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Acuerdo Chile - Unión Europea
¿Concesiones de
cuarta generación plus?
Tomado
del boletín semanal de Cenda
(Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo
Alternativo, abril de 2002)
Hugo Fazio Rigazzi
La canciller Soledad Alvear ha manifestado, repitiendo la
expresión usada por el comisario de comercio de la Unión Europea (UE),
Pascal Lamy, que el acuerdo de libre comercio alcanzado entre Chile y la
UE -fruto de negociaciones iniciadas en noviembre de 1999- sería de
«cuarta generación plus». Con ello se quiere expresar que contiene
cláusulas no contempladas en tratados anteriores y es mucho más vasto que
la sola liberalización comercial. Para la UE -ha destacado Lamy- se trata
del pacto más amplio suscrito.
Sin embargo, la información publicitada se ha concentrado
unilateralmente en las ventajas que se obtendrían del acceso preferente a
un mercado de 378 millones de personas, al quedar los productos chilenos
de exportación desgravados inmediatamente en un 85.4 por ciento –aunque en
una serie de rubros con cuotas máximas anuales– y en su totalidad en un
plazo máximo de diez años. Desde luego, el ingreso en condiciones más
favorables a cualquier mercado, y en especial a uno de tal magnitud, es un
acontecimiento importante. Con mayor razón dado que la UE posee un sistema
de escalonamiento arancelario que favorece a los productores comunitarios
por sobre sus competidores extranjeros.
Con todo, hubo algunos rubros marginados de los beneficios
propios de un acuerdo de libre comercio, como la merluza que quedó en una
situación más desmedrada que las ventas a realizarse desde Perú, por
ejemplo, que no tiene tratados de este tipo con la UE. No se aplicó en
este caso el principio de «nación más favorecida».
En cambio, se conocen sólo escasamente las concesiones
entregadas por el gobierno chileno. El acuerdo incluye -como señaló el
comisario de Política Exterior de la UE, Chris Patten-, además de «la
liberalización progresiva de nuestras relaciones económicas mediante la
creación de un área de libre comercio para productos industriales y
agrícolas; un acuerdo preferencial en servicios; la apertura mutua de los
mercados públicos; un acuerdo sobre inversiones, así como el
establecimiento de unas reglas sobre la competencia, (y) la propiedad
intelectual...» (28/4/02).
Sobre estos otros aspectos la información oficial entregada
es muy escasa. Sólo se abrió debate inmediatamente con relación al sector
pesquero a partir de las declaraciones críticas entregadas por Sonapesca,
la cual subrayó especialmente la liberalización aceptada por Chile de su
Ley de Navegación, lo que permitirá a las empresas europeas poder tomar el
100 por ciento de la propiedad de las compañías locales, mientras que a
la fecha sólo pueden optar al 49 por ciento. Es conocido que desde hace
años España exige que sus flotas puedan desarrollar actividades en aguas
chilenas. Ahora lo obtuvo por la vía del acuerdo suscrito. El diario
español El País subrayó que el tratado «abre el sector pesquero chileno a
la inversión española» (27/4/02).
Estas concesiones se producen mientras al interior de la
UE, el comisario de agricultura y pesca, el austriaco Franz Fischler
propuso la reducción del 40 por ciento de la capacidad pesquera de la
flota comunitaria con el fin de proteger a las especies. En particular,
Fischler planteó aumentar el proceso de desguace de buques españoles,
franceses, griegos o portugueses. La propuesta, obviamente, recibió una
dura respuesta de las autoridades de las naciones afectadas, especialmente
las españolas. Estos hechos explican todavía más claramente la razón por
la cual en el acuerdo con Chile se demandó y obtuvo el acceso a las aguas
territoriales nacionales.
A juicio del subsecretario de pesca del gobierno de Ricardo
Lagos, Felipe Sandoval, de esta manera se «ha dado valor a las empresas
chilenas» (30/4/02), nueva manera de denominar la trasnacionalización de
la economía. «Hay que adecuar la normativa actual -añadió Sandoval- para
que ellos puedan ser dueños de compañías chilenas». En este caso se trata
de un acuerdo de «cuarta generación plus» en favor claramente del capital
extranjero.
De otra parte, se suscribe un tratado de libre comercio con
un bloque que mantiene su política de subsidios a sus productos agrícolas,
lo cual entra en contradicción con principios básicos de un intercambio
comercial en igualdad, a lo menos formal, de condiciones. No puede
olvidarse que los procesos de libre comercio en definitiva conducen a
políticas de apertura en ambas direcciones.
