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¿COMO
es posible
que uno de los países más ricos
del mundo esté al borde de la quiebra?
Por Laura Ramos
l
proceso de endeudamiento y dependencia argentino se inició en el marco de
la crisis económica occidental de la década del 70, período que se
caracterizó por una acelerada inflación acompañada de una profunda
recesión. El estancamiento generaba una enorme masa de excedente, de
capital disponible, que no encontraba salida en la inversión productiva.
La situación se agudizó con el alza desorbitada del petróleo (1973). El
fenómeno acentuó la recesión de los países industrializados al tiempo que
generaba mayor disponibilidad de recursos (petrodólares) con necesidad de
reciclaje.
El afán
irresponsable del sistema financiero internacional, de colocar los
recursos disponibles sin medir los riesgos o transfiriéndolos por completo
a sus deudores, encontró destino en Latinoamérica: entre 1970 y 1975 la
deuda en la región creció un 181%, mientras que en los cinco años
siguientes el salto fue de 467%. Por su lado, los países del sur se
encontraron frente a una oportunidad financiera sin precedentes: préstamos
voluminosos a bajo precio, a largo plazo y sin condiciones de destino ni
garantías de oportunidad o solvencia.
Origen
ilegítimo, ilícito
y fraudulento
En ese marco,
el 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado en Argentina puso al frente del
país el gobierno militar encabezado por el general Videla. La dictadura
clausuró el Congreso y puso en marcha el Proceso de Reorganización
Nacional concretando un verdadero genocidio (30.000 desaparecidos, robo de
menores, campos de concentración, torturas y exilio).
El 2 de abril
de ese mismo año asumió el Ministro de Economía Martínez de Hoz
responsable principal del endeudamiento dependiente argentino, de
dinamizar procesos y actitudes proclives a la especulación, de alentar el
proceso de destrucción del aparato productivo nacional y de la consecuente
pérdida de soberanía (transferencia de poder público nacional a los
acreedores extranjeros). El Estado de Terror permitió que todas las
operaciones generadas durante la dictadura se cerraran en absoluto
secreto. Sin embargo contaban con la aprobación y fomento del Fondo
Monetario Internacional1 y de la administración norteamericana. La medida
inicial y clave fue la desregulación del mercado financiero interno,
borrando cualquier restricción al libre flujo de capitales.
Durante los 7
años de dictadura, la deuda externa argentina creció en un 350%, fue
forzada, no existen registros contables que la acrediten y se desconoce el
destino de los fondos. Su crecimiento (de 9.700 millones de dólares a
45.000 millones), aparte de excesivo, fue perjudicial y carece de
justificación económica, financiera y administrativa. En la gestión de la
deuda, el actuar de los funcionarios fue negligente e imprudente cuando no
corrupto o malicioso. La banca extranjera y el FMI actuaron con impericia
en el manejo del endeudamiento, no se interesaron por el destino de los
fondos ni por la capacidad de reembolso de las economías deudoras.
En cuanto a la
deuda pública: las empresas del Estado fueron forzadas a tomar préstamos
en el exterior2 y aun cuando no los necesitaban3. Los préstamos recibidos
de los bancos norteamericanos eran inmediatamente colocados en las mismas
instituciones bancarias prestatarias, a una tasa de interés inferior a las
tasas de interés cobradas por la deuda contraída. En 1982, el Estado
asumió la deuda privada, en su mayor parte producto de actos ilícitos.
En cuanto a la
deuda privada: las empresas privadas argentinas y las filiales de empresas
extranjeras en Argentina fueron incentivadas a tomar créditos en el
exterior en forma irresponsable. El clima financiero y la corrupción
permitida por la dictadura desestimaron los peligros que podría ocasionar,
a futuro, la toma de préstamos a tasa de interés variable. Además, dichas
empresas, con el dinero tomado en las bancas extranjeras, se prestaron a
realizar negocios ilícitos y meras especulaciones, con el aval de los
bancos oficiales o la Tesorería del Estado. Entre ellos: autopréstamos.
Endeudamientos producidos por proyectos de inversión no implementados.
Préstamos figurados: aportes de capital de las casas matrices a las
filiales en el país registrados como préstamos financieros. Préstamos
nunca ingresados al país.
Flujos
y reflujos financieros
El panorama
financiero internacional cambió de dirección durante la década de los 80.
Fundamentalmente, se pasó de un período de gran liquidez y necesidad de
colocar excedentes de capital internacional, a una situación de profunda
iliquidez (El endeudamiento externo latinoamericano decreció su marcha
ascendente en más de un 80% durante este período). El hecho generó el
aumento estrepitoso de la tasa de interés (del 6% al 22%) y el precio del
dinero se disparó a tal punto, que las empresas que habían tomado
préstamos, en la década anterior, no pudieron hacer frente a sus
obligaciones internacionales.
En Argentina,
en 1982, aún bajo la dictadura, Domingo Cavallo, entonces presidente del
Banco Central, asumió su compromiso con la oligarquía empresarial y
estatizó sus deudas. Se estima que de los 45.100 millones de deuda
acumulada a fines de la dictadura, 5.000 millones (más de un 10%) son el
producto de ese proceso de estatización.
