Bogotá, Febrero - Mayo de 2002 -Nº 4   ISSN 01246704


 

La crisis argentina

 

¿COMO es posible

que uno de los países más ricos

del mundo esté al borde de la quiebra?

 

Por Laura Ramos

 

 

El proceso de endeudamiento y dependencia argentino se inició en el marco de la crisis económica occidental de la década del 70, período que se caracterizó por una acelerada inflación acompañada de una profunda recesión. El estancamiento generaba una enorme masa de excedente, de capital disponible, que no encontraba salida en la inversión productiva. La situación se agudizó con el alza desorbitada del petróleo (1973). El fenómeno acentuó la recesión de los países industrializados al tiempo que generaba mayor disponibilidad de recursos (petrodólares) con necesidad de reciclaje.

El afán irresponsable del sistema financiero internacional, de colocar los recursos disponibles sin medir los riesgos o transfiriéndolos por completo a sus deudores, encontró destino en Latinoamérica: entre 1970 y 1975 la deuda en la región creció un 181%, mientras que en los cinco años siguientes el salto fue de 467%. Por su lado, los países del sur se encontraron frente a una oportunidad financiera sin precedentes: préstamos voluminosos a bajo precio, a largo plazo y sin condiciones de destino ni garantías de oportunidad o solvencia.

Origen ilegítimo, ilícito
y fraudulento

En ese marco, el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado en Argentina puso al frente del país el gobierno militar encabezado por el general Videla. La dictadura clausuró el Congreso y puso en marcha el Proceso de Reorganización Nacional concretando un verdadero genocidio (30.000 desaparecidos, robo de menores, campos de concentración, torturas y exilio).

El 2 de abril de ese mismo año asumió el Ministro de Economía Martínez de Hoz responsable principal del endeudamiento dependiente argentino, de dinamizar procesos y actitudes proclives a la especulación, de alentar el proceso de destrucción del aparato productivo nacional y de la consecuente pérdida de soberanía (transferencia de poder público nacional a los acreedores extranjeros). El Estado de Terror permitió que todas las operaciones generadas durante la dictadura se cerraran en absoluto secreto. Sin embargo contaban con la aprobación y fomento del Fondo Monetario Internacional1 y de la administración norteamericana. La medida inicial y clave fue la desregulación del mercado financiero interno, borrando cualquier restricción al libre flujo de capitales.

Durante los 7 años de dictadura, la deuda externa argentina creció en un 350%, fue forzada, no existen registros contables que la acrediten y se desconoce el destino de los fondos. Su crecimiento (de 9.700 millones de dólares a 45.000 millones), aparte de excesivo, fue perjudicial y carece de justificación económica, financiera y administrativa. En la gestión de la deuda, el actuar de los funcionarios fue negligente e imprudente cuando no corrupto o malicioso. La banca extranjera y el FMI actuaron con impericia en el manejo del endeudamiento, no se interesaron por el destino de los fondos ni por la capacidad de reembolso de las economías deudoras.

En cuanto a la deuda pública: las empresas del Estado fueron forzadas a tomar préstamos en el exterior2 y aun cuando no los necesitaban3. Los préstamos recibidos de los bancos norteamericanos eran inmediatamente colocados en las mismas instituciones bancarias prestatarias, a una tasa de interés inferior a las tasas de interés cobradas por la deuda contraída. En 1982, el Estado asumió la deuda privada, en su mayor parte producto de actos ilícitos.

En cuanto a la deuda privada: las empresas privadas argentinas y las filiales de empresas extranjeras en Argentina fueron incentivadas a tomar créditos en el exterior en forma irresponsable. El clima financiero y la corrupción permitida por la dictadura desestimaron los peligros que podría ocasionar, a futuro, la toma de préstamos a tasa de interés variable. Además, dichas empresas, con el dinero tomado en las bancas extranjeras, se prestaron a realizar negocios ilícitos y meras especulaciones, con el aval de los bancos oficiales o la Tesorería del Estado. Entre ellos: autopréstamos. Endeudamientos producidos por proyectos de inversión no implementados. Préstamos figurados: aportes de capital de las casas matrices a las filiales en el país registrados como préstamos financieros. Préstamos nunca ingresados al país.

Flujos y reflujos financieros

El panorama financiero internacional cambió de dirección durante la década de los 80. Fundamentalmente, se pasó de un período de gran liquidez y necesidad de colocar excedentes de capital internacional, a una situación de profunda iliquidez (El endeudamiento externo latinoamericano decreció su marcha ascendente en más de un 80% durante este período). El hecho generó el aumento estrepitoso de la tasa de interés (del 6% al 22%) y el precio del dinero se disparó a tal punto, que las empresas que habían tomado préstamos, en la década anterior, no pudieron hacer frente a sus obligaciones internacionales.

 

En Argentina, en 1982, aún bajo la dictadura, Domingo Cavallo, entonces presidente del Banco Central, asumió su compromiso con la oligarquía empresarial y estatizó sus deudas. Se estima que de los 45.100 millones de deuda acumulada a fines de la dictadura, 5.000 millones (más de un 10%) son el producto de ese proceso de estatización.

