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LOS SUTILES HILOS
DE LA CORRUPCIÓN
Y DEL PODER
Por: Consuelo Ahumada
Publicamos a continuación un capítulo del libro Cuatro
años a bordo de sí mismo. La herencia económica, social y política del
gobierno de Andrés Pastrana, de Consuelo Ahumada, directora de la revista,
publicado por El Áncora Editores y cedido especialmente para NUEVA
GACETA.
Antecedentes
La venalidad al por mayor, una corrupción de gran alcance y
a gran escala, ejercida por parte de los gobiernos neoliberales electos,
es la interpretación práctica del capitalismo desregulado, del libre
mercado”(1) , señalaba James Petras hace una
década, cuando se imponía el nuevo modelo de desarrollo en América Latina.
En efecto, la privatización de las empresas públicas y el debilitamiento
del Estado han llevado esta práctica a su paroxismo en los países de la
región, en consonancia con el deterioro de las condiciones sociales en
todos ellos. En el caso de Colombia, aunque la corrupción no fue ajena a
los últimos mandatos, sí tuvo su máxima expresión durante el gobierno de
Pastrana, en el cual se propició y encubrió con el mayor cinismo.
La cuenta paralela de la campaña
Chambacú, Dragacol, Bancos del Pacífico y Andino y
TermoRío, entre otros, fueron escándalos que ocuparon reiteradamente la
atención de los medios y del Congreso durante la mayor parte del último
cuatrienio. ¿Qué guardan en común estos asuntos? En todos ellos se
desfalcaron las finanzas públicas en cuantiosos montos. Sus responsables
principales, pertenecientes al estrecho círculo de los íntimos del primer
mandatario o a la primera plana de la nómina del Estado, fueron exonerados
y algunos de ellos recompensados con cargos burocráticos de alto nivel una
vez se desataron los embrollos.
Pero hay un elemento novelesco en todo ello: no sólo
algunos de los personajes principales del entramado se repiten en varios
de los episodios, sino que todos ellos tuvieron que ver con la campaña
“Andrés Presidente” y, más específicamente, con una cuenta paralela que
abrieron los amigos del entonces candidato en Cartagena durante el primer
semestre de 1998. Fue también en esta bella ciudad del Caribe donde se
gestó la mayoría de los escándalos. Como señalara el senador Javier
Cáceres en uno de sus memorables debates en el Congreso, la financiación
de la campaña presidencial en Cartagena es el eslabón que permite unir la
cadena. Mediante una cuenta abierta en el Banco del Pacífico por el ex
gobernador de Bolívar Miguel Navas Meisel, amigo personal de Pastrana, se
manejaron recursos para sufragar gastos de las elecciones en la ciudad y
el departamento, de los cuales no se informó a las autoridades
electorales.
En el asunto de la cuenta paralela también estuvo implicado
Fernando Araújo, coordinador regional de la campaña. Pero lo más grave es
que a dicha cuenta entraron dineros provenientes de Dragacol, firma que
financió en buena parte las actividades proselitistas. Como gobernador de
Bolívar, Navas Meisel le otorgó importantes contratos a esta empresa. Más
aún, hay indicios de que los recursos de Dragacol ingresaron en gran parte
a la campaña en Antioquia antes que en Bolívar(2).
Los cheques aportados a través del representante legal de la empresa,
Reginaldo Bray, resultaron sin fondos y sólo se hicieron efectivos cuando
el ministerio de Hacienda hizo los primeros pagos a su empresa, en
cumplimiento de la millonaria conciliación(3).
William Murra, gerente de una generadora de energía de
Cartagena, Proeléctrica, se convirtió en personaje clave para desenredar
el caso de Dragacol. Después de muchas evasivas, terminó confesando el 9
de junio de 2000 que cien millones de pesos de la empresa ingresaron a la
campaña presidencial. No obstante, en el curso de la investigación, la
Fiscalía estableció que fueron tres cheques de cincuenta millones cada
uno. De la cuenta paralela se giraron 188 cheques por valor de 95 millones
de pesos, que en su mayoría tuvieron por destinatarios a los senadores y
representantes de la Nueva Fuerza Democrática. Fernando Araújo suscribió
al menos la mitad de estos cheques y su firma aparece debajo de la del ex
gobernador Navas en todos ellos. Por otra parte, hay varias
contradicciones entre las afirmaciones de los dos principales
responsables. Mientras el ex gobernador reconoce que en la cuenta abierta
por Araújo sí se consignaron aportes que hicieron distintas personalidades
de Cartagena, éste insistió en que la cuenta pertenecía a Murra y a ella
nunca entraron aportes o donaciones, sino que se utilizaron en calidad de
préstamo recursos pertenecientes a Navas mientras llegaban los giros de
Bogotá(4).
Sin embargo, el asunto es todavía más intrincado. Fue a
través de Murra que Reginaldo Bray, dueño de Dragacol, conoció a Andrés
Pastrana en una reunión formal celebrada en el Hotel Las Américas,
construido por la firma del padre de Fernando Araújo. El encuentro se
produjo porque Bray ponía como condición para hacer la donación conocer
primero al candidato(5). Después de hablar
algunos minutos en privado, el candidato instruyó a Juan Hernández, uno de
sus colaboradores, y quien sería su secretario general de la presidencia y
otro de los protagonistas de primer orden de la cadena de corrupción, para
que coordinara la manera como se recibiría la ayuda. Navas Meisel y el
representante legal de Dragacol se habrían reunido al día siguiente en una
finca(6).
Como los cheques resultaron sin fondos, el ex gobernador
pidió a cinco amigos de Pastrana que firmaran unos pagarés para respaldar
la donación de Dragacol. Y de acuerdo con un certificado expedido por el
Banco del Pacífico, los sobregiros fueron cubiertos, coincidencialmente,
durante la fecha en la que el ministerio de Transporte empezó a hacer los
primeros giros de la conciliación con la empresa(7).
Chambacú
Empecemos con el recuento de las andanzas de Fernando
Araújo, ministro de Desarrollo de los inicios de la administración
Pastrana y el principal implicado en el escándalo, quien aparecerá
posteriormente en los principales episodios de corrupción del gobierno. En
1994 adquirió a un precio muy por debajo del mercado, y con préstamos de
bancos oficiales, un terreno perteneciente al Inurbe donde construyó un
lujoso edificio. En el debate parlamentario, el senador Juan Fernando
Cristo demostró que la licitación fue manipulada, por cuanto en ella sólo
se presentó una propuesta, a última hora, que era la de su firma, Chambacú
de Indias(8). Después de ganar la licitación,
esta empresa suscribió un contrato de fiducia con Fiducolombia y la
Corporación Granahorrar, por lo que en realidad no tuvo que pagar por el
lote, y como si fuera poco, el avalúo del predio lo hizo la empresa Araujo
& Segovia Ltda., de propiedad de su padre. El director del Inurbe en ese
entonces era Héctor (Tico) García Romero, íntimo de Araújo y de Pastrana y
otro de los implicados en la cuenta paralela de la campaña en Cartagena y
en el escándalo de TermoRío. Más aún, varios de los funcionarios del
ministerio de Desarrollo y del Inurbe, que tuvieron injerencia directa en
la asignación del predio, se convirtieron en socios de Chambacú de Indias.
Y como se trataba de una propiedad estatal que no podía ser vendida para
fines comerciales, hay quienes afirman que la operación sólo pudo
realizarse gracias a los buenos oficios del ministro de Desarrollo durante
el gobierno de Gaviria y actual embajador en Washington, Luis Alberto
Moreno, uno de los hombres más cercanos a Pastrana(9).
Pero ahí no pararon las denuncias contra Araújo. En el
mismo debate, el senador Samuel Moreno lo acusó de adeudarle al Banco del
Estado 450 millones de pesos en el momento de posesionarse como ministro
de Desarrollo y de utilizar sus influencias ante el IFI para lograr la
refinanciación de un crédito a favor del hotel Las Américas, de propiedad
de su familia. No fue para nada difícil hacerlo, porque tanto el banco
como el IFI están inscritos en el mismo ministerio. Como consecuencia,
Araújo se vio obligado a renunciar a su cargo y la Fiscalía General de la
Nación abrió investigación penal en contra suya por presuntos delitos
contra la administración pública(10).