El reflujo del
sistema financiero internacional respondía a la necesidad que tenían los
países del norte de contar ellos mismos, con créditos que viabilizaran la
tecnologización de sus estructuras productivas y financieras, y fueron
exigentes con el pago de la deuda. Ante la imposibilidad de los países del
sur de hacer frente a sus obligaciones, y específicamente, a partir de la
crisis mexicana de 1982, el FMI diseñó y acordó con los países deudores
Programas de Ajuste Estructural, políticas económicas de «ajuste recesivo»
generadoras de recursos suficientes (divisas provenientes del superávit de
la balanza comercial) que garantizaran el pago de la deuda. El paquete de
medidas incluía drástica reducción del gasto público (educación, salud,
seguro social), contracción de la actividad económica y de las
importaciones, reactivación de la actividad exportadora4 y privatización
masiva de empresas y servicios públicos. La banca norteamericana, para
ganar tiempo y no anotar, definitivamente, como pérdidas las deudas que
por el momento eran incobrables (y teniendo en cuenta que los Estados no
pueden caer en quiebra), aplicó la política del nuevo dinero: nuevos
créditos para hacer frente a los impagos, mientras la deuda crece y con
ella, la necesidad de nuevo dinero.
En la década de
los 90, la necesidad de EU de recuperar su economía daría un nuevo vuelco
en el panorama financiero internacional. Repentinamente (consecuencia de
los ahorros provenientes de las altas tasas de interés cobradas en la
década anterior) volvió a haber liquidez internacional y los créditos
volvieron a ser abundantes y baratos. En este período la deuda creció más
de un 60%. En 1999, el sector privado, no financiero argentino, estaba
endeudado por un monto equivalente a la tercera parte de su deuda externa
(40.000 millones).
A pesar de
todo, la liquidez no paró el proceso de endeudamiento dependencia de los
países emergentes. Una década de sequía y ajuste había profundizando la
relación de asimetría norte-sur y el deterioro, tanto de las economías
dependientes como de sus organizaciones de base, volvería a sentar a la
corrupción en sus dirigencias, que si en la época de la dictadura se había
amparado en el Estado del Terror, en la Argentina menemista y la de sus
sucesores, el Estado de Impunidad constituiría su nuevo refugio. En el
marco de una nueva connivencia entre la clase política y empresarial de
los países latinoamericanos con la banca internacional, los gobiernos del
sur se lanzaron a una competencia desorganizada, cerrada e individual para
atraer los nuevos recursos financieros, creando condiciones favorables a
los intereses trasnacionales y cumpliendo las condiciones impuestas por
los planes de renegociación de la deuda externa acordados con el FMI.
Período
Menem-Cavallo
En 1989, Carlos
Menem fue electo presidente de Argentina. La esperanza en el nuevo
gobierno estuvo centrada en su capacidad de poner freno a la alta y
persistente inflación que había venido afectando la economía argentina a
lo largo de toda la década y que había alcanzado picos hiperinflacionarios
en 1989 y 1990.
En 1991, la
apuesta de su Ministro de Economía, Domingo Cavallo fue establecer una
paridad cambiaria fija de un peso por un dólar: el régimen de
convertibilidad. La medida logró una inmediata estabilización del nivel
general de los precios. Pero, con el tiempo y una vez cumplida su función,
¿a qué respondió la permanencia del anclaje cambiario? La identidad de
quienes se benefician con la paridad cambiaria explica la decisión tomada:
las empresas y bancos extranjeros que remiten sus beneficios en dólares al
exterior sin correr riesgo cambiario alguno (aun facturando en pesos) y
los importadores. El anclaje cambiario, sumado al paquete económico de
mayor apertura, desregulación y liberalización de la estructura nacional
asumida con los programas de ajuste estructural (y las ventajas que
ofrecían los planes de privatización), fueron los atractivos fuertes que
presentaba el gobierno menemista a los capitales extranjeros, los que en
esta etapa se caracterizaron por realizarse a través de inversiones
directas. De hecho, el proyecto facilitó el ingreso de las empresas
transnacionales al país y la transferencia, a manos extranjeras, de la
propiedad de las empresas públicas.
¿Quiénes
salieron perjudicados? Las empresas nacionales que perdían capacidad para
competir tanto en el mercado interno como en el externo. Y, en especial,
los sectores más desprotegidos de la sociedad, víctimas directas del
incremento acelerado de la tasa de desempleo, la pobreza y la
marginalidad.
La
política de las privatizaciones
Una mirada en
detalle ,del modo en que se concretó el plan de privatización de las
empresas públicas en la Argentina, explica en parte, porqué los montos
ingresados al país con la venta de los activos públicos durante la década
de los 90 no lograron aliviar el peso de la deuda externa, que, lejos de
mermar, en este período creció en más de un 125%. Además explica el
proceso de vaciamiento y descapitalización nacional que ello significó.
En todos los
casos las empresas públicas se transfirieron subvaluadas y libres de
pasivos, con pasivos mínimos o renegociados, los que fueron asumidos por
el Estado.
Sistema de
apalancamiento: los inversionistas extranjeros adquirían las empresas con
créditos tomados en el exterior y con la garantía de los activos de la
propia empresa a adquirir. Ello generó un considerable aumento de las
obligaciones externas de las empresas privatizadas y acrecentó las
remisiones al exterior en concepto de pago de intereses, los que se suman
a los giros por utilidades y dividendos a sus casas matrices5. Entre 1991
y 1999, las obligaciones externas de las empresas privatizadas ascendieron
de 984 a 17.555 millones de dólares. A lo largo de la década, Argentina
recibió 15.410 millones de dólares por concepto de «ingreso de capitales
extranjeros», al tiempo que remitió al exterior casi 15 mil, en su mayor
parte por concepto de intereses de deudas.
