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El caso de la
ENRON
RESPONSABILIDAD DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por: Carlos Rodado Noriega
Cuando apenas había transcurrido un año del gobierno de
Pastrana tuvo lugar un nuevo escándalo de corrupción. Sin embargo, el acto
doloso contra los intereses de la nación se vio frustrado esta vez gracias
a la actitud valerosa del entonces presidente de Ecopetrol, Carlos Rodado
Noriega. El ministro de Minas, Luis Carlos “el chiqui” Valenzuela presionó
al presidente de la empresa para que se firmara un contrato entre
Ecopetrol y la Enron, para la exportación de gas colombiano a Panamá, cuyo
borrador había sido redactado por la empresa norteamericana. Mediante este
contrato se favorecía a Promigás, una empresa de la que en ese entonces
eran socias la multinacional Enron, cuyas operaciones fraudulentas son hoy
vox populi, y Corfivalle, empresa en la cual Valenzuela ejerció como
presidente antes de ser ministro, y de la cual era y sigue siendo
accionista.
¿Por qué se opuso el presidente de Ecopetrol a la firma del
contrato? Porque era lesivo para los intereses de la estatal petrolera y
del país, como quiera que las utilidades beneficiaban a la multinacional,
mientras los riesgos los asumía por completo Ecopetrol. Vale la pena
aclarar que en esta ocasión, como en todas las otras en que sus amigos
estuvieron comprometidos en actos dolosos en contra del interés público,
el presidente Pastrana respaldó a Valenzuela, por lo que Rodado Noriega se
vio forzado a dejar la presidencia de la empresa estatal. En el siguiente
artículo hace un recuento detallado de tan vergonzoso episodio de la
administración pasada.
a función pública es una de las más nobles actividades que
puede realizar el ser humano. El servicio a la comunidad tiene un sentido
especial de grandeza porque es una acción cuyo objetivo es el bien común,
su meta es el colectivo social, pero tiene también un sentido de
desprendimiento porque el servidor público le sirve a los demás. En ese
proceso, la parte no se limita a ser un elemento constitutivo del todo
sino que le sirve al todo en su misión global.
Lo público tiene las características de lo sagrado y exige
para su manejo el mismo respeto y la misma delicadeza con que los
sacerdotes de diferentes credos ejercitan el culto de sus respectivas
religiones.
La política, bien entendida, es el ejercicio de la
inteligencia para beneficio de la sociedad. Infortunadamente, se ha ido
prostituyendo y desviando de sus verdaderos propósitos y se ha ido
convirtiendo, cada vez más, en una actividad de mercaderes en trance de
enriquecimiento o de medro personal.
Pero la conducta socialmente dañina y deletérea no es sólo
la del funcionario venal que utiliza su posición para beneficio propio
sino igualmente la del agente privado que soborna al servidor público para
que éste ejercite la función estatal en favor de un interés particular.
Aquí vale la pena recordar el interrogante que se planteaba la mística
española: “¿Quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: el que
peca por la paga o el que paga por pecar?”
Esa alianza vituperable, ese contubernio entre el
funcionario corrupto y el particular sobornador es la forma más frecuente
de delito contra la administración pública y de lesión contra el
patrimonio colectivo. Pero, por supuesto, no es la única. También se da
con mucha frecuencia el llamado conflicto de intereses en sus múltiples
facetas, siendo la más usual la de las personas que ejercen funciones
públicas y en cumplimiento de las mismas gestionan en causa o beneficio
propios o la de aquellos individuos que adoptan decisiones aparentemente
generales pero que conducen a una ventaja o a una excepción que beneficia,
en gran medida, a la empresa o al negocio en el que los mencionados
individuos tienen un interés particular.
Otra forma evidente de conflicto de intereses ocurre cuando
una persona natural o jurídica ayuda económicamente a un individuo que
todavía no es servidor público o lo recomienda para una determinada
posición, con la intención de solicitarle al beneficiario de la ayuda,
cuando ya resulta electo o nombrado, una contraprestación en términos de
decisiones contractuales o políticas que favorezcan a los “generosos
aportantes”.