Dragacol
Quizás el escándalo más controvertido fue el que resultó de
la firma irregular de una conciliación por más de 26 mil millones de pesos
entre el ministerio de Transporte y la firma Dragados y Construcciones de
Colombia y el Caribe S.A., Dragacol, tres meses después de la posesión de
Pastrana, el 6 de noviembre de 1998. Cinco ex ministros de Transporte,
incluidos Mauricio Cárdenas Santamaría y sus antecesores inmediatos, se
vieron involucrados en la investigación, pero quien autorizó la firma fue
este último. Según la Procuraduría General, los perjuicios al Estado se
originaron en una indebida celebración y ejecución contractual,
negligencia en el seguimiento de los contratos, omisión de estudios
precontractuales y una errónea metodología en los procedimientos para la
determinación y reconocimiento de los ajustes, intereses y días de stand
by(11). Debido a ello, se reconocieron dobles
pagos a los contratistas, con intereses por encima de los legales, lo que
generó sobrecostos injustificados al ministerio y a la nación.
Para entender este enredo es necesario volver varios años
atrás. En 1988 el gobierno colombiano le compró la draga Bocas de Ceniza a
una empresa de dragados holandesa por quince millones 950 mil dólares, una
draga obsoleta que no había tenido el mantenimiento adecuado. Dos años
después de adquirirla, el gobierno decidió que sus costos de operación
eran muy altos y optó por dejarla en manos de un particular. Reginaldo
Bray ganó la licitación que se abrió para ello, con su empresa Coldragados,
constituida con un socio norteamericano, Todd Steve Faught, en 1991.
Debido a una serie de manejos fraudulentos, no obstante, la empresa
quebró, aunque Bray quedó con recursos suficientes para montar su propio
negocio. En febrero de 1994 constituyó la Sociedad de Dragados y
Construcciones de Colombia y el Caribe S.A., Dragacol, con un capital
autorizado de 10 millones de pesos pero incrementado en solo un año a 200
millones. Aunque no cumplía con los requerimientos de la licitación en
cuanto a experiencia y condiciones técnicas de las dragas, pocos meses
después obtuvo su primer contrato para dragar el río Magdalena, y pese a
todos los inconvenientes que se presentaron para el cumplimiento del
mismo, al poco tiempo le adjudicaron uno nuevo, esta vez con la
gobernación del Valle, para el mantenimiento y operación de la draga Bocas
de Ceniza, con resultados igual de nefastos. Cuando este último contrato
se canceló –lo mismo que el primero, por incumplimiento–, el ministerio de
Transporte suscribió nuevos contratos con Dragacol hasta llegar a un total
de siete, que fueron igualmente incumplidos por la firma de Bray. El
objeto de los contratos era el dragado del río Magdalena, del puerto de
Buenaventura y del canal de acceso al puerto de Barranquilla.
¿Por qué Dragacol seguía licitando tan exitosamente con el
Estado a pesar de su incumplimiento? La explicación está en sus nexos con
el poder. En el lujoso yate Lourdes, de propiedad de Reginaldo Bray,
pasearon destacadas figuras de la vida política nacional, entre ellas el
ex ministro de los dos últimos gobiernos, Néstor Humberto Martínez. A
comienzos de 1998 el senador bolivarense William Montes ofreció en él una
cena al entonces candidato presidencial Andrés Pastrana Arango, a la que
asistió “la crema y nata” del conservatismo del departamento. Otras
entidades del Estado también se vieron involucradas. En 1998 la sucursal
de la Caja Agraria de Cartagena, bajo la gerencia de la cuñada de Bray,
Marina Escobar Araújo, le autorizó dos sobregiros, por 400 y 188 millones,
doce días después de que la empresa abriera una cuenta con sólo diez mil
pesos. La autorización se hizo a pesar de que la empresa no tenía con qué
responder por sus obligaciones de corto plazo. Otra firma ligada al grupo
Dragacol, Holding Panamerican S.A., recibió sobregiros por 45 millones de
pesos por el mismo tiempo en el mismo banco.
A comienzos de 1998, cuando Dragacol demandó al Estado por
intermedio de Hugo Escobar Sierra, el entonces ministro de Transporte,
Rodrigo Marín, contrató a una firma de abogados que logró desvirtuar todos
y cada uno de los argumentos de Dragacol. El concepto de los abogados del
ministerio quedó plasmado en una solicitud de conciliación extrajudicial
del 20 de abril de 1998, suscrita por el ministro Marín Bernal y el
representante legal de Dragacol, Reginaldo Bray, en la cual el contratista
aceptaba 4.197 millones de pesos como reconocimiento por sus pretensiones.
Seis meses después, sin embargo, llegó a solicitar la estrambótica suma de
140.199.225.437, 50 millones de pesos(12).
Pero el asunto va más allá de lo que conceptuó la
Procuraduría. Los investigadores encontraron que el mismo día que se firmó
la conciliación, tras una maratónica jornada, Mauricio Cárdenas
Santamaría, entonces ministro de Transporte, y Fabio Valencia Cossio, el
principal elector de Pastrana y a la sazón presidente del Congreso,
hablaron cuatro veces por teléfono. Valencia le pidió al ministro recibir
en su despacho a Reginaldo Bray, y Cárdenas, luego de reunirse con él,
acordó entregarle 26 mil millones de pesos. Como si fuera poco, el Banco
del Estado le había exigido al ministerio que le pagara de inmediato 3.201
millones que Dragacol le debía al desaparecido Banco Uconal, entidad con
la cual se había fusionado. Esta suma ha debido ser descontada del dinero
de la controvertida conciliación, pero el ministerio nunca lo hizo con los
recursos que se le giraron a la empresa, con lo que, en la práctica, se
estafó al banco. De prosperar la demanda, la nación habría terminado
pagando también parte de los (13) mil
millones de pesos que esa firma adeuda a la DIAN y al Banco del Estado.
Quince días después de firmada la conciliación, el gerente
de la división legal de Uconal le envió un correo electrónico a la
secretaria general del ministerio de Hacienda, advirtiéndole de las deudas
de Dragacol con el banco. Ésta remitió el mensaje al entonces jefe de
crédito público del ministerio, Francisco Estupiñán, lo que no fue óbice
para que siguieran las “coincidencias” desafortunadas. El 26 de enero de
1999, cuando por fin Uconal decidió buscar el pago por vía judicial, el
vicepresidente administrativo, Ignacio Argüello, frenó el proceso y, cinco
días después de la orden, el ministerio de Trasporte pagó a Holding
Panamerican, otra firma de Bray, 4.800 millones de pesos. Más paradójico
aún es que sólo el 16 de febrero, cuando el ministerio de Transporte le
pagó otros 4.800 millones a la Holding, Argüello pidió que se continuaran
las diligencias13. Lo cierto es que Bray recibió los recursos de la
conciliación y nunca pagó sus deudas con Uconal.
Las indagaciones de la Fiscalía, no obstante, avanzaron
mucho más. Se comprobó por ejemplo que Juan Camilo Valencia González, hijo
de Fabio Valencia Cossio, tenía una estrecha relación con Reginaldo Bray,
por cuanto era el gerente y representante legal de la sociedad Imayinis
Comunicación Global S.A., una empresa constituida en febrero de 1998 y
encargada del manejo de imagen de Dragacol. La investigación corroboró que
la firma Imayinis le pagó a Bray en un año 170 millones de pesos, y la
Fiscalía demostró no sólo que éste era socio de la empresa sino que allí
trabajaban una hermana suya y dos sobrinos de Gilberto Gaitán González,
uno de los socios de Dragacol, además de una cuñada suya, hija del
dirigente conservador costeño Hugo Escobar Sierra, apoderado de la empresa(14).
La conciliación se firmó por 26 mil millones de pesos, pero
tal como demostró el senador Cáceres y como lo corroboraron los organismos
de control y vigilancia del Estado, su monto debió ser inferior a los 5
mil millones, por cuanto la cantidad restante no tenía soporte jurídico.
Extrañamente, en escasos tres meses se le alcanzaron a girar 17.600
millones, cuando es ampliamente sabido que una deuda con el Estado es muy
demorada. Según el entonces viceministro de Hacienda y Crédito Público,
Francisco Estupiñán, la suma se giró de inmediato, “pues en estos casos
las conciliaciones no dan espera”(15). Su
jefe y ministro de Hacienda de la época, Juan Camilo Restrepo, cuando era
precandidato presidencial, había recibido un homenaje organizado por
Reginaldo Bray en Cartagena, el jueves 2 de octubre de 1997, de acuerdo
con la revista Cambio. Al día siguiente disfrutó del consabido paseo en el
yate Lourdes. Se dice que Valencia Cossio, cuyo segundo renglón al senado
había sido Juan Camilo Restrepo, fue quien movió los hilos del poder en el
ministerio de Hacienda para que se agilizaran los pagos a la empresa de
Bray. Según Gloria Congote, algunos funcionarios del ministerio de
Hacienda que prefirieron omitir sus nombres, sostienen que fue tan
poderosa la influencia de Valencia Cossio en el ministerio de Hacienda,
que aún reprochan la manera como se afectaron los rubros de otros sectores
como salud o educación, para sacar la plata para Dragacol(16).