Beneficios
fiscales: cuando los intereses generados por préstamos (en este caso
tomados en el exterior, cuyos intereses se remiten al exterior) sobrepasan
un monto predeterminado se los premia con exenciones impositivas. Ello
implica la asunción indirecta de deuda privada por parte del Estado y el
beneficio directo de las empresas extranjeras.
El proceso de
trasnacionalización de la economía argentina fue acompañado de un proceso
de profundización de la internacionalización de su sistema financiero, en
especial, por medio del proceso de expansión de los bancos extranjeros. A
fines de 1994, los bancos extranjeros controlaban el 18% de los activos
argentinos y alcanzaron casi el 50% a fines de 1999.
Este proceso de
mayor apertura financiera, al mismo tiempo, flexibilizó aún más los
controles sobre las remisiones de capitales al exterior. Se estima que en
la actualidad el monto de activos argentinos en el exterior asciende a
90.000 millones de dólares, algo así como las dos terceras partes del
total de su deuda pública.
¿Un camino sin
retorno? Veinticinco años de expolio, vaciamiento, descapitalización y
desgaste de la economía argentina, llevaron al país a una crisis económica
y social sin precedentes. Cuando De La Rúa subió al gobierno (1999) las
cartas ya estaban echadas. Una obstinación desmedida en cumplir los
mandatos del FMI y en continuar el modelo perverso iniciado en 1976,
terminaron por sumir a gran parte de la población en la marginalidad, la
exclusión social y la miseria. El estallido social no se hizo esperar
cuando las restricciones bancarias ordenadas por el Ministro Cavallo
tocaron el estómago de los agentes de la economía sumergida y el bolsillo
de una clase media casi extinta. El «pueblo argentino en caos», tal como
lo describía la prensa del establishment, de madrugada, inmediatamente
después del Estado de Sitio decretado por el presidente, se autoconvocó
(10.000 personas) y llenó la Plaza de Mayo de Buenos Aires «armada» de
cacerolas y sin banderas partidarias, para repudiar las medidas y exigir
la dimisión de Cavallo y De la Rúa, además de un cambio radical del rumbo
de la política económica nacional. Y en parte lo logró.
Sin embargo,
los planes de las más diversas alianzas partidarias, que van pretendiendo
la sucesión del trono, no pasan de experimentar fórmulas que contengan,
con mayor o menor eficacia, la demanda popular, para entretanto, acordar
con «los de afuera» la mejor estrategia para salvar el capital.
Mientras en
palacio resuenan teléfonos rojos y los distintos relevos acuerdan misiones
a Washington, ninguna propuesta, plan o programa político recoge el
reclamo popular: abolición de la deuda externa, identificación y castigo
de los responsables del endeudamiento-dependencia y de la pérdida de la
soberanía popular, sumado a una amplia participación de todos los sectores
en la toma de decisiones y una redistribución justa de la riqueza.
Los argentinos
saben que tienen la oportunidad histórica de utilizar el poder de negarse
a pagar su desorbitante deuda y cortar con el espiral viciado del
endeudamiento externo de los países del sur. Y por el momento se muestran
firmes en su decisión de no apoyar un eterno– nuevo gobierno
oligarca-feudal, entreguista, autoritario y neoliberal, y reclaman
pacíficamente, unidos y organizados la restitución de su rol político y
social.
Notas
1 Durante
la dictadura, el FMI designó un ejecutivo que funcionaba en el Banco
Central, con el objetivo de monitorear hasta qué punto el país podía
soportar el endeudamiento externo.
2 La
mayoría de préstamos otorgados a la dictadura argentina provinieron de los
bancos privados norteamericanos (Eric Toussant, 2001) y contaban con el
aval del gobierno de EU.
3 Fue
el caso de YPF. La petrolera nacional fue forzada a endeudarse contando
con recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En los años
de la dictadura su deuda creció 16 veces. (Eric Toussant, 2001).
4 La
imposición acrecentó otra deuda, la ecológica; bajo la única mira de la
rentabilidad económica, ello significó una sobreexplotación de los
recursos naturales renovables y no renovables.
5 Además,
vale recordar que las empresas petroquímicas y de telecomunicaciones
fueron fuertes importadoras de equipamiento, con lo cual un alto
porcentaje de la inversión se concretó en el exterior.
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Entrevista a
Armando De
N e g r i |
«La agenda neoliberal,
un camino sin
alternativas»
Entrevista realizada por Amparo
Hernández Bello durante su participación en el Primer Congreso Nacional
por la Salud realizado en Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, los
días 3 al 6 de octubre de 2001.
n febrero del 2001 se realizó en
Porto Alegre, Brasil, el primer Foro Social Mundial, un foro alternativo
al Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Suiza, en el que más de
diez mil personas representantes de numerosas organizaciones populares y
sociales de cerca de 130 países, se reunieron para protestar contra el
neoliberalismo y la globalización y contra sus efectos en la vida social,
política, económica y cultural de los naciones.
Nueva Gaceta entrevistó a Armando de
Negri, uno de los organizadores y promotores del Foro, cuyo trabajo al
frente de la coordinación de planeación de la Secretaría de Salud de Porto
Alegre es ejemplo de resistencia contra el modelo neoliberal y de lucha
patriótica en beneficio del pueblo.
Nueva Gaceta.