La financiación de las campañas políticas con fondos
privados es hoy en día uno de los mayores riesgos que enfrenta la
democracia y uno de los factores que más contribuyen a distorsionar la
voluntad popular y, lo que es aún más grave, a desvirtuar la esencia de lo
público. En efecto, si las decisiones que deben ser adoptadas teniendo en
cuenta únicamente el interés general son manipuladas o, lo que es peor,
compradas por los particulares como cualquier bien que se adquiere en una
plaza de mercado, se produce una desfiguración grosera del concepto de lo
colectivo, que en ese caso ya no sería un instrumento del bien común para
el que fue ideado sino un gravoso y complejo aparato utilizado para
provecho de una minoría privilegiada.
Ahora bien, la función pública no se circunscribe solamente
a aquella que ejercen los llamados servidores públicos. Los particulares
también desempeñan funciones públicas, cuando el Estado les delega la
prestación de servicios públicos o sociales o les adjudica concesiones de
diferente índole. Pero además, hay funciones particulares que pueden
afectar el interés de la comunidad, razón por la cual deben adelantarse
con la misma transparencia y pulcritud con la que se manejan los asuntos
del Estado.
Una bolsa de valores, por ejemplo, debe obedecer a unas
reglas de juego claras, con la información adecuada y correcta, para que
los inversionistas estén en un plano de igualdad al afrontar los riesgos
normales de las actividades económicas. Por supuesto, nadie piensa ni
espera que en la agresiva lucha comercial, los ejecutivos se comporten
como la madre Teresa de Calcuta, pero tampoco que el afán de lucro los
lleve a quebrantar las normas de la ética o, a traspasar la frontera que
separa el ingenio y la habilidad comercial legalmente permitidos, de las
prácticas fraudulentas o delictivas.
La Enron, nacida apenas en 1985 como operadora de tuberías
de gas natural en EU, fue ampliando sus operaciones a otras áreas hasta
convertirse en la comercializadora de energía más grande del mundo. Gas,
electricidad, hidrocarburos se transaban utilizando los procedimientos más
modernos de la informática y los instrumentos más sofisticados de los
mercados financieros.
¿Pero, qué produjo el colapso de este gigante cuyo estómago
se inflaba con ganancias exorbitantes que no pudieron ser soportadas por
unos frágiles pies de barro? El abuso y la arrogancia de unos ejecutivos
que, movidos por ansias irrefrenables de medro personal, llegaron hasta el
extremo de sacrificar la existencia de la organización que les
encomendaron administrar.
La lección más importante que se deriva de este infortunado
caso es que antes de que se produjera la quiebra en términos del precio de
su acción se había producido la bancarrota moral, la quiebra de los
valores.
Sus “brillantes” ejecutivos, que deslumbraban con fulgores
de oropel, eran elogiados por doquier como ingeniosos diseñadores de
prácticas contables imaginativas, que luego resultaron ser métodos
tramposos para adulterar la situación real de la compañía. Sin escrúpulos,
los directivos de Enron alteraban fraudulentamente los estados financieros
de la empresa, ocultaban pasivos e inflaban las ganancias para hacer subir
mañosamente el precio de la acción y, por ende, el valor de la compañía.
Los descubren y se produce una crisis de confianza que
provoca una caída vertiginosa en el valor de la acción, desde 90 dólares
hasta 34 centavos, en el lapso de unas pocas semanas. La bancarrota fue el
desenlace obvio de las acciones y prácticas ilícitas que la precedieron.
El modus operandi de Enron, su inconfundible
libreto, fue siempre a lo largo y ancho del planeta del mismo tenor:
utilizar influencias políticas del más alto nivel para presionar la
suscripción de contratos leoninos o la adopción de políticas ventajosas
que permitían el enriquecimiento acelerado de la multinacional; hostigar a
los funcionarios públicos, especialmente a los de las naciones en vía de
desarrollo, acusándolos de lerdos o torpes cuando no corrían a
complacerlos en las decisiones que favorecían sus intereses; presentar
información deficiente al interlocutor comercial, amparados en su
prestigio avasallante.