El comisario Pascal Lamy destacó que por primera vez la UE
suscribe un tratado que incluye la liberalización de los flujos de
capitales y servicios (27/4/02). El libre flujo de capitales es un punto
central para los grupos financieros europeos. En un documento reservado
dado a conocer en Gran Bretaña por el periódico The Guardian, que contiene
un apartado de 34 páginas sobre nuestro país, titulado «Demandas de la CE
(Comisión Europea) y sus miembros a Chile», afirma que esta estrategia es
el fruto de años de presión por parte del sector financiero europeo, que
tiene puestas todas sus esperanzas en expandirse en América Latina y Asia,
lo cual ahora logra imponer en las negociaciones con Chile.
Se trata de una exigencia permanente del capital financiero
mundial, reivindicado igualmente en las negociaciones de libre comercio
con la UE, que impide aplicar políticas de un contenido nacional en estos
terrenos. No se tuvo en cuenta al aceptarlo los desequilibrios que produce
el movimiento de capitales, como lo muestran las sucesivas crisis
financieras registradas en diferentes países en desarrollo durante las
últimas décadas.
En el documento de The Guardian se adelantaba que en las
negociaciones realizadas se solicitaría una mayor liberalización en el
sector servicios, así como la generación de mejores condiciones para que
empresas extranjeras participasen de forma más activa en los negocios
locales. Dentro de las áreas que requieren de una mayor apertura, el
documento nombra específicamente los rubros de energía,
telecomunicaciones, construcción, financiero, turismo y transporte en
varios de los cuales ya existe en Chile una posición dominante de
consorcios europeos.
Según The Guardian, la intención de la UE sería despejar el
camino para que sus compañías puedan competir en igualdad de condiciones
con las empresas locales, para lo cual requieren que sus socios eliminen
las barreras a la competencia y a la propiedad foránea en áreas clave de
sus economías. Así aconteció en el sector pesquero. La mencionada
«igualdad de oportunidades» es una ficción si se considera la diferente
dimensión y capacidad financiera de las empresas europeas y chilenas.
Tampoco se ha especificado qué contiene el tratado en
materia de inversión. Es preciso recordar que ya en el convenio suscrito
con Canadá, así como en el que se negocia con la UE, se establecen
protecciones supranacionales, prácticamente a todo evento, que las dejan
absolutamente al margen de futuras determinaciones nacionales. De ser así
constituiría una nueva entrega de soberanía, particularmente grave si se
considera que consorcios europeos tienen una inversión materializada en
Chile por muchos miles de millones de dólares. Entre los sectores de la
economía nacional con mayor presencia europea se encuentran energía,
bancos, telecomunicaciones, minería y sanitarias. ¿En la negociación con
la UE se estableció un articulado diferente al suscrito con Canadá?
El convenio sobre propiedad intelectual ya había sido
concordado hace algunos meses, según informó en su momento el negociador
alterno chileno Mario Matus, acordándose protegerla con «altos
estándares», (10/2/02), demanda permanente también de los países más
avanzados científica y tecnológicamente. De esta manera, se coloca en una
situación preferente a los consorcios dueños de las patentes, los cuales
–como lo ha probado profusamente la experiencia del sector farmacéutico–
terminan imponiendo precios de monopolio.
Para la UE el acuerdo con Chile tiene una gran importancia,
ya que les ayuda a establecer sus criterios en futuros tratados que se
suscriban con el Mercosur –cuyas negociaciones también se iniciaron en
noviembre de 1999– u otras naciones latinoamericanas, a la vez que se
avanza en su objetivo de no dejar la región bajo la hegemonía absoluta
norteamericana. «El acuerdo con Chile –subrayó el comisario de Política
Exterior de la UE, Chris Patten– despeja el camino hacia otro objetivo más
ambicioso, que es el acuerdo con el Mercosur que actualmente estamos
negociando». Una importancia similar asigna la UE a un tratado con Chile.
