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El Alca
en la
perspectiva latinoamericana
Arturo Cancino C. y Pascual
Amézquita Z.
A medida que se
aproxima el año 2005, plazo establecido para la iniciación del Área de
Libre Comercio de las Américas (Alca), se percibe un aumento en la presión
de Estados Unidos sobre los países de América Latina con respecto al
avance del proceso de negociación y a la concreción de acuerdos sobre las
materias negociadas. Por sí solo, este hecho revela la importancia
estratégica que dicho proyecto tiene para la superpotencia. Su interés es
muy evidente en decisiones como la prórroga y ampliación de la Ley de
Preferencias Andinas (Atpa, por sus siglas en inglés), en la que el país
del norte condicionó la “elegibilidad” de los países a la permanencia de
estos en las negociaciones del proyecto hemisférico.
Al mismo tiempo, crece
en extensión e intensidad el debate en Latinoamérica sobre las eventuales
ventajas y probables perjuicios que traerá a la región lo que la
publicidad describe como un mercado libre de 800 millones de habitantes y
34 países del continente (con la sola excepción de Cuba), que abarcará el
40 por ciento de la producción y el 20 por ciento del comercio mundial. La
discusión ha dado paso a manifestaciones populares de descontento y
rechazo en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y otros países. Aparte de
los gobiernos actuales–con notorias salvedades– y de algunos personajes de
la corriente neoliberal, muy pocos aceptan sin reservas la versión oficial
del Departamento de Comercio de EU según la cual el convenio se propone
garantizar por igual a los países del continente la participación en un
inmenso mercado libre, con el fin de multiplicar el comercio hemisférico
para beneficio de todos los “socios” y asegurar un mayor crecimiento de
las naciones involucradas.
Paradójicamente, la
creciente discusión pública se realiza a contrapelo del ambiente secreto
que ha rodeado las negociaciones y del hermetismo de los gobiernos. Estos
han omitido cualquier consulta plebiscitaria a la población, en un tema
que puede determinar sus futuras condiciones de vida. Tampoco se han
preocupado realmente por indagar la opinión de los sectores académicos,
profesionales, sindicales, ni aún de los empresarios nacionales; e incluso
han evadido la discusión parlamentaria, marginando a las corporaciones de
representación popular completamente del proceso. Más aún: a pesar de que
el Alca se proclamó en 1994 y las negociaciones formales comenzaron en
1998, sólo a partir del 2001, mediante filtraciones sobre su contenido, se
consiguió divulgar los elementos centrales sobre los cuales versarán los
acuerdos. Este conocimiento ha permitido establecer que estamos ante un
proceso mucho más complejo que el supuesto incremento del intercambio
comercial interamericano del que hablan sus promotores.
El lado poco
conocido de América Latina
Los países de América
del Sur, Centroamérica y el Caribe suman cerca de 500 millones de
habitantes, el 40 por ciento de los cuales vive por debajo de la línea de
pobreza. El PIB de la región es de alrededor de 1.7 billones de dólares al
año, que comparados con los casi 10 billones de dólares del norteamericano
sugiere un mercado poco significativo.
Sin embargo, hay otros
factores no tan conocidos pero no menos importantes. Una porción creciente
de las importaciones petroleras de Estados Unidos proviene de la región
(más del 35 por ciento, si se incluye México) y las reservas de ésta
superan ampliamente las disponibles en el territorio estadounidense, cuyo
agotamiento se producirá dentro de los próximos diez años. Sólo por la
grave crisis que esto supone y por la relativa seguridad y proximidad del
abastecimiento latinoamericano, la zona adquiere ya importancia
estratégica para la superpotencia, mucho más ante los azares de la guerra
contra Irak.
Por otra parte, cerca
del 30 por ciento del agua fresca (cuya futura escasez es previsible) y la
cuarta parte del oxígeno del planeta se producen en la región, que posee
así mismo la mayor biodiversidad mundial: 40 por ciento de las especies
vivas. De esto último se benefician las compañías farmacéuticas
norteamericanas, que obtienen de aquí no menos del 25 por ciento de sus
materias primas; pero la explotación plena (y exclusiva) de esta riqueza
les podría representar utilidades incalculables. Lo anterior sin ahondar
en los recursos en el campo de las telecomunicaciones como la órbita
geoestacionaria y otras ventajas menos conocidas, de similar importancia
estratégica.
Además, aunque el PIB
promedio por habitante de América Latina no alcanza al 10 por ciento del
de Estados Unidos, en la actualidad de cada dólar que Latinoamérica compra
en el exterior 49 centavos se gastan en productos estadounidenses. Las
proyecciones dicen que dentro de una década el comercio norteamericano con
la región superará al que realice con Europa y Japón juntos. Si a esto le
agregamos que los negocios de las multinacionales estadounidenses en
Latinoamérica le vienen redituando el doble de la tasa de ganancia
obtenida en su país(1), resulta cuestionable
la apreciación generalizada sobre el aparente “segundo plano” que dentro
de la política exterior norteamericana juega el subcontinente.
En este contexto,
¿cuáles son los objetivos reales de la integración hemisférica? , y ¿qué
implican para América Latina las políticas de libre mercado que inspiran
el Alca?
Balance de
doce años de apertura comercial
Lo primero que salta a
la vista es que el Alca no es un proyecto aislado. Sus postulados
explícitos sobre la supremacía de la libre circulación de bienes y
capitales, la privatización de lo público y la eliminación de las
regulaciones nacionales, son por completo coherentes con las políticas
emanadas del “Consenso de Washington” (1989)(2).
El modelo económico originado en estas políticas ha dominado el panorama
latinoamericano desde la década pasada y, más allá de su discutible
soporte teórico, arroja unos resultados concretos.