En el debate correspondiente, Cárdenas Santamaría se limitó
a reconocer que la conciliación había sido una “estafa contra el Estado” y
que como ministro de Transporte había sido asaltado en su buena fe. La
Fiscalía le archivó la investigación que se le adelantaba y fue absuelto
por su actuación en la conciliación, aunque quedaron sin resolver otros
cargos que se le habían formulado. Tiempo después la Procuraduría lo
sancionó con tres salarios mínimos, pero el presidente de la república ya
había premiado a uno de sus funcionarios estrella designándolo director
del Departamento Nacional de Planeación. Por su parte, Fabio Valencia
Cossio fue nombrado embajador en Italia y su hermano ministro de Minas y
Energía, primero, y después asesor especial de la presidencia. Gracias a
las denuncias del Senado, fueron llamados a juicio el ex ministro y ex
director del Partido Conservador, Hugo Escobar Sierra, el dueño y
representante legal de Dragacol, Reginaldo Bray Bohórquez, y algunos
subalternos de Cárdenas Santamaría, entre ellos el viceministro y el
secretario general del ministerio. Estos últimos fueron detenidos por
haber actuado en el comité asesor de un proceso liderado por el ministro
que fue absuelto. Antes del debate el senador Cáceres recibió llamadas de
Juan Hernández y Gabriel Mesa, secretario y subsecretario de la
presidencia. Este último le pidió que lo aplazara y no destruyera la
Alianza para el Cambio, a la cual el mismo senador pertenecía. Incluso
recibió la visita de Mauricio Cárdenas para que desistiera de sus
propósitos(17).
Cáceres demostró que la draga Josefina, propiedad de
Dragacol, estaba trabajando en el canal de acceso al puerto de Cartagena
en un contrato con la administración de Bolívar e indirectamente con el
ministerio, en la misma fecha en que debía estar cumpliendo con un embargo
por parte de la DIAN, un hecho que fue corroborado por la investigación de
la Contraloría. Según la Fiscalía, Juan Carlos Chaves, jefe de la oficina
jurídica del ministerio, hizo caso omiso del documento suscrito el 27 de
abril de 1998 por el ministro Rodrigo Marín Bernal y el representante
legal de Dragacol, en el cual se había pactado una negociación que no
superaba los 5 mil millones de pesos. Chaves había sido uno de los
ilustres alumnos del kinder de Gaviria(18).
A mediados de 1999, la Contraloría produjo un documento de
65 páginas, publicado en parte por El Espectador, en el cual
quedaba en evidencia que los investigadores de la entidad habían
encontrado méritos suficientes para que se abriera un juicio fiscal contra
Mauricio Cárdenas. Su padre, Jorge Cárdenas Gutiérrez, gerente general de
la Federación Nacional de Cafeteros, movió sus influencias para que el
proceso tomara otro rumbo, y fue entonces cuando el contralor pidió un
concepto al abogado constitucionalista Luis Carlos Sáchica, quien reafirmó
la responsabilidad del ministro(19) . Otro
concepto, esta vez de la ex consejera de Estado Dolly Pedraza, le fue
favorable, motivo por el cual el informe de la Contraloría concluyó que
éste incurrió en un error invencible y lo desvinculó de la investigación.
Sin embargo, el proceso tomó un curso diferente el 31 de
mayo del 2002, cuando el Consejo de Estado anuló la conciliación y
estableció que el ex ministro Mauricio Cárdenas y Reginaldo Bray debían
devolverle al erario 13 mil de los 17.600 millones que ya se habían
pagado. Las demás partidas quedaron congeladas luego de que el escándalo
estalló en el Congreso. El alto tribunal, al fallar una acción popular
instaurada por la Contraloría General de la República, dispuso también el
embargo de las cuentas corrientes y de ahorros, tanto de Dragacol como del
ex ministro, en calidad de deudor solidario. Si los recursos recuperados
por la nación no alcanzan para cubrir el monto exigido por la sentencia,
las cuentas bancarias de Cárdenas responderán por el faltante. Y aunque
los implicados tienen aún la posibilidad de apelar, el fallo representa
para ellos un serio revés. Al ex ministro, en particular, de poco le valió
el intenso lobby adelantado ante los jefes de las máximas entidades de
fiscalización y control del Estado(20).
Bancos del Pacífico y Andino
El mismo senador Cáceres, quien destapara el caso anterior,
fue el encargado de abrir, en 1999, la caja de Pandora de los bancos
Andino y del Pacífico. Dos años después, los representantes Gustavo Petro
y Hernando Carvalho adelantaron un debate en la Cámara con nuevas
revelaciones sobre el mismo episodio. Esta vez se trató de la pérdida de
112 mil millones de pesos en el primero de estos bancos y de 57 mil
millones en el segundo, por “negligencia y laxitud” de varios funcionarios
de altísimo nivel en el gobierno de Pastrana.
Los antecedentes del caso son los siguientes(21).
En septiembre de 1997, en plena campaña electoral, se constituyó la
empresa Westphere Capital Andina (WCA), cuyos socios eran, entre otros,
Luis Alberto Moreno, Luis Fernando Ramírez, Camilo Gómez y Moisés Jacobo (Jacky)
Bibliowitz, todos ellos pertenecientes al cerrado círculo de amigos del
entonces candidato Andrés Pastrana. La nueva empresa era filial de la
Westphere Capital de los Estados Unidos, una compañía que controlaba el
9.6 por ciento de las acciones del Banco del Pacífico del Ecuador. Poco
tiempo después de creada la firma en Colombia, Moreno y Bibliowitz, uno de
las principales contribuyentes a la campaña de Pastrana, ingresaron a la
junta directiva del Banco del Pacífico del Ecuador en representación de
los inversionistas, lo que equivale a decir que la filial colombiana
asumió la representación en Ecuador de la Westphere Capital de los Estados
Unidos. Moreno incluso presidió la junta, en tanto que Ramírez estuvo
vinculado al banco como representante de un fondo de inversiones. El 7 de
agosto de 1998, Pastrana se posesionó como presidente y nombró a Moreno
embajador en Washington, a Camilo Gómez secretario de la presidencia y a
Sara Ordóñez Superintendente Bancaria.
Pero el caso es todavía más truculento, porque el Banco del
Pacífico de Ecuador había creado una filial en nuestro país, el Banco del
Pacífico de Colombia, y el Banco Popular del Ecuador era dueño del Banco
Andino de Colombia. Los principales accionistas de estas entidades eran
banqueros ecuatorianos: de la primera, Marcel Lanilao, y de la segunda,
Nicolás Landes, quienes tenían excelentes amigos en Colombia. A comienzos
de 1999, Luis Alberto Moreno y Nicolás Landes acordaron la integración de
los bancos Pacífico y Andino; por su parte, Marcel Lanilao confió a
Fernando Londoño Hoyos, uno de los “primeros ministros” del actual
gobierno, su inversión en el país y desde 1994 lo llevó a presidir la
junta directiva del Banco del Pacífico. Londoño estuvo vinculado al banco
durante sus cinco años de existencia en nuestro territorio, y se retiró de
él seis meses antes de que la Superintendencia Bancaria detectara
operaciones que terminaron con su intervención y posterior liquidación. El
organismo de control encontró anomalías por parte de la junta que presidía
Londoño, tales como violación de topes de endeudamiento y préstamos
autorizados sin los debidos requisitos(22).
Volvamos, sin embargo, un poco atrás. Cuando la campaña
presidencial de 1998 avanzaba, Juan Camilo Restrepo, precandidato
conservador, recibió aportes del Banco Andino. Tiempo después, al llegar
al ministerio de Hacienda nombró como viceministro a Francisco Estupiñán,
vicepresidente del mismo banco y miembro de su campaña electoral. Además
de viceministro, Estupiñán era miembro de Consejo Asesor de la
Superintendencia Bancaria. Recordemos que este personaje también aparece
en el caso Dragacol agilizando el pago de la conciliación desde el
ministerio de Hacienda.
Gracias a esta conexión entre el ministerio y la entidad
financiera, el gobierno autorizó al Banco Andino y al Banco del Pacífico a
recaudar dineros de impuestos, a pesar de que durante más de un año hubo
evidencias de que los bancos estaban quebrados y venían incumpliendo
reiteradamente con el traslado de los recaudos al fisco. Más aún, el
senador Cáceres demostró que los bancos estaban sobreviviendo gracias a
los tributos de los colombianos.
