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EL EMBELECO
DE LA
COMPETITIVIDAD
Por Higinio Pérez Negrete
Paradójicamente, Chile y México, que son considerados “modelos” de
competitividad
en América Latina, por parte de los organismos multilaterales, presentan
serias dificultades en su comercio exterior. La razón: Chile es el país
que más depende de recursos naturales
en la región, mientras que México tiene la industria con más alto
componente importado. Colombia, presenta una alta dependencia de recursos
naturales y una industria con alto componente importado. ¿A esto se le
puede llamar competitividad?
El tema de la competitividad se ha constituido en el centro
de atención de los organismos multilaterales, universidades prestigiosas y
premios Nobel de economía. La producción de libros, documentos y artículos
sobre este tema es abundante (BID, 2001; Sachs y Vial, 2002; Katz y Stumpo,
2001; Sachs, 2001b; Vial y Cornelius, 2002; Perry et al., 2002). Para el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el componente más importante del
indicador de competitividad es la estabilidad macroeconómica, entendida
como el estricto control de la inflación, equilibrio fiscal y equilibrio
en la tasa de cambio real, mientras que para el Banco Mundial (BM) este
indicador depende fundamentalmente de la eficiencia en tareas que son
directa o indirectamente responsabilidad del Estado, como los trámites
para crear empresas o negocios, la prestación de servicios públicos, la
orientación del crédito, la administración de justicia, la infraestructura
de transporte y portuaria, el orden público, la formación de capital
humano, y todas las demás acciones del Estado encaminadas a incentivar la
inversión privada, sobre todo la inversión extranjera directa (IED).
Precisamente dicha eficiencia es el tema que analiza el BM
en su Informe sobre el desarrollo mundial de 2002, titulado “Instituciones
para los mercados”, elaborado con la orientación de Douglass North, premio
Nobel de economía de 1993. El FMI y el BM coinciden en que lo más
importante es ganar la confianza del inversionista extranjero, ya que este
es portador de la ciencia y la tecnología que requieren nuestras economías
para competir. Por encargo de estos organismos multilaterales y de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Centro para el Desarrollo
Internacional de la Universidad de Harvard, dirigido por Jeffrey Sachs,
desde 1999 está promoviendo y dirigiendo investigaciones en universidades
de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia) para determinar la competitividad (estabilidad macroeconómica,
calidad de las instituciones para el mercado y capacidad tecnológica) de
la región. La Universidad de los Andes fue escogida para realizar los
estudios sobre competitividad en Colombia, tarea que ha dado como
resultado varias publicaciones (Sánchez y Acosta, 2001; Montenegro et al.,
2002; Steiner y Salazar, 2001).
La administración Pastrana asumió el compromiso de darle
prioridad a este embeleco neoliberal. Con el pretexto de ganar la
confianza del inversionista extranjero y aumentar la competitividad para
participar en condiciones favorables en el Área de Libre Comercio de las
Américas –ALCA (desde el 2005), creó el Plan Estratégico Exportador
1999-2009 y la Política Nacional de Productividad y Competitividad,
expidió el Nuevo Estatuto de Inversiones Extranjeras (completa liberación
e incentivos a los inversionistas), creó la Dirección de Inversión
Extranjera en el Ministerio de Comercio Exterior (decreto 2553 de 1999),
hizo aprobar en el Congreso de la República la ley sobre Zonas Económicas
Especiales de Exportación (Ley 677 de 2001)(1),
continuó la política de bajar la inflación a cero, continuó y profundizó
las políticas de liberación comercial, cambiaria y de capitales, de
reducción del gasto público, privatizaciones, reducción de los salarios y
las prestaciones sociales, y la política de responsabilizar a
departamentos y municipios tanto de sus tributos como de sus gastos
(autofinanciamiento). También formó parte de esta argucia un paquete de
proyectos de ley, entre los que cabe destacar: reforma a la justicia,
reforma política, reforma al sistema financiero, reforma a la ley de
contratación pública (Ley 80 de 1993), reforma a las regalías, reforma
pensional, responsabilidad fiscal. En los tres primeros años del gobierno
se aprobó el impuesto a las transacciones financieras, la ampliación de la
base del IVA y la reducción de las transferencias a departamentos y
municipios.