Una evaluación de
dichos resultados puede empezar precisamente con el comercio. Hasta 1992
la balanza comercial con Estados Unidos fue favorable a América Latina sin
incluir México; pero a partir de este año -que coincide con la aplicación
generalizada de la liberalización comercial y financiera por la región- la
situación se invirtió a favor de EU (gráfico 1), generándole un superávit
que le ayudó a compensar parcialmente su crónico déficit comercial con el
resto del mundo, que en el 2002 alcanzó la descomunal suma de US $44.900
millones según el Dpto. de Comercio (Portafolio 03/13/03. Lo cierto es que
la economía estadounidense disfrutó en los 90 del decenio más próspero
después de la década de la posguerra, con un crecimiento del producto
nacional de entre el 5 y el 6 por ciento anual a partir del año 92.
Al mismo tiempo, para
los países de la región el desequilibrio prolongado en la cuenta corriente
de la balanza de pagos a raíz del déficit comercial ocasionó un incremento
acelerado del endeudamiento externo con el que se atendió su financiación.
Y la acumulación explosiva de la deuda, por encima del 60 por ciento del
PIB, terminó llevando a la crisis y a la cesación de pagos a Argentina y
tiene al borde de la misma a Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia, entre
otros. El saldo total de la deuda externa latinoamericana saltó en la
década pasada de US $460 mil millones a US $760 mil millones, y las tasas
de interés de un promedio del 3 por ciento a más del 10 por ciento anual.
Más grave aún, los niveles de crecimiento económico –luego de un repunte
fugaz hasta el 97– han caído en los últimos años hasta configurar lo que
ya se califica como otra “media década perdida”(3),
adicional al decenio perdido de los 80.. De hecho, en 2002 se produjo un
decrecimiento económico cercano al 1 por ciento, el peor resultado en 20
años, con el consiguiente retroceso del PIB por habitante. En estas
condiciones, el pesado fardo de la deuda se convierte en un obstáculo
insalvable para poner en marcha políticas públicas de recuperación
económica, que de todas formas tropiezan con la oposición de la ortodoxia
neoliberal.
Gráfico 1
Fuente: Cepal.
Aunque en los últimos
años las importaciones de la región han caído por el agotamiento de sus
economías, y por tanto la balanza comercial de algunos países ha
recuperado el equilibrio o se ha tornado positiva, la cuenta corriente de
la balanza de pagos de la mayoría de los mismos continúa en rojo debido a
la transferencia al exterior de utilidades y regalías de las
multinacionales, así como al creciente monto del servicio de la deuda que
desangra las finanzas públicas y privadas de los deudores. Aún para
México, que se puede considerar un caso especial por tratarse del destino
fronterizo de la industria “maquiladora” de EU y por el superávit
comercial que le significan las reexportaciones a territorio
estadounidense, el resultado de su balanza de pagos mostraba en 2001 un
saldo negativo de US $17.196 millones. El déficit en cuenta corriente de
toda la región ascendió ese año a US $50 mil millones.
¿Cuál es la causa de
este balance favorable para EU y negativo para América Latina? Sin duda,
parte de la respuesta es la apertura comercial que, junto con la supresión
de los controles administrativos a las importaciones, consistió en una
disminución casi instantánea en los aranceles, desde un nivel promedio
cercano al 50 por ciento al aproximado 12 por ciento actual(4).
Esto provocó una avalancha de importaciones de bienes industriales y de
alimentos que arruinaron muchas industrias y gran parte de los cultivos de
cereales y oleaginosas, originando en el caso colombiano la caída del área
sembrada en cerca de un millón de hectáreas y de la participación de este
sector en el PIB de 18 por ciento a 11 por ciento(5).
Pero además, la estructura arancelaria que se adoptó (en general, 10 por
ciento para materias primas, 15 por ciento para bienes intermedios y 20
por ciento para productos finales), estimula la importación de insumos y
productos intermedios, lo que reorientó la estructura productiva hacia el
ensamblaje y produjo el desplazamiento de la producción nacional de bienes
intermedios por las importaciones de éstos. Asimismo, propició la
sustitución de las exportaciones de alto valor agregado, representadas en
el caso colombiano por textiles, calzado, alimentos procesados, etc., por
la de industrias exportadoras de bajo valor agregado nacional y alto
componente importado, como papel, productos químicos y automóviles, cuya
balanza comercial es negativa para el país(6).
Uno de los resultados notorios en toda la región ha sido el desplome en el
empleo industrial y agrícola y el aumento general de los índices de
desempleo y subempleo, junto con la caída en un 27 por ciento del ingreso
real de los trabajadores.
La otra parte de la
respuesta, menos estudiada, es el proteccionismo real que practica Estados
Unidos en sus relaciones comerciales con los países atrasados, en
contradicción con su aperturismo verbal(7).
En efecto, ese país emplea el más variado arsenal de barreras y mecanismos
proteccionistas diferentes a los aranceles. Desde las cuotas de
importación para sus industrias “sensibles” (textiles, calzado, azúcar,
etc.) y los subsidios a sectores productivos considerados estratégicos (US
$86 millones diarios a sus agricultores); pasando por normas
fitosanitarias, de aplicación discrecional para carnes, frutas y
vegetales, hasta las salvaguardas y derechos antidumping, como el
sobrearancel del 30 por ciento dispuesto para el acero importado (que
afecta drásticamente las exportaciones de Brasil, Argentina y Venezuela) o
el del 50 por ciento aplicado al jugo de naranja, destinado principalmente
a las exportaciones brasileñas.
En particular, el
recurso de la legislación antidumping le permite a los productores
norteamericanos bloquear el acceso de la competencia externa al mercado de
su país, con la sola solicitud a sus autoridades de gravar las mercancías
extranjeras, sin más pruebas que la acusación unilateral de que el precio
de estas es inferior a su costo de producción (!). Pero además, gracias a
la enmienda Byrd, los demandantes se benefician directamente de las cargas
impuestas a la competencia extranjera que termina tributándoles un
subsidio forzoso(8), caso único en el
planeta.
Así, Estados Unidos se
presenta como una de las economías con más bajos aranceles promedio del
mundo (1.6 por ciento) y se puede dar el lujo, como lo viene haciendo en
las negociaciones del Alca, de ofrecer para algunos productos una
desgravación arancelaria aún mayor, porque sus barreras al comercio son
disimuladas y selectivas y, por lo mismo, más eficaces en la protección de
su mercado y letales para los productores extranjeros(9).
