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el proyecto
“Ley Patriótica
II”
Por Charles Lewis y Adán Mayle
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Pocos días después del 11 de
septiembre de 2001, el gobierno de Bush logró la aprobación de una
drástica ley de seguridad interna para proveer las herramientas
necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo [en inglés el
acrónimo empleado para describir esta ley es Patriot]. Desde finales
del 2002 se ha hablado con insistencia sobre un refuerzo de dicha ley,
conocida como Ley Patriótica II.
El Centro para la
Integridad Pública es una prestigiosa ONG de Estados Unidos que se ha
destacado por su espíritu democrático. En el pasado mes de febrero
puso a disposición de sus lectores el texto que a continuación
traducimos. Toda la información al respecto puede encontrarse en
www.public-i.org.
Departamento de Justicia.
Proyecto de ampliación de la ley antiterrorista
El Centro publica el borrador
secreto del proyecto “Patriótica II”. |
La
Administración Bush está preparando una modificación audaz y comprehensiva
a la Ley Patriótica aprobada en los días siguientes al 11 de septiembre de
2001, que le dará al gobierno nuevos poderes amplios y arrasadores para
aumentar la recolección de inteligencia doméstica, para ejercer la
vigilancia y prerrogativas en la ejecución de la ley, y simultáneamente
disminuye la revisión judicial y el acceso público a la información.
El Centro para
la Integridad Pública ha obtenido un borrador de esta ley que antes no
había sido revelada, fechado el 9 de enero de 2003. El proyecto, diseñado
por la oficina del Fiscal General John Ashcroft y titulado Ley para el
Fortalecimiento de la Seguridad Interna del 2003, no ha sido publicado
oficialmente por el Departamento de Justicia, aunque han circulado rumores
sobre su desarrollo alrededor del Capitolio durante los últimos meses,
bajo el nombre de Act Patriot II, en el lenguaje del Legislativo.
“Nosotros no
hemos tenido noticias del Departamento de Justicia sobre la actualización
de la Ley Patriótica”, le dijo al Centro Jeff Lungren, portavoz del Comité
Judicial. “Ellos no han compartido sus pensamientos al respecto.
Obviamente, nosotros estaríamos interesados en el tema, pero no hemos oído
nada a estas alturas”.
Algunos miembros
de la minoría del Comité Judicial del Senado han indagado sobre la
Patriótica II durante meses, pero se les dijo esta semana que no existía
tal proyecto.
Mark Corallo,
Subdirector de la Oficina de Asuntos Públicos de la Justicia, le dijo al
Centro que su oficina no había sido advertida del proyecto. “He oído
hablar sobre la revisión de la Ley Patriótica, pero nosotros estamos
trabajando de la manera como lo haríamos con cualquier ley”, dijo.
“Podemos trabajar para hacer las modificaciones para proteger a los
americanos”, agregó. Cuando se le dijo que el Centro tenía una copia del
proyecto, dijo: “Esto es nuevo para mí. Nunca he oído hablar de ello”.
Después de que
el Centro anunció esta historia, Barbara Comstock, Directora de Asuntos
Públicos del el Departamento de Justicia, emitió una declaración en la que
se afirma que “el personal del Departamento no ha presentado ninguna
propuesta final al Fiscal General o a la Casa Blanca. Sería prematuro
especular sobre cualquier decisión futura, en particular sobre ideas o
propuestas que todavía están discutiéndose por los funcionarios
correspondientes”.
Un memorando
interno de la Oficina de Asuntos Legislativos, que fue obtenida por el
programa de PBS “Ahora con Bill Moyers”, pareció indicar que una copia de
este proyecto fue enviada al Presidente de la Cámara de Representantes
Dennis Hastert y al Vicepresidente Richard Cheney el 10 de enero de 2003.
“Adjunto, para su revisión y comentario está el borrador de un proyecto
legislativo denominado ‘Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad
Interna del 2003’”, dice el memorando, que fue enviado por la OLP, Oficina
para la Política Legal.
Comstock le
informó después al Centro que el borrador “es un antiguo proyecto para la
discusión y no se ha enviado ni al Vicepresidente ni al Presidente de la
Cámara”.
El Dr. David
Cole, profesor de derecho de la Universidad Georgetown y autor de
Terrorismo y la Constitución, repasó el proyecto por petición del Centro,
y dijo que el documento “despierta muchas preocupaciones serias. Preocupa
que ellos hayan llegado tan lejos y le hayan dicho a la gente que no se
está trabajando sobre esto”. Este proyecto de ley, agregó, “extendería de
manera radical la ejecución de la ley y el poder de las autoridades que
realizan actividades de inteligencia, reduce o elimina el control jurídico
sobre la vigilancia, autoriza arrestos secretos, crea una base de datos de
ADN basada en “sospechas”no confirmadas, crea nuevas penas capitales e,
incluso, busca despojar de la ciudadanía americana a las personas que
pertenecen o apoyan a grupos políticos que hayan caído en desgracia”.