Supuestamente estas políticas atraen IED y con ella la
innovación y transferencia tecnológica, y se presume que por consiguiente
garantizan mayor competitividad de la economía colombiana. Guillermo Perry,
Economista Jefe para América Latina del BM, destaca la importancia de la
IED para elevar la competitividad a partir del aprovechamiento de los
recursos naturales: “No importa qué se produce, sino cómo se produce” (Perry
et al., capítulo 1). En este sentido, muestra la economía chilena como el
modelo a seguir. Otros trabajos (BID, 2001; Sachs y Vial, 2002; Vial,
2001; Vial, 2002; Warner, 2001; Cepal, 2002a) tratan de ir más allá en
cuanto a los beneficios de las políticas encaminadas a atraer la IED,
resaltando que ésta puede garantizar significativos cambios en la
estructura productiva (menor dependencia de los recursos naturales). En
este caso el ejemplo a seguir es la economía mexicana y algunos países
centroamericanos. Chile ocupa el primer lugar, Costa Rica el segundo y
México el tercero en competitividad en América Latina, mientras que
Colombia aparece en uno de los últimos lugares (BID, 2002, Apéndice 1.2 –
Cuadro 1) . Este tipo de comparaciones ha ganado mucha importancia para
los apologistas de la apertura, quienes frente a la política activa de
industrialización del modelo sustitutivo de importaciones han contrapuesto
una política de exportaciones donde el Estado sólo debe intervenir para
abrirle campo, con estabilidad macroeconómica e instituciones para el
mercado, al inversionista privado, sobre todo a la IED: “La mejor política
industrial es la que no existe” (Villarreal y Ramos, 2002, Introducción).
Consideran que a su vez la IED garantiza mayor estabilidad macroeconómica
y mejor calidad de las instituciones para el mercado.
En el caso colombiano, las políticas de estabilización
macroeconómica, de cambios institucionales para que funcione el mercado y,
en general, el presunto modelo exportador, han dado como resultado una
caída del ingreso por habitante, de 2.419,3 dólares en 1998 a 2.037,8 en
1999, 1.920,8 en 2000 y 1.891 en 2001 (DNP, 2002), han colocado al país en
el primer lugar en tasa de desempleo en América Latina con un 20% frente
al 8,5% que es el promedio de la región, en primer lugar en pobreza (60%
de la población colombiana subsiste con menos de 60 dólares mensuales,
frente a 35,3% que está en la misma situación en la región) e indigencia
(23,4% de la población colombiana subsiste con menos de 30 dólares
mensuales, frente al 13,9% que está en la misma situación en la región), y
en uno de los primeros lugares en concentración del ingreso (Cepal,
2002b). Este artículo muestra las vulnerabilidades de los países que han
sido llevados por los apologistas del neoliberalismo a tomar las
exportaciones como la “estrategia” de crecimiento, y las consecuencias
para la economía colombiana del embeleco de la competitividad de la
administración Pastrana.
Países que son “modelos”
Refiriéndose al importante papel que juegan las
instituciones y la capacidad tecnológica como factores de competitividad y
crecimiento económico, el BM hace la siguiente reflexión: “En definitiva
¿de qué depende lo que exportemos en el siglo XXI? En la teoría clásica
sobre las ventajas comparativas se hace hincapié en el acervo de trabajo,
tierra, capital y recursos naturales. En cambio, en la “nueva” teoría del
comercio exterior se subraya la importancia no menor de otros “acervos”,
tales como la geografía (distancia a los grandes mercados), el
conocimiento tecnológico, el capital humano, la infraestructura pública,
la calidad de las instituciones” (Perry et al., 2002, Capítulo 1). Según
el BM, estos factores de la producción apoyados en un ambiente de
estabilidad macroeconómica, han permitido a Chile destacarse como el país
más competitivo de América Latina, con una producción altamente intensiva
en recursos naturales, con una agroindustria alimentaria y no alimentaria
(frutas, vinos, salmones, harina de pescado, celulosa y papel) que le ha
ganado participación al cobre: “El caso de mayor éxito, en cuanto a
crecimiento de la producción por trabajador y de las exportaciones en el
período 1980-1999 en el sector agrario, fue el de Chile. Ello obedeció, en
parte, a una adecuada gestión macroeconómica y, en especial, a la
competitividad y relativa estabilidad del tipo de cambio real” (Perry et
al., 2002, Cap. 1).
Jeffrey Sachs no comparte el entusiasmo del BM y critica la
excesiva dependencia de recursos naturales que registran las exportaciones
chilenas: “Por muchos años he señalado que Chile no puede enriquecerse
exclusivamente mediante productos como cobre, vino y frutas. Me preocupa
la falta de evidencia tecnológica del país, que se extiende a las ciencias
y la educación superior. Me preocupa la ausencia de un sector de alta
tecnología en computación y comunicaciones, y es por eso que se necesita
con urgencia cambios en la estructura de las exportaciones. No es
coincidencia que en Chile el crecimiento económico sea bajo y lento, es un
signo de gran dependencia de una limitada gama de productos” (Sachs,
2002). El 89% de las exportaciones chilenas son recursos naturales (40,3%
bienes primarios y 48,7% manufacturas basadas en recursos naturales), 9,4%
son manufacturas de tecnología baja y media2 , y 1,6% son productos no
clasificados (Cepal, 2002a, cuadro 6.3). Los recursos naturales tienen muy
poca dinámica en el comercio internacional (baja elasticidad ingreso de la
demanda), lo cual se refleja en una tendencia decreciente de sus precios (Cepal,
2002a, recuadro 2.1). El crecimiento del producto interno bruto (PIB)
chileno de los últimos años fue de 3,6% en 1998, -0,1% en 1999, 4,9% en
2000 y 3% en 2001, que es bajo, pero no obstante, con excepción de 1999
estuvo por encima del promedio latinoamericano (Cepal, 2002c, cuadro A1).