Los efectos
reales de la inversión extranjera
El otro aspecto clave
del modelo económico es el de la inversión extranjera directa (IED). No
hay que olvidar que mientras el valor total del comercio internacional (US$6
billones al año) equivale al 20 por ciento del producto bruto mundial, los
movimientos de capitales representan más de diez veces el valor de éste
último.
La IED se disparó en
la región desde US $5.700 millones en 1990 a US $77.047 en 1999. Su
aumento se explica por las políticas aplicadas por los gobiernos
latinoamericanos de eliminar las regulaciones al movimiento de capitales y
ofrecer mayores ventajas y rendimientos a los inversionistas foráneos, en
sintonía con las directrices del Consenso de Washington y bajo la presión
mal disimulada de organismos multilaterales como el FMI, el BM y la OMC.
Para establecer su
impacto real sobre las economías, es necesario revisar dos aspectos:
destinación prioritaria y grado de permanencia. En cuanto al primero, la
composición de la IED en Colombia es un espejo de lo ocurrido en
Argentina, Chile, Brasil y prácticamente toda América del Sur. Sesenta por
ciento se orientó al sector de servicios, 24 por ciento a la explotación
de bienes primarios y sólo 16 por ciento a la industria manufacturera, al
revés de lo sucedido en México y Centroamérica, donde la maquila absorbió
la mayor parte de la IED(10).
En lugar de las
industrias exportadoras con alta tecnología que traería el capital
extranjero a estos países, la inversión foránea se concentró en la
adquisición de negocios ya establecidos, con rentas aseguradas en el
mercado interno y poca o nula exposición a la competencia internacional.
Como ya se explicó, estos negocios se ubican en particular en el
denominado sector de servicios, al que accedieron principalmente a través
de la privatización de activos del Estado, como las empresas de servicios
públicos domiciliarios y de telecomunicaciones, compañías de seguros y
entidades financieras. Alrededor de 4.000 activos públicos en la región
fueron enajenados al capital extranjero durante la década pasada, muchas
veces a menosprecio.
Aparte de no generar
divisas para el país por dedicarse a productos no transables, la
intervención del capital extranjero en la compra de empresas no sólo dejó
de producir el empleo que la creación de toda nueva empresa conlleva, sino
que, por el contrario, contribuyó a la destrucción de mucho empleo bien
remunerado, aprovechando las reestructuraciones derivadas del cambio en la
propiedad.
Un caso bastante
representativo de la orientación rentista de esta clase de IED han sido
las adquisiciones en el sector financiero latinoamericano (cuadro 1),
donde la banca extranjera ha adquirido un peso decisivo, particularmente
si se tiene en cuenta el papel parasitario que este sector ha venido
jugando en las economías de la región, en calidad de manipulador de
papeles de deuda pública de alto rendimiento antes que como apoyo al
productor nacional(11).
Cuadro 1
Control extranjero de la banca Latinoamericana
Fuente: Bureau of
economic analysis, The Wall Street Journal.
Contrario a lo
pronosticado, la competencia de la banca extranjera tampoco se ha visto
reflejada en una mayor eficiencia a través de tasas de intermediación más
bajas que llevarían al abaratamiento del crédito. En cambio, sus remesas
de utilidades y otras operaciones internacionales han contribuido al
proceso de drenaje de capitales (en Colombia se estima en US $30.000
millones los capitales fugados en los últimos diez años), con
connotaciones devastadoras en países como Argentina.
En lo que se refiere
al grado de permanencia de la inversión extranjera, al igual que en todas
las llamadas regiones emergentes del mundo, una parte considerable del
capital entrante se caracteriza por una gran volatilidad en sus flujos
(gráfico 2), con graves consecuencias sobre la estabilidad financiera de
los países. El origen de este problema es el mismo para América Latina,
Asia sur oriental o Europa Oriental: la desregulación financiera promovida
e impuesta por el FMI y el Departamento del Tesoro de EU, en interés del
capital especulativo internacional. Las reformas en esta dirección
significaron la eliminación de los controles monetarios y cambiarios con
el objeto de garantizar la libre movilidad de los capitales, lo cual
permite la inundación de los países por inversiones de corto plazo o
capitales “golondrina”. Estos ingresan en busca de rápidas ganancias
cuando hay expansión económica, sobrevaluando las monedas y perjudicando
la producción, y se retiran masivamente tan pronto la economía decae,
acelerando su desplome. Por eso se catalogan como procíclicos y nocivos
para la estabilidad económica y el crecimiento sostenido. Ni que decir que
con base en ellos no se puede construir empresas. A su efecto perverso se
atribuye, entre otras, la crisis asiática del 97 y sus coletazos sobre
Rusia y América Latina(12).
Gráfico 2
Fuente: Banco Mundial.
Las economías más
grandes de Latinoamérica han sido víctimas en años recientes de este
flagelo, entre ellas México (1995), Brasil (1998) y Argentina (2000). Pero
incluso Chile en 1997 y Colombia en el 2003 –país donde se especula contra
el peso en los últimos meses– lo han sido en menor escala. Estudios
recientes parecen demostrar que la volatilidad de los flujos de capital
explicaría hoy más del 50 por ciento de las caídas del PIB, a diferencia
de los años 80 cuando su efecto era sólo del 20 por ciento(13).
Desangre
económico y fracaso social
Como resultado de todo
lo anterior, entre las utilidades de las multinacionales norteamericanas y
los intereses de la deuda se ha producido un descomunal traslado de
capitales desde la región hacia Estados Unidos, que alcanzó la suma de US
$603.900 millones entre 1991 y el 2001. Esto sin contar las fugas
subrepticias de capitales y los resultados del intercambio desigual, sobre
cuyos montos no hay precisión pero podrían elevar la cifra de la riqueza
sustraída a América Latina por su vecino del norte, en este lapso, al
orden del billón de dólares(14).