El reflujo del sistema financiero internacional respondía a la necesidad que tenían los países del norte de contar ellos mismos, con créditos que viabilizaran la tecnologización de sus estructuras productivas y financieras, y fueron exigentes con el pago de la deuda. Ante la imposibilidad de los países del sur de hacer frente a sus obligaciones, y específicamente, a partir de la crisis mexicana de 1982, el FMI diseñó y acordó con los países deudores Programas de Ajuste Estructural, políticas económicas de «ajuste recesivo» generadoras de recursos suficientes (divisas provenientes del superávit de la balanza comercial) que garantizaran el pago de la deuda. El paquete de medidas incluía drástica reducción del gasto público (educación, salud, seguro social), contracción de la actividad económica y de las importaciones,  reactivación de la actividad exportadora4 y privatización masiva de empresas y servicios públicos. La banca norteamericana, para ganar tiempo y no anotar, definitivamente, como pérdidas las deudas que por el momento eran incobrables (y teniendo en cuenta que los Estados no pueden caer en quiebra), aplicó la política del nuevo dinero: nuevos créditos para hacer frente a los impagos, mientras la deuda crece y con ella, la necesidad de nuevo dinero.

En la década de los 90, la necesidad de EU de recuperar su economía daría un nuevo vuelco en el panorama financiero internacional. Repentinamente (consecuencia de los ahorros provenientes de las altas tasas de interés cobradas en la década anterior) volvió a haber liquidez internacional y los créditos volvieron a ser abundantes y baratos. En este período la deuda creció más de un 60%. En 1999, el sector privado, no financiero argentino, estaba endeudado por un monto equivalente a la tercera parte de su deuda externa (40.000 millones).

A pesar de todo, la liquidez no paró el proceso de endeudamiento dependencia de los países emergentes. Una década de sequía y ajuste había profundizando la relación de asimetría norte-sur y el deterioro, tanto de las economías dependientes como de sus organizaciones de base, volvería a sentar a la corrupción en sus dirigencias, que si en la época de la dictadura se había amparado en el Estado del Terror, en la Argentina menemista y la de sus sucesores, el Estado de Impunidad constituiría su nuevo refugio. En el marco de una nueva connivencia entre la clase política y empresarial de los países latinoamericanos con la banca internacional, los gobiernos del sur se lanzaron a una competencia desorganizada, cerrada e individual para atraer los nuevos recursos financieros, creando condiciones favorables a los intereses trasnacionales y cumpliendo las condiciones impuestas por los planes de renegociación de la deuda externa acordados con el FMI.

Período Menem-Cavallo

En 1989, Carlos Menem fue electo presidente de Argentina. La esperanza en el nuevo gobierno estuvo centrada en su capacidad de poner freno a la alta y persistente inflación que había venido afectando la economía argentina a lo largo de toda la década y que había alcanzado picos hiperinflacionarios en 1989 y 1990.

En 1991, la apuesta de su Ministro de Economía, Domingo Cavallo fue establecer una paridad cambiaria fija de un peso por un dólar: el régimen de convertibilidad. La medida logró una inmediata estabilización del nivel general de los precios. Pero, con el tiempo y una vez cumplida su función, ¿a qué respondió la permanencia del anclaje cambiario? La identidad de quienes se benefician con la paridad cambiaria explica la decisión tomada: las empresas y bancos extranjeros que remiten sus beneficios en dólares al exterior sin correr riesgo cambiario alguno (aun facturando en pesos) y los importadores. El anclaje cambiario, sumado al paquete económico de mayor apertura, desregulación y liberalización de la estructura nacional asumida con los programas de ajuste estructural (y las ventajas que ofrecían los planes de privatización), fueron los atractivos fuertes que presentaba el gobierno menemista a los capitales extranjeros, los que en esta etapa se caracterizaron por realizarse a través de inversiones directas. De hecho, el proyecto facilitó el ingreso de las empresas transnacionales al país y la transferencia, a manos extranjeras, de la propiedad de las empresas públicas.

¿Quiénes salieron perjudicados? Las empresas nacionales que perdían capacidad para competir tanto en el mercado interno como en el externo. Y, en especial, los sectores más desprotegidos de la sociedad, víctimas directas del incremento acelerado de la tasa de desempleo, la pobreza y la marginalidad.

La política de las privatizaciones

Una mirada en detalle ,del modo en que se concretó el plan de privatización de las empresas públicas en la Argentina, explica en parte, porqué los montos ingresados al país con la venta de los activos públicos durante la década de los 90 no lograron aliviar el peso de la deuda externa, que, lejos de mermar, en este período creció en más de un 125%. Además explica el proceso de vaciamiento y descapitalización nacional que ello significó.

En todos los casos las empresas públicas se transfirieron subvaluadas y libres de pasivos, con pasivos mínimos o renegociados, los que fueron asumidos por el Estado.

Sistema de apalancamiento: los inversionistas extranjeros adquirían las empresas con créditos tomados en el exterior y con la garantía de los activos de la propia empresa a adquirir. Ello generó un considerable aumento de las obligaciones externas de las empresas privatizadas y acrecentó las remisiones al exterior en concepto de pago de intereses, los que se suman a los giros por utilidades y dividendos a sus casas matrices5. Entre 1991 y 1999, las obligaciones externas de las empresas privatizadas ascendieron de 984 a 17.555 millones de dólares. A lo largo de la década, Argentina recibió 15.410 millones de dólares por concepto de «ingreso de capitales extranjeros», al tiempo que remitió al exterior casi 15 mil, en su mayor parte por concepto de intereses de deudas.

