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Se prescribe
y se proscribe la
academia
Los estragos de la nueva legislación en la academia
y la capacitación docente
Miguel
Pardo Romero
Antecedentes y
efectos regresivos a corto plazo
La Ley 715, sus
decretos reglamentarios y los proyectos en curso, desafortunadamente nos
dan la razón a quienes advertimos que el Acto Legislativo 01 de 2001 se
constituiría en uno de los mayores atentados contra nuestra soberanía en
el campo de la educación al entregar una vez más al Fondo Monetario
Internacional el diseño de la política educativa. Esto acarrea dos
estragos irreversibles: el primero, el arrasamiento de la educación
pública, a través de la supresión de la financiación estatal, y el
segundo, el despojo que se le hace al país de su derecho al conocimiento
necesario para su desarrollo, como es propio de los países autónomos.
No de otra manera se
puede entender la destrucción de la educación formal, al establecerse que
los niños en edad escolar de 3 y 4 años pasen al programa de Familia y
Niñez, a cargo del DABS en Bogotá y a las madres comunitarias o
modalidades similares en el resto del país; a la vez, se establece que los
adolescentes mayores de 15 ó 17 años y la educación media ya no son
responsabilidad del Estado y se reemplazará por la preparación en
competencias laborales que solo respondan a la coyuntura del empleo y no a
las necesidades de desarrollo y de conocimiento que el país requiere. A la
educación especial también se le cierran las puertas de la educación
formal, con la misma indiferencia con que estos gobiernos han condenado al
sótano de sus prioridades a estos niños que son quienes más requieren
comprensión y apoyo idóneo.
La meta gubernamental
de la universalización del noveno grado es insuficiente, puesto que
representa una especie de analfabetismo en el siglo XXI. Con el agravante
de que se habla de una educación básica completamente degradada: sin
preescolar de tres años, sin docentes especializados en todas las áreas
desde primer grado, como lo establece el artículo 23 de la Ley General de
Educación, con promoción automática a través del Decreto 230 de 2002 y
apenas concentrada en cuatro áreas de competencias básicas (ciencias
naturales, matemáticas, lengua materna y ética y valores).
La propuesta
neoliberal: Una profesión
docente ajena a su esencia
Continuando con la
política de su antecesor, el gobierno actual arremete contra sus docentes
–uno de los pilares académicos de un país– contra su permanente
actualización y el carácter profesional de su ejercicio, al vulnerar la
libertad de cátedra, la autonomía escolar y la idoneidad profesional, es
decir, contra la esencia de lo que significa ser docente.
De la Ley 715 se
desprende que la actualización y el dominio en el proceso de
enseñanza–aprendizaje no son criterios para ascender en las categorías
superiores del escalafón, y un nuevo proyecto en trámite consigna que las
obras escritas sólo serán consideradas hasta la séptima categoría, en
contravía no sólo del criterio de la experiencia sino del sentido común.
Además de lo anterior,
no aparecen por ningún lado los recursos estatales para la capacitación
generalizada de los docentes pero sí la exclusión de la carrera y la
destitución si se pierde la evaluación de desempeño o de competencias,
pese a que el gobierno no ofrece ni financia la actualización permanente.
Queda al descubierto la perversa intención de la evaluación docente al
exigir a los profesores que sus estudiantes obtengan logros y resultados
satisfactorios, haciendo caso omiso de factores asociados a la calidad por
los cuales el gobierno no sólo no responde sino que agrava la ya
deplorable situación.
En cuanto a los
recursos para capacitación, Bogotá pasó de destinar $4.000 millones para
financiar el Plan Territorial de Formación Docente y de Directivos para el
período 2000-2001 a $600 millones en el 2001-2002, por lo que la
Secretaría de Educación Distrital no financió ningún programa de formación
conducente a créditos, retornando a lo que fue la constante durante la
primera administración Mockus–Bromberg(1).
Para el 2003 se cuenta hasta ahora con solo $2.078.400, que es la suma de
recursos descongelados del año anterior más lo destinado para este año,
una cantidad a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta que son más
de 27.000 docentes.
La Secretaria de
Educación del Distrito ha tomado el camino de endosar la actualización de
maestros y maestras a los menguados recursos de la instituciones, para lo
cual le ha cambiado el carácter a los Planes Institucionales Anuales de
Formación (PIAF), y ha recurrido a la “buena voluntad” del sector privado
bajo el nombre de “Alianzas Estratégicas”, en razón de lo cual adelanta
contactos con empresas como Gas Natural, Asobancaria y Coca Cola para que
financien cursos en ciencias naturales, matemáticas y lengua materna,
respectivamente.
Si no bastara con lo
anterior, se pretende generalizar en todo el país la política adoptada en
el Distrito Capital en los últimos años de limitar la capacitación a las
áreas de competencias básicas, lo cual significa que, así como a los niños
les quedan vedados los docentes especializados, a sus maestros se les
condena a no poder actualizarse permanentemente en las áreas de idioma
extranjero, tecnología, informática, ciencias sociales, educación física y
artística con los recursos del Estado, o incluso, privados. No sobra
mencionar que los contenidos y metodologías en español, ciencias naturales
y matemáticas, dependerán de los resultados de las evaluaciones y
estándares, sin obedecer al criterio de apropiarnos de los avances
alcanzados por la humanidad en estas materias.