¿Cómo se ha reflejado
esta realidad en la población? La respuesta escueta la dan los indicadores
sociales: 226 millones de personas en la pobreza, 26 millones más que en
1990, el 40 por ciento del total de habitantes de la región, la mitad de
ellos reducidos a condiciones de miseria. Aumento del desempleo a más del
9 por ciento promedio (el peor índice en 22 años, según la OIT), 17
millones de trabajadores en el área urbana sin ocupación. Disminución del
ingreso por habitante en un 2 por ciento con respecto al de 1997. 54
millones de habitantes víctimas de la desnutrición y un mayor aumento en
la desigualdad en una región que ostenta el récord mundial de la misma.
Según algunos
comentaristas estadounidenses como Matt Moffett, del The Wall Street
Journal, frente a la evidencia del fracaso económico, Washington se quedó
sin respuestas luego de haber empujado a Latinoamérica hacia las reformas
de libre mercado a lo largo de más de diez años(15).
Sin embargo, en las esferas gubernamentales de Estados Unidos no parece
haber cabida para estas reflexiones. Robert Zoellick, el actual
representante del Departamento de Comercio, concibe los acuerdos
comerciales como el mejor instrumento para seguir impulsando dichas
reformas. “A diferencia del FMI, que tiene ese mismo estilo del G7 de
decirle a los países a los que presta dinero lo que tienen que hacer, el
comercio es un camino de doble dirección”, algo que los países encuentran
menos ofensivo, observa(16) .
La cuestión para EU es
entonces mejorar el estilo, no la política. Y la vía del comercio, a
través de proyectos de liberalización de los mercados como el Alca,
constituye la estrategia más eficaz para asegurar las reformas
neoliberales en los países atrasados, sin importar las desastrosas
consecuencias para estos.
Los designios
de Washington para la región
Para Estados Unidos el
Alca constituye un desarrollo más avanzado de la política que anunció en
junio de 1990 bajo el nombre de “Iniciativa para las Américas”, y que
luego fue concretando individualmente con cada país, para en 1994 dar el
gran salto que representó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá
(Tlcan).
Se trata ahora de
extender dicho convenio al resto de América Latina, a fin ampliar su
mercado regional y recibir especialmente el aporte de las economías del
sur del continente para revitalizar la propia, que viene mostrando señales
inequívocas de debilidad(17). El área de
libre comercio le representa además la exclusión de sus rivales europeos y
asiáticos de lo que considera su zona de influencia y la conformación de
un bloque o retaguardia económica para afrontar con mayores ventajas la
aguda contienda comercial con los mismos. Estas ventajas se derivan del
dominio que ejercerían sus inversiones, libres de los obstáculos que
todavía suponen algunas regulaciones nacionales y con menos exposición a
la competencia que representan las otras potencias. Además, tendrá a su
entera disposición una fuente casi inagotable de materias primas y mano de
obra 80 por ciento más barata que la propia.
Tal filosofía es
patente en el llamado Fast track o TPA (Trade Promotion Authority), ley
que autoriza al gobierno para adelantar las negociaciones comerciales del
Alca y otras bilaterales o multilaterales, enmarcadas en el mismo
propósito. Según reza en uno de sus apartes la exposición de motivos del
TPA,
El
comercio exterior es un elemento crítico para el crecimiento económico, el
poderío y liderazgo de los Estados Unidos... los acuerdos comerciales
deben maximizar las oportunidades de los sectores más importantes de la
economía.
Ver: http//:ppc.state.gov/documents/organization.
La misma ley reafirma
el mantenimiento de la legislación antidumping y de las cuotas y subsidios
agrícolas, de lo que dio fe el reciente tratado de libre comercio con
Chile.
Por otra parte, dada
la asimetría entre las enormes transnacionales norteamericanas y las
industrias locales(18), para América Latina
la integración comercial con Estados Unidos en las condiciones de libre
competencia previstas implica la hegemonía de este último hasta el punto
de la anexión económica del sur del continente. Sin protección arancelaria
(cuyo desmonte a partir del 2005 se espera concluir en diez años), la base
industrial propia será reemplazada por la maquila o eliminada, exceptuando
un puñado de empresas bajo el control norteamericano; y las importaciones
de bienes agrícolas estadounidenses, cuyos precios subsidiados hoy se
sitúan más de un 20 por ciento promedio por debajo de su costo(19),
arrasarán la producción agraria de alimentos para reemplazarla por los
cultivos tropicales. Con la pérdida de la industria y la agricultura
comercial se consolidará la dependencia de las importaciones y la
especialización de las economías en la explotación de recursos naturales y
cultivos como el café, el banano o la palma africana, que no forman parte
de la dieta básica humana y –al igual que los demás bienes primarios–
adolecen de una escasa demanda interna, exceso de oferta en el mercado
mundial y bajos precios(20).
Una visión aproximada
del futuro se puede observar en el caso mexicano. A los ocho años de
firmado el Tlcan, la mayor parte de su agricultura está arruinada por la
competencia desleal del agro estadounidense y el país depende cada vez más
de la importación de cereales, es decir, está perdiendo su seguridad
alimentaria. Diez millones de trabajadores agrarios se han quedado sin
trabajo y ocho millones de familias han caído en la pobreza, a pesar del
crecimiento de las exportaciones y de las tasas positivas (aunque no
extraordinarias) de crecimiento del PIB. Lejos de disminuir, la
desigualdad ha aumentado en estos años. El salario mínimo ha perdido más
de la mitad de su valor real desde 1994 y 28.000 empresas nacionales
medianas y pequeñas cerraron después de firmado el Tlcan. La economía
opera en función del mercado estadounidense y depende del mismo: 80 por
ciento de las exportaciones están dirigidas al mercado de EU. Cuando este
se contrae, como en el 2001, la economía mexicana entra en crisis. En las
zonas de las maquilas las condiciones laborales y de salubridad siguen
siendo lamentables. Más de un millón de trabajadoras ganan menos del
salario mínimo, las jornadas laborales se extienden a más de 12 horas,
aumenta el trabajo infantil, la protección legal es precaria, los derechos
de asociación están restringidos, los casos de hepatitis y defectos de
nacimiento han aumentado por el crecimiento de la polución y los desechos
tóxicos. Con todo, las maquilas, que responden por la mitad de las
exportaciones a Estados Unidos, ahora están emigrando a China en busca de
salarios más bajos y, desde octubre del 2000, en año y medio se perdieron
287.000 puestos de trabajo por este motivo(21).
