Bogotá, abril-julio de 2005 -Nº 10 ISSN 01246704 |
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Crisis en Costa Rica Entre el TLC y la corrupción Por Sergio I. Moya Mena Costa Rica no se había enfrentado en los últimos cincuenta años a un cambio de modelo de país tan significativo como el que representará la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, acordado en enero de 2004. La singularidad de este TLC radica en que no es un tratado convencional, ni siquiera es comparable a los otros acuerdos de libre comercio que el país ha firmado en los últimos 11 años con México, Canadá, Chile o Trinidad y Tobago. Se trata de una verdadera “super-constitución”, que poco a poco revertirá todas las peculiaridades que definieron la Costa Rica moderna como un modelo de estabilidad, democracia y desarrollo humano en las Américas. La discusión del TLC se presenta en momentos en que el sistema político costarricense evidencia lo que sin duda es su peor crisis de legitimidad, al tiempo que se revelaron graves casos de corrupción que involucran directamente a reconocidas personalidades políticas, incluidos tres ex presidentes de la República. El fin del modelo costarricense Al finalizar la breve Guerra Civil de 1948, el nuevo gobierno revolucionario encabezado por José Figueres Ferrer, abolió el ejército, nacionalizó los bancos y dio paso a un modelo en el que el Estado adquirió un gran protagonismo como promotor de la distribución de la riqueza, la modernización económica, la diversificación productiva, la educación y la consolidación democrática. Estas medidas complementaron las reformas sociales llevadas a cabo en los años cuarenta: creación del Código de Trabajo, establecimiento del capítulo de garantías sociales en la Constitución y la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las inversiones en salud y educación se constituyeron en aspectos prioritarios de las políticas públicas, favoreciendo la movilidad social y haciendo que el país alcanzara niveles de desarrollo humano similares a los de muchos países del mundo industrializado. En el plano internacional, Costa Rica mantuvo una política exterior orientada hacia la defensa de los derechos humanos y la democracia y en contra de los totalitarismos. La pequeña Costa Rica, desarmada y civilista, fue capaz, incluso, de enfrentar en los años ochenta la voluntad guerrerista del gobierno de Ronald Reagan y de convencer a los actores políticos centroamericanos para suscribir el Plan de Paz Esquipulas II, que pondría fin a los conflictos armados en el istmo. A partir de los años ochenta y ante la crisis del modelo desarrollista de sustitución de importaciones, irrumpen las políticas neoliberales con la firma de las primeras cartas de intención con el FMI. Posteriormente se aprobarían los tres proyectos de ajuste estructural que vendrían a consolidar –a través de privatizaciones, liberalización de precios y del sistema financiero, eliminación del proteccionismo, y en general, un retraimiento del Estado de la actividad económica– el nuevo modelo en concordancia con los criterios del Consenso de Washington. Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, en 1994, se entra de lleno a la fase de promoción del “libre comercio”. Desde entonces, el discurso oficial apoyado por las élites dominantes y los principales medios de comunicación, ha hecho de este la “panacea” de los problemas económicos y la garantía de una “inserción exitosa” en la globalización. Dentro de su lógica, parece que lo mejor es renunciar a cualquier modelo de desarrollo autónomo y dejar que sean las fuerzas del mercado las que logren el mejor país posible. Sin siquiera realizar un balance serio sobre las consecuencias de ese TLC firmado con México1, el país se aboca, durante la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez (hoy preso, luego de un efímero paso por la Secretaría General de la OEA), a la frenética firma de más tratados con países como República Dominicana, Chile, Canadá y Trinidad y Tobago. En los primeros tratados fue notoria la indiferencia de muchos sectores sociales y políticos, que no contaban todavía con una cabal comprensión de los alcances de las políticas de libre comercio. El cambio lo establece la negociación del TLC con Canadá, que implicó compromisos en materia de desgravación arancelaria e ingreso de