Beneficios fiscales: cuando los intereses generados por préstamos (en este caso tomados en el exterior, cuyos intereses se remiten al exterior) sobrepasan un monto predeterminado se los premia con exenciones impositivas. Ello implica la asunción indirecta de deuda privada por parte del Estado y el beneficio directo de las empresas extranjeras.

El proceso de trasnacionalización de la economía argentina fue acompañado de un proceso de profundización de la internacionalización de su sistema financiero, en especial, por medio del proceso de expansión de los bancos extranjeros. A fines de 1994, los bancos extranjeros controlaban el 18% de los activos argentinos y alcanzaron casi el 50% a fines de 1999.

Este proceso de mayor apertura financiera, al mismo tiempo, flexibilizó aún más los controles sobre las remisiones de capitales al exterior. Se estima que en la actualidad el monto de activos argentinos en el exterior asciende a 90.000 millones de dólares, algo así como las dos terceras partes del total de su deuda pública.

¿Un camino sin retorno? Veinticinco años de expolio, vaciamiento, descapitalización y desgaste de la economía argentina, llevaron al país a una crisis económica y social sin precedentes. Cuando De La Rúa subió al gobierno (1999) las cartas ya estaban echadas. Una obstinación desmedida en cumplir los mandatos del FMI y en continuar el modelo perverso iniciado en 1976, terminaron por sumir a gran parte de la población en la marginalidad, la exclusión social y la miseria. El estallido social no se hizo esperar cuando las restricciones bancarias ordenadas por el Ministro Cavallo tocaron el estómago de los agentes de la economía sumergida y el bolsillo de una clase media casi extinta. El «pueblo argentino en caos», tal como lo describía la prensa del establishment, de madrugada, inmediatamente después del Estado de Sitio decretado por el presidente, se autoconvocó (10.000 personas) y llenó la Plaza de Mayo de Buenos Aires  «armada» de cacerolas y sin banderas partidarias, para repudiar las medidas y exigir la dimisión de Cavallo y De la Rúa, además de un cambio radical del rumbo de la política económica nacional. Y en parte lo logró.

Sin embargo, los planes de las más diversas alianzas partidarias, que van pretendiendo la sucesión del trono, no pasan de experimentar fórmulas que contengan, con mayor o menor eficacia, la demanda popular, para entretanto, acordar con «los de afuera» la mejor estrategia para salvar el capital.

Mientras en palacio resuenan teléfonos rojos y los distintos relevos acuerdan misiones a Washington, ninguna propuesta, plan o programa político recoge el reclamo popular: abolición de la deuda externa, identificación y castigo de los responsables del endeudamiento-dependencia y de la pérdida de la soberanía popular, sumado a una amplia participación de todos los sectores en la toma de decisiones y una redistribución justa de la riqueza.

Los argentinos saben que tienen la oportunidad histórica de utilizar el poder de negarse a pagar su desorbitante deuda y cortar con el espiral viciado del endeudamiento externo de los países del sur. Y por el momento se muestran firmes en su decisión de no apoyar un eterno– nuevo gobierno oligarca-feudal, entreguista, autoritario y neoliberal, y reclaman pacíficamente, unidos y organizados la restitución de su rol político y social.

 

Notas

1 Durante la dictadura, el FMI designó un ejecutivo que funcionaba en el Banco Central, con el objetivo de monitorear hasta qué punto el país podía soportar el endeudamiento externo.

2 La mayoría de préstamos otorgados a la dictadura argentina provinieron de los bancos privados norteamericanos (Eric Toussant, 2001) y contaban con el aval del gobierno de EU.

3 Fue el caso de YPF. La petrolera nacional fue forzada a endeudarse contando con recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En los años de la dictadura su deuda creció 16 veces. (Eric Toussant, 2001).

4 La imposición acrecentó otra deuda, la ecológica; bajo la única mira de la rentabilidad económica, ello significó una sobreexplotación de los recursos naturales renovables y no renovables.

5 Además, vale recordar que las empresas petroquímicas y de telecomunicaciones fueron fuertes importadoras de equipamiento, con lo cual un alto porcentaje de la inversión se concretó en el exterior.

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Bogotá, Febrero - Mayo de 2002 -Nº 4   ISSN  01246704


 

 

Entrevista a

 

Armando De

N e g r i

«La agenda neoliberal,

un camino sin alternativas»

 

 

 

Entrevista realizada por Amparo Hernández Bello durante su participación en el Primer Congreso Nacional por la Salud realizado en Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, los días 3 al 6 de octubre de 2001.

n febrero del 2001 se realizó en Porto Alegre, Brasil, el primer Foro Social Mundial, un foro alternativo al Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Suiza, en el que más de diez mil personas representantes de numerosas organizaciones populares y sociales de cerca de 130 países, se reunieron para protestar contra el neoliberalismo y la globalización y contra sus efectos en la vida social, política, económica y cultural de los naciones.