Considera Sachs que aunque Chile presenta la mayor
estabilidad macroeconómica y la mejor calidad de las instituciones de la
región, aún faltan incentivos tributarios para atraer al inversionista
extranjero hacia sectores de la industria manufacturera no dependientes de
recursos naturales: “Es muy importante contar con nuevos incentivos para
las inversiones extranjeras en sectores de alta tecnología. Soy un
convencido de que usar incentivos tributarios es una buena forma de atraer
a las empresas tecnológicas hacia el país y no creo que Chile haya
explorado esa vía de una manera adecuada” (Sachs, 2002). Sachs ve en
México el ejemplo a seguir y pondera sus “logros” en innovación y
transferencia tecnológica, reflejados en una estructura productiva y
exportadora que no depende de recursos naturales sino de bienes con alto
valor agregado (industria electrónica, informática, automotriz), y resalta
la importancia de la IED: “En América, la inversión extranjera directa
está fuertemente concentrada en México, algunas partes de América Central
y el Caribe, es decir, países cercanos a EU Los países sudamericanos,
lejanos a la superpotencia, reciben mucho menos inversión de este tipo.
Como resultado, México ha crecido velozmente en los últimos años,
beneficiándose de un rápido incremento de los ingresos y las exportaciones
a EU, mientras Sudamérica ha crecido más lentamente o de hecho ha
decrecido” (Sachs, 2001b).
En su apología del modelo neoliberal Sachs no muestra
interés en profundizar su análisis sobre la industrialización exportadora
de México. Aunque este país presenta, junto con Brasil y Argentina, uno de
los más altos valores absolutos de IED en América Latina en los últimos
quince años, medida como proporción del PIB, dicha inversión es una de las
más bajas de la región (2,8%), y es Chile quien ocupa el primer lugar
(11,2%). Lo que sí vale la pena resaltar es que el 68% de la IED en México
se encuentra en la industria manufacturera de tecnología media y alta, y
un poco en tecnología baja (textiles y confecciones), el resto (32%) en
servicios, caso contrario al de Chile donde la IED está concentrada en
servicios (63%), producto de las privatizaciones de servicios públicos
domiciliarios y del sector financiero, un 27% está en recursos naturales
(cobre principalmente) y un 10% en la industria manufacturera de
tecnología baja (Vial, 2001, Cuadro 4). Igualmente, el 63,9% de las
exportaciones mexicanas son manufacturas de tecnología media y alta, 14,7%
son manufacturas de tecnología baja, 17,5% son recursos naturales (11,7%
bienes primarios y 5,8% manufacturas basadas en recursos naturales), y
3,9% son productos no clasificados (Cepal, 2002a, cuadro 6.3). Sin
embargo, México que es el país de América Latina después de Costa Rica que
presenta la más alta capacidad tecnológica –un promedio entre número de
patentes por cada millón de habitantes, tasa de escolaridad, y gasto en
investigación y desarrollo/PIB– (BID, 2001, Apéndice 1.2, Cuadro 1), ocupa
el último lugar en cuanto a encadenamientos (arrastres) industriales.
Esto quiere decir que las industrias de tecnología media y
alta en México (electrónica, informática y automotriz) no arrastran a
otras industrias porque tienen un componente de insumos importados cercano
al 100%: “Como resultado de un modelo de exportación basado en el empleo
de mano de obra barata, de cada tres carros que mueve la locomotora
exportadora mexicana, dos son de importaciones y sólo uno nacional. Es
decir, el desempeño exportador no incide en el fortalecimiento del aparato
productivo interno” (Villarreal y Ramos, 2002, Introducción). Ese es el
resultado de la llamada industria de la maquila en México. Respecto al
crecimiento del ingreso o PIB en México, que según Sachs ha sido rápido,
tampoco el economista de la Universidad de Harvard muestra rigor en su
análisis, ya que además del crecimiento negativo que le dejó la crisis de
1994 y 1995, creció un poco por encima del promedio latinoamericano en los
años siguientes hasta el 2000, pero volvió a entrar en crisis en el 2001
con un crecimiento negativo de 0,7%, mientras que el promedio
latinoamericano fue positivo aunque bajo, 0,5% (Cepal, 2002c).