¿Cómo ve el movimiento antiglobalización que se ha venido desarrollando
durante los dos últimos años a partir de la reunión de la Organización
Mundial del Comercio en Seattle, y cuáles son sus relaciones con el foro
social mundial que se llevó a cabo en Porto Alegre en febrero de 2001
Armando
De Negri. Yo creo que el principal aporte de las
manifestaciones en los varios escenarios internacionales en los que se han
llevado a cabo las reuniones del G7+1, del FMI y del Banco Mundial, ha
sido «destapar la olla» de un aparente acuerdo universal acerca de los
beneficios de la globalización. Si uno mira retrospectivamente, en estos
dos últimos años se ha acelerado el reconocimiento del agotamiento de lo
que podrían llamarse los pseudo beneficios de un proceso de mundialización
de la economía. Prefiero llamarlo así, puesto que el término globalización
abarca otros elementos, sobre todo de comunicación e información, que son
importantes e incluso característicos de nuestra época, pero que no están
vinculados directamente al centro de lo que han sido las protestas, que
son justamente en contra de la mundialización del capital.
Las manifestaciones que,
inicialmente, parecerían ser un poco la pelea de David contra Goliat, una
cosa un poco quijotesca quizá, de alguna manera expresan un sentimiento
creciente de inconformidad con el retraso de los beneficios prometidos con
este proceso de mundialización del capital. En este sentido el foro social
que se realizó en Porto Alegre es como un proceso de reflexión, más allá
del activismo de las manifestaciones y de las declaraciones que han
caracterizado las varias protestas a lo largo de las reuniones de los
organismos multilaterales que comandan la economía mundial y de los países
más poderosos del planeta. En el Foro hemos visto otra etapa. Un primer
esfuerzo por afirmar que otra realidad es posible, que otro mundo es
posible, como lo afirma la consigna del Foro. Y además, en este esfuerzo
de construir una alternativa, lo que me parece muy importante es ese
sentimiento de identidad frente a una gran diversidad de aportes, de
opiniones y de orientaciones.
Lo que resalta de los participantes
de Porto Alegre es este sentimiento en contra de lo que se plantea hoy
para el mundo y de la imposición, como estamos viendo por estos días, de
una fuerza militar casi absoluta por parte de Estados Unidos y sus aliados
más cercanos. Hemos visto que frente a este escenario sería posible
pensar, en primer lugar, la diversidad como opuesta a la idea de una
homogenización total de los aspectos no sólo económicos, sino también
culturales. A lo largo del Foro percibimos que hay una gran riqueza de
aportes, de opiniones, y ello implica reconocer que este mundo es un mundo
que se sigue moviendo por las identidades y los valores de la gente,
particularidades que la mundialización no logró superar porque no responde
a las necesidades de la gente y porque el espacio de la identidad
nacional, de la identidad cultural, es todavía un espacio fuerte de
resistencia y de afirmación frente al aplastamiento de este proceso
económico mundial.
NG.
¿Piensa entonces que reivindicar la soberanía nacional sigue siendo
importante, en un mundo generalizado por el modelo neoliberal, en el que
se impone la idea de fronteras rotas y en el que, cuando las decisiones se
toman a nivel internacional, poco cuentan las decisiones nacionales?
A.N.
Yo creo que es fundamental reivindicar la identidad nacional. Esto no
significa plantear un nacionalismo rea-ccionario, que es la degeneración
del nacionalismo que hemos visto y estamos viendo en los conflictos en el
panorama internacional. Pero de hecho me parece fundamental rescatar la
dimensión nacional, como una dimensión donde se ubica la identidad
cultural e histórica de los pueblos y que, además, nos permite entrar en
el proceso de la crítica de la mundialización del capital y del proceso de
globalización de la solidaridad. Es defender una cierta identidad política
que pueda tener peso en las negociaciones y en los procesos.
Lo que hemos visto en el discurso de
hacer más frágil la identidad nacional, abre la puerta a una pérdida del
estado nación como espacio de articulación de voluntades y necesidades,
proyectando la idea que los gobiernos de los estados nacionales no tienen
poder autónomo de determinar sus rumbos; es decir, obviando y anulando la
dimensión de la voluntad propia de los gobiernos nacionales. No cabe duda
que la mundialización del capital sólo es posible con la connivencia de
los gobiernos nacionales. Entonces, rescatar el espacio de lo nacional es
en extremo importante para ubicar los intereses y necesidades de la gente
en el plano colectivo.
Pero me parece que hay otro elemento
importante, que ha sido planteado repetidamente por nuestro alcalde en
Porto Alegre, Tarso Genro, que es justamente el papel y el espacio de las
ciudades en el proceso de la mundialización. Las ciudades como espacio de
resistencia y como espacios de construcción de una globalización de la
solidaridad. Esto es bastante interesante puesto que la urbanización en el
mundo es un proceso supremamente importante, y en muchas ciudades, incluso
en América Latina, se construyen procesos y proyectos alternativos de
poder. En la coyuntura actual es más fácil llegar al poder en las ciudades
con fuerzas alternativas, que llegar al poder en los Estados nacionales,
lo cual está sujeto a muchas manipulaciones por los intereses del capital
y por los movimientos de los grandes bloques políticos tradicionales.