Pero lo que ningún analista llegó a imaginar es que el afán
de lucro llevara a la referida empresa a manipular los estados financieros
para engañar a las propias autoridades norteamericanas y a miles de
inversionistas que resultaron lesionados por las informaciones
distorsionadas que presentaban sus directivos, quienes llegaron incluso a
dar engañosos consejos a sus propios empleados cuando les recomendaban
invertir los ahorros de sus pensiones en acciones de la compañía,
haciéndoles creer que era muy sólida, cuando los propios ejecutivos ya
estaban vendiendo esos títulos presintiendo la debacle que se avecinaba.
Los capitanes, como tránsfugas descarados, abandonaban el barco antes que
los pasajeros.
La década de los noventa constituyó la edad de oro de Enron.
Sus magníficas relaciones políticas la hicieron progresar de manera
descollante. La política de desregulación del mercado del gas natural
primero y de la electricidad al por mayor después, disparó las utilidades
de Enron, hasta el momento en que los apagones en California y las alzas
exageradas en el precio de la energía en varios estados de la Unión,
obligaron a un cambio de rumbo en la política energética norteamericana y
provocaron un declive de la poderosa empresa texana.
Adicionalmente, Enron quiso ampliar sus operaciones a
campos diferentes a los de sus operaciones tradicionales e incursionó en
el mercado de las telecomunicaciones en frecuencia de banda ancha a través
de fibra óptica y en el complejo mercado de la venta de agua. Esos ensayos
resultaron desastrosos, pero para unos ejecutivos acostumbrados a convivir
con el éxito resultaba muy difícil mostrar algo que no fuera un desempeño
económico espectacular. Resuelven entonces crear unas sociedades paralelas
cuyo propósito era sacar del balance de la compañía principal, mediante
torcidas prácticas contables, información relacionada con sus debilidades
económicas.
Todo esto fue posible por la complicidad de la firma Arthur
Andersen, la cual recibía jugosos honorarios -52 millones de dólares
anuales- por su rol de revisor fiscal, pero simultáneamente fungía de
consultor que emitía conceptos muy bien retribuidos. Esa firma practicó
una auditoría complaciente y llegó incluso a ordenar la destrucción de
archivos electrónicos y documentos que pudieran servir de pruebas
comprometedoras.
Abraham Lincoln sentenció en alguna ocasión que “se puede
engañar a algunos todo el tiempo; se puede engañar a todos por un rato;
pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
Durante cinco años ocultaron la realidad contable de la
compañía. Sin embargo, varios indicios y señales generaron desconfianza
entre analistas y autoridades. Para algunos periodistas de la revista
Fortune resultaba sospechoso el espectacular repunte de las acciones de
Enron. Pero cuando algún comunicador social intentó interpretar aspectos
de unos estados financieros indescifrables, le tiraron las puertas en las
narices diciéndole que sus balances no podían ser entendidos por personas
de escaso vuelo intelectual. El retiro abrupto de Jeffrey Skilling en
febrero de 2001, después de ejercer la presidencia ejecutiva de la empresa
por sólo seis meses, encendió las alarmas. El precio de la acción empezó a
descender. Intervino la Comisión de Bolsa y Valores de EU y se desató el
escándalo.
La quiebra de la compañía Enron y las investigaciones a que
ha dado lugar han destapado una olla podrida cuyas fétidas burbujas
amenazan salpicar a los más altos funcionarios de la Casa Blanca.
A su turno, varios de los directivos de la empresa están
siendo investigados por las autoridades del Tío Sam en relación con la
comisión de delitos muy graves. Las evidencias de un pecaminoso
contubernio entre el interés público y el interés privado son
apabullantes.
Con las alforjas hinchadas de ganancias, que lograba
gracias al tráfico de influencias y a prácticas ilícitas, Enron y sus
directivos irrigaban generosamente las campañas políticas, y luego sus
empleados pasaban a servir como asesores de los elegidos para proponer
políticas comerciales y energéticas que los favorecían enormemente o para
diseñarlas como funcionarios públicos. Igualmente movían sus influencias
para hacer nombrar o destituir a los reguladores que los debían vigilar.