Nueva Gaceta entrevistó a Armando de Negri, uno de los organizadores y promotores del Foro, cuyo trabajo al frente de la coordinación de planeación de la Secretaría de Salud de Porto Alegre es ejemplo de resistencia contra el modelo neoliberal y de lucha patriótica en beneficio del pueblo.

Nueva Gaceta. ¿Cómo ve el movimiento antiglobalización que se ha venido desarrollando durante los dos últimos años a partir de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, y cuáles son sus relaciones con el foro social mundial que se llevó a cabo en Porto Alegre en febrero de 2001

Armando De Negri. Yo creo que el principal aporte de las manifestaciones en los varios escenarios internacionales en los que se han llevado a cabo las reuniones del G7+1, del FMI y del Banco Mundial, ha sido «destapar la olla» de un aparente acuerdo universal acerca de los beneficios de la globalización. Si uno mira retrospectivamente, en estos dos últimos años se ha acelerado el reconocimiento del agotamiento de lo que podrían llamarse los pseudo beneficios de un proceso de mundialización de la economía. Prefiero llamarlo así, puesto que el término globalización abarca otros elementos, sobre todo de comunicación e información, que son importantes e incluso característicos de nuestra época, pero que no están vinculados directamente al centro de lo que han sido las protestas, que son justamente en contra de la mundialización del capital.

Las manifestaciones que, inicialmente, parecerían ser un poco la pelea de David contra Goliat, una cosa un poco quijotesca quizá, de alguna manera expresan un sentimiento creciente de inconformidad con el retraso de los beneficios prometidos con este proceso de mundialización del capital. En este sentido el foro social que se realizó en Porto Alegre es como un proceso de reflexión, más allá del activismo de las manifestaciones y de las declaraciones que han caracterizado las varias protestas a lo largo de las reuniones de los organismos multilaterales que comandan la economía mundial y de los países más poderosos del planeta. En el Foro hemos visto otra etapa. Un primer esfuerzo por afirmar que otra realidad es posible, que otro mundo es posible, como lo afirma la consigna del Foro. Y además, en este esfuerzo de construir una alternativa, lo que me parece muy importante es ese sentimiento de identidad frente a una gran diversidad de aportes, de opiniones y de orientaciones.

Lo que resalta de los participantes de Porto Alegre es este sentimiento en contra de lo que se plantea hoy para el mundo y de la imposición, como estamos viendo por estos días, de una fuerza militar casi absoluta por parte de Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Hemos visto que frente a este escenario sería posible pensar, en primer lugar, la diversidad como opuesta a la idea de una homogenización total de los aspectos no sólo económicos, sino también culturales. A lo largo del Foro percibimos que hay una gran riqueza de aportes, de opiniones, y ello implica reconocer que este mundo es un mundo que se sigue moviendo por las identidades y los valores de la gente, particularidades que la mundialización no logró superar porque no responde a las necesidades de la gente y porque el espacio de la identidad nacional, de la identidad cultural, es todavía un espacio fuerte de resistencia y de afirmación frente al aplastamiento de este proceso económico mundial.

NG. ¿Piensa entonces que reivindicar la soberanía nacional sigue siendo importante, en un mundo generalizado por el modelo neoliberal, en el que se impone la idea de fronteras rotas y en el que, cuando las decisiones se toman a nivel internacional, poco cuentan las decisiones nacionales?

A.N. Yo creo que es fundamental reivindicar la identidad nacional. Esto no significa plantear un nacionalismo rea-ccionario, que es la degeneración del nacionalismo que hemos visto y estamos viendo en los conflictos en el panorama internacional. Pero de hecho me parece fundamental rescatar la dimensión nacional, como una dimensión donde se ubica la identidad cultural e histórica de los pueblos y que, además, nos permite entrar en el proceso de la crítica de la mundialización del capital y del proceso de globalización de la solidaridad. Es defender una cierta identidad política que pueda tener peso en las negociaciones y en los procesos.

 

 

 

 

 

Lo que hemos visto en el discurso de hacer más frágil la identidad nacional, abre la puerta a una pérdida del estado nación como espacio de articulación de voluntades y necesidades, proyectando la idea que los gobiernos de los estados nacionales no tienen poder autónomo de determinar sus rumbos; es decir, obviando y anulando la dimensión de la voluntad propia de los gobiernos nacionales. No cabe duda que la mundialización del capital sólo es posible con la connivencia de los gobiernos nacionales. Entonces, rescatar el espacio de lo nacional es en extremo importante para ubicar los intereses y necesidades de la gente en el plano colectivo.

Pero me parece que hay otro elemento importante, que ha sido planteado repetidamente por nuestro alcalde en Porto Alegre, Tarso Genro, que es justamente el papel y el espacio de las ciudades en el proceso de la mundialización. Las ciudades como espacio de resistencia y como espacios de construcción de una globalización de la solidaridad. Esto es bastante interesante puesto que la urbanización en el mundo es un proceso supremamente importante, y en muchas ciudades, incluso en América Latina, se construyen procesos y proyectos alternativos de poder. En la coyuntura actual es más fácil llegar al poder en las ciudades con fuerzas alternativas, que llegar al poder en los Estados nacionales, lo cual está sujeto a muchas manipulaciones por los intereses del capital y por los movimientos de los grandes bloques políticos tradicionales.

