La lección de Bolivia:
Rechazar el ajuste del FMI
Artículo publicado en Carta
Económica, Cenda,
16 de febrero de 2003 y cedido por el autor a Nueva Gaceta
Hugo Fazio Rigazzi
El pueblo
boliviano rechazó la política de ajuste fiscal acordada por el gobierno
con el FMI, obligando al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a retirar
del Congreso el paquete de medidas incorporadas con este fin en el
proyecto de presupuesto y que establecía un gravamen a las remuneraciones
de los trabajadores del sector privado de 12.5 por ciento y una
disminución en igual porcentaje en los salarios de los funcionarios del
sector público. En la región, las políticas del Fondo nuevamente fueron
rechazadas, lo cual ha tenido lugar ya en varias oportunidades, bien sea
mediante jornadas electorales o grandes movilizaciones ciudadanas.
Se rechazó el
mismo esquema de ajuste fiscal impuesto en diferentes países
suramericanos, entre otros en Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, que se
trató de establecer en Bolivia de una forma particularmente extrema, con
el propósito de reducir el déficit presupuestario de un 8.5 por ciento a
un 5 por ciento del PIB. El intento de recortar los salarios reales hizo
recordar la disminución del 13 por ciento en las remuneraciones de los
funcionarios públicos que impuso en Argentina el gobierno de De la Rúa y
que se transformó en uno de los factores impulsores del estallido social
que finalmente terminó con su administración.
Una vez más, las
propuestas del Fondo se caracterizaron por su carácter regresivo. La ley
de presupuesto pretendía obtener más de un 40 por ciento del ahorro fiscal
con cargo al bolsillo de los trabajadores, US $ 100 millones en un paquete
de US $ 240 millones. Se buscó presentar esta política como un camino
hacia la reactivación del aparato productivo. La experiencia regional
muestra fehacientemente el impacto negativo de ajustes fiscales de este
tipo sobre la actividad económica, los cuales frecuentemente terminan
reproduciendo o incrementando también el déficit presupuestal que se busca
eliminar. Los ingresos fiscales tienen una relación directa con la
actividad económica, en consecuencia políticas contractivas no permiten en
muchos casos la superación de los saldos presupuestarios negativos. Con el
agravante de que se insistía en estas políticas en un país que vive su
crisis económica más severa desde 1985.
Se trató de
imponer el recorte salarial en una nación con un 80 por ciento de la
población, unos ocho millones de personas, en situación de pobreza, en la
cual el ingreso per cápita en los cuatro años anteriores a la elección
presidencial de 2002 cayó en 11.8 por ciento y el consumo privado en los
tres años previos al acto electoral en un 3 por ciento. Por su parte, el
desempleo abierto en ese mismo lapso aumentó del 4 al 12 por ciento. La
movilización adquirió un carácter muy generalizado al contar con el apoyo
de la empresa privada, que reclamaba porque durante sus seis primeros
meses el gobierno de Sánchez de Lozada no puso en marcha medida alguna
para reactivar el endeudado aparato productivo y, en vez de ello, anunció
un plan que reducía aún más el mercado interno.
En Bolivia, la
movilización en contra del ajuste fiscal tuvo la particularidad de
incorporar a las organizaciones gremiales de policías (un cuerpo de 20.000
efectivos), los cuales rechazaron igualmente el gravamen a sus
remuneraciones que afectaba en su caso a aquellos que ganan más de 880
pesos bolivianos (unos US $130), exigiendo en cambio un incremento en sus
salarios del 40 por ciento. La demanda se fundamentó, como señaló el
suboficial David Cahuana, representante de la Asociación Nacional de
Suboficiales y Clases de la Policía, en que «la institución es la peor
pagada del país» (13/2/03). No es la primera vez que en la historia
boliviana la policía actúa junto al movimiento social. Ya aconteció hace
medio siglo, en la revolución de 1952, cuando se levantaron junto a
trabajadores y mineros en contra del gobierno de Enrique Hertzog. Esta
incorporación produce un quiebre en el tradicional monopolio de la fuerza
al lado de los gobiernos de turno.
La jornada de
protesta de los días 12 y 13 de febrero arrojó un saldo de 33 muertos y
más de un centenar de heridos. Los mayores enfrentamientos se produjeron
en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Tal
como aconteció en Argentina y Uruguay, se expresó también con el saqueo de
establecimientos comerciales. Como escribió el sociólogo boliviano
Fernando Mayorga, en el diario La Razón, estas acciones revelan «aquel
rostro de la sociedad civil que nos negamos a reconocer y que expresa la
quiebra de los lazos de pertenencia comunitaria que, en el pasado, eran
reforzados por la existencia de objetivos y valores comunes, como la idea
democrática» (15/2/03). Tiene relación, en definitiva, con la magnitud de
la exclusión social y la pobreza de masas.