En medio de su crisis, el Banco del Pacífico fue
intervenido, primero por el gobierno de Colombia, el 20 de mayo de 1999, y
seis meses después por el de Ecuador. A pesar de que en ese lapso el
gobierno debió hacer efectiva una garantía para recuperar las pérdidas, no
lo hizo. Los que sí actuaron con bastante diligencia fueron el puñado de
colombianos amigos del gobierno que tenían acciones en el banco. En medio
de un fuerte escándalo desatado en octubre del 2001, el entonces ministro
de Finanzas de Ecuador, Jorge Gallardo, se vio forzado a renunciar y,
posteriormente, cuando en el Congreso de su país el diputado Ronaldo
Andrade demostró que había participado con otros altos funcionarios en la
aprobación de un fideicomiso por 78 millones de dólares, que resarcía de
sus pérdidas a los antiguos accionistas del banco, se le dictó orden de
captura(23) Gallardo también había hecho
parte de la junta directiva del banco quebrado.
En el momento de su quiebra el Banco del Pacífico en
Colombia se encontraba bajo el control de los amigos de Pastrana, y en
especial del industrial Bibliowicz. Una empresa suya llamada Luminex tenía
en su junta directiva a personas como Fernando Londoño Hoyos, Luis Alberto
Moreno, Martha Lucía Ramírez y el ex alcalde Enrique Peñalosa. Durante la
década de 1990, el industrial judío se vinculó a cerca de diecisiete
firmas, cuatro de las cuales recibieron préstamos del Banco del Pacífico,
en cuyos balances figuraban como deudoras en el momento de la
intervención.
Como vino a saberse después por un informe de la
Superintendencia Bancaria, Bibliowicz manejaba el banco como si se tratara
de su caja menor. Él y sus amigos obtenían préstamos sin que les hicieran
estudios previos para determinar la viabilidad de las operaciones y la
manera como se pagarían. Según la Superintendencia, entre 1996 y 1998
Bibliowicz recibió créditos por 5.558 millones de pesos, de los cuales
2.400 estaban aún por pagar en el 2000. El beneficiado no utilizaba
recursos propios para saldar la reestructuración de muchas de sus deudas,
sino que el dinero salía del mismo banco, y el informe señala que personas
naturales y jurídicas vinculadas a él obtuvieron sobregiros para cancelar
antiguas acreencias(24). A este banco,
manejado como una sociedad mutuaria por los amigos del presidente, fueron
a parar los impuestos de los colombianos.
Por su parte, el Banco Andino fue literalmente saqueado por
Nicolás Landes, y no sólo en sus arcas sino en sus archivos, de acuerdo
con la demanda presentada por el gobierno colombiano. Como dato curioso,
el banquero ecuatoriano afirmó durante su defensa que, en 1994, Luis
Alberto Moreno estuvo varias veces en su lujosa mansión de Miami junto con
Andrés Pastrana, quien acababa de perder las elecciones presidenciales de
aquel año, y como dato aún más curioso hay que añadir que ya en la
presidencia, su gobierno se abstuvo de demandar a la filial del banco
ecuatoriano en Miami (Pacific National Bank) para cobrarle una garantía
por el monto depositado, tal como lo denunció el New Herald de esa ciudad(25).
El vicepresidente financiero del Pacific National Bank de Miami era en ese
entonces Ricardo Moreno, hermano del embajador en Washington. ¿Se
necesitan más explicaciones?(26)
La directora de impuestos del gobierno de Pastrana, Fanny
Kertzman, la dama de los perros, también entró en escena. En una decisión
sin antecedentes en la historia del país, la funcionaria viajó a Miami en
septiembre de 1999 y contrató a una prestigiosa firma de abogados para
radicar una demanda contra los directivos del Banco Popular, la casa
matriz del Banco Andino de Colombia y del Pacific National Bank de Miami.
Kertzman anticipó dos millones de dólares de los cinco que cobraron los
abogados como honorarios, pero con tan mala suerte que el primero de
octubre del 2001 la juez estadounidense encargada del caso lo cerró, con
lo cual se esfumó la pretensión del gobierno de recuperar los depósitos de
los contribuyentes. Lo más irónico de todo, finalmente, es que Nicolás
Landes, autoexiliado en Miami, contrademandó al país por 100 millones de
dólares, alegando que su honra y su buen nombre habían sido afectados en
los Estados Unidos debido a las acciones judiciales emprendidas en su
contra, con lo que se abrió la no del todo incierta posibilidad de que
Colombia tenga que entrar a indemnizar al banquero que la desfalcó(27).
En contraste, en el caso del Banco del Pacífico, donde no
era necesario un litigio sino la simple ejecución de un convenio, el
ministerio de Hacienda dejó pasar el tiempo sin tomar medidas. Presionada
por el escándalo que armaron varios medios de comunicación, Kertzman
anunció en una visita a Ecuador, en noviembre de 1999, que haría efectiva
la garantía, pero nunca lo hizo, lo que quiere decir que miles de millones
de pesos representados en recursos tributarios, arrancados a la población
con campañas intimidatorias y abusivas, fueron a parar a un par de bancos
privados entre cuyos accionistas estaba el núcleo predilecto de los amigos
del presidente.
La comisión tercera de la Cámara de Representantes, que a
finales del 2001 adelantó el debate respectivo, se declaró
mayoritariamente satisfecha con las respuestas de los cinco funcionarios
de la administración Pastrana citados para esclarecer el caso, luego de
una candente discusión de más de once horas. Los implicados continuaron en
sus altos cargos o fueron premiados. En el momento del debate Juan Camilo
Restrepo se encontraba en Francia como embajador, después de poner en
marcha el más drástico programa de ajuste fiscal de la historia del país.
Sara Ordóñez pasó de la Superintendencia Bancaria al Ministerio de Salud,
donde siguió rematando los hospitales públicos que no funcionan con los
mismos criterios de eficacia que ella mostró en la defensa del interés
nacional. Fanny Kertzman fue nombrada embajadora en Canadá después de su
gestión al frente de la Dian. Luis Alberto Moreno, con dos escándalos
sobre sus espaldas, continuó brillando en Washington como embajador
estrella. El actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lo
ratificó en su cargo, por su excelente desempeño en la consolidación de
las relaciones con los Estados Unidos, cuya nacionalidad él también porta
con orgullo. El quinto implicado fue Luis Fernando Ramírez, ex ministro de
Defensa y una de las personas más cercanas a Pastrana. Al unísono, todos
ellos insistieron en que el debate era un nuevo intento por desprestigiar
al presidente. “Esto no es más que un novelón político”, afirmó con
desparpajo la señora Ordóñez.
TermoRío
El 21 de diciembre de 2000, mediante un laudo arbitral de
266 páginas, el Estado fue condenado por un tribunal de arbitramento,
basado en los procedimientos de la Cámara de Comercio Internacional, a
pagar 62 millones de dólares (132 mil millones de pesos), en lo que ha
sido calificado como el más turbio litigio contra la nación en la última
década. El tribunal consideró que el Estado colombiano, a través de la
Electrificadora del Atlántico (Electranta), incumplió un contrato que
firmó con TermoRío para el suministro de energía.
A semejanza de algunos de los escándalos mencionados, el
que ahora nos ocupa se fraguó durante los gobiernos anteriores, aunque,
como los otros, tuvo su punto culminante en la administración Pastrana.
William Tarut Saiet, un ingeniero barranquillero, tuvo la idea de
construir una planta generadora de energía para nutrir a la
Electrificadora del Atlántico, empresa de la cual había sido empleado. Con
ese objetivo, creó la empresa Electrotar, de la cual era el único socio,
compró en doscientos millones de pesos un lote de tres hectáreas contiguo
a la planta de su antigua empleadora y empezó a buscar socios capitalistas
en el exterior. Muy pronto hizo contactos con Sithe Energies, uno de los
colosos mundiales del sector eléctrico, y le pagó a David Name más de
cincuenta millones de pesos para que le proporcionara asesorías técnicas
en el tema. No sobra agregar que David es hermano de José Name, integrante
por aquel entonces de la Comisión Quinta del Senado, responsable de los
asuntos eléctricos.
Sin duda, Tarut estableció la conexión perfecta para sus
negocios. David Name, retirado de la política activa, estaba dedicado al
sector privado. Era dueño de una firma de consultoría, Consultores de
Desarrollo, Condesa, con la que manejaba a comienzos del 2001 diez
contratos por 32.000 millones de pesos. Muchos de sus negocios tenían como
contraparte al Estado y se hallaban concentrados en el sector eléctrico,
pero había sido objeto de concesiones viales, peajes, trayectos férreos,
suministro de agua, gestión educativa e interventorías. Entretanto su
hermano mayor, José, participó de manera muy activa en la discusión y
aprobación de la Ley 142 sobre servicios públicos, mediante la cual se
decidió exactamente lo que Tarut necesitaba: su artículo 18 facultó a las
empresas de servicios públicos para participar como socias en compañías
prestadoras de servicios, y además les permitió asociarse con personas
nacionales y extranjeras e integrar consorcios con ellas. En 1996
Electranta, que estaba en una profunda crisis, se asoció con Coenergía
para crear Río S.A. El ingeniero barranquillero se quedó con el 51 por
ciento de la nueva empresa, en una operación que tuvo el visto bueno del
entonces ministro de Minas, Rodrigo Villamizar(29).