En Colombia, la
presión de los sectores interesados en seguir el ejemplo de Chile en busca
de un tratado bilateral de libre comercio con EU ha creado una disyuntiva
que permite evaluar por anticipado los efectos comerciales de ingresar con
aranceles menores de los actuales al convenio hemisférico. En un estudio
bastante conservador, la Universidad de los Andes calcula que a cambio de
los US $50 millones adicionales por mes que se ganarán con la reducción de
aranceles hacia EU, se perderán US $144 millones por el abandono del AEC
(arancel externo común) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en las
exportaciones a los países andinos, es decir que el saldo negativo del
trueque será de US $94 millones(22). En
realidad el efecto negativo será muchísimo mayor, ya que este análisis
pasa por alto que la reducción del arancel será reciproca con EU y por
tanto se perderá también el mercado interno para los productores
nacionales, pérdida que no se ha cuantificado. Agreguemos además que
mientras en el caso de las exportaciones al mercado estadounidense –sin
contar los bienes primarios como el petróleo, las flores y el café–
estamos hablando de productos de poca complejidad como las manufacturas de
cuero y las confecciones, en el caso de la CAN, gracias la protección
arancelaria del AEC, se trata de maquinaria eléctrica, productos
plásticos, metalmecánicos, etc. con mayor grado de elaboración y
tecnología y que por tanto suponen más valor agregado, con mayores
encadenamientos industriales. Adicionalmente, exportamos a los países
andinos productos agroindustriales como el azúcar y otros asociados a la
agricultura comercial.
Lo grave de esta
“audaz” estrategia es que un tratado bilateral con Estados Unidos puede
significar en la práctica el retiro colombiano de la CAN, como ocurrió con
la apertura unilateral en Chile bajo Pinochet. En nuestro caso resultaría
en un sacrificio de la industria y el agro colombiano por partida doble
(pérdida de ventas externas e internas), sin contraprestación real para el
país debido a la precaria oferta exportable al mercado estadounidense.
Los derechos
de los inversionistas
y los derechos de los pueblos
Posiblemente de mayor
significado que el tema de los aranceles y el acceso a los mercados, que
reciben la atención exclusiva de los medios, es lo relativo al tratamiento
de la inversión extranjera. Algunos incluso opinan que más que un convenio
sobre comercio, el Alca es un tratado sobre inversión(23).
Hay una clara
identidad entre el Capítulo 11 del Tlcan, el abortado proyecto del Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI), los elementos incorporados en las
negociaciones de la OMC bajo el nombre de Trims, y el esquema sobre
“derechos de los inversionistas” que se viene discutiendo en el Alca.
Los mecanismos
diseñados para la solución de controversias excluyen a los tribunales
nacionales y desconocen la legislación de cada país, entregando a árbitros
internacionales secretos la solución de los conflictos que se presenten
entre los inversionistas y los Estados. Los conflictos pueden provenir
tanto de la expropiación real de activos de los inversionistas extranjeros
por los países, como de la simple revocatoria de un derecho concedido
previamente, como la cancelación de una licencia de operación o de un
contrato de servicios. Esto por cuanto la definición de inversión incluye
toda clase de activos adquiridos, tangibles e intangibles y se extiende
aún a las llamadas inversiones “de portafolio”, marcadamente
especulativas.
Pero, además, basta
con que cualquier disposición oficial –del tipo de regulaciones
sanitarias, o de protección laboral o ambiental– interfiera con las
ganancias esperadas por el inversionista para que éste pueda asimilarla a
una expropiación, dando origen a cuantiosas demandas contra el Estado,
como las que ya se han presentado por empresas estadounidenses contra
localidades mexicanas y contra el Estado canadiense dentro del Tlcan. Y
sobre estas demandas en el Alca no decidirán las instituciones de los
países de acuerdo con el derecho comercial establecido por la legislación
de cada nación, sino los burócratas que integren los tribunales privados
externos, de acuerdo con un código normativo supranacional, semejante al
de la OMC, que invalida las leyes y reglamentos nacionales que le sean
contrarios, y cuyos fallos se hacen efectivos bajo la amenaza de onerosas
multas y sanciones comerciales. De esta manera, los países pierden lo que
les queda de su soberanía para actuar en favor del interés nacional, al
tiempo que las transnacionales adquieren atribuciones por encima de los
Estados y los pueblos, pudiendo enjuiciar a los gobiernos por decisiones
soberanas adversas a sus intereses.
Este criterio se
refuerza en el punto sobre las “prohibiciones”: se proscribe la imposición
por los países al capital extranjero de los llamados “requisitos de
desempeño” y se establece la eliminación de todos los controles al
movimiento de capitales. Respecto a lo primero, se trata de quitarles a
los países herramientas usadas para lograr metas de crecimiento económico
o desarrollo social con la contribución del capital extranjero. Dentro de
esta categoría caen las condiciones mínimas fijadas al inversionista sobre
empleo, compras nacionales, transferencia de tecnología o valor agregado
local; normas sobre proporción de las importaciones con respecto a las
exportaciones, destinadas a defender la balanza comercial; o lo contrario,
obligaciones sobre el abastecimiento local a expensas de la exportaciones
cuando lo exige el interés nacional (por ejemplo, en el caso del petróleo
o el gas natural).
Sobre la desregulación
del movimiento de capitales, se pretende elevar a nivel de legislación
internacional el interés del capital financiero respecto a la movilidad
sin restricción de las inversiones, por encima del derecho de los países a
procurar el equilibrio de sus finanzas y defenderse contra los estragos
que ocasiona la volatilidad de los dineros especulativos, por ejemplo a
través de mecanismos como el encaje, el control de divisas o los períodos
mínimos de inversión. Para ello, se desecha la evidencia histórica de las
últimas crisis y las recomendaciones de muchos expertos, incluyendo
algunos reservados conceptos de funcionarios del FMI.