El gobierno ha señalado que se propone dar una amplia
divulgación a lo acordado. Es muy importante que se proporcione una
información completa, sobre todos los aspectos, de manera que pueda
iniciarse una discusión con pleno conocimiento y no sea únicamente sobre
los niveles de apertura obtenidos por el país, informándose sobre los
compromisos asumidos en diferentes planos altamente trascendentes. Sólo
así podrá verse claramente qué significado le dan el gobierno y la UE a la
afirmación que se trata de un convenio de «cuarta generación plus».
a canciller Soledad Alvear ha manifestado, repitiendo la
expresión usada por el comisario de comercio de la Unión Europea (UE),
Pascal Lamy, que el acuerdo de libre comercio alcanzado entre Chile y la
UE -fruto de negociaciones iniciadas en noviembre de 1999- sería de
«cuarta generación plus». Con ello se quiere expresar que contiene
cláusulas no contempladas en tratados anteriores y es mucho más vasto que
la sola liberalización comercial. Para la UE -ha destacado Lamy- se trata
del pacto más amplio suscrito.
Sin embargo, la información publicitada se ha concentrado
unilateralmente en las ventajas que se obtendrían del acceso preferente a
un mercado de 378 millones de personas, al quedar los productos chilenos
de exportación desgravados inmediatamente en un 85.4 por ciento –aunque en
una serie de rubros con cuotas máximas anuales– y en su totalidad en un
plazo máximo de diez años. Desde luego, el ingreso en condiciones más
favorables a cualquier mercado, y en especial a uno de tal magnitud, es un
acontecimiento importante. Con mayor razón dado que la UE posee un sistema
de escalonamiento arancelario que favorece a los productores comunitarios
por sobre sus competidores extranjeros.
Con todo, hubo algunos rubros marginados de los beneficios
propios de un acuerdo de libre comercio, como la merluza que quedó en una
situación más desmedrada que las ventas a realizarse desde Perú, por
ejemplo, que no tiene tratados de este tipo con la UE. No se aplicó en
este caso el principio de «nación más favorecida».
En cambio, se conocen sólo escasamente las concesiones
entregadas por el gobierno chileno. El acuerdo incluye -como señaló el
comisario de Política Exterior de la UE, Chris Patten-, además de «la
liberalización progresiva de nuestras relaciones económicas mediante la
creación de un área de libre comercio para productos industriales y
agrícolas; un acuerdo preferencial en servicios; la apertura mutua de los
mercados públicos; un acuerdo sobre inversiones, así como el
establecimiento de unas reglas sobre la competencia, (y) la propiedad
intelectual...» (28/4/02).
Sobre estos otros aspectos la información oficial entregada
es muy escasa. Sólo se abrió debate inmediatamente con relación al sector
pesquero a partir de las declaraciones críticas entregadas por Sonapesca,
la cual subrayó especialmente la liberalización aceptada por Chile de su
Ley de Navegación, lo que permitirá a las empresas europeas poder tomar el
100 por ciento de la propiedad de las compañías locales, mientras que a
la fecha sólo pueden optar al 49 por ciento. Es conocido que desde hace
años España exige que sus flotas puedan desarrollar actividades en aguas
chilenas. Ahora lo obtuvo por la vía del acuerdo suscrito. El diario
español El País subrayó que el tratado «abre el sector pesquero chileno a
la inversión española» (27/4/02).
Estas concesiones se producen mientras al interior de la
UE, el comisario de agricultura y pesca, el austriaco Franz Fischler
propuso la reducción del 40 por ciento de la capacidad pesquera de la
flota comunitaria con el fin de proteger a las especies. En particular,
Fischler planteó aumentar el proceso de desguace de buques españoles,
franceses, griegos o portugueses. La propuesta, obviamente, recibió una
dura respuesta de las autoridades de las naciones afectadas, especialmente
las españolas. Estos hechos explican todavía más claramente la razón por
la cual en el acuerdo con Chile se demandó y obtuvo el acceso a las aguas
territoriales nacionales.
A juicio del subsecretario de pesca del gobierno de Ricardo
Lagos, Felipe Sandoval, de esta manera se «ha dado valor a las empresas
chilenas» (30/4/02), nueva manera de denominar la trasnacionalización de
la economía. «Hay que adecuar la normativa actual -añadió Sandoval- para
que ellos puedan ser dueños de compañías chilenas». En este caso se trata
de un acuerdo de «cuarta generación plus» en favor claramente del capital
extranjero.
De otra parte, se suscribe un tratado de libre comercio con
un bloque que mantiene su política de subsidios a sus productos agrícolas,
lo cual entra en contradicción con principios básicos de un intercambio
comercial en igualdad, a lo menos formal, de condiciones. No puede
olvidarse que los procesos de libre comercio en definitiva conducen a
políticas de apertura en ambas direcciones.