Nosotros en Porto Alegre, explotando las brechas contradictorias resultado de los gobiernos autoritarios y conservadores que tenemos en nuestros país, hemos logrado ocupar gobiernos locales. Creo que es una experiencia muy importante, y no fue otra la razón por la que cuando se escogió la ciudad de Porto Alegre para ser la sede del Foro, se valoró su experiencia histórica de doce años continuos de gobierno del Partido de los Trabajadores y su afirmación de la ciudad como un espacio de construcción de la ciudadanía. Una especie de laboratorio de potenciales soluciones a los desafíos nacionales con una perspectiva democrática y políticas sociales incluyentes.

Por eso creo, que además de afirmar el espacio del Estado nacional, es momento también de afirmar la identidad y la participación de las ciudades como espacios que están más accesibles a proyectos políticos innovadores.

N.G. ¿Cómo resumiría la experiencia del primer Foro y cuáles son las expectativas para el  2002?

A.N. Como ya lo había señalado, el primer Foro estuvo caracterizado por una gran variedad de planteamientos desde las necesidades de los distintos movimientos que demandan respeto a las opciones sexuales, al derecho de las mujeres, al derecho de los indígenas, a los que no tiene casa, a los que no tiene tierra. De alguna manera fue una gran representación de todos los que se sienten excluidos de acceder a los beneficios de la tan difundida mundialización de capital. La diversidad fue la pauta y por eso este encuentro, con sus más de 400 talleres y actividades paralelas, fue diferente a otros eventos más tradicionales donde al final se tiene una declaración única.

El Foro marcó un campo de posicionamiento, de crítica, y afirmó la posibilidad de algo distinto respetando la diversidad y respetando los procesos que cada país, y cada grupo humano, requieren para satisfacer sus deseos de vida y de afirmación de la autonomía. Y dejó para nosotros en Porto Alegre un sentimiento muy fuerte de inclusión. La ciudad se incluyó en el panorama internacional y en los debates mundiales, y acercó a la gente común a este planteamiento de nuestro alcalde sobre la ciudad como un espacio que puede proyectar su producción y construcción política en el panorama mundial. Yo creo que esto es en extremo importante, porque rescata para el cotidiano de las ciudades, la posibilidad de participar desde una perspectiva distinta y no sólo desde la que nos venden como una visión hegemónica.

En este sentido, una gran contribución a la reflexión sobre una alternativa la hizo Boaventura de Sousa Santos, el famoso sociólogo portugués, que en su intervención aportó el concepto de fascismo social. Boaventura dice que en las democracias actuales, en las democracias formales representativas, tenemos un fuerte componente de fascismo social en la medida en que, en los debates no se da alternativa. La agenda neoliberal, la lógica del capital y del equilibrio financiero de los Estados, en contra de la respuesta a las inmensas deudas sociales, se nos ha presentado como un camino sin alternativas, y a la forma impositiva y autoritaria de romper progresivamente la capacidad de pensamientos alternativos, es a lo que el sociólogo llama fascismo social. Si pensamos su contribución, considero que el Foro fue sobre todo una afirmación de que otro mundo es posible, es el mensaje más fuerte que el movimiento de los últimos años ha afirmado.

¿Cuál es la expectativa para el segundo foro? A partir del primero hubo discusión acerca de dónde debería ser el siguiente evento y se decidió en Porto Alegre, pero se espera a partir del tercero replicarlo en diversos continentes, en diversas partes del mundo, abriendo un espacio más accesible a la participación de la gente del pueblo.

Lo que se impone para el encuentro de este año es establecer grandes ejes de convergencia. Yo esperaría la construcción de una declaración política más fuerte, logrando establecer los parámetros de esta acción mundial por otro tipo de proceso globalizador de la solidaridad, por así llamarlo. Creo que lo acumulado con el primer foro y con la producción que se ha seguido después, ha permitido perfeccionar las contribuciones para abrir un campo de convergencias, respetada la diversidad, que permita multiplicar la iniciativa a nivel internacional, sin perder una identidad central. Me parece que ese es el gran tema.

Si tuvimos cerca de diez mil personas en el primero, esperamos para este segundo treinta mil personas, y muchos movimientos que son satélites al evento están planteando grandes encuentros; algunos inmediatos como el Segundo Foro Mundial de Autoridades Locales, el Segundo Foro Mundial de Jueces, el Segundo Foro Mundial en Defensa del Derecho a la Salud y el Foro Mundial, no Oficial, de la Educación.

Hay un conjunto de cosas y todas ellas tienen como objetivo la concreción de la idea de una alternativa. Afirmar cómo sería este mundo, distinto a lo que tenemos hoy, y cómo nos oponemos a la mundialización del capital con este principio general de la globalización de la solidaridad. Este es el escenario y de alguna manera tenemos una cierta obligación de llegar a él con posiciones más maduras, más documentadas, conservando el espíritu de diversidad y de democracia. La expectativa política es bastante grande.

N.G. ¿A qué se refiere con «posiciones más maduras»?

A.N. Creo que la expectativa es pasar de una fase de afirmar la crítica, de decir que no estamos todos de acuerdo con ese proceso que se nos presenta como algo que está dado y sobre el que no hay nada más que hacer, en la que rompemos el discurso hegemónico de un absoluto acuerdo sobre el proceso y denunciamos que la globalización no está disminuyendo las brechas sociales. Yo creo que hay una expectativa proyectada que es buena.