Medios de comunicación muy importantes han revelado que el
vicepresidente de EU, Dick Cheney, o miembros de su gabinete se reunieron
en varias ocasiones con directivos de Enron para elaborar el llamado plan
energético que contenía al menos 17 propuestas que beneficiaban a esa
compañía. Cheney ha rehusado entregar las actas de dichas reuniones, razón
por la cual la Oficina General de Contabilidad del Congreso le ha
entablado demanda para que las revele por tratarse de documentos que debe
conocer la opinión pública.
Pero la trama de este tinglado es muy compleja, tanto que
luce como una madeja inextricable por la cantidad de intereses envueltos.
En el sector privado, fueron muchos los intermediarios financieros,
banqueros de inversión, comisionistas de bolsa, analistas de Wall Street y
agencias calificadoras de riesgo que se demoraron mucho en advertir lo que
estaba sucediendo mientras devengaban pingües honorarios. En el sector
público, las interconexiones y los conflictos de intereses son aún más
evidentes. No sólo por las gruesas contribuciones que Enron y sus
funcionarios de más alto rango hicieron a las campañas políticas tanto de
los republicanos como de los demócratas, aunque con mayor generosidad a
los primeros que a los segundos. Según el Center for Responsive
Politics, la mitad de los miembros de la Cámara y las tres cuartas
partes de los senadores recibieron aportes de Enron.
Entre los altos dignatarios de las diversas ramas del poder
público los papeles entrecruzados de juez y parte salen a relucir todos
los días. El Fiscal General John Ashcroft, tuvo que declararse impedido
para investigar los desafueros, cuando le hicieron caer en la cuenta de
que él mismo había sido beneficiario de una contribución de 57.000 dólares
en su frustrada campaña al Senado en el 2000. Según The Washington
Post, treinta y cinco de los más altos funcionarios del gobierno,
incluyendo algunos ministros del gabinete, tuvieron hasta el año 2001
vinculación accionaria con Enron.
El gobernador de Texas, Rick Perry, nombró en junio del año
anterior como director de la Comisión Reguladora de Empresas Públicas de
ese estado a un ejecutivo de Enron. Al día siguiente, el gobernador
recibió de Kenneth Lay, presidente de la junta directiva de la empresa,
una donación de 25.000 dólares. Interrogado el funcionario por los medios
de comunicación, se limitó a decir que se trataba de una simple
coincidencia.
El fiscal general de Texas, John Cornyn, dijo que llevaría
las investigaciones del caso Enron hasta sus últimas consecuencias, lo
cual causó regocijo entre las gentes. Sin embargo, un grupo de seguimiento
político reveló que él también había recibido contribuciones de la
multinacional por 193.000 dólares, lo que obligó al funcionario judicial a
declararse impedido para continuar con la investigación.
Frente a una situación como ésta la ciudadanía espera que
quienes adelanten las investigaciones no deberían haber recibido
contribuciones de Enron. Pero esta condición la cumplen muy pocos en
Texas. En efecto, cualquiera que sea el desarrollo del proceso judicial,
lo más probable es que vaya a culminar en la Corte Suprema de Justicia de
ese estado. ¿Y qué se ha encontrado allí? Pues que siete de los nueve
magistrados fueron beneficiarios de Enron.
Como se puede ver, la capacidad de la mencionada
multinacional para hacer gratificaciones con la intención de obtener
ventajas o comprar silencios, no tenía más límites que la imaginación de
unos directivos con una moral muy laxa, que estaban convencidos que con el
dinero podían comprar todo: bienes, servicios, auditores, conceptos y
conciencias, porque “poderoso caballero es don dinero” y todos se deben
rendir a sus halagos.
Por supuesto, estas prácticas no son nuevas. Desde tiempos
remotos se han utilizado, pero han resultado nefastas para las sociedades
que las consienten como procedimientos cotidianos. La corrupción extendida
ha sido el preludio de la decadencia de las naciones como le aconteció a
Roma, cuando Cicerón, alarmado por la inmoralidad de sus compatriotas,
exclamaba: ¡Oh tiempos, oh costumbres!
