La pretensión
de Estados Unidos con el Alca
es lograr todas las ventajas posibles
Entrevista a Germán Holguín Zamorano
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El pasado 6 de marzo Nueva
Gaceta entrevistó al director de la fundación Misión Salud,
organización no gubernamental creada por la Conferencia Episcopal
Colombiana, el Arzobispado de Bogotá y otras instituciones dedicadas
al cuidado de enfermos muy pobres, cuyo objeto principal es promover y
defender el derechos a la salud y al acceso a los medicamentos de la
población colombiana.
Se trata de Germán Holguín
Zamorano, abogado, economista y magíster en Administración de
Empresas, quien está al frente de Misión Salud desde hace tres años y
participa actualmente como representante de las ONG de la salud en la
discusiones con el Gobierno sobre las negociaciones del ALCA. Sobre su
amplia y valiosa experiencia en el sector de los medicamentos y con
respecto a los diversos aspectos del controvertido proyecto
hemisférico, respondió así nuestras preguntas. |
NG: ¿Cómo ve usted el ingreso de Colombia al ALCA o la
suscripción de un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos?
GH: Los tratados
comerciales no son buenos o malos por sí mismos, eso depende de cómo se
negocian. El ALCA y el tratado bilateral con Estados Unidos, tal como
están planteados hoy, podrían beneficiar a unos pocos sectores
productivos, particularmente a aquellos que tengan vocación exportadora en
condiciones competitivas, pero también causarían grave daño a otros
sectores productivos, al extremo de poner en juego su supervivencia, con
las consecuencias sociales inherentes cuando un sector productivo se va a
la crisis: más desempleo, inseguridad, pobreza y problemas de toda índole.
Esto no puede hacerse a cambio de recibir unas ventajas comerciales en
favor de unos pocos, sean estas reales o simples expectativas.
Colombia no puede
sacrificar derechos fundamentales de la población como la salud,
educación, empleo, desarrollo o seguridad alimentaria, pues se infligen
daños inconmensurables e irreparables a la sociedad como un todo. Es por
eso que tanto el ALCA como un tratado de libre comercio deben negociarse
con seriedad y sentido de patria, no pensando en favorecer a unos pocos y
muchísimo menos a las grandes empresas multinacionales que son las que
están detrás de estos procesos; hay que beneficiar a toda la comunidad,
honrando el bien común como corresponde al gobierno como responsable
primario en un Estado Social de Derecho y defendiendo a los sectores que
resulten más afectados.
Negociar con seriedad
y sentido de patria significa actuar de manera transparente con la
participación activa y permanente de los trabajadores, empresarios y
consumidores que son los que al fin de cuentas sufren los efectos
económicos y sociales de un mal tratado, y con base en estudios objetivos
y profundos sobre la naturaleza y el alcance de tales efectos. Lo
contrario sería negociar a puerta cerrada, a espaldas de la comunidad.
NG: ¿El proceso de
negociación del ALCA no se ha manejado de manera transparente?
No, por dos razones.
La primera, no hay participación de los trabajadores, los empresarios ni
de organizaciones de otros sectores de la sociedad civil en las mesas de
negociación. Por el contrario, es permanente la presencia en esas mesas de
los abogados de las transnacionales. Y la segunda es la participación de
estas empresas en la fijación de las posiciones del país, lo que es
absurdo e inaceptable, no solo porque sus intereses son con frecuencia
contrarios a los nacionales, sino también porque llevan al gobierno
información acomodaticia, encaminada a hacer aparecer como beneficios lo
que en realidad son riesgos y perjuicios.
Le hemos pedido al
Ministerio de Comercio que ponga fin a este exabrupto pero argumentan que
su deber es trabajar con todos los sectores productivos, incluido el de
las transnacionales. A mi me gustaría ver si en las mesas de negociación
de Brasil hay norteamericanos o si en las de Estados Unidos hay
colombianos. Por lo demás, las llamadas mesas de negociación más parecen
buzones de sugerencias que otra cosa, porque en ellas los poquitos
integrantes hablan, expresan sus puntos de vista, en ocasiones los
sustentan con datos y documentos pero no participan en las decisiones.
NG: ¿Eso lo dice
como parte de su experiencia al participar en esas mesas de negociación?