Otro aspecto que ha sido altamente descuidado por el BM, el
FMI, Sachs y todos los demás apologistas de la competitividad, es el
relacionado con la libre movilidad de capitales y su incidencia en la tasa
de cambio real. En los últimos quince años ha habido períodos de entrada
masiva de capitales que han ocasionado una disminución del precio de la
moneda internacional, y períodos de salida masiva de capitales que han
tenido el efecto contrario. Esto ha determinado que la tasa de cambio real
(la relación entre el índice de precios internacionales multiplicado por
el índice de devaluación interna –índice de variación del precio del
dólar– y el índice de precios locales multiplicado por el índice
devaluación externa), muestre gran volatilidad, desincentivando las
exportaciones y estimulando las importaciones cuando dicha tasa cae (sobrevaluación
o revaluación real), y lo contrario cuando sube (devaluación real). Este
comportamiento de la tasa de cambio real desvirtúa el argumento de que
Chile es un modelo de estabilidad macroeconómica. Precisamente, sobre el
caso chileno, Ricardo Ffrench Davis afirma: “La crisis asiática arribó a
Chile cuando el tipo de cambio estaba atrasado. La expectativa de una
inminente devaluación desencadenó una nueva fuga de capitales y las
consiguientes presiones devaluatorias en el mercado. El Banco Central las
resistió mediante el expediente de estrechar la banda y elevar las tasas
de interés, hasta que en septiembre de 1999 decidió dejar que el tipo de
cambio flotara libremente. Este cambio de régimen facilitó la corrección
del tipo de cambio real hasta ese momento excesivamente sobrevaluado, pero
introdujo desde entonces una mayor volatilidad” (Ffrench Davis, 2002). En
2001 Chile eliminó el encaje sobre entrada de capitales de corto plazo, lo
cual agravó la situación.
La completa pérdida de soberanía en el manejo de la tasa de
cambio (flotación libre) y en el movimiento de capitales (libre
movilidad), al traducirse en mayor volatilidad de la tasa de cambio real,
aumentó la incertidumbre entre los inversionistas y, por consiguiente,
generó pérdida de competitividad. De esta manera, el modelo neoliberal
produjo el peor de los mundos. En efecto, la política de bajar la
inflación a un dígito y cerca de cero, estrechó el mercado interno de los
países latinoamericanos, porque redujo los renglones del gasto público que
generan demanda (inversión y pagos a trabajadores de planta, entre otros),
aumentó el desempleo, incrementó la concentración del ingreso y no
consiguió lo que aparentemente perseguían los apologistas de la
competitividad, la ampliación del mercado externo, sino todo lo contrario:
el deterioro de las exportaciones netas de bienes y servicios. Los países
supuestamente más competitivos de América Latina presentan saldos
negativos en dicha cuenta. Para los años 2000 y 2001, el saldo de la
cuenta corriente de la balanza de pagos de Chile fue respectivamente
(-988 y -1.200 millones de dólares), para Costa Rica (-751 y -943 millones
de dólares) y para México
(-17.690 y -17.196 millones de dólares, Cepal, 2002c, Cuadro A2).
El caso colombiano
La IED en Colombia durante el proceso de apertura económica
presenta notables semejanzas con Chile, ya que llegó fundamentalmente a
tomar la propiedad de empresas de servicios públicos domiciliarios y del
sector financiero, y a contratar la construcción de obras de
infraestructura, aunque una parte ha sido orientada a la industria de la
maquila al estilo mexicano. El auge de la IED tuvo lugar desde mediados de
los años noventa hasta 1999, cuando se llevó a cabo un importante proceso
de privatizaciones de empresas de energía eléctrica, acueducto, gas
natural, bancos y otras entidades financieras, además de que el capital
extranjero compró la propiedad de grupos económicos nacionales en este
sector, entró a controlar empresas de telefonía celular, contrató con el
Estado colombiano la construcción de obras de infraestructura vial y la
administración de aeropuertos. En el sector minero y de hidrocarburos hubo
nuevas inversiones y compras de propiedad por parte del capital
extranjero. También invirtió en el sector comercio. El 59,5% de la IED
llegó a servicios públicos domiciliarios, sector financiero, telefonía
celular, comercio, contrataciones en infraestructura vial y aeropuertos,
24% a recursos naturales (petróleo, minería, agroindustria alimentaria y
no alimentaria) y 16,5% a la industria manufacturera de tecnología media
–productos químicos, industria automotriz, y en menor medida, producción
de maquinaria– (Vial, 2001, cuadro 4). El Ministerio de Comercio Exterior
resaltó el espectacular aumento que registró la IED en los años noventa en
comparación con los decenios anteriores: “En la década de los 70 los
flujos de IED alcanzaron en promedio US$60,5 millones. Dicho promedio se
incrementó a US$231 millones en los 80 y a US$1.614 millones en los 90”
(página del Mincomex en Internet).