Así se constituyó Río Gen (en realidad TermoRío), que se encargaría de la
generación, y Río S.A. (ahora Electricom), a cargo de la comercialización.
Lo cierto es que toda esta diversidad de empresas (Coenergía, El Río S.A.,
Río Gen, TermoRío y Electricom) tenían los mismos socios y el mismo
domicilio: una oficina en arriendo en un lujoso barrio de Barranquilla.
Posteriormente, en una oscura licitación abierta por el
gerente de Electranta, se impuso TermoRío, que en junio de 1997 obtuvo un
contrato para suministrarle energía a aquella, nada menos que por un
período de veinte años y seis meses. Sin embargo, cuando se inició la
privatización de las electrificadoras de la Costa Atlántica, el gobierno
rompió el contrato por cuanto consideró que no se regía por las normas que
regulaban el sistema eléctrico nacional y porque además no era posible
vender una empresa amarrada por un compromiso de tan largo plazo(30).
William Tarut, Sithe Energy y Lease Co demandaron a Electranta por
incumplimiento y adujeron haber invertido más de ocho millones de dólares
en el trámite de las licencias ambientales, en la conexión al Sistema de
Transmisión Nacional, en las arras de un lote, en honorarios de abogados,
en los contratos para adquirir a través de leasing las turbinas
generadoras y en las gestiones para la consecución de empréstitos con el
Chase Manhattan Bank, y por ello exigieron una indemnización
correspondiente a lo que hubiesen sido sus ganancias en veinte años de
operación.
Adicionalmente, y ya durante el gobierno de Pastrana, éste
nombró a Enrique Ramírez Yáñez Superintendente de Servicios Públicos.
Amigo personal suyo, el hombre que le hacía los discursos cuando era
senador y alcalde de Bogotá y quien además fue jefe de su campaña
presidencial en Cúcuta, Ramírez se posesionó el 16 de agosto de 1998 y un
mes después le entregó a “su amigo personal desde hace treinta años”, el
abogado Marino Zuluaga, el primero de una serie de cinco contratos
fraudulentos de asesoría por la suma de 58 millones de pesos. Uno de tales
contratos fue precisamente la defensa de Electranta en el caso de la
demanda de TermoRío. Posteriormente, Ramírez nombró a una amiga y ex
empleada de Zuluaga, Marlén Valderrama, en el cargo de Intendente de
Entidades Intervenidas y en Liquidación, desde donde tenía bajo su
responsabilidad la tutoría de ocho recién posesionados gerentes
liquidadores de las electrificadoras de la Costa Atlántica(31).
En esta tríada de personajes (Ramírez, Zuluaga y Valderrama) recaía la
responsabilidad de defender a la nación: el primero como Superintendente
de Servicios Públicos, el segundo como abogado defensor y la tercera como
veedora de los procesos de liquidación. De acuerdo con un investigador de
la Contraloría, resulta curioso que sólo cuando los tres ocuparon sus
cargos, una semana después de que Ramírez designó a Valderrama, TermoRío
presentara la demanda. Un mes después, Zuluaga obtuvo un contrato por
2.596.402.831 millones de pesos para defender a la nación en el caso de
TermoRío y recibió de entrada 778.920.849 millones de pesos. No obstante,
hay algo todavía más insólito, y es que el 4 de agosto de 1999 se anexó al
contrato de Zuluaga un otrosí que abrió la posibilidad de que el abogado
pudiera cobrar el saldo de 1.800 millones de pesos que había quedado
pendiente, aun en el caso de que la nación perdiera el litigio y siempre
que el monto a pagar fuera igual o inferior al 60 por ciento de las
pretensiones. De acuerdo con especialistas en el tema, la defensa del
Estado ante el tribunal de arbitramento resultó tan pobre que no se
presentaron las evidencias necesarias sobre los vicios del contrato
Electranta-TermoRío ni se escuchó a los ministros de Estado en defensa de
la nación(32). Unas conversaciones
telefónicas que fueron grabadas entre Zuluaga y Valderrama constituyen la
prueba fehaciente de que la defensa fue precaria, y en ellas se demuestra
que a ninguno de los dos les interesaba que se decretara la nulidad del
contrato entre Electranta y TermoRío. Si se anulaba, no tendría sentido el
tribunal de arbitramento internacional y Zuluaga perdería 2.600 millones
de pesos por concepto de los honorarios que le estaba pagando el Estado
para que defendiera sus intereses. En efecto, el Tribunal Administrativo
del Atlántico se declaró incompetente para definir la nulidad del
contrato.
Vale añadir que las acciones fraudulentas de Zuluaga no se
limitaron a TermoRío. En la liquidación de la Electrificadora del
Magdalena, el sagaz abogado obtuvo también jugosos honorarios mediante la
firma de varios otrosí (modificaciones a los contratos) que introdujeron
cláusulas para que obtuviera la totalidad de los honorarios pactados,
independientemente de que ganara o perdiera el caso. En esta ocasión fue
contratado para que defendiera los intereses de la nación en el tribunal
de arbitramento que se convocó para dirimir los supuestos perjuicios
causados por la electrificadora a Interaseo, una firma privada que
reclamaba 4.757 millones de pesos. A los tres meses de firmado el otrosí,
la Electrificadora fue condenada a pagar 1.688 millones de pesos y Zuluaga
cobró los 237.8 millones de pesos que se habían acordado como honorarios(33).
Por lo demás, cuando estalló el escándalo de TermoRío, Zuluaga ya tenía
orden de captura por irregularidades en el proceso de liquidación de la
Electrificadora de Arauca.
Fueron muchas las anomalías que encontró la Contraloría en
el proceso de liquidación de las electrificadoras de la Costa por parte de
Ramírez y la Superintendencia de Servicios Públicos. Entre 1999 y el 2000,
cuando se adelantó el proceso, la entidad fiscalizadora del Estado detectó
contratos irregulares por 45 mil millones de pesos. Actualmente todas las
electrificadoras de la Costa Atlántica están enjuiciadas por problemas de
corrupción. Sólo Electranta tiene en su contra 74 demandas
administrativas, 55 civiles y 706 laborales. Además del pleito con
TermoRío, la empresa afronta pleitos por 155 mil millones de pesos(34).
Pero lo más grave es que el gobierno de Pastrana conocía la
situación bastante tiempo antes de que estallara el escándalo. De acuerdo
con el Contralor General de la República, la administración sabía desde
hacía más de un año de las irregularidades que se estaban registrando en
las electrificadoras de la Costa Atlántica. “Personalmente le presenté al
señor Presidente los resultados de las auditorías, en las que se
demostraban una serie de anomalías y la falta de cuidado y gestión por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos”(35).
El gobierno se comprometió a tomar medidas, pero tampoco lo hizo. Como
señaló el senador Jaime Dussán durante el debate en el Congreso, “Ramírez
hace parte de una cadena de corrupción que nace en la misma casa de
Nariño. Incluso tendríamos que pensar en hacerle una moción de censura al
ministro del Interior, ya que no podemos hacérsela al presidente Pastrana”(36) .
Marino Zuluaga se encuentra prófugo y Enrique Ramírez y Marlén Valderrama
detenidos. En el caso TermoRio, Murra recobró la libertad por vencimiento
de términos. Un fiscal había anulado el caso por violación del debido
proceso.
El escándalo de TermoRío es el mejor ejemplo de cómo los
males históricos del país, derivados del atraso y del clientelismo, se
profundizan con la imposición de los criterios neoliberales. Constituye
también muestra de cómo se articula la vieja corrupción, ligada al Estado
y a las formas tradicionales del quehacer político, con la insaciable
avidez de ganancia de la tecnocracia imperante. Esta combinación, adobada
con la retórica barata en contra del Estado y de los viejos políticos,
trae como resultado manifestaciones de dolo y desfalco del patrimonio
público en unas proporciones nunca vistas en nuestra era republicana.