El gas de La Guajira
Ahora bien, ¿qué pasó en Colombia con la compañía Enron?
Una historia similar a la que hemos narrado como capítulo
de EU estuvo a punto de suceder en nuestro país, ya que la mencionada
empresa utilizó la misma metodología de mentiras, arrogancia y artimañas,
para tratar de obtener ventajas en un contrato de comercialización y
transporte de gas que, de haberse firmado, hubiera afectado enormemente el
patrimonio nacional. En ese propósito, logró avanzar hasta el punto de
convencer al ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela y a su
equipo de las “bondades” del fabuloso negocio y pretender que el entonces
presidente de Ecopetrol firmara un contrato al cual este último se opuso
rotundamente, evitándole al país un descalabro comercial y al gobierno un
enrongate.
¿Por qué se opuso el presidente de Ecopetrol a la firma de
ese contrato? Por considerar que era lesivo a los intereses de la estatal
petrolera y del país, como quiera que las utilidades beneficiaban en gran
medida a la multinacional y, por el contrario, los riesgos los asumía por
completo Ecopetrol.
La Enron proponía comprar gas de la Guajira, transportarlo
por el gasoducto de Promigás hasta Cartagena, desde allí hasta Colón
(Panamá) a través de un gasoducto submarino y luego venderlo allá con el
fin de reemplazar el combustible líquido -mucho más caro que el gas-
utilizado en unas plantas térmicas.
Enron proponía comprar gas natural en un volumen de 70
millones de pies cúbicos por día, expandibles a 160 millones, a 75
centavos de dólar el millar de pies cúbicos, cuando el precio
internacional era de 1.75 dólares. Esa diferencia en 15 años le hubiera
representado al país una pérdida superior a los 500 millones de dólares.
De otro lado, se negaban a aceptar que Ecopetrol, como es lógico dentro de
su objeto social, participara en el negocio del transporte internacional a
través del gasoducto submarino, lo que implicaba otra pérdida enorme para
el país. Tampoco admitían que Ecopetrol fuese socio en la comercialización
internacional del gas en Panamá, donde radicaban las mejores posibilidades
de ganancia, por el enorme diferencial que existía entre el precio del gas
en Colombia, incluido su transporte hasta Panamá, y el precio del diesel o
del fuel oil que se buscaba sustituir.
Como si lo anterior fuera poco, quisieron imponer una
cláusula que prohibía la construcción, durante todo el tiempo del
contrato, de otro gasoducto competidor del de Enron, lo que resultaba
inaceptable por configurar una posición dominante de mercado que prohíbe
tajantemente la Constitución nacional.
En el seno de la junta directiva de Ecopetrol, el ministro
de Minas de la época mostraba un gran interés en que se cerrara la
negociación con Enron, para lo cual solicitaba de manera vehemente la
firma de un “memorando de entendimiento”. Me permití manifestar de manera
contundente que existían diferencias de fondo en torno al proyecto de
exportación de gas natural a Panamá, razón por la cual no era viable ni
conveniente firmar un documento que, como su nombre lo indica, se firma
sólo cuando hay unas bases mínimas de entendimiento entre las partes. Pero
en este caso lo que se daban eran dos posiciones totalmente divergentes en
aspectos fundamentales.
Entre los puntos que constituían motivo de desacuerdo con
Enron señalé los siguientes: 1) la forma de estructurar el proyecto, ya
que Ecopetrol aspiraba a ser socio tanto en la comercialización como en el
transporte del gas; Enron, por su parte, porfiaba en reducir a la empresa
nacional al papel de simple vendedor; 2) el precio al que se vendería
dicho combustible; 3) la garantía de un libre acceso a los excedentes de
capacidad del gasoducto a otros productores o comercializadores, en
condiciones de competitividad. Adicionalmente, se necesitaba hacer más
claridad sobre el balance de oferta y demanda de gas en el mercado
nacional para saber si existían reservas suficientes y tomar con razonable
tranquilidad la decisión de exportar los excedentes, ya que si se
incumplía en el suministro internacional, el país tendría que responder
con onerosas penalizaciones.