Sí. Yo he participado
y por eso puedo decir que por un lado va el gobierno, el Ministerio de
Comercio, que hace lo que le viene en gana, así sea totalmente contrario
al sentir y al deseo de la comunidad. El otro día yo pregunté en la mesa
sobre propiedad intelectual, cuál era el destino de nuestras opiniones y
de los documentos que aportamos para sustentarlas y se me contestó,
textualmente, ¡quién lo creyera!, que son testimonios “históricos”,
constancias para la historia. El proceso carece de transparencia, se
procede no con base en estudios serios sino en conjeturas. La base
fundamental de las negociaciones debe ser la defensa de los derechos
inalienables de la salud, la educación, el empleo, el desarrollo, la
seguridad alimentaria, en general la defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales.
NG: Pero el gobierno
afirma que las negociaciones están respaldadas por estudios serios...
La verdad es que el
gobierno no ha realizado estudios serios sobre la capacidad de producción
del país, las posibilidades reales de exportación, los empleos que se
pueden ganar o perder, los sectores que pueden resultar afectados e
incluso desaparecer, el daño que las aspiraciones de EU en materia de
propiedad intelectual pueden ocasionar a la salud pública y al bienestar
de la población. Por lo tanto, el proceso se desenvuelve no con base en
información objetiva y confiable, como corresponde a la gravedad de la
temática, sino máximo con encuestas, especulaciones y expectativas, con
frecuencia alejadas de la realidad.
Y esto es muy
peligroso porque se corre el riesgo de hacer concesiones que afectan
derechos inalienables, con la esperanza de obtener a cambio unas
determinadas ventajas comerciales o laborales que después nunca llegan.
Cuando en el gobierno
anterior se empezó a discutir el tema de la renovación y ampliación de las
preferencias arancelarias del ATPA, las cuales estaban condicionadas a la
adopción por parte de nuestro gobierno de una normativa restrictiva de la
producción de medicamentos competidores de bajo precio, con el
consiguiente daño a la salud pública, recuerdo haberle oído decir a la
ministra de Comercio Exterior de entonces, hoy ministra de Defensa, que el
sacrificio se justificaba porque el ATPA significaba un incremento de
1.500 millones de dólares en las exportaciones de textiles y confecciones
y la creación de 800.000 nuevos empleos.
Se le dijo a la
ministra que no era ni ética ni constitucionalmente permisible el canje de
simples expectativas comerciales por salud y además se le demostró que las
cifras eran ilusorias, porque desde luego que es imposible generar un
empleo por cada 1.875 dólares anuales de exportación. Sin embargo, la
negociación del ATPA siguió adelante, el nuevo gobierno dictó el decreto
restrictivo de la producción de medicamentos de bajo precio y EU aprobó el
ATPA. El tiempo demostrará que la realidad en materia de exportaciones y
empleo es bien distinta. Pero el daño a la salud ya está hecho.
Y si es preciso
posponer el ingreso al ALCA y la negociación del tratado de libre comercio
mientras se hacen los estudios necesarios para negociar responsablemente y
evitar el caos, pues que se pospongan. La posición de que hay que negociar
con EU “a cualquier costo”, sin siquiera medirlo previamente, no es
responsable.
NG: En el campo de
la salud y los medicamentos, ¿cuál debería ser el criterio de Colombia en
las mesas de negociación?
El fin debería ser la
defensa de la salud y el acceso a medicamentos de buena calidad y bajo
precio. Pero no, no les importa acabar con lo poquito que tenemos de
avances en salud y acceso a medicamentos, lo que quieren es acabar con los
medicamentos genéricos, y demás competidores, para imponer sus precios de
monopolio.
El problema que
tenemos es de acceso a medicamentos, la gente sufre y muere por eso,
normalmente se cree que es un problema del África, pero no, aquí también
ocurre.
Existe una lucha por
el mercado entre la industria multinacional de medicamentos y la industria
nacional. Las multinacionales tratan de quedarse con todo el pastel y los
industriales nacionales de defender su pedacito y en esa lucha los
nacionales han ido creciendo poco a poco. La pelea existe pero en medio
hay una víctima que es el consumidor: Cada vez que una multinacional gana
una batalla en favor del monopolio, la víctima es el consumidor porque se
traduce en mayores precios y consecuencialmente en pérdida de acceso de la
población a los medicamentos.
Hay una diferencia muy
grande entre los precios de los medicamentos de las multinacionales,
principalmente, los innovadores y los medicamentos competidores,
particularmente los genéricos. La diferencia llega a ser hasta de 10 a 1.