Dar prioridad a la
enseñanza escolar y la capacitación docente en unas áreas y no en todas
las que indica la Ley General de Educación significa desconocer los
estudios sobre la importancia de estimular el desarrollo del pensamiento
en los niños de edades tempranas y la forma como funciona el cerebro, en
cuanto a la estrecha relación que existe, por ejemplo, entre la música,
las matemáticas y el razonamiento complejo. O el manifiesto error de
posponer de la primaria a la secundaria el aprendizaje de una segunda
lengua(2).
En cuanto a Ética y
Valores, han estado orientados hacia el programa de cultura ciudadana,
especialmente con el objeto de interiorizar en la mente de la población el
criterio según el cual la calidad de vida depende del cumplimiento de las
leyes y del pago de tributos, no importa si las primeras son o no justas y
si los segundos arruinan aún más a los habitantes. No es coincidencia que
en los dos últimos años sea el área que ha recibido mayores recursos.
A esta área se le ha
agregado un criterio inadmisible: La creencia de que la solución de los
problemas de violencia generalizada que padece la sociedad depende
fundamentalmente de la escuela, lo cual no es solamente un despropósito
sino un argumento más para desprestigiar la educación pública al no poder
resolver este flagelo. Sobre el particular, hay que señalar de manera
contundente que para los educadores es inaceptable que se le cambie a la
escuela la función que la distingue como institución social, el contribuir
al desarrollo y al bienestar por medio del conocimiento más avanzado; como
tampoco es admisible la intención de relevar las ciencias sociales y su
carácter científico por la axiología neoliberal.
En resumen, se
prescribe la academia y con ello se le niega al país la apropiación del
conocimiento y de las metodologías más avanzadas, por la vía de excluir
unas áreas de la enseñanza, negar la actualización docente, limitar los
contenidos en otras y sobredimensionar la ética y la gestión educativa.
A la falta de
capacitación se le suma la promoción obligatoria de los estudiantes de un
grado a otro sin alcanzar los logros, de acuerdo con el Decreto 230 de
2002, como también el progresivo abandono de la infraestructura de las
instituciones públicas y la destinación de los recursos a la construcción
de los colegios de concesión en el Distrito.
No menos importante,
es la crítica situación social de la población colombiana: La desnutrición
alcanza al 30 por ciento de la población escolar y el 46 por ciento de las
mujeres embarazadas, en tanto que el 23 por ciento de los niños tienen
anemia(3). El 59.8 por ciento de los menores
de 18 años se encuentra en el nivel de pobreza (que equivale a 10.4
millones de una población de 16.8 millones) y el 9 por ciento en la
miseria, es decir, 1.512.000 niños y jóvenes(4).
La violencia, que afecta al 100 por ciento de los niños y adolescentes de
manera directa o indirecta(5) y una población
desplazada de 1.404.000 niños y jóvenes, entre 1985 y el 2000, de los
cuales el 57 por ciento no regresa a la escuela(6).
Son estas las condiciones en las cuales se desenvuelve la educación en
Colombia.
Bogotá se encuentra en
similares circunstancias, puesto que el 53 por ciento de los estudiantes
entre 10 y 14 años y el 69 por ciento, entre 15 y 20, padece desnutrición
crónica y el 9 por ciento de los menores de 9 años sufre desnutrición
aguda(7). A la vez que el 20 por ciento de 2
millones de menores de 18 años vive en la pobreza(8)
y 32.000 menores son desplazados, de los cuales el 83 por ciento no van a
la escuela(9).
Pero no sólo se
prescribe sino también se proscribe a la academia. Ejemplo de ello es que,
como consecuencia de todas las adversidades, los grupos o redes de
actualización e innovación escolar son paulatinamente asfixiados, no sólo
porque se les ha quitado el apoyo financiero sino porque se les niega el
reconocimiento a su labor a través de la acreditación. Al mismo tiempo, se
ejerce en Bogotá, y paulatinamente en el resto del país, un control
policíaco sobre el tiempo escolar y se establece que la única actividad
académica permitida es la clase en el aula, llegando al extremo de señalar
en algunos casos que las jornadas pedagógicas no son posibles dentro de
las 40 semanas lectivas, así se requieran. Todo esto está rodeado de una
atmósfera de temor, contraria a la que el quehacer pedagógico requiere.
Entre tanto, la
libertad de cátedra y la autonomía escolar, que son los elementos
indispensables de la academia, son profundamente erosionadas por el
Decreto 230 de 2002, el cual anula el papel que corresponde al docente en
la determinación del rumbo académico de las instituciones, compeliéndolo a
retornar a la colonial tarea de acatar los contenidos implícitos en los
estándares, las metodologías, la forma de evaluación y promoción escolar,
determinadas por organismos internacionales como el Programa de Promoción
de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) y por el
Ministerio de Educación Nacional.