Nosotros en Porto Alegre, explotando
las brechas contradictorias resultado de los gobiernos autoritarios y
conservadores que tenemos en nuestros país, hemos logrado ocupar gobiernos
locales. Creo que es una experiencia muy importante, y no fue otra la
razón por la que cuando se escogió la ciudad de Porto Alegre para ser la
sede del Foro, se valoró su experiencia histórica de doce años continuos
de gobierno del Partido de los Trabajadores y su afirmación de la ciudad
como un espacio de construcción de la ciudadanía. Una especie de
laboratorio de potenciales soluciones a los desafíos nacionales con una
perspectiva democrática y políticas sociales incluyentes.
Por eso creo, que además de afirmar
el espacio del Estado nacional, es momento también de afirmar la identidad
y la participación de las ciudades como espacios que están más accesibles
a proyectos políticos innovadores.
N.G.
¿Cómo resumiría la experiencia del primer Foro y cuáles son las
expectativas para el 2002?
A.N.
Como ya lo había señalado, el primer Foro estuvo caracterizado por una
gran variedad de planteamientos desde las necesidades de los distintos
movimientos que demandan respeto a las opciones sexuales, al derecho de
las mujeres, al derecho de los indígenas, a los que no tiene casa, a los
que no tiene tierra. De alguna manera fue una gran representación de todos
los que se sienten excluidos de acceder a los beneficios de la tan
difundida mundialización de capital. La diversidad fue la pauta y por eso
este encuentro, con sus más de 400 talleres y actividades paralelas, fue
diferente a otros eventos más tradicionales donde al final se tiene una
declaración única.
El Foro marcó un campo de
posicionamiento, de crítica, y afirmó la posibilidad de algo distinto
respetando la diversidad y respetando los procesos que cada país, y cada
grupo humano, requieren para satisfacer sus deseos de vida y de afirmación
de la autonomía. Y dejó para nosotros en Porto Alegre un sentimiento muy
fuerte de inclusión. La ciudad se incluyó en el panorama internacional y
en los debates mundiales, y acercó a la gente común a este planteamiento
de nuestro alcalde sobre la ciudad como un espacio que puede proyectar su
producción y construcción política en el panorama mundial. Yo creo que
esto es en extremo importante, porque rescata para el cotidiano de las
ciudades, la posibilidad de participar desde una perspectiva distinta y no
sólo desde la que nos venden como una visión hegemónica.
En este sentido, una gran
contribución a la reflexión sobre una alternativa la hizo Boaventura de
Sousa Santos, el famoso sociólogo portugués, que en su intervención aportó
el concepto de fascismo social. Boaventura dice que en las democracias
actuales, en las democracias formales representativas, tenemos un fuerte
componente de fascismo social en la medida en que, en los debates no se da
alternativa. La agenda neoliberal, la lógica del capital y del equilibrio
financiero de los Estados, en contra de la respuesta a las inmensas deudas
sociales, se nos ha presentado como un camino sin alternativas, y a la
forma impositiva y autoritaria de romper progresivamente la capacidad de
pensamientos alternativos, es a lo que el sociólogo llama fascismo social.
Si pensamos su contribución, considero que el Foro fue sobre todo una
afirmación de que otro mundo es posible, es el mensaje más fuerte que el
movimiento de los últimos años ha afirmado.
¿Cuál es la expectativa para el
segundo foro? A partir del primero hubo discusión acerca de dónde debería
ser el siguiente evento y se decidió en Porto Alegre, pero se espera a
partir del tercero replicarlo en diversos continentes, en diversas partes
del mundo, abriendo un espacio más accesible a la participación de la
gente del pueblo.
Lo que se impone para el encuentro de
este año es establecer grandes ejes de convergencia. Yo esperaría la
construcción de una declaración política más fuerte, logrando establecer
los parámetros de esta acción mundial por otro tipo de proceso
globalizador de la solidaridad, por así llamarlo. Creo que lo acumulado
con el primer foro y con la producción que se ha seguido después, ha
permitido perfeccionar las contribuciones para abrir un campo de
convergencias, respetada la diversidad, que permita multiplicar la
iniciativa a nivel internacional, sin perder una identidad central. Me
parece que ese es el gran tema.
Si tuvimos cerca de diez mil personas
en el primero, esperamos para este segundo treinta mil personas, y muchos
movimientos que son satélites al evento están planteando grandes
encuentros; algunos inmediatos como el Segundo Foro Mundial de Autoridades
Locales, el Segundo Foro Mundial de Jueces, el Segundo Foro Mundial en
Defensa del Derecho a la Salud y el Foro Mundial, no Oficial, de la
Educación.

Hay un conjunto de cosas y todas
ellas tienen como objetivo la concreción de la idea de una alternativa.
Afirmar cómo sería este mundo, distinto a lo que tenemos hoy, y cómo nos
oponemos a la mundialización del capital con este principio general de la
globalización de la solidaridad. Este es el escenario y de alguna manera
tenemos una cierta obligación de llegar a él con posiciones más maduras,
más documentadas, conservando el espíritu de diversidad y de democracia.
La expectativa política es bastante grande.
N.G.
¿A qué se refiere con «posiciones más maduras»?
A.N.
Creo que la expectativa es pasar de una fase de afirmar la crítica, de
decir que no estamos todos de acuerdo con ese proceso que se nos presenta
como algo que está dado y sobre el que no hay nada más que hacer, en la
que rompemos el discurso hegemónico de un absoluto acuerdo sobre el
proceso y denunciamos que la globalización no está disminuyendo las
brechas sociales. Yo creo que hay una expectativa proyectada que es buena.