El comisario Pascal Lamy destacó que por primera vez la UE
suscribe un tratado que incluye la liberalización de los flujos de
capitales y servicios (27/4/02). El libre flujo de capitales es un punto
central para los grupos financieros europeos. En un documento reservado
dado a conocer en Gran Bretaña por el periódico The Guardian, que contiene
un apartado de 34 páginas sobre nuestro país, titulado «Demandas de la CE
(Comisión Europea) y sus miembros a Chile», afirma que esta estrategia es
el fruto de años de presión por parte del sector financiero europeo, que
tiene puestas todas sus esperanzas en expandirse en América Latina y Asia,
lo cual ahora logra imponer en las negociaciones con Chile.
Se trata de una exigencia permanente del capital financiero
mundial, reivindicado igualmente en las negociaciones de libre comercio
con la UE, que impide aplicar políticas de un contenido nacional en estos
terrenos. No se tuvo en cuenta al aceptarlo los desequilibrios que produce
el movimiento de capitales, como lo muestran las sucesivas crisis
financieras registradas en diferentes países en desarrollo durante las
últimas décadas.
En el documento de The Guardian se adelantaba que en las
negociaciones realizadas se solicitaría una mayor liberalización en el
sector servicios, así como la generación de mejores condiciones para que
empresas extranjeras participasen de forma más activa en los negocios
locales. Dentro de las áreas que requieren de una mayor apertura, el
documento nombra específicamente los rubros de energía,
telecomunicaciones, construcción, financiero, turismo y transporte en
varios de los cuales ya existe en Chile una posición dominante de
consorcios europeos.
Según The Guardian, la intención de la UE sería despejar el
camino para que sus compañías puedan competir en igualdad de condiciones
con las empresas locales, para lo cual requieren que sus socios eliminen
las barreras a la competencia y a la propiedad foránea en áreas clave de
sus economías. Así aconteció en el sector pesquero. La mencionada
«igualdad de oportunidades» es una ficción si se considera la diferente
dimensión y capacidad financiera de las empresas europeas y chilenas.
Tampoco se ha especificado qué contiene el tratado en
materia de inversión. Es preciso recordar que ya en el convenio suscrito
con Canadá, así como en el que se negocia con la UE, se establecen
protecciones supranacionales, prácticamente a todo evento, que las dejan
absolutamente al margen de futuras determinaciones nacionales. De ser así
constituiría una nueva entrega de soberanía, particularmente grave si se
considera que consorcios europeos tienen una inversión materializada en
Chile por muchos miles de millones de dólares. Entre los sectores de la
economía nacional con mayor presencia europea se encuentran energía,
bancos, telecomunicaciones, minería y sanitarias. ¿En la negociación con
la UE se estableció un articulado diferente al suscrito con Canadá?
El convenio sobre propiedad intelectual ya había sido
concordado hace algunos meses, según informó en su momento el negociador
alterno chileno Mario Matus, acordándose protegerla con «altos
estándares», (10/2/02), demanda permanente también de los países más
avanzados científica y tecnológicamente. De esta manera, se coloca en una
situación preferente a los consorcios dueños de las patentes, los cuales
–como lo ha probado profusamente la experiencia del sector farmacéutico–
terminan imponiendo precios de monopolio.
Para la UE el acuerdo con Chile tiene una gran importancia,
ya que les ayuda a establecer sus criterios en futuros tratados que se
suscriban con el Mercosur –cuyas negociaciones también se iniciaron en
noviembre de 1999– u otras naciones latinoamericanas, a la vez que se
avanza en su objetivo de no dejar la región bajo la hegemonía absoluta
norteamericana. «El acuerdo con Chile –subrayó el comisario de Política
Exterior de la UE, Chris Patten– despeja el camino hacia otro objetivo más
ambicioso, que es el acuerdo con el Mercosur que actualmente estamos
negociando». Una importancia similar asigna la UE a un tratado con Chile.
El gobierno ha señalado que se propone dar una amplia
divulgación a lo acordado. Es muy importante que se proporcione una
información completa, sobre todos los aspectos, de manera que pueda
iniciarse una discusión con pleno conocimiento y no sea únicamente sobre
los niveles de apertura obtenidos por el país, informándose sobre los
compromisos asumidos en diferentes planos altamente trascendentes. Sólo
así podrá verse claramente qué significado le dan el gobierno y la UE a la
afirmación que se trata de un convenio de «cuarta generación plus».
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