O avanzamos más fuertemente en eso, o este movimiento irá poco a poco cayendo en una cierta pérdida de credibilidad en términos de su esencia. Me parece que se está completando un cierto ciclo de ruptura, de denuncia, de afirmar la diversidad, de alternativas, y ahora hay que llenar ese espacio que este mismo movimiento generó como movimiento político que busca una alternativa. Hay que decir qué alternativa es ésta, en las ciudades, en los Estados, en los departamentos, en los países, en los grupos humanos que se movilizan alrededor de esta iniciativa. A eso me refiero como maduración de una producción capaz de responder a esta expectativa.

De alguna manera el primer foro generó una nueva agenda para estos movimientos que se oponen a la mundialización y que ahora tenemos un compromiso ético y moral de presentar alternativas y empezar a construir. Obviamente no esperamos que de ahí salga algo suficiente, pero sí esperamos avanzar en la propuesta y en una serie de mecanismos de reordenamiento de las relaciones internacionales y de propuestas que puedan poner sobre la mesa la agenda de los mecanismos para disminuir efectivamente la pobreza y las inequidades sociales, no como ajustes puntuales sino como una crítica estructurada capaz de generar alternativas en el campo de los modelos de desarrollo económico y social que hoy son hegemónicos y que necesitan ser cambiados. Yo creo que por ahí anda la cosa. Creo que hay muchos espacios y actores sociales que pueden aportar elementos.

Haciendo un paralelo con este Primer Congreso Nacional por la Salud de Bogotá, creo que la expectativa es la misma. Se dice que la forma como está estructurada la atención en salud en Colombia no sirve y, además, no sirve la matriz socioeconómica que genera este tipo de organización institucional. Al decir eso se niega dialécticamente la realidad y es necesario afirmar cuál es la propuesta frente a esta negación de lo que está hoy. Guardadas las proporciones es el mismo proceso.

Yo veo aquí un movimiento por la salud perfectamente coherente con este debate internacional, porque de alguna manera lo que se está haciendo aquí es atacar ese concepto de fascismo social que ha dicho que esa es la mejor y la única salida. Por razones financieras, por razones de organización administrativa o de lo que sea, nos han impuesto tecnocráticamente una única respuesta a una pregunta que de hecho no se ha respondido. La satisfacción de las necesidades de salud en Colombia obviamente no fue alcanzada y esa es, en última instancia, la razón y el combustible que hace que la gente venga acá y exprese su inconformidad.

N.G. Volviendo al caso de la ciudad de Porto Alegre, en este momento de crisis económica y social generalizada en América Latina, de la cual no escapa Brasil, ¿qué políticas, qué logros concretos se han obtenido frente al avance del modelo neoliberal que planteen una alternativa a la situación de los otros países y del mismo Brasil?

A.N. En la ciudad de Porto Alegre ahora estamos en el decimotercer año de gobierno del Partido de los Trabajadores. La gran marca de nuestros gobiernos hasta ahora ha sido el proceso del presupuesto participativo, que es justamente un proceso donde la gente tiene la posibilidad concreta de manifestar sus necesidades y transformarlas en demandas que después, de una forma consensuada, progresiva y ascendente son decididas y esta decisión es respetada por el gobierno. Eso significó lo que hemos llamado el primer gobierno de «inversión de prioridades». Históricamente, la inversión de recursos estaba centrada en las áreas más ricas de la ciudad y no incluía a las poblaciones más pobres, y con la inversión de prioridades durante estos tres gobiernos y el inicio de este cuarto, la gente del pueblo construyó un espacio de poder efectivo. Un espacio con un grado de independencia bastante grande puesto que no está vinculado al gobierno sino que pertenece a las comunidades que tienen autonomía de movilización y demandan al gobierno.

El problema es que toda esta construcción centrada en un gran esfuerzo por aumentar la recaudación, reordenando las finanzas de la ciudad y perfeccionando su gestión, su administración financiera, su organización de servicios y el fortalecimiento de todos los espacios de participación democrática, parece estar llegando a un cierto agotamiento. Justamente porque somos una ciudad que está dentro de un país, que está dentro de un continente, que está dentro de un mundo, y se ve afectada por la recesión económica, por las dificultades económicas y financieras y sobre todo por la falta de un sistema tributario que sea realmente distributivo, desde el punto de vista de la recaudación y distribución de las rentas. Casi el 70 por ciento de los impuestos termina en manos del gobierno nacional y lo que vuelve a nosotros es bastante inferior a lo que recaudamos en nuestra actividad económica. Y luego hay una gran debilidad para sostener, en un proceso continuo, el volumen de demandas de un presupuesto participativo.