Con el sofisma de la competitividad, la administración
Pastrana vendió al capital extranjero la participación estatal en Carbocol
y en Isagen, inició el proceso de privatización del Banco Cafetero,
decidió a favor del inversionista extranjero una descapitalización de la
Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y sus dos filiales, Emgesa y Codensa y
contrató con firmas foráneas la construcción de vías e infraestructura
aeroportuaria. Las ventajas concedidas al inversionista extranjero fueron
tan amplias que hasta el FMI en su revista Finanzas & Desarrollo debió
pronunciarse frente a las “debilidades” del Estado colombiano: “En muchos
proyectos de infraestructura privados, el Estado ha asumido riesgos que
debían asumir los inversionistas. En el reciente proyecto de construcción
de la carretera de peaje El Cortijo–El Vino, en Colombia, el Estado se
comprometió a otorgar una subvención al concesionario si el tránsito era
inferior al 90% de determinado nivel. Asimismo, garantizó un ingreso
mínimo en la adjudicación del contrato de construcción, operación y
transferencia de una nueva pista del aeropuerto El Dorado de Santafé de
Bogotá” (Thobani, 1999).
Llama la atención que la administración Pastrana, que
sacrificó la economía y al pueblo colombiano por atender las pretensiones
del FMI de favorecer al capital financiero internacional (acuerdo que rige
desde diciembre de 1999 y que fue ratificado por el Presidente Álvaro
Uribe), no atendió las observaciones de dicho organismo y amplió las
ventajas del inversionista extranjero en nuevos contratos de concesión
vial, donde el Estado asumió el riesgo cambiario, o sea se comprometió a
reconocerle al inversionista todo costo ocasionado por la devaluación del
peso frente al dólar. Sobre este aspecto el FMI había advertido: “Existen
varias razones por las que los inversionistas deben asumir los riesgos
cambiarios y de tasas de interés. Primero, las garantías del Estado
podrían incitar a los inversionistas a asumir grandes riesgos cambiarios y
de tasas de interés. Si la moneda se deprecia posteriormente, éstos
podrían culpar al Estado de sus pérdidas en vez de reconocer los peligros
de una deuda excesiva en moneda extranjera. Segundo, las garantías
cambiarias podrían ejercer una influencia negativa sobre la conducta del
gobierno. Por ejemplo, podrían desalentar al gobierno con respecto a la
posibilidad de permitir una depreciación necesaria de la moneda nacional
tras una evolución desfavorable de la relación de intercambio” (Thobani,
1999), (claro que este segundo argumento supone que existe soberanía
estatal en el manejo cambiario, lo cual no es cierto para nuestros países
bajo el modelo neoliberal).
Respecto a las ventajas obtenidas por el inversionista
extranjero, cabe destacar el caso de la descapitalización de la EEB y sus
dos filiales, ya que el consorcio chileno-español Endesa creó barreras de
entrada a otros inversionistas (uno de ellos Empresas Públicas de
Medellín) mediante el ofrecimiento de pago de un “alto” precio por acción,
con lo que “adquirió el 11% de la matriz EEB y el 48,4% de Emgesa y
Codensa” (Castro, 1999), pero a condición de que posteriormente se le
devolviera un 25% del capital invertido, o sea que se le hiciera una
importante rebaja del precio. Mediante la figura de la descapitalización
el inversionista extranjero terminó pagando un precio por acción muy
inferior al acordado inicialmente. Para que las cosas ocurrieran de esta
manera se necesitó de la participación del ministro de Minas y Energía de
la administración Pastrana, Luis Carlos Valenzuela, quien también sacó
provecho de esta transacción (Castro, 1999). Este fue apenas el comienzo
de una innumerable serie de hechos de corrupción de la administración
Pastrana (Ahumada, 2002).
Otro hecho que es producto del engaño de la competitividad,
pero que se remonta a gobiernos anteriores, es el de los contratos de
joint venture (riesgo compartido) de Telecom, donde supuestamente Nortel
de Canadá, Siemens de Alemania, Ericsson de Suecia, Nec de Japón, y otras
dos empresas, Alcatel e Itochu, aportarían capital y tecnología para darle
ventajas competitivas a la empresa estatal. Las firmas extranjeras se
comprometieron a instalar un determinado número de líneas telefónicas en
todo el país, recibiendo la facturación durante unos años y luego las
líneas pasarían a ser facturadas completamente por Telecom. Comenzaron a
vencerse los contratos en 2002 y las firmas extranjeras alegan que Telecom
debe cubrir los costos de instalación de 418.000 líneas que no fueron
vendidas, pero lo que establecen los contratos es que la empresa estatal
no garantiza la demanda por líneas instaladas, o sea que no asume costos
por líneas instaladas no vendidas. Frente a esta situación, la
administración Pastrana manifestó el propósito de liquidar la empresa y
pagarle a las firmas extranjeras lo que exigen. El servilismo ante el
capital extranjero y contra los intereses nacionales volvió a aparecer.