Entre tanto, el presidente de Ecopetrol había programado un
viaje a la ciudad de Houston para exponer ante empresarios de la industria
mundial de los hidrocarburos la nueva política petrolera de Colombia y las
oportunidades de inversión, particularmente de la denominada “Ronda 2000”,
es decir, el ofrecimiento de unas zonas para explorar o para obtener
producción incremental, a través de una licitación que pudiera ser exitosa
internacionalmente.
Desde Colombia se había concertado una agenda intensa de
compromisos, que en la sola ciudad de Houston cubría más de 25 reuniones,
presentaciones o conferencias a diferentes grupos de inversionistas, de
las cuales recuerdo por su importancia la conferencia pronunciada en el
American Petroleum Institute y las entrevistas con medios de
comunicación especializados, tales como el Oil and Gas Journal,
Petroleum Intelligence Weekly, Platts y otros.
En mi agenda no tenía contemplada reunión alguna con Enron,
ni la firma de un memorando de entendimiento con la mencionada compañía.
Sin embargo, al final de una cena con personalidades del sector petrolero,
la viceministra de Hidrocarburos, María Mercedes Prado, se me acercó y me
dijo que debía firmar un memorando de entendimiento sobre el proyecto del
gas. Le respondí que no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Me
dijo en tono arrogante que si no firmaba el documento debía explicarles a
los señores de Enron las razones que tenía para abstenerme de hacerlo.
Después de exponer mis razones se me planteó que en vez de
un memorando de entendimiento se podría suscribir una carta de intención,
redactada en los términos que yo considerara adecuados, para ser revisados
en un desayuno al día siguiente. Al quedar la redacción en mis manos había
una opción viable para trabajar.
La cena terminó bien avanzada la noche. Sin embargo,
trasnoché y redacté la versión que se me había encomendado. Llegué al
lugar convenido en compañía del doctor Robert Stewart, Director de
Comunicaciones de Ecopetrol, y encontré allí a funcionarios de Enron, de
Texaco y a la viceministra de Hidrocarburos, quien me invitó a una mesa
vecina y me dijo, en presencia del doctor Stewart, que el documento que se
iba a firmar no era el que yo había redactado sino uno que ella me
entregaba y que habían trabajado en conjunto la noche anterior con los
funcionarios de Enron. Lo leí y reaccioné con disgusto, manifestándole que
de ninguna manera firmaría ese papel.
Se trataba de una versión sutil de lo que ya había
rechazado en Colombia, pero además contenía unas cláusulas que revelaban
una alianza extraña entre el ministerio de Minas y Enron. En efecto, el
documento empezaba con una frase de este tenor: “Esta carta de intención
ejecutada el día 20 de octubre de 1999, entre la Enron, Texaco, Ecopetrol
y el ministerio de Minas y Energía de Colombia, denominadas colectivamente
las partes”. Me causó sorpresa ese primer párrafo, porque no había ninguna
razón para que el Ministerio de Minas apareciera como “parte” en el citado
convenio y su señalamiento como actor contractual indicaba a las claras
que efectivamente había habido un trabajo conjunto de redacción del
documento entre el ministerio de Minas y Enron.
De otro lado, resultaba inaceptable que se estableciera
como plazo perentorio el 15 de noviembre para tener acordada y ejecutada
la firma de “un contrato de venta de gas”, con lo cual se insistía una vez
más en reducir a Ecopetrol al papel de simple vendedor del hidrocarburo
gaseoso.
Finalmente, me pareció un exabrupto la cláusula final cuyo
texto rezaba: “En el evento de que este memorando de entendimiento no esté
acordado y ejecutado para el día 15 de noviembre de 1999, las partes
convienen que el asunto será referido al señor Presidente de la República
para que sirva de árbitro, pero si cualquiera de las partes objeta tal
arbitraje, entonces puede anunciar públicamente que el proyecto se da por
terminado y no será ejecutado”.