O avanzamos más fuertemente en eso, o
este movimiento irá poco a poco cayendo en una cierta pérdida de
credibilidad en términos de su esencia. Me parece que se está completando
un cierto ciclo de ruptura, de denuncia, de afirmar la diversidad, de
alternativas, y ahora hay que llenar ese espacio que este mismo movimiento
generó como movimiento político que busca una alternativa. Hay que decir
qué alternativa es ésta, en las ciudades, en los Estados, en los
departamentos, en los países, en los grupos humanos que se movilizan
alrededor de esta iniciativa. A eso me refiero como maduración de una
producción capaz de responder a esta expectativa.
De alguna manera el primer foro
generó una nueva agenda para estos movimientos que se oponen a la
mundialización y que ahora tenemos un compromiso ético y moral de
presentar alternativas y empezar a construir. Obviamente no esperamos que
de ahí salga algo suficiente, pero sí esperamos avanzar en la propuesta y
en una serie de mecanismos de reordenamiento de las relaciones
internacionales y de propuestas que puedan poner sobre la mesa la agenda
de los mecanismos para disminuir efectivamente la pobreza y las
inequidades sociales, no como ajustes puntuales sino como una crítica
estructurada capaz de generar alternativas en el campo de los modelos de
desarrollo económico y social que hoy son hegemónicos y que necesitan ser
cambiados. Yo creo que por ahí anda la cosa. Creo que hay muchos espacios
y actores sociales que pueden aportar elementos.
Haciendo un paralelo con este Primer
Congreso Nacional por la Salud de Bogotá, creo que la expectativa es la
misma. Se dice que la forma como está estructurada la atención en salud en
Colombia no sirve y, además, no sirve la matriz socioeconómica que genera
este tipo de organización institucional. Al decir eso se niega
dialécticamente la realidad y es necesario afirmar cuál es la propuesta
frente a esta negación de lo que está hoy. Guardadas las proporciones es
el mismo proceso.
Yo veo aquí un movimiento por la
salud perfectamente coherente con este debate internacional, porque de
alguna manera lo que se está haciendo aquí es atacar ese concepto de
fascismo social que ha dicho que esa es la mejor y la única salida. Por
razones financieras, por razones de organización administrativa o de lo
que sea, nos han impuesto tecnocráticamente una única respuesta a una
pregunta que de hecho no se ha respondido. La satisfacción de las
necesidades de salud en Colombia obviamente no fue alcanzada y esa es, en
última instancia, la razón y el combustible que hace que la gente venga
acá y exprese su inconformidad.
N.G.
Volviendo al caso de la ciudad de Porto Alegre, en este momento de crisis
económica y social generalizada en América Latina, de la cual no escapa
Brasil, ¿qué políticas, qué logros concretos se han obtenido frente al
avance del modelo neoliberal que planteen una alternativa a la situación
de los otros países y del mismo Brasil?
A.N.
En la ciudad de Porto Alegre ahora estamos en el decimotercer año de
gobierno del Partido de los Trabajadores. La gran marca de nuestros
gobiernos hasta ahora ha sido el proceso del presupuesto participativo,
que es justamente un proceso donde la gente tiene la posibilidad concreta
de manifestar sus necesidades y transformarlas en demandas que después, de
una forma consensuada, progresiva y ascendente son decididas y esta
decisión es respetada por el gobierno. Eso significó lo que hemos llamado
el primer gobierno de «inversión de prioridades». Históricamente, la
inversión de recursos estaba centrada en las áreas más ricas de la ciudad
y no incluía a las poblaciones más pobres, y con la inversión de
prioridades durante estos tres gobiernos y el inicio de este cuarto, la
gente del pueblo construyó un espacio de poder efectivo. Un espacio con un
grado de independencia bastante grande puesto que no está vinculado al
gobierno sino que pertenece a las comunidades que tienen autonomía de
movilización y demandan al gobierno.
El problema es que toda esta
construcción centrada en un gran esfuerzo por aumentar la recaudación,
reordenando las finanzas de la ciudad y perfeccionando su gestión, su
administración financiera, su organización de servicios y el
fortalecimiento de todos los espacios de participación democrática, parece
estar llegando a un cierto agotamiento. Justamente porque somos una ciudad
que está dentro de un país, que está dentro de un continente, que está
dentro de un mundo, y se ve afectada por la recesión económica, por las
dificultades económicas y financieras y sobre todo por la falta de un
sistema tributario que sea realmente distributivo, desde el punto de vista
de la recaudación y distribución de las rentas. Casi el 70 por ciento de
los impuestos termina en manos del gobierno nacional y lo que vuelve a
nosotros es bastante inferior a lo que recaudamos en nuestra actividad
económica. Y luego hay una gran debilidad para sostener, en un proceso
continuo, el volumen de demandas de un presupuesto participativo.

Además hay otro tipo de crisis. En la
medida en que hemos expandido nuestras políticas sociales por la vía del
aumento de servicios, hemos también acumulado un crecimiento continuo de
los costos operacionales del sistema. Por ello estamos ahora en un momento
de una gran inflexión, de discusiones acerca de cómo seguir avanzando en
el proceso del presupuesto participativo. La primera cosa en la que el
alcalde y el grupo de gobierno están insistiendo, y que compartimos
totalmente porque somos portavoces y actores de eso, es que tenemos que
reubicar políticamente el espacio de la ciudad en el contexto nacional, en
términos de posicionar a la población frente a estos elementos
estructurales del Estado capitalista, de la política conservadora
neoliberal en Brasil. Es decir, el límite de nuestra capacidad de sostener
políticas públicas en la ciudad tiene que ver directamente con el modelo
de desarrollo económico del país, que genera cada vez más gente excluida,
y con la dificultad de mantener con recursos, que son escasos finalmente,
toda la gama de políticas públicas que tenemos como compromiso con la
población. Hay mucha gente que viene de otras ciudades a Porto Alegre
porque sabe que ahí hay políticas públicas.