De los hechos reseñados se deduce que dos grandes
atractivos para el inversionista extranjero en el caso colombiano han sido
la ausencia de capacidad de negociación y la falta de transparencia
estatal. Estos atractivos se evidencian igualmente en las privatizaciones
realizadas por gobiernos anteriores. Los problemas de orden público
también constituyen un gran atractivo para los inversionistas extranjeros,
ya que con el argumento de que existe un alto riesgo han podido bajar el
precio de compra de las empresas privatizadas, además de que le exigen al
Estado que autorice aumentos en las tarifas de los servicios muy
superiores a los requeridos para compensar costos por atentados
terroristas (el caso de las empresas de energía eléctrica). A comienzos de
2002 la administración Pastrana ordenó un aumento de tarifas del 17%, que
es el triple de la inflación proyectada para este año. En años anteriores
también ordenó extraordinarios aumentos de tarifas que afectaron sobre
todo a los estratos más bajos de la población: “Entre 1998 y 2001, el
precio de la energía para los tres primeros estratos subió un 40%,
mientras la inflación lo hizo un 28%” (Ossa, 2002).
Además del desproporcionado aumento de las tarifas de
servicios públicos domiciliarios, la administración de la “competitividad”
estableció el impuesto del dos por mil sobre las transacciones financieras
en 1998, el cual fue aumentado al tres por mil en enero de 2001,
incrementó el IVA a un numero mayor de productos, aumentó el desempleo, la
pobreza, la indigencia, la concentración del ingreso, generando la mayor
reducción del mercado interno que se recuerde en la historia colombiana.
Bonificó a los grupos financieros nacionales y extranjeros mediante la
ampliación de la diferencia entre la tasa de interés reconocida a los
ahorradores y la cobrada a los usuarios del crédito, lo que se llama el
margen de intermediación financiera, que subió del 13% en 1998 al 16% en
2002 (Información de la Superintendencia Bancaria, División de
estadísticas, abril de 2002); esto significó una extracción de ingresos a
sus clientes: “La entrada de nuevos actores extranjeros (Banco Bilbao
Vizcaya-BBV y Santander) no se tradujo en menores márgenes de
intermediación, se limitó a la introducción de nuevos productos
(diferenciación de productos) para captar mayores recursos y colocarlos,
con los márgenes existentes en el mercado del crédito” (Misas, 2002, Pág.
155).
Además los grupos financieros pudieron establecer cobros de
“nuevos” servicios y aumentar tarifas de los antiguos sin control alguno,
lo que constituye un atraco silencioso a los ahorradores: “Algunas cuentas
de ahorro pagan cinco por ciento, otras tres por ciento. Pero después de
restar los cobros por talonarios, existencia o manejo de tarjetas, uso de
cajeros, consultas telefónicas, trámites varios, etc., las tasas de
interés fácilmente pueden resultar negativas (por ejemplo, si ahorra $100
le devuelven $95), lo que es peor que guardar la plata debajo del colchón”
(Montenegro, 2002). El deterioro de los ingresos de la población por parte
de la administración Pastrana, también se llevó a cabo en forma directa a
través del salario, y el resultado fue una mayor disminución de la demanda
interna: “La política gubernamental, en el año 2000, de congelar los
salarios de los funcionarios públicos a los niveles vigentes en 1999 e
incitar al sector privado para negociar incrementos salariales por debajo
de la inflación observada, cuando simultáneamente se han incrementado por
encima de la inflación las tarifas de los servicios públicos, el
transporte y otros servicios como la educación y la salud, ha dado lugar a
una reducción en la demanda agregada por bienes manufacturados en amplias
capas de la población” (Misas, 2002, pág. 178) .
Contrario a la retórica neoliberal en el sentido de que el
futuro de nuestra economía está en el mercado externo (y no en el
interno), y que la IED será el motor de las exportaciones, en los últimos
años la cuenta corriente de la balanza de pagos (exportaciones menos
importaciones de bienes y servicios), ha sido crecientemente deficitaria:
–US$350 millones en 2000, –US$2.060 millones en 2001 y se proyecta un
déficit de US$2.316 millones en 2002 (Cepal, 2002c, cuadro A2). El 72,6%
de las exportaciones son recursos naturales (59,4% bienes primarios y
13,2% manufacturas basadas en recursos naturales), 20,8% son manufacturas
de tecnología baja y media, y 6,6% son productos no clasificados (Cepal,
2002a, cuadro 6.3). Las mayores exportaciones no tradicionales (diferentes
a hidrocarburos, minería y café) han sido en textiles, confecciones,
productos químicos y maquinaria, que son bienes con un componente
importado alto. Las empresas productoras de estos bienes estaban
integradas verticalmente (producían sus propios insumos) y con la apertura
han desarrollado la estrategia de importar insumos: “Los sectores que a lo
largo del año 2000 aumentaron más sus exportaciones (textiles,
confecciones, productos químicos y otros), se caracterizan principalmente
por haber sustituido valor agregado interno por valor agregado externo”
(Misas, 2002, pág. 177). Gran parte de estas exportaciones son de empresas
100% capital extranjero como Pavco S.A., con más del 20% de capital
extranjero como Petroquímica Colombiana S.A. y Distral S.A. (productora de
máquinas), y el resto son empresas textileras y confeccionistas nacionales
(Misas, 1998).