Para entender cómo se ligaron la vieja y la nueva
corrupción es necesario dar marcha atrás una década, al período
presidencial de César Gaviria, cuando se inició el desastre del sector
eléctrico colombiano con el apagón que dejó al país a media luz durante
trece meses. Aunque en un comienzo el gobierno responsabilizó del problema
al fenómeno de El Niño y a la sequía que produjo, el informe de un grupo
de expertos concluyó que las dos causas principales del apagón fueron la
corrupción y la mala administración. Para afrontar el déficit del sector
eléctrico, el gobierno de Gaviria expidió el Decreto 700, que permitió la
entrada del sector privado al multimillonario negocio de la generación de
energía. Entre 1992 y 1997, el Estado les giró a las electrificadoras, en
especial a las de la Costa Atlántica, un billón de pesos(37).
Después de un saqueo continuado por parte de los políticos, y de un
desgreño y despilfarro de gran magnitud, en julio de 1998 el gobierno
saliente de Samper inició el proceso de privatización.
Sin embargo, como en tantos otros campos, la privatización
de las electrificadoras resultó nefasta para los intereses nacionales.
Para adelantar el proceso se adoptaron dos modelos de generación y compra
de energía. El primero, conocido como PPA, Power Purchase Agreement
(acuerdos de compra de energía), estipula que los inversionistas privados
se comprometen a construir plantas térmicas y en contraprestación el
Estado debe pagarles durante quince o veinte años por esa reserva
estratégica de energía, aun si las plantas permanecen apagadas. Ello le ha
representado al país pagos por 460 mil millones de pesos anuales. Contra
el criterio de los expertos, quienes suscribieron los contratos negociaron
cada kilovatio instalado hasta por seis veces más de lo que vale. Algunas
cláusulas adicionales de los contratos resultan aún más leoninas. El
polémico contrato de TermoRío es precisamente un PPA.
El segundo modelo de provisión de energía que se adoptó es
el de los Boot o Boom, cuya ejecución ha sido, de acuerdo con la
Cotraloría, tanto o más perversa que la del anterior. El modelo funciona
como una concesión en la que el inversionista privado financia un proyecto
energético, es dueño de él durante determinado tiempo y después se lo
entrega a la electrificadora. Mientras tanto, ésta debe comprar la energía
a la tarifa fijada de antemano, un esquema que está a punto de llevar a la
quiebra a varias de las electrificadoras del país(38).
El sastre de palacio
El mapa de la corrupción en los estrechos círculos del
poder durante el cuatrienio de Pastrana se completa con los negocios del
llamado “sastre de palacio”, compañero de colegio y amigo cercano del ex
presidente. Como se sabe, el ex secretario general del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Juan Hernández, fue
protagonista de un escándalo por la suscripción de unos contratos entre la
empresa Acertar Ltda., de propiedad de la familia de su esposa, y el
gobierno para confeccionarles uniformes a la policía, el DAS y al personal
del Senado. El monto de los contratos ascendió a 4.800 millones de pesos.
Aunque el ex director de la Policía Nacional, el general Rosso José
Serrano, salió al paso de la denuncia para dar fe de la trasparencia de
las licitaciones, dos de las empresas que compitieron por una de ellas,
Confecciones Colombia S.A. y Textrón S.A. manifestaron que hubo cambios de
última hora en las condiciones exigidas en los pliegos, con lo cual se
favoreció la propuesta de la esposa de Hernández. El funcionario renunció
a su cargo horas antes de afrontar el debate en el Senado y, en el colmo
de la desfachatez, afirmó cuando se conoció la denuncia: “No nos tomó por
sorpresa esa actitud, pero con ella no van a detener al Presidente en su
empeño por moralizar el país”(39).
Aunque a raíz de las denuncias la administración Pastrana
tuvo que dejar que se fuera, Hernández siguió manejando los circuitos del
poder en la Casa de Nariño. En los corredores de los ministerios, en los
despachos de las superintendencias y en el Congreso le atribuían una
enorme influencia sobre el jefe del Estado y el poder de nombrar y
destituir funcionarios e incluso de adjudicar contratos. Para mencionar
sólo un episodio, en el 2000, después de las elecciones de mitaca, llamó a
Luis Alfredo Ramos, entonces embajador de Colombia ante la misión de la
OEA, y le comunicó que debía renunciar a su cargo. ¿El motivo? No haber
respaldado en los comicios en Antioquia al movimiento de Valencia Cossio.
Por ese entonces Hernández reconocía que la firma Acertar seguía
obteniendo contratos con la Policía. Según él, después del escándalo se
dedicó a dirigir el Centro de Estudios Ciudadanos, la corporación que
catorce años atrás fundara Andrés Pastrana y en la que figura también el
fiscal Luis Camilo Osorio como miembro. Dos hermanos de Hernández
siguieron trabajando para el Estado, uno en la Comisión Reguladora de
Agua, CRA, y el otro en la CAR. En el 2002, en lo que constituyó una
afrenta al país, a pocos meses de terminar su período presidencial,
Pastrana no tuvo el menor recato en designar a Hernández nuevamente como
secretario general de la presidencia(40).
Pero lo que más llama la atención son los hilos que
conectan todo el entramado. La relación con el caso Dragacol aparece en
las grabaciones de las conversaciones entre Marino Zuluaga y su amiga
Marlén Valderrama. William Murra, vinculado al caso TermoRío, es el mismo
político conservador de Cartagena cuyo nombre estuvo relacionado con el
escándalo de la cuenta clandestina que algunos dirigentes decidieron abrir
en la sucursal del Banco del Pacífico de esa ciudad para la campaña
presidencial de Pastrana, en la cual se consignaron los cheques de
Reginaldo Bray. Durante trece años, entre 1978 y 1992, Murra fue el
gerente de la Electrificadora de Bolívar, en calidad de cuota política del
ex presidente Misael Pastrana(41). Además, en
enero de 1999 el hermano de su esposa, Roberto Díaz-Granados, obtuvo el
cargo de gerente liquidador de la Electrificadora de Bolívar(42).
Éste fue nombrado por Ramírez, a quien conoció a través de Fernando Araújo,
en ese entonces ministro de Desarrollo. Por su parte, Murra es hoy gerente
de la Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena S.A. En las grabaciones
también aparece el nombre de Héctor “Tico” García Romero, uno de los
socios de Murra en el asunto de la cuenta paralela de la campaña
presidencial de Pastrana, quien es primo de Álvaro García, uno de los
grandes electores de Sucre, cuyo nombre también aparece ligado al
escándalo de Chambacú.
*
La cuenta paralela de la campaña presidencial y los nexos
turbios que de ella se derivaron evocaron el proceso 8.000 y el papel
protagónico asumido por Pastrana y sus amigos en la denuncia de este
último episodio. En medio del escándalo de la cuenta paralela, el
canciller Guillermo Fernández de Soto, otro de los íntimos del presidente,
afirmó el 12 de junio del 2000: “El señor presidente de la república deja
en claro que cualquier comparación con la conducta del doctor Samper
Pizano, tanto en su campaña como durante su gobierno, no sólo la considera
deshonrosa, sino además injuriosa y calumniosa”(43).
Y lo cierto es que no hay punto de comparación. El escándalo del
mandatario liberal se dio por el ingreso de dineros procedentes del
narcotráfico a la campaña electoral y todos los implicados en él fueron
procesados por la justicia. En cambio, a la cuenta paralela entraron
recursos procedentes de un acto doloso contra el Estado y sus principales
responsables fueron recompensados por el gobierno.
La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes
ordenó abrir una investigación preliminar al presidente Pastrana por el
asunto de la cuenta paralela. Los dos investigadores escogidos fueron
Mario Rincón, conservador, y amigo incondicional suyo, y Miguel de la
Espriella, liberal. Sin embargo, en el proceso de investigación, el
Consejo de Estado le declaró la “muerte política” a Rincón por una
acusación de tráfico de influencias en la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP, y hasta ahí llegó la investigación.
*
Otros funcionarios de alto nivel se vieron también
involucrados en diversos escándalos. El ex ministro de Salud, Virgilio
Galvis Ramírez, el mismo que sentenció a los hospitales públicos a
desaparecer si no demostraban eficiencia, fue sancionado tardíamente por
la Procuraduría con la destitución nominal de su puesto, e inhabilitado
por dos años para ocupar cargos públicos. De acuerdo con la investigación
adelantada por esta entidad, cuando era ministro firmó con la Fundación
Oftalmológica de Santander (Foscal) dos contratos, en marzo y diciembre de
1999, por 605 millones de pesos el primero y 597 millones el segundo.
Galvis hacía parte de la junta directiva de la entidad, junto con su
señora madre, su hermano, su cuñado y su esposa. De acuerdo con la
Procuraduría, la actuación del entonces ministro estuvo dirigida a
fortalecer dicha empresa. Pero no fue su única irregularidad en el
ejercicio del ministerio. El 3 de mayo de 2000, Galvis se vio obligado a
renunciar por sus nexos con el ex director del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Josué Ossman, a quien el
gobierno había declarado insubsistente luego de denuncias relacionadas con
las dádivas que recibía de empresas a las que debía vigilar(44).