Por otro lado, hay un
grupo de temas que se refieren directamente al papel del Estado. Entre
ellos el llamado “trato nacional” y las normas sobre competencia, que
inhiben al Estado para apoyar a sectores de la producción nacional, aún
estratégicos, e impide la financiación de las empresas públicas. Con la
prohibición de todo trato preferencial, si se destinan fondos públicos a
cualquier empresa del Estado tendrían que ser compartidos con los
inversionistas privados, lo mismo que cualquier tipo de exención o ayuda.
Dentro de tales reglas, las empresas públicas no podrían tener como objeto
principal el servicio a sus comunidades porque, dado que quedarían
privadas de cualquier esquema compensatorio por parte del Estado, se
verían obligadas a competir con las multinacionales bajo el criterio de
rentabilidad económica. No es difícil concluir que esto llevará a la
completa privatización de la educación, la seguridad social, la salud, los
servicios domiciliarios y toda clase de servicios públicos, y a la
absoluta exclusión de la cada día más numerosa población pobre que no
tiene cómo pagarlos.
De hecho, la apertura
del comercio de servicios a la competencia de las empresas extranjeras con
fines de lucro tiene una prioridad especial en el Alca. Con el argumento
de la eliminación de los “monopolios públicos”, el convenio se propone
lograr el acceso de la inversión extranjera a todos los sectores de
servicios prestados por el Estado y asegurar la aplicación de esta
política a todos los niveles del gobierno, nacional o subnacional, aunque
esto suponga la modificación de las leyes nacionales. En este, como en los
demás aspectos, cualquier disposición o conducta contraria a los códigos
del Alca podría ser objeto de demanda por los inversionistas foráneos ante
las instancias externas, que tendrán atribuciones para investigar a los
países y revisar la legislación nacional a fin de asegurar los nuevos
derechos del capital extranjero. En cambio, en las nueve comisiones de
negociación ha quedado por completo excluido todo lo relativo a los
derechos sociales, la movilidad laboral y aún el tema del desarrollo
sostenible, vinculado a la preservación del medio ambiente. Este último,
tras ser proclamado en 1994 fue abandonado antes de 1998(24).
Igualmente, en las
compras gubernamentales no puede haber preferencia alguna hacia la
industria nacional, pues esto traería una “distorsión de los mercados”. Lo
anterior significa, en la práctica, nada menos que una concesión de
exclusividad a las poderosas multinacionales, que con sus economías de
escala y precios depredadores desterrarían de las adquisiciones públicas a
proveedores, contratistas y profesionales nacionales. Cosa similar a lo
que se pretende hacer con los derechos de propiedad intelectual, que
eliminarán la posibilidad de la producción nacional de muchos medicamentos
y agroquímicos genéricos, a bajo costo. Podrán además apropiarse sin
retribución alguna de nuestra biodiversidad, con base en una nueva
interpretación del régimen de patentes que extiende la propiedad
intelectual más allá de las verdaderas innovaciones y permite patentar
especies animales, vegetales y semillas.
Las
vicisitudes y opciones
de la integración latinoamericana
Los procesos de
integración regional de los sesenta, tipo Pacto Andino, no fueron
promovidos por las burguesías de los países latinoamericanos sino por los
monopolios, en particular norteamericanos, buscando economías de escala.
En uno de los países del Pacto se establecía una factoría que, gracias a
la integración, podía exportar al resto de países de la subregión. Además,
no puede perderse de vista que los procesos de integración de los sesenta
–inducidos por el Informe Rockefeller (1967)–, estaban enmarcados en un
modelo keynesiano que se tradujo en un factor positivo para el crecimiento
de estos países, la conformación de un capitalismo de Estado, potente
palanca para el desarrollo.
El fracaso total o
parcial de los procesos de integración vividos en los años 90 en
Latinoamérica tiene dos fuentes: el modelo de desarrollo y la soterrada
oposición de EU (en particular frente a la potencia regional, Brasil). En
efecto, en la última década del siglo hay una condición nueva, la
globalización bajo el modelo neoliberal, con lo cual se pretende
constituir grandes áreas económicas, que no son compatibles con procesos
de integración regional, pues estos crean obstáculos a la circulación de
capitales y mercancías, por cuanto usualmente los países no miembros de
los acuerdos regionales no gozan de las preferencias arancelarias. Por la
misma razón, potencias regionales como Brasil han tenido que librar
intensas luchas contra la disolución de su principal acuerdo de
integración, Mercosur.
Además, los procesos
de integración en Latinoamérica no han dado resultados por causas
diferentes al mismo proceso. De modo manifiesto, subsiste el problema
básico entre los países asociados: no hay acumulación de capital. El que
se produce sale para pagar deuda o ganancias de filiales de monopolios. De
esta manera, los beneficios que eventualmente puedan resultar no son
capitalizados por las economías regionales. Bajo cualquier esquema que
haya convertido a los países latinoamericanos en exportadores de capital,
no hay modelo de desarrollo ni de integración que arroje frutos.
La idea de un bloque
latinoamericano que se oponga a las pretensiones de Washington tropieza
con la estrategia de éste de asegurar mayorías a través de convenios
bilaterales como el que suscribió con Chile y el que negocia actualmente
con Centroamérica. Esta política está orientada a bloquear cualquier
oposición efectiva a su hegemonía, y dentro de la CAN cuenta con la
adhesión abierta del gobierno colombiano, como se deduce de sus actos y
declaraciones. La renuncia obsequiosa de la defensa de los intereses del
agro colombiano en las negociaciones del Alca ya le ha generado una agria
discusión con los agricultores al ministro de Comercio, Jorge H. Botero.