No era fácil entender los propósitos que se perseguían con
una cláusula de este tenor, además de constituir un irrespeto con el Jefe
del Ejecutivo sugerir su nombre para que desempeñara un papel que no tenía
nada que ver con sus funciones oficiales.
En el debate adelantado en el Congreso y ante la
Procuraduría, el doctor Valenzuela no negó la desafortunada intervención
de su viceministra. La aceptó. Sostuvo que el texto del documento al que
he hecho alusión lo elaboró Enron, pero entonces surgen varios
interrogantes que no sé por qué razones no afloraron en la investigación
de la Procuraduría. Por ejemplo, ¿por qué el ministro acepta ser “parte”
de un convenio cuya competencia le corresponde a otros actores? ¿Por qué
la viceministra se presta para ser portadora de un documento que preparó
Enron y que servía a los intereses de ésta y no a los del país, y promueve
su firma?
De todo lo anterior era dable deducir que los funcionarios
del ministerio de Minas creían en los beneficios del contrato que se
buscaba firmar. A este respecto, permítanme traer a colación la respuesta
dada por el doctor Valenzuela en una entrevista para El Tiempo, del
día 21 de noviembre de 1999, cuando le preguntaron qué pasó en Houston y
responde: “En Houston se le dice al doctor Rodado siéntese y redacte un
documento con la Enron que avance las conversaciones hacia alguna parte.
La rabia de Rodado es que se le ejerció una enorme presión para
hacer una reunión que llevara a algo como lo debe hacer un empresario”
(cursiva nuestra). Se advertía en esa respuesta el mismo tufillo de
arrogancia que empleaban los vanidosos directivos de Enron cuando, estando
ya su empresa al borde de la bancarrota, urgían al presidente de la Dynegy
Inc. para que tomara una decisión precipitada sobre la compra de la
compañía moribunda. El presidente de esta última, Chuck Watson, que sentía
que le estaban ocultando información importante para la adquisición, se
echó para atrás con estas palabras: “En algunos casos, el mejor negocio es
no hacer el negocio”.
¿Pero, cuál fue el resultado de las investigaciones
realizadas por la Contraloría y la Procuraduría en relación con el
escándalo de Enron en el caso colombiano?
La Contraloría dijo que el Ministro Luis Carlos Valenzuela,
en razón de poseer acciones en Corfivalle, empresa que a su turno era
accionista de Promigas, debió declararse impedido para actuar en la
consideración de un negocio en el cual tenía un interés económico
particular, pues de otra manera, como en efecto sucedió, se presentaba una
trasgresión de las normas legales.
Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento contundente,
la Procuraduría del doctor Bernal Cuellar, en franca contradicción con el
dictamen de la Contraloría, conceptuó que el porcentaje de acciones (0.23
por ciento) que poseía Valenzuela en Corfivalle era muy pequeño y, por lo
tanto, llegó a la conclusión de abstenerse de abrir investigación
disciplinaria.
Frente a todos estos desenvolvimientos, muy importante va a
ser el desenlace de las investigaciones en EU, donde igualmente se han
detectado numerosos conflictos de intereses relacionados con negocios de
Enron. Mi convicción es que allá no van a utilizar el argumento de las
cifras o los porcentajes pequeños, porque los impedimentos como las
inhabilidades se dan por razones éticas y no son susceptibles de
fraccionar con argumentos tales como parcialmente incompatible o
medianamente inhábil.
Con Enron hubo dos casos delicados, pero sólo uno de ellos
trascendió a la opinión pública. El que afloró como escándalo fue el del
contrato para comercializar gas de la Guajira que he explicado. Pero
varios meses antes se había presentado otra controversia en Ecopetrol, a
raíz del intento fallido de la privatización de las plantas térmicas de
Corelca, proceso bautizado con el nombre de capitalización de Gendelca.
