estatal del Plan Maestro de la refinería de Cartagena y su eventual privatización, como queda establecido, se hizo en nombre de la sacrosanta libertad de los mercados y de la reducción del Estado, que está siendo puesta en cuestión en todo el mundo. Las reformas que se auparon en su nombre no han traído el crecimiento y, en cambio, han aumentado la pobreza y la discriminación social vía concentración del ingreso: “Reformas profundas crecimiento pésimo”. “Las reformas llegaron y los resultados fueron decepcionantes”26. “El peor error que pude cometer un país como Colombia es desregularizar de un solo tajo la distribución de combustibles o privatizar las compañías estatales dedicadas al sector de hidrocarburos”27. Con esta decisión del gobierno de Álvaro Uribe, pierden el país, Ecopetrol, la Costa Caribe colombiana y, especialmente, la ciudad de Cartagena. Privatizada la refinería de Cartagena, La Heroica y el Departamento de Bolívar dejarían de percibir por concepto de regalías y trasferencias alrededor de $35.000 millones anuales28, que un ente privado no pagaría. Estos aportes son sustanciales para el Distrito y el Departamento, que están entre los más pobres del país. Notas
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