A todo lo anterior se
suma la supresión de la estabilidad laboral, asunto que no solo afecta la
subsistencia, sino la condición para que los docentes expresen sus puntos
de vista en el terreno académico y ejerzan sus derechos civiles.
De manera tal que la
actualización del docente, una de las reivindicaciones básicas e
inherentes al ejercicio profesional, se acaba, no sólo por lo ya
mencionado sino porque queda sujeta a la decisión del inmediato superior,
independientemente del derecho, los recursos financieros, las necesidades
de la institución y los méritos del maestro.
La propuestas
de la representación docente
ante el Comité de Capacitación
La representación de
la ADE ante el Comité de Capacitación propone a los docentes conformar
grupos de trabajo y los invita a abrir un debate alrededor de los
siguientes ejes temáticos:
• Significado
e importancia de la autonomía escolar y la libertad de cátedra.
•
Reorientación de los Planes Institucionales Anuales de Formación, de
acuerdo con las necesidades del PEI y de acreditación y el interés
académico de los docentes.
•
Fortalecimiento de los Grupos de innovación e investigación por medio de
acreditación y otro tipo de reconocimientos académicos como publicaciones,
becas y pasantías, que puedan garantizar su funcionamiento mediante
descarga académica y flexibilidad horaria.
•
Actualización y acreditación de docentes por medio de Programas de
Formación Permanente Docente (PFPD) u otros cursos en todas las áreas.
• Talleres y
propuestas sobre habilidades de pensamiento, competencias y logros, por
áreas y asignaturas y estándares curriculares.
• Debate a
fondo sobre la política educativa y su relación con las corrientes
pedagógicas y del pensamiento.
• Proyectos
específicos e institucionales: Educación especial, orientación escolar, el
papel de la Normal María Montessori, el Instituto de Investigación
Educativa y Desarrollo Pedagógico IDEP, entre otros.
• Tareas
urgentes para la comunidad académica y educativa: El nuevo Comité
Ejecutivo de Fecode, las direcciones de los sindicatos regionales, los
Centros de Estudios e Investigación Docente (CEID) y las escuelas de
educación sindical y política, deben fortalecer la defensa de nuestro
carácter de comunidad académica nacional. Convocar con decisión a las
universidades, facultades de educación, normales, institutos pedagógicos,
investigadores y a no pocos funcionarios a cargo de los quehaceres
académicos, a priorizar en el debate la importancia del conocimiento en el
desarrollo y el bienestar de la población, la soberanía nacional en el
campo de la educación, la cultura y el papel del docente. La reconquista
del escalafón nacional y su relación con la actualización, la innovación e
investigación docente, son parte de esta discusión.
La contienda debe
poner en evidencia ante la opinión pública a quienes pretextando el
derecho de los niños, los condenan a no tener oportunidad alguna y los
inducen a mirar con recelo a sus maestros, mientras que le proponen al
país una cruzada ajena al interés nacional, una noche oscura para el
ejercicio académico y de sus libertades.
Notas
1 El planteamiento
sostenido por Mockus en las sesiones de la Junta Distrital de Educación (JUDI)
en 1996 y 1997 para negar la capacitación docente conducente a créditos,
estaba basado en el supuesto ético según el cual, el gobierno seccional no
podía destinar dos veces recursos para un docente, una para actualizarlo y
otra para ascenderlo en el escalafón. Se trataba de una entelequia
dirigida a reducir sustancialmente el salario de los docentes y a dejar la
actualización sujeta a la precaria capacidad de sus bolsillos.
Desafortunadamente, Mockus fue respaldado por no pocos centros de estudio
y organizaciones no gubernamentales, que mediante cuantiosos contratos se
prestaron a sustituir la formación docente acreditada por charlas masivas
en las localidades. El magisterio bogotano derrotó esta política en un
paro distrital de 4 días en 1997, pero al siguiente año fueron
restablecidos los cursos acreditados, anuales y financiados por el Estado,
conocidos como Programas de Formación Permanente Docente (PFPD).
2 Shaw, G. y Rauscher,
F. “La inteligencia Infantil. Investigación Universidad Konstanz.
Alemania”, Revista Newsweek. 1995.
3 Informe de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano y el Plan Mundial de
Alimentación, año 2000.
4 Dane. Citado por el
Editorial de El Tiempo, 7 de mayo de 2002.
5 Defensoría y Policía
Nacional, tomado de la página electrónica del Ministerio de Educación
Nacional, 2001.
6 Informe de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano y el Plan Mundial de
Alimentación, año 2000.
7 Datos de la
Secretaría de Salud del Distrito Capital. 2002.
8 Datos de la
Contraloría Distrital. 2002.
9 Defensoría y
Policía Nacional, tomado de la página electrónica del Ministerio de
Educación Nacional, 2001.
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