productos agrícolas que afectaban negativamente los intereses de los agricultores costarricenses. Cuando estos fueron divulgados ya nada había que hacer: sólo restaba aprobar o rechazar el tratado en la Asamblea Legislativa. Este tratado tuvo la virtud de despertar las conciencias respecto a la nueva expresión del capitalismo global y sus consecuencias. Ahora, los sectores populares, como los sindicatos, campesinos, ambientalistas, estudiantes, religiosos, etc., han entendido que la promoción del “libre comercio” constituye la esencia de la estrategia neoliberal de subordinación al capital transnacional norteamericano, y que esta es una amenaza directa a la soberanía, la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, a la educación pública y a la biodiversidad. El tratado EE. UU. es el principal socio comercial de Costa Rica, el país destina a ese mercado el 53% de las exportaciones. El marco que ha orientado desde 1984 las relaciones comerciales entre ambos países es la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, ICC, una concesión unilateral, con rango de ley, que otorga EE.UU. a los países de la región (con la excepción de Cuba) y que implica, básicamente, derechos arancelarios y disposiciones tributarias preferenciales2. Sin embargo, el TLC va mucho más allá de las relaciones comerciales o la desgravación arancelaria. Implica transformaciones tan profundas e irreversibles, que vienen a constituir un verdadero “golpe de Estado técnico”, cuyo fin no es otro que consolidar definitivamente el modelo neoliberal a través de métodos antidemocráticos y autoritarios. Los alcances del tratado significan una verdadera alteración de todo el entramado institucional y jurídico del país, realizada por negociadores que no tuvieron ninguna legitimidad democrática. Tan sólo el capítulo de propiedad intelectual del TLC implica tácitamente la adhesión obligatoria a otros diez tratados internacionales, sin que puedan ser discutidos por la Asamblea Legislativa. Más que libre comercio, la esencia de este tratado es la creación de condiciones propicias para las inversiones del capital transnacional norteamericano. Se obliga a las partes a otorgar a las empresas extranjeras un trato no discriminatorio, posibilitando que las controversias entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros sean conocidas por tribunales internacionales de arbitraje. Es decir, una transnacional que sienta “amenazadas” sus inversiones puede perfectamente demandar al Estado. Existen experiencias muy desafortunadas en la aplicación de esta figura en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tlcan; y en Costa Rica ya se cuenta con un precedente: la petrolera estadounidense Harken reclamó al país el pago de una indemnización por 57 millones de dólares, después de que el gobierno de Costa Rica le cancelara un contrato de explotación petrolera por incumplimiento de requisitos ambientales. El TLC es otra expresión más de la doble moral que manejan los defensores del libre comercio respecto a la apertura de mercados y de la desprotección de los productores nacionales de los países en desarrollo. EE.UU. es el país que más subsidia la agricultura. Tan solo en ayudas directas, pasó de 4.600 millones de dólares en 1996 a 32.000 millones de dólares en el 2001, y con la Farm Bill en el 2002 se produjo un espectacular aumento del 80% en estas subvenciones. Es precisamente en el tema agrícola en donde Costa Rica enfrenta una de las principales amenazas, pues la aplicación del tratado afectará seriamente el modo de vida de miles de familias campesinas. El TLC en la estrategia hegemónica de los EE.UU Cuando el entonces representante comercial de los EE.UU., Robert Zoellick, manifestó que “el libre comercio es más que tratados (...) los países deben cooperar con los EE.UU. en su política exterior y en sus retos de seguridad nacional”, hacía alusión al meollo de la cuestión. Al TLC hay que leerlo como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y consecuentemente, como el reposicionamiento estratégico de EE.UU. en la región. Es una iniciativa geopolítica que se hermana con el Plan Puebla-Panamá, el Alca y diversos intentos de militarización de la región como el patrullaje conjunto, el Plan Maya-Jaguar, la Ilea3 y el Plan Colombia, que sin duda han venido arrojando resultados “satisfactorios” para Washington: la historia de la región centroamericana reseña pocos momentos en los que se manifestara una subordinación tan marcada de las cancillerías centroamericanas hacia la política exterior de EE.UU. Honduras, Nicaragua y El Salvador participaron con contingentes militares en la coalición que invadió Irak, mientras que en Costa Rica, el presidente Abel Pacheco rompió con una histórica tradición de respeto al Derecho Internacional Público y Neutralidad Perpetua al apoyar “moralmente” la invasión4. Crisis social y política Una coalición de movimientos populares, de sectores de la clase media e, incluso, de empresarios se empezó a movilizar contra la aprobación del TLC en el 2004. A pesar de la debilidad crónica de los movimientos sociales, se espera que el tratado se pueda frenar tal y como se hizo con el “combo eléctrico”, un proyecto de ley que pretendía la apertura-privatización del sector de las telecomunicaciones y que fue detenido por inmensas movilizaciones que paralizaron el país en abril del 2000. Al creciente rechazo popular al TLC, se unen los reclamos por el alto costo de la vida, la lucha de los maestros que defienden su sistema de pensiones y las protestas de los transportistas contra el monopolio de Riteve5 –que en agosto del 2004 lograron paralizar al país con bloqueos de vías y huelgas– y en general contra la ineptitud del Gobierno. Los sectores populares se agruparon en el Movimiento Cívico Nacional, MCN, y aunque las movilizaciones lograron paralizar parcialmente al país y obtuvieron un importante respaldo de la opinión pública, se trató de un movimiento social sin una agenda definida y carente de un liderazgo, lo cual imposibilita –por el momento– la definición de una alternativa popular al proyecto neoliberal. No obstante, la rapidez con que diversos sectores sociales se unieron a las protestas hizo ver la necesidad de una convergencia social cada vez mayor, en la que los sectores de clase media también jugarían un papel destacado. A la situación de crispación social vivida en agosto de 2004, se sumaron las revelaciones de casos de corrupción millonarios en varias instituciones estatales. La investigación sobre las sospechosas relaciones del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Eliseo Vargas, con la corporación farmacéutica Fischel, alcanzó al ex presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994), quien recibió un millón de dólares como “comisión” por un préstamo internacional que el país suscribió hace pocos años para modernizar equipo médico de la Ccss. El otro escándalo revelado involucró al ex presidente Rodríguez (1998-2002), quién habría recibido también un “premio” por aprobar una licitación de líneas telefónicas celulares a la empresa Alcatel. Ambos ex mandatarios socialcristianos se encuentran detenidos, lo que ha supuesto un descalabro para el Partido Unidad Social Cristiana, Pusc, aunque también el Partido Liberación Nacional, PLN, se ha visto salpicado por las investigaciones. El ex presidente José María Figueres Olsen (1998-2002), hijo del fundador del PLN, José Figueres Ferrer, recibió casi un millón de dólares de Alcatel por concepto de una “consultoría” mientras fungía como dirigente del Foro Económico Mundial de Davos. Estos hechos sin precedentes tienen conmocionado al país y sin duda aumentan el desprestigio de las opciones políticas tradicionales, aunque demuestran también el grado de corrupción de ciertas cúpulas empresariales que han participado descaradamente en el tráfico de influencias, las mismas que se han convertido en defensoras acérrimas del TLC. Recomposición oligárquica No está claro todavía si el TLC contará con los votos necesarios en la Asamblea Legislativa. Con anterioridad, el TLC ya había recibido el apoyo tácito de las cúpulas de los dos partidos mayoritarios, el Pusc y el PLN. Sólo el centrista Partido Acción Ciudadana, PAC, lo mismo que la Unión Patriótica, han manifestado su oposición, aunque sin los votos necesarios para impedir la aprobación. El descontento de la población con la gestión del gobierno y la forma poco cristalina como éste negoció el tratado, han hecho que ahora Pacheco se distancie del TLC. El Presidente ha afirmado que sólo se aprobaría el TLC si se garantiza que “éste favorezca a las clases desposeídas, los agricultores y los pequeños