Cada vez que las multinacionales sacan del mercado un genérico, condenan a
la población a consumir los medicamentos de alto costo y como no hay con
qué comprarlos, la gente sufre y muere por esa victoria de la
transnacional. Cuando Suráfrica y Brasil decidieron combatir el sida
mediante la producción doméstica o la importación de versiones genéricas
de medicamentos patentados, los precios cayeron hasta en un 70 por ciento.
NG: ¿Qué es lo que
pretende Estados Unidos en materia de propiedad intelectual de
medicamentos y cuáles son los efectos económicos y sociales de esa
pretensión?
En esta materia
Estados Unidos, presionado por sus multinacionales, pretende establecer en
las normativas de esos tratados nuevas barreras para los medicamentos
competidores, es decir, consolidar su posición monopólica en perjuicio de
la población, para mal de la salud pública. Lo que está en juego aquí no
son solamente los aranceles para abrir unos mercados, lo que también
causará un problema –porque el país no está preparado para esa liberación
arancelaria indiscriminada y precipitada– pero, por encima, lo que está en
juego al sacar del mercado los medicamentos competidores son los derechos
fundamentales de la población, la vida y la salud del pueblo colombiano.
En el mundo mueren treinta mil personas al día por falta de acceso a
medicamentos existentes y el 90 por ciento de esas muertes ocurren en el
mundo en desarrollo y Colombia tiene una cuota infortunadamente importante
dentro de ese porcentaje.
Estados Unidos puede
forzar a Colombia a aceptar unas barreras que se traducen en pérdida de
salud y bienestar de su población a cambio de que pueda exportar a Estados
Unidos flores, confecciones, textiles. ¿Qué relación hay de lo uno con lo
otro? Es simple chantaje, como el chantaje ATPA que acaba de dividir al
país y que condujo, por presión de Estados Unidos, a sacar un decreto en
materia de protección de la información de los registros sanitarios por
encima de los mandatos de la OMC. Le dijeron a Colombia: o expide ese
decreto o no hay ATPA y el gobierno colombiano, engañado por las falsas
expectativas de lo que significa el ATPA en incremento de exportaciones y
generación de empleo, cedió a la presión y sacó el decreto 2085 de 2002.
Pero ahora ese decreto no tiene contentos a los gringos, que quieren uno
todavía más dañino, bien a través del ALCA o de un acuerdo bilateral.
NG: ¿Por qué está usted en estas mesas
de negociación?
Mi experiencia en esta
materia no es como empresario, es a raíz de mi vinculación en el tema de
la propiedad intelectual de medicamentos, de la defensa del derecho de
acceso a medicamentos que me llevó a promover la Fundación Misión Salud
que hoy dirijo.
Estamos trabajando
hace tres años en estos temas y en dos campos, uno es el normativo, donde
se da la lucha contra el establecimiento de nuevas barreras a los
medicamentos competidores mediante normas nacionales e internacionales,
por ejemplo en la Comunidad Andina, donde las multinacionales ejercen a
diario su presión para que se cambien normas y se establezcan barreras. En
este campo nuestro trabajo está ligado al proceso del ALCA y en un
eventual acuerdo bilateral con Estados Unidos. Esos son los escenarios que
va a aprovechar Estados Unidos para conseguir todo lo que pretende. Más
allá de la liberación arancelaria hay temas delicadísimos de propiedad
intelectual, de competencia, de compras de gobierno, de inversión
extranjera.
Un proceso como el
ALCA o un tratado de libre comercio bilateral toca todos los derechos
esenciales de la población y los afecta en mayor o menor grado,
dependiendo de cómo se negocie. La pretensión de Estados Unidos es lograr
todas las ventajas posibles. Por ejemplo, en materia agraria dice, yo
subsidio a quien me provoque, productor o exportador, pero no acepto que
lo discutamos en el ALCA. Los países latinoamericanos tenían algunos
subsidios, ínfimos comparados con los de Estados Unidos; entonces les
dijo: tienen que eliminar subsidios y convertirlos en aranceles, y estos
países salieron corriendo como ovejitas a eliminarlos, pero Estados Unidos
no. Los subsidios se eliminaron y se elevaron los aranceles y luego
Estados Unidos dijo: ahora tenemos que bajar los aranceles. El juego es
muy inteligente, todos bajamos aranceles, pero los subsidios no los
tocamos. Como ustedes no subsidian y nosotros sí, no los tocamos, eso no
lo discutimos en ALCA, lo discutimos en la OMC, con Europa, Japón, mis
socios desarrollados.