Lo que pretendemos es re-politizar el
debate en el sentido que la misma gente que está ahí organizada y demanda
respuestas al gobierno local, ubique los límites de éste y entienda que
debe organizarse políticamente para demandar cambios en la estructura del
gobierno nacional frente a sus necesidades.
N.G.
¿Cómo ve este debate de cara a las elecciones del próximo año?
A.N. El debate es hoy muy fuerte.
Nosotros de alguna manera, por fuerza de una cierta moralidad de
izquierda, empezamos a creer que teníamos que responder a todas las
demandas y ahora nos damos cuenta de que tenemos un límite de respuestas y
que hay ciertas cosas que la matriz misma del modelo de desarrollo
económico y social del país, conservadora, y neoliberal, nos impide
avanzar. Es una especie de autocrítica. Tenemos que darle una nueva
potencia al debate y canalizar más energía política de la misma población,
de los mismos cuadros del partido, para reivindicar otro tipo de
tratamiento, otro tipo de ordenamiento del proceso nacional.
Este tipo de reflexión y sus
consecuencias es en extremo importante en este momento histórico del país,
porque el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Nuestro
candidato a la presidencia de la República tiene buenas posibilidades de
ganar y eso es, justamente, lo que nos demanda una reflexión acerca de
cómo enfrentar estos límites que están impuestos por la condición local,
frente a la organización del sistema económico y político del país, y por
otro lado, prepararnos para enfrentar el desafío de ese gobierno de la
nación y nuestros proyectos de políticas sociales, en un contexto de
muchas contradicciones entre la realidad económica y la inserción
internacional de Brasil.
Porto Alegre vive esta condición de
ser una referencia internacional, de tener un gran proyección con los foro
sociales mundiales y con la experiencia de la ciudad que es exitosa y nos
permite tener hoy los mejores indicadores sociales de las capitales del
país. Por ello, por una cuestión de responsabilidad pública nuestra, la
experiencia debe ser objeto de una reflexión bastante crítica en la que se
identifica la necesidad de un nuevo ciclo y la necesidad de promover el
empoderamiento para una movilización política más fuerte y para romper la
expresión estricta en términos de servicios de las necesidades de la
ciudad.
La población nos demanda servicios,
más escuelas, más salud, y nosotros estamos planteando otra inflexión que
nos demanden más salud, más bienestar, una formación más compleja que
permita al mismo gobierno evolucionar. Estamos estimulando a la población
a otro tipo de demanda estructurada dentro de un concepto menos
asistencialista, más intersectorial y, por tanto, más potente como
resultado social. Me parece que esto tiene más valor porque obliga a que
el gobierno dé otro tipo de respuestas más complejas. En este sentido el
liderazgo del alcalde es muy fuerte.

Yo creo que no habíamos logrado antes
lo que en este primer año de nueva gestión. Un grado mayor de acercamiento
entre las secretarías del gobierno local y un planteamiento cada vez más
exigente de cómo construir conceptualmente y operacionalmente respuestas
de gobierno articuladas, intersectoriales; respuestas que se inscriban en
una estrategia promocional de la calidad de vida. Esta integración es una
estrategia de potencialización de lo que estamos haciendo y de lo que
podemos hacer con miras a dar una mayor integralidad a nuestra acción como
gobierno local, que nos permita de alguna manera superar algunos aspectos
que están determinados por el agotamiento financiero del espacio
municipal.
El gobierno nacional ha
descentralizado muchas políticas sociales sin cobertura social de fondo.
Simplemente transfirió la responsabilidad sin apoyo económico y ese es un
tema que exige todo este replanteamiento de la acción política y de
reorganización conceptual y operativa del quehacer del gobierno local.
Por eso este momento es muy
importante. Porque de alguna manera nos exige la creación de otra etapa de
trabajo y nos obliga a estudiar los límites de la acción local para no
entrar en un proceso donde la municipalización se convierta en una especie
de panacea, en la respuesta universal obviando la matriz nacional de las
contradicciones, la injusticia del modelo de desarrollo y el contexto
internacional. La ubicación de Porto Alegre en el escenario nacional e
internacional y la misma realización del Foro, refuerzan este tipo de
reflexión y la discusión interna.
DECLARACIÓN POLÍTICA
Primer Congreso Nacional por la Salud
Los y las asistentes al Primer
Congreso Nacional por la Salud, que deliberamos por tres días en nueve
mesas de trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, bajo
el lema del derecho a la salud: una vía hacia la paz, realizamos el
siguiente pronunciamiento a la nación:
El hecho de que el Congreso por la
Salud haya congregado a 2120 personas procedentes de todo el territorio
nacional y representantes de una gran diversidad de sectores sociales;
campesinos, movimiento de mujeres, indígenas, trabajadores de la salud y
de otros sectores; representantes juveniles, pensionados, usuarios de la
salud, estudiantes, académicos, profesionales de la salud y de otras
áreas; funcionarios públicos y una importante representación de la
comunidad internacional, es una evidencia contundente de la movilización
social y del clamor ciudadano porque en nuestro país se garantice
efectivamente por parte del Estado el derecho a la salud.