La Ley de
Reforzamiento de Seguridad Interna es el último desarrollo de un proceso
de año y medio en el cual la administración Bush ha buscado poderes
extendidos y más responsabilidades para los organismos que ejecutan la
ley, con el objeto de enfrentar la amenaza de terrorismo.
La Ley
Patriótica de Estados Unidos, firmada por el Presidente Bush el 26 de
octubre de 2001, le confirió a los funcionarios que ejecutan la ley una
autoridad más amplia para que desarrollen vigilancia electrónica y hagan
interceptación, y le dio al presidente la autoridad para que, cuando la
nación está bajo ataque, confisque cualquier propiedad en el país de
cualquiera que se sospeche que está comprometido en dicho ataque. La
medida también acentuó la vigilancia de actividades financieras para
prevenir el lavado de dinero y disminuir el secreto bancario, en un
esfuerzo por romper las finanzas terroristas.
Dicha ley
también cambió previsiones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera que se aprobó en 1978 durante la Guerra Fría, y había
establecido un nivel diferente de vigilancia gubernamental y revisión
judicial para “inteligencia extranjera”, al que se aplicaba a la
vigilancia doméstica tradicional.
La Ley
Patriótica autorizó al FBI para compartir información recogida en las
investigaciones de terrorismo bajo el estándar de “inteligencia
extranjera”, con las agencias locales de ejecución de la ley, lo que anula
la norma superior de vigilancia que se aplicó a las investigaciones
domésticas. La Ley Patriótica también enmendó la Ley de 1978 para permitir
la vigilancia bajo el estándar menos riguroso, dondequiera que la
“inteligencia extranjera” tuviera un “propósito significativo” en lugar de
un “propósito primario” en una investigación.
El proyecto
analizado va mucho más adelante en esa dirección. “En la Ley Patriótica
derribamos la pared entre inteligencia extranjera y ejecución de la ley”,
afirmó Cole. “Ahora ellos quieren romper la separación entre el terrorismo
internacional y el terrorismo doméstico”.
El 9 de octubre
del 2002, en una audición ante el Subcomité Judicial para Tecnología,
Terrorismo e Información Gubernamental del Senado, Alice Fisher, Asistente
del Fiscal General, testificó que su oficina había estado “mirando las
propuestas para dar a la Ley Patiótica nuevas herramientas y también hemos
estado trabajando con diferentes agencias del gobierno para proporcionar
nuevas herramientas que creemos necesarias en la guerra contra el
terrorismo”.
Interrogada por
el Senador Russ Feingold (Demócrata de Wisconsin) sobre si podía informar
al Comité de qué áreas específicas estaba hablando, Fisher contestó, “a
estas alturas yo no puedo, lo siento. Ellos están estudiando muchas ideas
y herramientas diferentes sobre información compartida y sobre otros
aspectos”.
El Fiscal
General Asistente para la Política Legal, Viet Dinh, autor principal de la
primera Ley Patriótica de octubre de 2001, le dijo a Legal Times en
octubre pasado que había “un proceso en marcha para continuar evaluando y
reevaluando la autoridad que tenemos con respecto al ‘Contraterrorismo’”,
pero rechazó decir si había una nueva ley en camino.
El anterior
Director de FBI, William Sessions, quien instó a la cautela mientras el
Congreso consideró la primera Ley Patriótica, no quiere ahora entrar en
discusiones sobre una posible nueva ley.
“Odio meterme,
porque es una cosa muy delicada”, dijo Sessions al Centro, sin reconocer
si conoció cualquier propuesta adicional o revisiones a la Ley Patriótica.
Cuando la
primera ley estaba a punto de votarse en el Congreso a finales de 2001,
Sessions dijo al sitio de Internet www.newsmax.com, que mantener un
equilibrio entre libertades civiles y la recolección de inteligencia
suficiente era difícil. “En primer lugar, el Fiscal General tiene que
justificar totalmente lo que está pidiendo”, dijo Sessions, quien sirvió a
los presidentes Reagan y George H.W. Bush como Director titular del FBI
entre 1987 y 1993. “Necesitamos estar seguros de que proporcionamos los
medios eficaces para tratar con la criminalidad”. Al mismo tiempo, agregó:
“necesitamos estar seguros de que estamos atentos a la Constitución,
atentos a las consideraciones sobre privacidad, pero también a satisfacer
las necesidades tecnológicas que tenemos” para recoger inteligencia.