¡Vaya lección de eficiencia por parte del ex ministro!
Por supuesto que el pendenciero Néstor Humberto Martínez,
ex ministro de los dos gobiernos anteriores y el más acucioso de los
llamados “liberales colaboracionistas”, no podía pasar en blanco en el
balance de la corrupción durante el cuatrienio. En la Ley de Conciliación
Judicial, que se debatió en el Congreso, intentó hacer aprobar una norma,
considerada como un verdadero “mico”, que favorecía a la empresa de
telefonía celular Comcel. La norma pretendía quitarle la facultad al
Superintendente de Industria y Comercio para liquidar, de manera expedita,
las indemnizaciones originadas por la práctica de competencia desleal. De
aprobarse, la empresa de telefonía celular se podría demorar en pagar una
indemnización de 70 millones de dólares que reclamaban las empresas de
telefonía de larga distancia por utilizar durante varios meses, de manera
ilegal, un sistema que permitía a sus usuarios llamar a larga distancia
internacional a través de Internet. La Superintendencia impuso una multa
superior a 520 millones de pesos y estudiaba la reclamación de perjuicios
por 70 millones de dólares, presentada por las firmas afectadas.
Acompañaron al ex ministro en esta intentona el ministro de Justicia de
Pastrana, Rómulo González, la ex ministra de Samper, Mónica De Greiff, y
la oficina jurídica de la presidencia de la república. La ley fue
sancionada en enero del 2001, bajo el número 640, por el presidente
Pastrana, pero una vez que se destapó el escándalo, el gobierno expidió el
Decreto 131, para subsanar el error. El abogado de Comcel, José Orlando
Montenegro, fue socio de Néstor Humberto(45) .
Pero comportamientos clientelistas e indelicados, por decir
lo menos, también marcaron el desempeño como ministro de Relaciones
Exteriores de Guillermo Fernández de Soto, quizás el más cercano de todos
los amigos del presidente. Tal como lo denunció en su momento el
periodista Roberto Posada García-Peña, la Cámara de Comercio de Bogotá,
una entidad de carácter privado pero que presta un servicio público, fue
convertida en su botín político. Cuando Fernández de Soto salió de la
dirección de la Cámara, la junta directiva de la misma le otorgó una
bonificación ocasional, no constitutiva de salario, en reconocimiento a la
labor adelantada como presidente de la institución, de cien millones de
pesos. Como secretaria de la Comisión de la Mesa actuó María Fernanda
Campo Saavedra quien, antes de ser su viceministra de Relaciones
Exteriores, fue vicepresidenta ejecutiva de la Cámara y también recibió su
“bonificación ocasional” por cincuenta millones de pesos. Una vez salió
del viceministerio, regresó a la Cámara, donde fue elegida en propiedad
como presidenta. “La cancillería está sin duda logrando su objetivo de
convertir la Cámara de Comercio en la ‘caja menor’ del ministerio. En
síntesis, lo que ha pasado es, ni más ni menos, que la Cámara de Comercio
de Bogotá se convirtió en una dependencia del Gobierno”, afirmó el
periodista(46).
Los tejemanejes de corrupción y de tráfico de influencias
acompañaron a la administración Pastrana hasta su triste y lánguido final.
En mayo de 2002, el representante a la Cámara Gustavo Petro denunciaba que
las decisiones que en materia energética, petrolera y carbonífera había
tomado la ministra de Minas y Energía, Luisa Fernanda Lafaurie, en su
corto período al frente de la cartera, habían favorecido a las empresas
particulares en las que su esposo tenía participación. Por ello, el
parlamentario insistió en que la funcionaria debía declararse impedida en
temas energéticos, petroleros y de minas.
En lo referente a la modificación de la Ley de Regalías
impulsada por el gobierno, el representante dijo que la ministra tenía
conflicto de intereses, pues fue ella quien manejó el proceso de
privatización de El Cerrejón y de los carbones del Cesar. Muchas de las
empresas que entraron al negocio tuvieron relaciones comerciales con la
firma Sumatoria S.A., en la que la ministra era socia antes de
posesionarse del cargo. En una segunda acusación, el representante señaló
que la ministra dio la última palabra en la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG) para la aprobación del aumento del 20 por ciento en
las tarifas del sector, que empezará a regir en enero de 2003. Esta medida
favorecerá a las empresas de distribución de energía, entre ellas Distasa
S.A., en la que participan Germán Osorio y Uriel Hernández, socios del
esposo de la funcionaria, Enrique Villamarín Molina. De acuerdo con Petro,
ella también participó activamente, en su calidad de representante y
asesora financiera y comercial, en la adquisición de Termotasajero para la
empresa norteamericana Scudder Kemper.
Como última acusación, Petro señaló que el esposo de la
ministra tenía intereses en Petronorte S.A., pues actuaba como primer
gerente y accionista de la misma. Esta empresa es propietaria del
oleoducto privado más grande de Colombia: Río Zulia-Ayacucho, de 186
kilómetros. Con una resolución que se firmó seis días antes de que ella
asumiera el cargo, se aumentó en 2.056 dólares la tarifa de transporte del
crudo por el oleoducto de la compañía. A esto ella respondió que cuando se
firmó la resolución “no pensaba ser ministra” y frente a la acusación
sobre el aumento de las tarifas, la negó, aduciendo entre otras cosas que
un concepto jurídico de la presidencia de la república señaló que no tenía
inhabilidad para ser miembro activo de la CREG(47).
Como si a esas alturas del gobierno y tras la intrincada cadena de
corrupción antes examinada, alguien pudiera confiar en la probidad de la
oficina jurídica de la Casa de Nariño o en la de sus inquilinos.
La designación como Fiscal General de la Nación de Luis
Camilo Osorio, muy cercano al presidente de la república y socio de su
fundación, el Centro de Estudios Ciudadanos, fue fundamental para
garantizar la impunidad de los delitos de alto nivel. Desde tan alto
cargo, el antiguo registrador se dedicó a exonerar a los amigos del
presidente, incluido el ex ministro Álvaro Leyva Durán. En este caso, la
Procuraduría General de la Nación advirtió que la Fiscalía no documentó
las nuevas pruebas en las que sustentaba sus dudas sobre la culpabilidad
del ex ministro, procesado por enriquecimiento ilícito. En lo que respecta
al Banco del Pacífico, el fiscal señaló que el debate que se dio en la
Cámara sobre el favorecimiento a los funcionarios de la administración
Pastrana tuvo un carácter netamente político, por lo que se abstuvo de
abrir investigación. Con estos antecedentes y vínculos, no podía
sorprender que el fiscal igualmente se inhibiera de abrir investigación
penal contra los implicados en el caso de la cuenta paralela de la campaña
presidencial, con recursos de Dragacol(48).
Sin duda, con semejante funcionario, el cuadro de la
corrupción y la impunidad bajo la administración Pastrana se vio
reforzado. La actitud de este “fiscal de bolsillo” de la segunda parte del
gobierno contrasta con la posición sostenida por el anterior Fiscal
General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, quien recibió todo tipo de
presiones por parte del gobierno para que exonerara a Álvaro Leyva Durán
con el fin de que pudiera convertirse en negociador en el proceso de paz.
No podemos concluir este extenso recuento de la corrupción
de alto nivel en el gobierno de Pastrana sin clarificar un punto
fundamental. Cuando los organismos financieros internacionales se refieren
a la crisis de los países latinoamericanos, inevitablemente aducen como
elemento central la corrupción de las clases dirigentes, y plantean como
correctivos el fortalecimiento de las instituciones y la garantía de la
“transparencia” en el manejo del Estado. De ahí que algunas de las
reformas estatales que se plantean simultáneamente con las de carácter
económico y social, apunten a la “modernización” de las instituciones y,
en especial, la del aparato judicial. No obstante, el debilitamiento de la
función del Estado y la lógica misma que subyace bajo medidas como la
privatización de las empresas estratégicas hace que las posibilidades de
control de la corrupción en el ámbito público sean cada vez más remotas.
No puede perderse de vista el hecho de que, con el argumento sobre la
corrupción y las políticas que de él resultan se pretende velar la
responsabilidad central que tienen los países poderosos y los organismos
que representan sus intereses en la debacle de nuestras naciones, al
imponerles un modelo de desarrollo cuyas consecuencias han sido funestas.
Reseña
Taller Adentro
Cuentos
Taller de escritores Universidad Central
Ediciones Quipus. 150 págs.
Por Camilo Alberto Jiménez A.