Desde que asumió
el 6 de agosto de 2002, luego de lograr la mayoría parlamentaria gracias
al apoyo recibido del ex presidente Jaime Paz Zamora y de derrotar
estrechamente en las urnas a Evo Morales, candidato del Movimiento al
Socialismo (MAS), Sánchez de Lozada ha enfrentado fuertes convulsiones
sociales. La movilización del 12 de febrero no fue la primera. En enero se
desarrolló un movimiento de trece días de duración de los campesinos de El
Chapare exigiendo la suspensión de la erradicación de los cultivos de
hojas de coca. La erradicación es respaldada por el gobierno
estadounidense, principal cooperante del plan antidrogas boliviano, como
reafirmó en la presentación de sus cartas credenciales, el embajador de la
Casa Blanca, David Greenlee (22/1/03).
El Chapare es
una zona altamente militarizada, con más de 7.000 efectivos apostados
permanentemente, que cuenta con el financiamiento y asesoramiento de la
Drug Enforcement Agency (DEA) y otras entidades estadounidenses. Su
campesinado posee una elevada conciencia social. Un porcentaje de ellos
proviene del proletariado minero despedido de sus fuentes de trabajo a
consecuencia de la ofensiva privatizadora y de la liquidación de la
estatal Corporación Minera de Bolivia. Los mineros desplazados se
radicaron en El Chapare en la década de los ochenta en busca de una fuente
de subsistencia, dedicándose a sembrar coca por constituir el ingreso más
seguro.
El MAS nace
también de las confederaciones campesinas de El Chapare y de toda la
región de Cochabamba. En El Chapare surge igualmente la figura de Evo
Morales, encabezando las acciones contra los intentos estimulados por EU
de erradicar los cultivos de coca, hasta transformarse en un líder
nacional. No hay cifras exactas –se escribe en Le Monde Diplomatique
(8/02)–, pero se estima que en los últimos quince años en esa región han
muerto más de 250 campesinos defendiendo su derecho a sembrar coca.
En enero pasado,
la resistencia a la erradicación se expresó a través de bloqueos de rutas,
que dieron lugar a numerosos enfrentamientos armados, que también
produjeron más de una veintena de muertos y centenares de heridos. En el
curso del movimiento se constituyó un «Estado mayor del pueblo»,
encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) que, además de las
reivindicaciones de los cocaleros y otras demandas sectoriales, se
pronunció en contra de la exportación de gas por territorio chileno y
expresó su rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas. El
movimiento cesó al suscribirse una carta de pacificación, que llevó a la
constitución numerosas mesas de trabajo, incluyendo las referidas a la
exportación de gas y al ALCA.
Yo quiero decir
–destacó Evo Morales– que gracias a la fuerza del pueblo boliviano, por
primera vez en la historia (del país), se han conformado mesas de trabajo
con el tema del gas y los hidrocarburos, donde el gobierno, mediante un
acta de entendimiento, aceptó que se consulte al pueblo. Nosotros vamos
mucho más allá –agregó Morales–, a que el pueblo tenga derecho a decidir
sobre el gas y sobre los hidrocarburos. Por tanto, el movimiento tuvo el
mérito de expresarse no sólo frente a temas sectoriales sino que asumió
reivindicaciones nacionales.
Bolivia posee la
mayor reserva probada de gas natural en Suramérica: 52.3 trillones de pies
cúbicos. Los yacimientos se encuentran emplazados en los contrafuertes de
la cordillera de los Andes, en el sur del país, y tienen por
concesionarios a poderosas empresas petroleras españolas, inglesas,
francesas, estadounidenses, brasileñas y argentinas. Su futuro constituye,
por ende, un tema nacional de la primera importancia.
La derrota en
Bolivia de los planes de ajuste del FMI constituye un acontecimiento
trascendental. Es un nuevo hito en las multifáceticas acciones de rechazo
a las políticas del Fondo desarrolladas en los últimos años en América
Latina. Sigue pendiente, eso sí, que estas grandes acciones de rechazo a
un modelo fracasado y que agudiza las contradicciones, den paso a la
construcción de políticas alternativas que incorporen a vastos sectores de
la población de cada uno de nuestros países a proyectos nacionales, que
expresen los intereses de las grandes mayorías.
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