Además hay otro tipo de crisis. En la medida en que hemos expandido nuestras políticas sociales por la vía del aumento de servicios, hemos también acumulado un crecimiento continuo de los costos operacionales del sistema. Por ello estamos ahora en un momento de una gran inflexión, de discusiones acerca de cómo seguir avanzando en el proceso del presupuesto participativo. La primera cosa en la que el alcalde y el grupo de gobierno están insistiendo, y que compartimos totalmente porque somos portavoces y actores de eso, es que tenemos que reubicar políticamente el espacio de la ciudad en el contexto nacional, en términos de posicionar a la población frente a estos elementos estructurales del Estado capitalista, de la política conservadora neoliberal en Brasil. Es decir, el límite de nuestra capacidad de sostener políticas públicas en la ciudad tiene que ver directamente con el modelo de desarrollo económico del país, que genera cada vez más gente excluida, y con la dificultad de mantener con recursos, que son escasos finalmente, toda la gama de políticas públicas que tenemos como compromiso con la población. Hay mucha gente que viene de otras ciudades a Porto Alegre porque sabe que ahí hay políticas públicas.

Lo que pretendemos es re-politizar el debate en el sentido que la misma gente que está ahí organizada y demanda respuestas al gobierno local, ubique los límites de éste y entienda que debe organizarse políticamente para demandar cambios en la estructura del gobierno nacional frente a sus necesidades.

N.G. ¿Cómo ve este debate de cara a las elecciones del próximo año?

A.N. El debate es hoy muy fuerte. Nosotros de alguna manera, por fuerza de una cierta moralidad de izquierda, empezamos a creer que teníamos que responder a todas las demandas y ahora nos damos cuenta de que tenemos un límite de respuestas y que hay ciertas cosas que la matriz misma del modelo de desarrollo económico y social del país, conservadora, y neoliberal, nos impide avanzar. Es una especie de autocrítica. Tenemos que darle una nueva potencia al debate y canalizar más energía política de la misma población, de los mismos cuadros del partido, para reivindicar otro tipo de tratamiento, otro tipo de ordenamiento del proceso nacional.

Este tipo de reflexión y sus consecuencias es en extremo importante en este momento histórico del país, porque el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Nuestro candidato a la presidencia de la República tiene buenas posibilidades de ganar y eso es, justamente, lo que nos demanda una reflexión acerca de cómo enfrentar estos límites que están impuestos por la condición local, frente a la organización del sistema económico y político del país, y por otro lado, prepararnos para enfrentar el desafío de ese gobierno de la nación y nuestros proyectos de políticas sociales, en un contexto de muchas contradicciones entre la realidad económica y la inserción internacional de Brasil.

Porto Alegre vive esta condición de ser una referencia internacional, de tener un gran proyección con los foro sociales mundiales y con la experiencia de la ciudad que es exitosa y nos permite tener hoy los mejores indicadores sociales de las capitales del país. Por ello, por una cuestión de responsabilidad pública nuestra, la experiencia debe ser objeto de una reflexión bastante crítica en la que se identifica la necesidad de un nuevo ciclo y la necesidad de promover el empoderamiento para una movilización política más fuerte y para romper la expresión estricta en términos de servicios de las necesidades de la ciudad.

La población nos demanda servicios, más escuelas, más salud, y nosotros estamos planteando otra inflexión que nos demanden más salud, más bienestar, una formación más compleja que permita al mismo gobierno evolucionar. Estamos estimulando a la población a otro tipo de demanda estructurada dentro de un concepto menos asistencialista, más intersectorial y, por tanto, más potente como resultado social. Me parece que esto tiene más valor porque obliga a que el gobierno dé otro tipo de respuestas más complejas. En este sentido el liderazgo del alcalde es muy fuerte.

Yo creo que no habíamos logrado antes lo que en este primer año de nueva gestión. Un grado mayor de acercamiento entre las secretarías del gobierno local y un planteamiento cada vez más exigente de cómo construir conceptualmente y operacionalmente respuestas de gobierno articuladas, intersectoriales; respuestas que se inscriban en una estrategia promocional de la calidad de vida. Esta integración es una estrategia de potencialización de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer con miras a dar una mayor integralidad a nuestra acción como gobierno local, que nos permita de alguna manera superar algunos aspectos que están determinados por el agotamiento financiero del espacio municipal.

El gobierno nacional ha descentralizado muchas políticas sociales sin cobertura social de fondo. Simplemente transfirió la responsabilidad sin apoyo económico y ese es un tema que exige todo este replanteamiento de la acción política y de reorganización conceptual y operativa del quehacer del gobierno local.

Por eso este momento es muy importante. Porque de alguna manera nos exige la creación de otra etapa de trabajo y nos obliga a estudiar los límites de la acción local para no entrar en un proceso donde la municipalización se convierta en una especie de panacea, en la respuesta universal obviando la matriz nacional de las contradicciones, la injusticia del modelo de desarrollo y el contexto internacional. La ubicación de Porto Alegre en el escenario nacional e internacional y la misma realización del Foro, refuerzan este tipo de reflexión y la discusión interna.

 

 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA

Primer Congreso Nacional por la Salud

Los y las asistentes al Primer Congreso Nacional por la Salud, que deliberamos por tres días en nueve mesas de trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo el lema del derecho a la salud: una vía hacia la paz, realizamos el siguiente pronunciamiento a la nación:

El hecho de que el Congreso por la Salud haya congregado a 2120 personas procedentes de todo el territorio nacional y representantes de una gran diversidad de sectores sociales; campesinos, movimiento de mujeres, indígenas, trabajadores de la salud y de otros sectores; representantes juveniles, pensionados, usuarios de la salud, estudiantes, académicos, profesionales de la salud y de otras áreas; funcionarios públicos y una importante representación de la comunidad internacional, es una evidencia contundente de la movilización social y del clamor ciudadano porque en nuestro país se garantice efectivamente por parte del Estado el derecho a la salud.