El caso Gendelca
El ministro de Minas y Energía de la época, Luis Carlos
Valenzuela, y su viceministro de Energía Felipe Riveira, le asignaban una
alta prioridad a todo lo que fuera vender las empresas del sector
eléctrico a inversionistas privados. En el caso de las térmicas de Corelca,
Ecopetrol venía suministrando el gas para dichas plantas. El doctor
Riveira e Inverlink, banquero de inversión, abogaban porque ese gas, en un
volumen de 200 millones de pies cúbicos por día, se le vendiera al futuro
comprador de las plantas al mismo precio subsidiado al que se le venía
vendiendo a Corelca. El más interesado comprador resultó ser curiosamente
la empresa Enron. Frente a esa posibilidad, el ministerio de Minas quería
introducir una cláusula mediante la cual se permitía que los excedentes no
consumidos por las plantas se pudieran exportar, con lo cual se armaba un
jugoso negocio: comprar gas subsidiado en Colombia para venderlo a un
precio muy alto en Panamá.
¿Cuál fue la posición de Ecopetrol frente a esa propuesta?
De rechazo rotundo, porque era inaceptable que una multinacional se
pudiera beneficiar de un subsidio que se le otorgaba a Corelca, por ser
una empresa del Estado, para que las tarifas de energía al usuario fueran
razonables, pero de ninguna manera para que el sacrificio de Ecopetrol
sirviera para el enriquecimiento de una empresa privada.
¿En qué quedó entonces la privatización de las plantas
térmicas de Corelca? Después de unos debates muy intensos con el doctor
Valenzuela en la junta directiva de Ecopetrol, logré que ese ente
directivo revocara la decisión relacionada con las condiciones bajo las
cuales Ecopetrol suministraría el gas al eventual comprador de las plantas
de Corelca. Días más tarde apareció una noticia en la prensa, según la
cual quedaba cancelado el proceso de capitalización de Gendelca. El
abandono del proceso me hizo pensar que el mayor interés del inversionista
privado no era comprar los cascarones viejos de Corelca sino exportar
excedentes de gas con una gran utilidad.
Al mirar todo esto en retrospectiva, pienso que valió la
pena toda la intranquilidad personal y familiar sufrida, haber recibido
los dardos de la incomprensión o incluso mordaces críticas en las que se
me acusaba de estar demorando las decisiones porque no corría a favorecer
los intereses de la todopoderosa empresa multinacional. Enron, como
ustedes han podido advertir, constituía un poder avasallante con la
capacidad de acallar o someter al que se le opusiese a sus designios y a
sus ambiciones. Así fue en Argentina, en India y parcialmente en EU, donde
sólo se pudieron contener los ímpetus del gigante energético cuando ya el
daño era demasiado grande. Afortunadamente en Colombia los hechos tuvieron
un desenlace diferente.
Todo este recuento de cosas y casos, algunos de los cuales
ya son historia, no tiene como propósito demostrar que la historia me ha
dado la razón o que he obtenido un triunfo personal. No, éste no es un
triunfo personal porque yo no estaba defendiendo mi interés particular
sino el interés público. Triunfó el país que no resultó lesionado y la
única satisfacción que podría sentir con orgullo es que esta experiencia
pudiera servir como ejemplo en el cumplimiento de la función pública.
Uno de los retos que tiene Colombia es educar y preparar a
sus ciudadanos para que puedan desempeñar con eficiencia, responsabilidad
y pulcritud la función pública. La formación fundamentada en valores es la
mejor contribución al logro de ese objetivo. La corrupción está muy
generalizada y se presenta en todos los países, en algunos con mayor
intensidad, pero sus efectos son más erosivos y dañinos en los países en
vía de desarrollo, donde la pobreza y las desigualdades exigen la
canalización de un volumen apreciable de recursos para atender necesidades
básicas que todavía no están satisfechas.
Todos podemos contribuir en la tarea de mejorar la función
pública, a través de una activa y vigilante participación ciudadana, pero
sobre todo actuando correctamente como un imperativo moral, como un acto
de conciencia. De esa manera estaremos contribuyendo a construir una
sociedad más justa, más próspera y con una mejor calidad de vida.
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