Los productos químicos y la maquinaria son industria
manufacturera de tecnología media, mientras que los textiles y
confecciones son de tecnología baja. Como se puede apreciar, el capital
extranjero ha aportado transferencia tecnológica, pero al estilo de México
estas industrias no arrastran a otras industrias nacionales, sino por el
contrario contribuyen a deteriorar viejas industrias como Acerías Paz del
Río, productora de láminas de acero que hoy son importadas por Distral. En
otros casos las empresas extranjeras se han convertido en
comercializadoras, pasando de productoras a simples distribuidoras de
productos importados: “Particularmente importante y exitoso ha sido el
proceso emprendido por las empresas transnacionales en este sentido.
Aprovechando las nuevas condiciones (apertura, reducción arancelaria y
revaluación de la moneda) y sus redes de distribución se han convertido en
los principales importadores del país” (Misas, 2002, pág. 186).
La suerte de los grandes grupos
Los grandes grupos económicos nacionales también se han trasladado de la
producción a la comercialización de bienes importados: “Las filiales de
las empresas transnacionales y las empresas correspondientes a
conglomerados económicos nacionales han sido líderes en este proceso de
redefinir la canasta de bienes producidos y aumentar la oferta de bienes
mediante la importación, lo cual ha significado, en no pocos casos, el
marchitamiento de parte apreciable de las actividades productivas de
dichas empresas” (Misas, 2002, pág. 187). Sobre los bienes que antes eran
producidos en el país y ahora son importados y comercializados en el
mercado interno, y las industrias en que está ocurriendo este fenómeno,
Misas plantea lo siguiente: “La industria automotriz ha sido un ejemplo
claro de este proceso. Fenómenos similares se han presentado en la
industria productiva de electrodomésticos, materiales de construcción,
maquinaria eléctrica, calzado y alimentos” (Misas, 2002, pág. 187).
Es de resaltar que los grandes grupos económicos nacionales confiaron en
que con elevados montos de endeudamiento externo podrían asegurarse un
excelente futuro comprando derechos de propiedad en empresas estatales de
servicios públicos domiciliarios, creando empresas de telefonía celular y
otras empresas de bienes no transables. Pero también ellos han sido
víctimas del modelo en marcha. La política de libre movilidad de capitales
que aparentemente benefició a los grupos hasta 1997, porque les permitió
endeudarse masivamente en el exterior (la deuda externa privada aumentó de
US$ 2.747 millones en 1990 a US$ 15.080 millones en 1997) a partir de 1998
los llevó a la peor crisis de su historia. La salida masiva de capitales
que comenzó en 1998, originada en las dificultades económicas del país y
el gran temor de los inversionistas por el impacto de la crisis asiática y
de Rusia, generó una extraordinaria devaluación del peso frente al dólar.
Entre 1997 y el 2001 el precio del dólar pasó de $1.140 a $2.300, lo que
significa que en cuatro años la deuda externa de dichos grupos más que se
duplicó sólo por concepto de la devaluación.
La consecuencia de tan nefasta situación fue la entrega de activos por
parte de los grupos a los acreedores internacionales, o la venta de los
mismos para cancelar deudas: “Muchos de los deudores en moneda extranjera
tuvieron que transferir parte de sus derechos de propiedad (Ardila, Luis
Carlos Sarmiento, Santo Domingo y otros), a favor de sus acreedores”
(Misas, 2002, pág. 220). Ejemplos de esta situación los encontramos en la
venta por parte de Santo Domingo y Sarmiento Angulo, de sus propiedades en
telefonía celular (Celumóvil y Cocelco, respectivamente) a Bell South, la
venta de Colseguros y Conalvidrios de Santo Domingo al grupo Allianz de
Alemania y otro inversionista extranjero, la venta de un apreciable
paquete de acciones de Inversura (Compañía de Seguros) y Protección (Fondo
de pensiones y Cesantías) del Grupo Económico Antioqueño a la empresa
alemana Munich Re y a la Corporación Financiera Internacional, filial del
BM, respectivamente. En estos ejemplos es difícil saber con precisión si
lo que hubo fue realmente venta o entrega de activos en dación de pago,
pero de todas maneras es evidente la crisis de los grupos.
Tratando de ocultar su debilidad económica y el sometimiento del que han
sido objeto por parte del capital extranjero, los grandes grupos
económicos nacionales le han llamado al proceso de venta o entrega en
dación de pago de sus activos, “alianzas estratégicas”. Pero las cifras
sobre pérdida patrimonial no admiten duda de que los que antes podían
hacer alarde de fortaleza hoy asisten a la peor crisis de su historia. En
el listado de los hombres más ricos del mundo (con más de mil millones de
dólares de patrimonio) de la revista Forbes de 1998 aparecieron Ardila
Lulle, Santo Domingo y Sarmiento Angulo, mientras que en la misma
clasificación del 2001 y del 2002, solamente se incluyó al último, pero su
patrimonio había disminuido de 2.500 millones de dólares en 1998 a 1.500
millones en 2001 y 1.100 millones de dólares en 2002. En lugar de dar
directrices estatales hacia una política activa de industrialización que
comprometa seriamente el gasto público en ciencia y tecnología, capital
humano y modernización tecnológica, y una política de encadenamientos
industriales (valor agregado interno), lo cual exige el regreso a mayores
niveles de protección y por tanto, el desmantelamiento del modelo
neoliberal en marcha, los grandes grupos económicos nacionales se unieron
al coro de los apologistas de tan nefasto modelo: “Los voceros gremiales
del sector manufacturero se han limitado a demandar un manejo
macroeconómico adecuado en torno a gasto público, tasas de interés, tasa
de cambio o niveles impositivos, y en ningún momento han demandado la
necesidad de explicitar una política industrial” (Misas, 2002, pág. 257).