Para Cole el
asunto es inquietante, por cuanto no ha habido ninguna consulta con el
Congreso sobre el proyecto. “Produce muchas preocupaciones serias y que
hayan llegado tan lejos y que le digan a las personas que no se planea
nada más. Lo que esto sugiere es que están esperando un momento propicio
para presentarlo, que bien podría ser cuando se inicie una guerra. En ese
momento habría menos oportunidad para la discusión y ellos tendrán una
carta más fuerte para decir que necesitan la ley de inmediato”.
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Algunas de las
previsiones importantes de la Ley para el Fortalecimiento de Seguridad
Interna de 2003 |
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Sección
201, “Prohibición de difundir
información sobre un detenido por investigación sobre terrorismo”: La
salvaguardia de la diseminación de información relacionada con la
seguridad nacional ha sido un sello de los primeros dos años de Ashcroft,
y la Ley para el Fortalecimiento de Seguridad Interna del 2003 prosigue
por el mismo camino de su directiva de octubre de 2001 sobre la necesidad
de examinar con cuidado tal interés cuando lo requiera la Ley de Libertad
de Información [Freedom of Information Act, FOIA]. Mientras el memorando
de octubre simplemente llamó a los funcionarios de FOIA para que tuvieran
en cuenta la seguridad nacional, “protegiendo información comercial
sensible y, no menos importante, preservando la privacidad personal” en
tanto que deciden las demandas, la legislación propuesta reforzaría la
posibilidad del Departamento de negar el suministro de material en
relación con los sospechosos de terrorismo bajo custodia gubernamental.
Sección 202,
“Distribución de información sobre el ‘Peor escenario posible’”: Esto
introduciría nuevas restricciones a la FOIA con respecto a la Agencia de
Protección del Ambiente. Tal como se prevé en la Ley de Aire Limpio, esta
Agencia le exige a las compañías privadas que usan químicos potencialmente
peligrosos, que rindan informes sobre “el peor escenario posible”, en los
que detallen el efecto que la dispersión de estas sustancias controladas
tendría para la comunidad circundante. La Sección 202 podría, sin embargo,
restringir el acceso de la FOIA a estos informes, a los cuales el proyecto
se refiere como la “guía de carretera para los terroristas”. Al reducir el
acceso público a los métodos de “sólo lectura” para las personas “que
viven y trabajan en el área geográfica que posiblemente sea afectada por
el peor escenario posible”, esta disposición disminuiría el nivel
establecido de transparencia entre la industria privada y el público.
Sección 301-306,
“Base de datos de identificación terrorista”: Estas secciones autorizarían
la creación de una base de datos de ADN de “los sospechosos de
terrorismo”, ampliamente definido para incluir a los grupos sospechosos de
terrorismo, y a los extranjeros sospechosos de ciertos crímenes o de haber
apoyado cualquier grupo designado como terrorista.
Sección 312,
“Remedios Apropiados con respecto a las actividades de vigilancia de
ejecución de la ley”: Esta sección aboliría todos los decretos estatales
sobre el cumplimiento del consentimiento, en vigor antes del 11 de
septiembre de 2001 –no relacionados con el perfil racial o con otra
violación de derechos civiles– que limitan a las agencias para recoger
información sobre los individuos y las organizaciones. Los autores de este
estatuto sostienen que dichas órdenes de consentimiento, que se aprobaron
como resultado de los abusos del espionaje, podrían impedir las
investigaciones sobre terrorismo. También podría introducir restricciones
sustanciales a mandatos futuros de la Corte.
Sección 405,
“Presunción para la detención antes del juicio en casos que involucran
terrorismo”: De la misma manera como muchas personas que son acusadas por
delitos de droga que se castigan con prisión de diez años o más no tienen
derecho a fianza, esta sección crearía un estatuto comparable para los
sospechosos de actividad terrorista. Las razones para detener
preventivamente a los sospechosos antes del juicio están claras en el
memorando del Departamento de Justicia: “Esta presunción es imperativa
debido a la magnitud incomparable del peligro derivado de actos de
terrorismo para Estados Unidos y sus habitantes, y porque con el
terrorismo típicamente están comprometidos grupos –muchos con conexiones
internacionales– que están a menudo en posibilidad de ayudar a sus
miembros a huir o a esconderse”.
Sección 501,
“Expatriación de terroristas”: Los autores del proyecto afirman que esta
sección establecería que un ciudadano americano podría ser expatriado “si,
con el intento de renunciar a su nacionalidad, se vuelve miembro de, o
proporciona apoyo material, a un grupo que EU ha designado como
‘organización terrorista’”. Pero debido a que un ciudadano tenía
anteriormente que declarar su intención de renunciar a su ciudadanía, la
nueva ley afirma que su intento puede ser “inferido de su conducta”. Así,
participar en las actividades legales de un grupo designado como
“organización terrorista” por el Fiscal General podría proporcionar el
motivo para su expatriación
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