Taller de adentro es fruto del trabajo que se adelanta en
el taller de escritores de la Universidad Central. Este es un libro de
cuentos contados por abogados, periodistas, ingenieros, médicos,
estudiantes y muchas otras personas que tienen un común denominador: el
gusto por la creación literaria.
Cada uno de los autores, veintidós en total, se aventura en
el terreno de la literatura para expresar sus pensamientos, su sentir de
la cotidianidad, mediante la búsqueda de una voz y unos recursos
narrativos adecuados que le otorguen un estilo propio a su historia. Por
tal razón, en este libro podemos encontrar una gran variedad de temáticas
y de formas de contar historias.
En todos los cuentos se siente el aroma de lo nuevo, la
incertidumbre de los primeros pasos de un grupo de personas que se
esfuerza por hacer literatura. No obstante, entre los autores el nivel no
es homogéneo, en el sentido de que hay algunos que han tenido mayor
contacto, bien con la creación literaria, sobre todo con la poesía, o bien
con la vida y, de alguna manera, eso influye en los resultados; porque en
la literatura como en el fútbol hay resultados.
Una manera de medir esos resultados es la tensión que
genera la historia, el deseo que le despierta al lector de saber en qué
termina. Este criterio sin duda es arbitrario pero eficaz, pues resulta
infalible para quienes esperan encontrar en la literatura una fuente de
distracción. Desde este punto de vista cabe destacar, por ejemplo la
historia Rapeando de Julio Hernán Correal, en la que no sólo involucra
elementos interesantes como lo es la música rap, la música de los barrios
pobres, sino que también logra generar ese suspenso del que estamos
hablando, esa incertidumbre que se vive palabra a palabra en un buen
relato.
Este es un libro que, con seguridad, resultará atractivo
para todas aquellas personas que están interesadas en seguirle el paso a
la literatura contemporánea colombiana, y para quienes disfrutan el
observar cómo se forja un autor; porque, como dicen por ahí, “ entre la
hojarasca brillan pepitas de oro”.
Notas
1 James Petras y Morris
Morley, Latin America in the Time of Cholera, Nueva York: Roudledge, 1992,
p.14.
2 Roberto Posada
García-Peña, “Imagen oscura del pastranismo”, Torre, El Tiempo,
enero 10 de 2001, p.1-11.
3 Tomado de la página web
del senador Javier Cáceres: www.sincorrupcioncolombia.com
4 “La cuenta privada de
Cartagena”, El Tiempo, junio 11 de 2000, p.1-2.
5 Gloria Congote, El señor
de las dragas, Contraloría General de la Nación, Bogotá D.C., 2001,
p.196-198. La mayor parte de la información para este episodio es tomada
de este trabajo.
6 Según Murra, Pastrana le
dijo a Hernández: “Arréglate con Miguelito –Navas- porque nos va a
entregar un aporte” (“Zonas grises de la cuenta”, El Tiempo, junio
13 de 2000, p.1-13). “Pastrana, salpicado por Dragacol”, El Tiempo,
junio 11 de 2000, p.2-2).
7 “Zonas grises de la
cuenta”, El Tiempo, junio 13 de 2000, p.1-13.
8 “Al posesionarse sí sabía
de las deudas familiares”, El Tiempo, abril 13 de 1999, p.12 A.
9 “Fiscalía investigará al
ex ministro Araújo”, Portafolio, 9 noviembre de 1999, p.10.
10 “Mindesarrollo volteó
la torta”, El Tiempo, abril 14 de 1999, p.12 A. No sobra poner de
presente el rechazo del país al prolongado y condenable secuestro de
Fernando Araújo.
11 “Fianzas por caso
Dragacol”, El Tiempo, noviembre 11 de 1999, p.6A.
12 Gloria Congote, Op.cit.
p.87,99.
13 “Errores que favorecieron
a Dragacol”, El Tiempo, junio 18 de 2000, p.1-26.
14 Caso Dragacol: “Las
llamadas de Fabio Valencia Cossio”, El Tiempo, 9 de abril del 2000,
p.6 A.
15 Ibid, p.116.
16 Mencionado por Gloria
Congote, op.cit., p.118.
17 Gloria Congote, op.cit.,
p.133-134.
18 Ibid, p.155.
19 Ibid., p.160-165.
20 “Cae conciliación de
Dragacol”. Para conocer los detalles de este intenso proceso desarrollado
por Cárdenas a través de sus amigos, ver el libro El señor de las dragas,
de Gloria Congote.
justicia @eltiempo.com.co, junio 1 de 2002.
21 Jorge Enrique Charry,
“Banpacífico: el collar sin fin de la corrupción pastranista”, La Bagatela
No.4, septiembre 7 de 2001, p.3; página web del senador Javier Cáceres:
www.sincorrupcioncolombia.com
22 “Un ministro al estrado”,
El Tiempo, junio 16 de 2002, p.1-6.
23 “Crisis en Ecuador por caso
Banpacífico”, El Espectador, octubre 14 de 2001, p.8 A.
24 “El cliente clave del
Banpacífico”, El Tiempo, octubre 21 de 2001, p.1-26.
25 “Un banquero con piel de
cordero”, El Espectador, agosto 26 de 2001, p.6 A.
26 “Se perderían 140 millones
de dólares”, El Tiempo, junio 25 de 2001, p.2-12.
27 “Cerrado el caso Banandino”,
El Tiempo, octubre 15 de 2001, p.2-2.
28 “Altos funcionarios en
debate al Banpacífico”, Portafolio, agosto 22 de 2001, p.8; “Es un
novelón político”, El Tiempo, agosto 23 de 2001, p.1-2.
29 Cuando Rodrigo Villamizar
salió abruptamente del gobierno de Samper por el sonado escándalo del miti-miti
(una repartición entre frecuencias de radio con otro ministro del mismo
gobierno), aceptó un contrato de consultoría por 20 mil dólares de la
empresa Río S.A. Esta cuenta fue cargada a la demanda contra la nación
(“El complot de TermoRío”, El Tiempo, enero 28 de 2001, p.1-2).
30 Ibid.
31 “Me tumbó TermoRío”, El
Tiempo, 6 de febrero de 2001, p.1-10.
32 “Extraños nexos del Dr.
Zuluaga”, El Tiempo, enero 28 de 2001, p.1-3.
33 “Los otrosí millonarios”,
El Tiempo, febrero 7 de 2001, p.1-11.
34 “En manos de la
Superservicios IV”, El Tiempo, febrero 21 de 2001, p.1-8; “Las
otras ‘perlas’ del desangre”, El Tiempo, febrero 22 de 2001,
p.1-10.
35 “A Fiscalía, tribunal de
TermoRío”, El Tiempo, febrero 7 de 2001, p.1-11.
36 “Embolatados $500.000
millones”, El Tiempo, febrero 14 de 2001, p.1-9.
37 “Del apagón a TermoRío”,
El Tiempo, febrero 19 de 2001, p.1-9, 1-10.
38 “Cuatro TermoRíos cada año
(III)”, El Tiempo, febrero 20 de 2001, p.1-10.
39 “No he favorecido a mi
familia, dice Secretario General de la Presidencia”, El Tiempo,
abril 14 de 2000, p.7 A; “Renunció Juan Hernández”, El Tiempo, mayo
3 de 2000, p.11.
40 “‘No manejo un solo peso’:
Hernández”, El Tiempo, noviembre 9 de 2001, p.1-11.
41 Los altos niveles de
clientelismo que prevalecían en este sector en la Costa Atlántica se
expresaban en que “medio en broma, medio en serio”, a las electrificadoras
se les conocía como Electro-Name, Electro-Náder o Electro-Guerra
(Atlántico, Córdoba y Sucre, respectivamente), en referencia a sus
padrinos políticos (“Del apagón a TermoRío”, El Tiempo, febrero 19
de 2001, 1-10).
42 “Los hombres eléctricos ( I
)” El Tiempo, febrero 18 de 2001, p.1-19.
43 Gloria Congote, op.cit.,
p.201.
44 “Destituyen a ex ministro
Virgilio Galvis”, El Tiempo, mayo 23 de 2001, p.1-11.
45 “‘Mico’ de Comcel, a la
hoguera”, El Tiempo, febrero 18 de 2001, p.1-14.
46 D’Artagnan, “La otra
Cancillería”, Torre, El Tiempo, noviembre 14 de 1999, p.5A.
47 “Otro ‘round’ por
regalías”, Portafolio, mayo 23 de 2002, p.8; “Sigue pelea de Petro
y Minminas”, El Tiempo, mayo 23 de 2002, p.1-19.
48 “Fiscalía no ha demostrado
inocencia de Leyva Durán”, El Tiempo, octubre 29 de 2001, p.1-14.
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