A nivel de los
gobiernos, la única posibilidad de una oposición plurinacional,
principalmente suramericana, reside en las conversaciones de Mercosur y la
CAN lideradas por Brasil y con el apoyo del gobierno venezolano. No se
sabe si el alcance de éstas se limite a propiciar una posición unificada
en las negociaciones hemisféricas. Como fuere, lo cierto es que un proceso
alternativo de integración de los países del subcontinente representaría
una opción mejor que el desastre anunciado del Alca, y una oportunidad de
afrontar –protegidos con un arancel externo común con respecto a terceros
países y con un mercado ampliado– la guerra comercial entre los bloques
económicos, presentando un solo frente en diversos aspectos como la
protección de la producción nacional, el tratamiento a la inversión
extranjera, la transferencia de tecnología, el alcance de las patentes o
la defensa del interés público. Pero para que dicha integración beneficie
a fondo a estos países, se requiere fortalecer con el apoyo del Estado el
desarrollo de las economías nacionales y los mercados locales y procurar
el mejoramiento del nivel de vida de la población. Implica además poner en
práctica un tratamiento selectivo que tenga en cuenta el diferente grado
de desarrollo de los países, como lo hizo la Unión Europea en los casos de
Irlanda, Grecia y Portugal. Y sobre todo, en palabras de Oscar Azócar,
director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz de Chile, se
necesita “romper con el modelo y las políticas neoliberales” para
reemplazarlas por políticas que configuren “un proyecto nacional de
desarrollo que reindustrialice a nuestros países, desarrolle la
investigación científica y tecnológica, incorporando sus resultados en la
producción, garantice la seguridad alimentaria y amplíe el papel del
Estado”(25).
Reflexiones y
apreciaciones finales
1. Respecto al Alca,
vale la pena hacer las siguientes consideraciones:
• No
implicará sustancial aumento de las inversiones extranjeras sino ante todo
mayor eficiencia de las ya existentes, es decir, analizándolo desde el
punto de vista de la economía política, habrá mayor explotación del
trabajo y de los recursos de los países latinoamericanos.
• Aminorará
el comercio inter-subcontinental pues el grueso del mismo será entre cada
país latinoamericano y Estados Unidos. Por lo demás, los catastróficos
efectos del modelo en los ingresos de la población contribuirán a
constreñir aun más los volúmenes y precios del comercio.
• Aunque en
ningún texto oficial se ha hecho mención, un efecto inminente –y más aún,
una condición necesaria– de la creación del Alca será la dolarización de
las economías latinoamericanas. Es obvio que una condición de eficiencia
del comercio y de las inversiones es la estabilidad cambiaria, la cual se
logra a la perfección con la existencia de una moneda única.
• Es evidente
que la casi nula capacidad de competencia que tienen las economías
subdesarrolladas frente a las desarrolladas se traducirá en la virtual
desindustrialización de los países atrasados. Día por día las economías de
estos países se parecen más a lo que fue el denominador común bajo el
colonialismo español y portugués: exportadores de materias primas e
importadores de productos industriales.
• Caso
especial es el ahondamiento en la pérdida de la seguridad alimentaria en
los países del Sur. Como es sabido, en el mercado mundial de los productos
agrícolas no solo tiene importancia clave el gran desarrollo de las
correspondientes técnicas –en lo cual los países de la periferia están muy
atrás– sino los irresistibles subsidios que reciben los productores de los
países desarrollados.
A lo que estamos
asistiendo en cuanto a modelo de comercio es, ni más ni menos, que a un
neomercantilismo, el cual tiene entre otras las siguientes expresiones:
• Las élites
comerciantes son a la vez condición y resultado del proceso. La poca
burguesía industrial que subsiste en estos países cada vez estará en
peores condiciones, mientras que al mando de la economía estarán quienes
realizan su ganancia a través de la compra-venta. El resultado político
será catastrófico, pues no solo para nada les interesa el desarrollo
industrial de los países sino que todo aquello relacionado con el mercado
interno les tendrá sin cuidado, como un ingreso adecuado para los
asalariados.
• La cinco
veces centenaria tendencia a la división del planeta en centro y periferia
se verá reforzada, con todo y su negativo impacto en la desacumulación de
capital y en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población
de la periferia.
• Lo que está
en marcha, además, es un proceso de anexión total de los países atrasados
por los industrializados. El señuelo de la visa o de la nacionalidad de la
opulenta metrópoli está jugando como carnada, tal como ocurrió con Roma
imperial y la España del siglo XVIII respecto de sus colonias.
Ante este panorama, no
debe perderse de vista que hoy la iniciativa está a favor de las fuerzas
que se oponen a la globalización neoliberal, como lo demuestran las cada
vez más importantes marchas, foros, declaraciones y organización de esas
expresiones. Para hacer más eficiente la lucha, es bueno tener presente lo
siguiente:
• Hay que
insistir en políticas económicas que propendan la industrialización y
seguridad alimentaria de los países atrasados, sobre la base del mercado
interno. Ninguna economía capitalista se ha desarrollado y consolidado a
partir del mercado mundial y, es más, hoy los países centrales dedican muy
alta proporción de su producción a su propio mercado.
• Hay dos
clases sociales que jalonan la oposición a la globalización neoliberal, la
obrera y la burguesía nacional de cada uno de los países. Corresponde a
los líderes democráticos y patriotas conformar un frente en el cual estas
dos expresiones tengan cabida y puedan trabajar hombro a hombro por el
desarrollo nacional.
• Es
indispensable reconstruir el papel económico del Estado democrático
burgués, particularmente su capacidad intervencionista, teniendo en cuenta
el grado de desarrollo de cada nación.
Notas
1 Como la región más
atractiva para la inversión extranjera fue catalogada América Latina en
una encuesta realizada por Arthur Andersen en el 2000 entre 87 empresas
instaladas en la misma. Ese año, 15 de las 16 empresas inversionistas
incorporadas en el promedio industrial Dow Jones reportaron ganancias en
la región por encima de lo esperado. Datos de The Wall Street Journal
Americas, citados por Consuelo Ahumada en Cuatro años a bordo de sí mismo,
El Áncora Editores, 2002, p. 99-100.
2 Sobre el origen del
llamado “Consenso de Washington”, dice Carlos Rodado Noriega que no sólo
no fue producto de ninguna concertación internacional, sino que “surgió
como consecuencia del interés económico de los bancos, que se impuso y
acabó traduciéndose en directrices que debían seguir los países de América
Latina si querían contar con el ‘visto bueno... (para) acceder al crédito
internacional”. Portafolio, diciembre 6 de 2002.