Con la realización del Congreso por la Salud pudimos demostrar, a partir de las 130 ponencias preparadas colectivamente por diversas regiones y sectores sociales presentadas en las mesas de trabajo, que la salud tiene un carácter positivo e integral referido a la realización plena de la vida, trascendiendo la ausencia de enfermedad.

Así mismo, conocemos y reconocemos la profunda crisis de salud por la que atraviesan todas las regiones y sectores sociales del país, expresada por el agravamiento de las condiciones de vida de la población; la enorme exclusión al sistema de salud por condiciones socioeconómicas, étnicas, de género, geográficas y de edad; el derrumbamiento de la red pública hospitalaria, el debilitamiento de las instituciones públicas de seguridad social, la vergonzosa pérdida del componente de salud pública, el ataque a la misión médica, la presencia de muerte, enfermedad y desplazamiento producto del recrudecimiento de la guerra y de las múltiples violencias y el uso indebido de los recursos públicos fruto de la intermediación financiera y del fenómeno de la corrupción.

El Congreso reconoció que esta situación de crisis de la salud está asociada con el tipo de modelo de desarrollo neoliberal por el que ha optado Colombia, que ha atrapado a la salud y a la seguridad social en la lógica del mercado, razón por la cual se pierde la posibilidad de su garantía como derecho y se generan las inequidades y exclusiones propias del mercado.

En este sentido, el conjunto de organizaciones regionales y sectoriales reunidas en este Congreso por la Salud, decidimos acoger como principios rectores para nuestra agenda política común a la salud y a la seguridad social como derechos humanos y bienes públicos, lo que implica ser reconocidos constitucionalmente, que el Estado sea el garante de ellos y la sociedad y el conjunto de organizaciones sociales en ejercicio de la ciudadanía se movilicen co-responsablemente a través de una participación efectiva para velar por el cumplimiento y la protección de ellos como fundamentos necesarios para una verdadera democracia.

Con el Primer Congreso Nacional por la Salud nos pronunciamos también para afirmar que existe un claro abandono estatal en relación con la garantía del derecho a la salud y que se requiere necesariamente de nuevas formas de gobierno local, regional y nacional, en donde las comunidades participen activa y mayoritariamente en el diseño, toma de decisiones y ejecución de las políticas de salud y donde los funcionarios tengan un compromiso social y ético que recojan el sentir de las necesidades sanitarias de nuestra gente para generar condiciones saludables para el disfrute de la vida.

Reivindicamos el aporte de los pueblos hermanos que estuvieron presentes en nuestro Congreso, que nos manifestaron como en los casos de Cuba y España, que sí es posible el desarrollo de una política de Estado en salud, que efectivamente garantice y proteja a la salud como derecho humano para toda la población y como en el caso de Brasil, donde la gestión local hizo realidad la salud como bien público.

La mirada internacional en este encuentro nos compromete con una tarea profundamente ética del pueblo colombiano para con el resto de naciones, referida a evidenciar que nuestro sistema de salud y seguridad social no puede ser tomado como modelo para ser implementado en otros países, porque esto significaría para ellos mayor exclusión, injusticia, enfermedad y muerte.

Decidimos avanzar en los procesos organizativos y de acción que aumenten y fortalezcan el movimiento social por la salud, condición indispensable para lograr que en Colombia la salud se garantice como derecho humano y se preserve como bien público. Por esta razón, y aprovechando la rica dinámica organizativa y movilizatoria alrededor del Congreso, decidimos constituirnos como Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social para recoger y potenciar toda esta dinámica y posibilitar una instancia nacional con instancias regionales, locales y sectoriales que se constituyan en voceras del sentir de las necesidades de salud de la gente, y acoger como norte de la acción política a la salud como derecho humano y bien público, y para concretar las conclusiones derivadas de este Congreso y de los eventos por venir.

En este sentido, el Congreso hace un llamado a todos los sectores sociales, locales, regionales, nacionales, institucionales, populares y a la ciudadanía en general para que hagan suyas las conclusiones de este Congreso por la Salud y agiten las banderas de la salud como derecho humano fundamental, integrándose al Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, para que detengamos tanta enfermedad, muerte y dolor evitable, tanta indolencia del Estado y de nuestros gobernantes, tanto silencio y apatía ciudadana, tanta guerra, desplazamiento, fumigaciones y barbarie, tanto cierre de hospitales públicos, tanta deshumanización en la atención médica y hagamos de Colombia un país viable, sano y prospero.

Los y las presentes nos comprometemos a convertir en realidad los principios, estrategias y acciones que salieron de este Congreso por la Salud como aportes para la vida, la salud y la paz en nuestro país.

Por la salud como derecho humano fundamental,movilización social y fortalecimiento del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social.

Por una Colombia digna, libre y soberana.

El derecho a la salud, una vía hacia la paz.

Por el Segundo Congreso Nacional por la Salud, acción y movilización.

Bogotá, octubre 6 de 2001

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