empresarios”6. ¡Como si éstos hubieran sido los criterios tomados en cuenta a la hora de negociar el tratado! Esta situación mantiene inquietos a ciertos sectores empresariales que temen que el país se quede atrás en la “carrera por atraer inversiones”, sobre todo, si se toma en cuenta que el TLC ya ha sido aprobado por El Salvador y Honduras. La crisis social, ética e institucional que atraviesa el país es, sin duda, una evidencia del descalabro del modelo de dominación que ha prevalecido en Costa Rica desde que se introdujo el neoliberalismo. El que políticos tan representativas de esta corriente, como los ex presidentes Rodríguez, Calderón y Figueres Olsen, se vean ahora cuestionados y con ellos todo un modelo político-institucional que se afianzó en el bipartidismo PLN-Pusc, ha causado gran inquietud en altos círculos empresariales y financieros, que ante el comportamiento errático del Gobierno y su incapacidad para manejar las crisis, temen que su proyecto de país peligre. No se sabe aún cómo se saldará esta crisis integral de la democracia costarricense y no se descarta que, ante la debilidad de los sectores sociales contestatarios, esta salida pueda darse por la derecha. Uno de los principales impulsores del TLC es el ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, quien es el virtual candidato presidencial del PLN. El ex mandatario se pronunció reiteradamente a favor de que el tratado se aprobara antes de enero del 2005, como en la siguiente declaración:
Arias posee una considerable fortuna y figura a la cabeza de varias empresas que van desde la producción de alcohol, bienes raíces, generación eléctrica, alimentos, hasta medios de comunicación. Durante las dos últimas administraciones socialcristianas, ha exhortado a todos los sectores políticos a “alcanzar consensos” en torno a temas como la privatización de los activos públicos o la apertura comercial, siempre bajo una orientación neoliberal8. El regreso de Arias a la arena política y las cada vez más frecuentes coincidencias entre las cúpulas del PLN y el Pusc en torno a la agenda conservadora9 (TLC, reforma fiscal, reforma de pensiones, etc.), confirman la existencia de un co-gobierno que en los últimos tiempos parece representar un intento de recomposición de la oligarquía costarricense ante esta nueva fase global del capitalismo. Esta consiste en el traslado estratégico del capital de las viejas fuentes de acumulación (agroexportación) hacia los nuevos y rentables negocios del ecoturismo, bienes inmobiliarios, importaciones, medios de comunicación, banca, etc. Tal estrategia tendría como sus prioridades privatizar el todavía importante y lucrativo sector de la economía controlado por el Estado (electricidad, telecomunicaciones, seguros), así como un desmantelamiento del Estado de Bienestar. No obstante, estos ímpetus neo-oligárquicos han topado con el fraccionamiento y la parálisis de una Asamblea Legislativa que han entrabado el trámite expedito de propuestas neoliberales, como el plan fiscal impulsado por el gobierno10. Los años “felices” en los que el bipartidismo permitió que el ajuste estructural se aplicara sin obstáculos han quedado atrás y son ahora añorados por los neoliberales. Eduardo Lizano, ex presidente del Banco Central y una de los principales gurúes de esta tendencia, decía en una reciente entrevista:
Esa incapacidad de llegar a grandes acuerdos nacionales en el Parlamento ha hecho que retornen prácticas que parecían históricamente superadas por nuestra democracia: los escenarios de representación y deliberación, como la Asamblea Legislativa, pierden espacio frente a “reuniones” y componendas efectuadas en casas de políticos como Arias y otros dirigentes conservadores, de las que emanan líneas de acción que son celosamente acatadas por las fracciones del PLN y el Pusc. Arias también ha impuesto a la Asamblea Nacional del PLN la potestad para elegir él personalmente a casi todos los candidatos a diputados para las próximas elecciones de febrero del 200612. Este proyecto conservador no está exento de una carga autoritaria y elitista. En lo interno del PLN, Arias se ha negado a debatir los grandes temas nacionales, aduciendo que “las águilas habitan en las alturas y no bajan al fango a pelear con los caracoles”13. En declaraciones a la revista Escala, Rodrigo Arias, hermano de Oscar Arias y a quien se menciona como eventual Ministro de la Presidencia, afirmó:
En la misma tónica, el grupo del entorno político del ex Presidente interpuso recientemente un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra varios artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que permiten a los diputados presentar mociones tendientes a reformar proyectos de ley que se discuten cuando están listos para ser votados; un mecanismo democrático que usualmente utilizan las minorías parlamentarias. La Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada, asegurando que dichos artículos más bien “establecen reglas para la tramitación de proyectos de ley a partir de principios de democracia, participación y representación”. Para varios sectores, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Anep, estas crecientes muestras de autoritarismo y arrogancia revelan el sesgo autoritario de los hermanos Arias como representantes de los sectores dominantes del sistema bipartidista, una evidencia más de la degradación de la democracia costarricense15. La lucha que viene Mientras tanto, el descontento popular se incrementa ante la falta de autoridad y rumbo del gobierno y el pillaje generalizado en las instituciones públicas, dos síntomas categóricos de la crisis estructural de la democracia costarricense. Una crisis marcada por la ineficacia del sistema político para llegar a grandes acuerdos nacionales16, el entrabamiento de las instituciones, el abstencionismo y la apatía política de los ciudadanos, así como el autismo de las principales fuerzas políticas que han devenido en meras plataformas para la construcción de carreras políticas o el “alpinismo político”, sin hablar de la creciente suma de demandas sociales insatisfechas. La lucha popular contra el TLC podría constituirse en una catarsis social que, a la larga, si se logra construir una alternativa social y política coherente y plural, podría revertir este intento por eliminar el Estado social y democrático de derecho. Para esto es preciso que se interiorice en todos los sectores populares la idea de que la prioridad fundamental, por encima de todas las reivindicaciones gremiales, economicistas y partidistas, es detener el TLC. En este sentido el avance en la constitución del MCN es un paso importante pero insuficiente. Por otra parte, algunos dirigentes sociales ven con mucha preocupación la aprobación del TLC en El Salvador y Honduras, prácticamente sin ninguna oposición por parte de los sectores populares de esos países. ¿Qué pasaría si no se aprueba? Los defensores del tratado han dibujado un escenario apocalíptico si esto ocurre. Según ellos, el país tendría serias dificultades para competir en el mercado norteamericano, se perderían los beneficios que otorga la ICC, se desestimularía la inversión extranjera y se pondrían en peligro miles de empleos. Además, el país enfrentaría agudas consecuencias en el 2007, cuando los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio, OMC, obliguen a eliminar los incentivos fiscales a las zonas francas. A todo esto se añadirían las no pocas amenazas proferidas en su momento por Zoellick. Estas opiniones no son compartidas por los críticos del tratado, quienes niegan que la ICC dejará de aplicarse automáticamente si el país no ratifica el tratado. De hecho, la ICC se prolongó por tiempo indefinido a partir de 1990. Para Henry Mora, catedrático de la Universidad Nacional, “un tratado que no favorezca a la mayoría de los costarricenses no deberá ser firmado de ninguna manera”17, y este es claramente un tratado que bloquea cualquier posibilidad de definir una estrategia nacional de desarrollo y compromete irremediablemente la soberanía del país. El “no hay alternativa”, no es otra que la ya trillada cantaleta del Pensamiento Único y aunque, ciertamente, de no aprobarse el tratado el panorama es algo incierto, en definitiva el país tiene mucho más que perder en caso de aprobarlo. Bien lo decía José Figueres Ferrer, en una conferencia de la Unctad en los años sesenta: “los pueblos pobres son los corderillos en el altar de la libre competencia”. Se trata, entonces, de elegir entre la Costa Rica solidaria y democrática y la consolidación de la exclusión y la pérdida de nuestra identidad. Ni más ni menos.
Notas
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