Conclusión
Atendiendo los requerimientos del FMI y el BM, la
administración Pastrana adelantó una política de “competitividad”, la cual
supuestamente le daría grandes ventajas al país en comercio exterior. Para
“mejorar” nuestra competitividad, el gobierno redujo la inversión pública,
el número de empleados y los salarios del sector público, las
transferencias a las regiones, y otras medidas para reducir el gasto
público, envió al Congreso de la República proyectos de ley para facilitar
el funcionamiento del mercado, privatizó y capitalizó empresas, ofreció
ventajas al sector privado en la contratación de obras, y estableció todo
tipo de atractivos a la IED. Los resultados de dicha política no pueden
ser peores, por cuanto llevaron a Colombia a ocupar los primeros lugares
en América Latina en pobreza, indigencia, desempleo, concentración del
ingreso, caída del PIB por habitante. El gran ganador es el capital
extranjero, no sólo los prestamistas sino también (lo que ha sido el tema
de este artículo) la IED, que encontró grandes atractivos en la
incapacidad de negociación estatal, en la falta de transparencia estatal
(corrupción) y en los problemas de orden público.
Contrario al embeleco de los tecnócratas, en el sentido de
que la penetración exitosa de nuestra economía en el mercado internacional
sólo será posible con la profundización de las políticas para bajar la
inflación a cero, profundización de la liberación comercial, libre
movilidad de capitales, liberación de la tasa de cambio, reducción de
salarios, incentivos tributarios al inversionista extranjero y todas las
políticas que han reducido la demanda interna con el pretexto de
incentivar la oferta, el resultado es que nos hemos quedado sin mercado
interno y sin mercado externo. El capital extranjero, en lugar de exportar
valor agregado nacional, ha aplicado estrategias de negocio contra la
economía colombiana, convirtiendo a sus filiales en grandes importadoras y
comercializadoras, en importadoras para ensamblar y exportar (maquila), en
grandes buscadoras de renta que compran empresas de servicios públicos a
muy bajo precio, que logran desproporcionados aumentos de tarifas de
servicios públicos domiciliarios, que atracan a los ahorradores con
tarifas de los servicios financieros superiores a la tasa de interés de
los depósitos, que mantienen excesivos márgenes de intermediación
financiera y que logran que el Estado colombiano asuma todos los riesgos
en la contratación de obras de infraestructura vial y de aeropuertos.
Tras apoyar todas las políticas del arrasador modelo, los
grandes grupos económicos nacionales creyeron encontrar la estrategia
salvadora comprando activos estatales en la producción de bienes no
transables (sin competidores externos), y para ello acudieron al
endeudamiento externo masivo. La extraordinaria devaluación del peso
frente al dólar en los años de la administración Pastrana, los obligó a
entregar gran parte de sus activos al capital extranjero. Además, la
crisis de sus empresas de producción de bienes transables
internacionalmente, los llevó a convertirlas en comercializadoras de
bienes importados. Con el eufemismo de “alianzas estratégicas” aparentan
buscar socios extranjeros para fortalecer su poder, pero la crisis que los
azota demuestra lo contrario: su debilidad frente al inversionista
extranjero.
Notas
1. Para cinco zonas (San
Andrés, Buenaventura, Ipiales, Valledupar y Cúcuta) esta ley estableció:
Jornada laboral de 9 horas, eliminación de recargo por trabajo nocturno,
dominical o en días festivos, salario integral a partir de tres salarios
mínimos mensuales, entre otras medidas.
2. Algunos ejemplos de los
tipos de bienes son: bienes primarios (petróleo, cobre, carbón,
ferroníquel, gas, café, banano y toda la agricultura); manufacturas
basadas en recursos naturales (alimentos procesados, bebidas, madera,
celulosa, papel, cartón, cemento, derivados del petróleo); manufacturas de
tecnología baja (textiles, confecciones, calzado, productos de cuero en
general, vajillas, muebles); manufacturas de tecnología media (vehículos,
motores, maquinaria, fibra sintética, productos químicos y pinturas);
manufacturas de tecnología alta (computadores, televisores, equipos de
telecomunicaciones, aeronaves, instrumentos ópticos o de medición,
industria farmacéutica).
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