3 Concepto emitido
por José Antonio Ocampo, al referirse al comportamiento reciente de las
economías latinoamericanas. “Hay recesión en América Latina: Cepal”. El
Tiempo, agosto 2 de 2002.
4 Como ejemplo, se
puede citar el caso colombiano. Entre marzo de 1990 y junio de 1991, los
impuestos sobre las importaciones bajaron en promedio del 43.7 por ciento
al 11.4 por ciento. Asimismo, se liberó de controles administrativos la
casi totalidad de las posiciones arancelarias: de un 38.8 por ciento en
libre importación se pasó al 98 por ciento. Luis Hernando Rodríguez, “Las
paradojas de la apertura”, Deslinde N° 16, dic-94.
5 Sarmiento Palacio,
Eduardo, “Apertura y devastación agrícola”. El Espectador, diciembre 8 de
2002.
6 El saldo negativo
de la balanza comercial industrial alcanzó en Colombia los US $2.973
millones en el 2000. “Bancoldex prestará a los importadores”. El Tiempo,
mayo 21 de 2001.
7 En palabras de
Joseph Stiglitz, “Estados Unidos aplaude el libre comercio, pero con mucha
frecuencia cuando un país encuentra una mercancía que puede exportar a EU,
ello galvaniza los proteccionistas intereses estadounidenses... (y)
recurre a numerosas leyes comerciales... para construir alambradas de
espinos contra las importaciones”. El malestar de la globalización, Taurus,
2002.
8 Según Neil King Jr.
en The Wall Street Journal de diciembre 5 de 2002, “los aranceles pagados
por fabricantes brasileños de barras de acero inoxidable permitieron a sus
competidores estadounidenses embolsarse unos US $400.000. A su vez, las
cementeras mexicanas pagaron US $3.2 millones el año pasado, que fueron a
parar al bolsillo de un competidor estadounidense”. El valor entregado por
el Departamento del Tesoro a empresas estadounidenses en el último año
alcanzaba los US $320 millones.
9 En torno a la
iniciativa estadounidense sobre una rápida reducción de aranceles en el
marco de las negociaciones de la OMC, Rubén Ricupero, secretario general
de la Unctad y ex director general del Gatt, señaló que “los aranceles
aduaneros no son el principal instrumento del proteccionismo” sino otros
mecanismos que utilizan los países desarrollados como las salvaguardas,
las medidas antidumping, los acuerdos regionales preferenciales y los
subsidios a la agricultura, que catalogó como “las principales
herramientas de las estrategias proteccionistas”, “Rechazo a propuesta
arancelaria de EU”. Portafolio, diciembre 4 de 2002.
10 Pérez Negrete,
Higinio, “El embeleco de la competitividad”. Nueva Gaceta, N° 5, sept.
2002.
11 De hecho, según
Malloch Brown, director del PNUD, exceptuando China la inversión
extranjera en el mundo viene contribuyendo con menos del 15 por ciento en
la formación bruta de capital en los países, lo que indica que cerca del
85 por ciento corresponde a la acumulación nacional. Herald Tribune,
noviembre 12 de 2002.
12 Stiglitz, Joseph, Op.
Cit.
13 Bernier González,
Francisco, “El fracaso después de las reformas”. Portafolio, febrero 7 de
2002.
14 Martínez, Oswaldo
“El convite de la Roma Americana”, Conferencia inaugural del II Encuentro
hemisférico de lucha contra el Alca, La Habana, noviembre 25 de 2002.
15 “¿Qué hacer con
América Latina?”. The Wall Street Journal, julio 25 de 2002.
16 “El comercio como
instrumento de reforma”. The Wall Street Journal, septiembre 23 de 2002.
17 Desde la explosión
de la burbuja financiera en el 2000, el mercado de valores ha perdido US
$2.5 billones y, lejos de amainar, la crisis de Wall Street se ha
acentuado con las quiebras fraudulentas de los gigantes Enron, Worldcom,
Global Crossing, etc. Por otra parte, la inversión privada en la
producción no se recupera y el crecimiento de la economía ha vuelto a
decaer luego de una breve recuperación en el 2001.
18 Brasil, la economía
más grande de América Latina no llega a la décima parte del tamaño del
producto de Estados Unidos. El 70 por ciento de las 25 corporaciones más
grandes del mundo son norteamericanas y, de las 500 mayores empresas, 244
son estadounidenses, ninguna latinoamericana.
19 El Instituto para la
Agricultura y la Política Comercial (IATP) de EU revela que el dumping en
las exportaciones agrícolas norteamericanas va del 20 por ciento en el
arroz al 57 por ciento en algodón, pasando por 30 por ciento en la soja y
40 por ciento en el trigo. Portafolio, marzo 13 de 2003.
20 La evolución de los
términos de intercambio ha resultado sumamente desventajosa para los
países atrasados por la disminución de los precios reales de los bienes
primarios y el aumento correlativo de los bienes industriales. Los precios
agrícolas, por ejemplo, han caído a la tercera parte desde 1948 y a menos
de la mitad desde 1980. Véase Estructura económica colombiana, Gilberto
Arango Londoño. Editorial McGraw Hill.
21 Cárdenas, Manuel
José, “Chile y México”, Portafolio, enero 21 de 2003.
22 “Alca, detrás de
todo”. El Tiempo, enero 26 de 2003.
23 En su documento
“Vendiendo a futuro”, la Conferencia Episcopal de Canadá advierte que el
principal peligro del Alca es que reivindica para las inversiones una
protección indiscriminada, despojando a los Estados de su capacidad de
intervenir en defensa de los intereses públicos y del medio ambiente.
24 Barlow, Maude, Área
de Libre Comercio de la Américas y la amenaza para los programas sociales,
la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia social en las Américas.
Fica, Bogotá, 2002.
25 “Chile: el TLC con
Estados Unidos, ganadores y perdedores”. Rebelión, diciembre 26 de 20.
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