Con la realización del Congreso por
la Salud pudimos demostrar, a partir de las 130 ponencias preparadas
colectivamente por diversas regiones y sectores sociales presentadas en
las mesas de trabajo, que la salud tiene un carácter positivo e integral
referido a la realización plena de la vida, trascendiendo la ausencia de
enfermedad.
Así mismo, conocemos y reconocemos la
profunda crisis de salud por la que atraviesan todas las regiones y
sectores sociales del país, expresada por el agravamiento de las
condiciones de vida de la población; la enorme exclusión al sistema de
salud por condiciones socioeconómicas, étnicas, de género, geográficas y
de edad; el derrumbamiento de la red pública hospitalaria, el
debilitamiento de las instituciones públicas de seguridad social, la
vergonzosa pérdida del componente de salud pública, el ataque a la misión
médica, la presencia de muerte, enfermedad y desplazamiento producto del
recrudecimiento de la guerra y de las múltiples violencias y el uso
indebido de los recursos públicos fruto de la intermediación financiera y
del fenómeno de la corrupción.
El Congreso reconoció que esta
situación de crisis de la salud está asociada con el tipo de modelo de
desarrollo neoliberal por el que ha optado Colombia, que ha atrapado a la
salud y a la seguridad social en la lógica del mercado, razón por la cual
se pierde la posibilidad de su garantía como derecho y se generan las
inequidades y exclusiones propias del mercado.
En este sentido, el conjunto de
organizaciones regionales y sectoriales reunidas en este Congreso por la
Salud, decidimos acoger como principios rectores para nuestra agenda
política común a la salud y a la seguridad social como derechos humanos y
bienes públicos, lo que implica ser reconocidos constitucionalmente, que
el Estado sea el garante de ellos y la sociedad y el conjunto de
organizaciones sociales en ejercicio de la ciudadanía se movilicen co-responsablemente
a través de una participación efectiva para velar por el cumplimiento y la
protección de ellos como fundamentos necesarios para una verdadera
democracia.
Con el Primer Congreso Nacional por
la Salud nos pronunciamos también para afirmar que existe un claro
abandono estatal en relación con la garantía del derecho a la salud y que
se requiere necesariamente de nuevas formas de gobierno local, regional y
nacional, en donde las comunidades participen activa y mayoritariamente en
el diseño, toma de decisiones y ejecución de las políticas de salud y
donde los funcionarios tengan un compromiso social y ético que recojan el
sentir de las necesidades sanitarias de nuestra gente para generar
condiciones saludables para el disfrute de la vida.
Reivindicamos el aporte de los
pueblos hermanos que estuvieron presentes en nuestro Congreso, que nos
manifestaron como en los casos de Cuba y España, que sí es posible el
desarrollo de una política de Estado en salud, que efectivamente garantice
y proteja a la salud como derecho humano para toda la población y como en
el caso de Brasil, donde la gestión local hizo realidad la salud como bien
público.
La mirada internacional en este
encuentro nos compromete con una tarea profundamente ética del pueblo
colombiano para con el resto de naciones, referida a evidenciar que
nuestro sistema de salud y seguridad social no puede ser tomado como
modelo para ser implementado en otros países, porque esto significaría
para ellos mayor exclusión, injusticia, enfermedad y muerte.
Decidimos avanzar en los procesos
organizativos y de acción que aumenten y fortalezcan el movimiento social
por la salud, condición indispensable para lograr que en Colombia la salud
se garantice como derecho humano y se preserve como bien público. Por esta
razón, y aprovechando la rica dinámica organizativa y movilizatoria
alrededor del Congreso, decidimos constituirnos como Movimiento Nacional
por la Salud y la Seguridad Social para recoger y potenciar toda esta
dinámica y posibilitar una instancia nacional con instancias regionales,
locales y sectoriales que se constituyan en voceras del sentir de las
necesidades de salud de la gente, y acoger como norte de la acción
política a la salud como derecho humano y bien público, y para concretar
las conclusiones derivadas de este Congreso y de los eventos por venir.
En este sentido, el Congreso hace un
llamado a todos los sectores sociales, locales, regionales, nacionales,
institucionales, populares y a la ciudadanía en general para que hagan
suyas las conclusiones de este Congreso por la Salud y agiten las banderas
de la salud como derecho humano fundamental, integrándose al Movimiento
Nacional por la Salud y la Seguridad Social, para que detengamos tanta
enfermedad, muerte y dolor evitable, tanta indolencia del Estado y de
nuestros gobernantes, tanto silencio y apatía ciudadana, tanta guerra,
desplazamiento, fumigaciones y barbarie, tanto cierre de hospitales
públicos, tanta deshumanización en la atención médica y hagamos de
Colombia un país viable, sano y prospero.
Los y las presentes nos comprometemos
a convertir en realidad los principios, estrategias y acciones que
salieron de este Congreso por la Salud como aportes para la vida, la salud
y la paz en nuestro país.
Por la salud como derecho humano
fundamental,movilización social y fortalecimiento del Movimiento Nacional
por la Salud y la Seguridad Social.
Por una Colombia digna, libre y
soberana.
El derecho a la salud, una vía hacia
la paz.
Por el Segundo Congreso Nacional por
la Salud, acción y movilización.
Bogotá, octubre 6 de 2001
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