Ese es el juego, con
cara gano yo y con sello pierde usted. Todo es para beneficio de Estados
Unidos, nada para el beneficio comercial y tecnológico de estos países.
Ustedes han leído a los patriarcas de la apertura, aquí en nuestro propio
país, diciendo que el mejor negocio que puede hacer Colombia es no
producir alimentos sino comprarlos baratos en Estados Unidos, una tesis
bellísima. ¿Qué nos pasa el día en que acabemos con la producción nacional
y quedemos en manos del alimento barato de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo
subsiste barato? Obviamente, al día siguiente se vuelve caro.
NG: Cuando usted comenta la
posibilidad de hacer una apertura o de llegar a negociaciones bajo unas
condiciones competitivas en el sector de los medicamentos, ¿a qué
condiciones se refiere?
Está demostrado
internacionalmente que los precios de los medicamentos dependen, no de
decretos ni medidas o controles administrativos del gobierno sino del
incremento de la competencia, es decir, de la oferta y la demanda. Entre
más oferentes haya de un producto, menores serán los precios y de allí es
que viene esa gran diferencia que mencionaba entre un medicamento
innovador y uno competidor.
Por cada competidor
que entra al mercado, el precio baja por lo menos un 10 por ciento. Por
ejemplo, si en un determinado medicamento hay un solo competidor, el
precio es muy cercano al del innovador, si son dos los precios ya se van
alejando. Un estudio de Fedesarrollo, que nosotros encargamos, muestra
cómo hay una relación directa entre el número de competidores y el bajo
precio.
¿Qué es lo que
nosotros queremos en esta materia? Que nos dejen competir y producir, no
es más, que no nos dejemos establecer barreras y la barrera por excelencia
en materia de medicamentos es la patente. Mientras el producto está
protegido por patentes, durante veinte años nadie puede producir un
genérico.
En esta materia lo que
pedimos es que exista competencia, que no se establezcan barreras más allá
de la patente. No estamos pidiendo medidas proteccionistas ni pidiendo
aranceles. Estoy hablando desde el punto de vista de Misión Salud, una ONG
sin ánimo de lucro dedicada a promover el acceso a medicamentos baratos,
que es lo que le conviene a la población.
NG: ¿En qué consiste la actual
discusión sobre las patentes?
Se está diciendo que
no deben durar veinte años sino más tiempo y que si un gobierno se demora
en dar una patente, digamos tres años, entonces que se corran los veinte
años a veintitrés. También se está insistiendo en el tema del
establecimiento de las patentes de uso o de segundos usos. Es decir, que
cuando existe un producto y el innovador descubre un segundo uso, ejemplo,
el viagra que era para el tratamiento de algún asunto del corazón y por
casualidad encontraron que tenía un efecto eréctil, ese segundo uso se
utiliza para patentar la sustancia. Un proceso de producción es
patentable, y el producto mismo también cuando es nuevo, pero cuando
simplemente se le descubre un segundo uso, este no es patentable, por
carecer de nivel inventivo.
Estados Unidos
pretende establecer en el ALCA la patente de segundo uso para proteger
incluso la aspirina, ácido acetilsalicílico, que como tiene cien años en
el mercado, ya no está cobijada por patente. Pero como cada día le
encuentran un nuevo uso, por ejemplo descubren que es buena para la gota,
entonces la patentan en forma prácticamente vitalicia.
NG: En relación con las patentes , se
habla también de la posibilidad de patentar cambios menores de las
sustancias conocidas.
Si señor, Estados
Unidos pretende el reconocimiento de patentes a descubrimientos simples y
a desarrollos menores sobre sustancias conocidas. Para poder patentar un
invento se necesita que sea nuevo y que tenga lo que llaman un nivel
inventivo, es decir, que no sea un desarrollo obvio. Porque si a una
molécula le hacen un pequeño cambio, le agregan un elemento que no la
afecta, no se está generando un nuevo medicamento y con este cambio
ligero, secundario, que no tiene novedad, pretenden proteger una molécula
que ya no está patentada porque venció la patente y eso lo hacen con
polimorfos, formas farmacéuticas, es decir, si se tiene bajo la forma de
una pastilla y pasa a cápsula, se pide la patente. Son habilidosos para
patentar lo no patentable. En 1999 la oficina de patentes de Estados
Unidos concedió 160.000 patentes, el doble de lo que otorgaba un año
atrás, porque allá patentan todo, el polimorfo, la nueva forma
farmacéutica, etc. Se que quieren trasladar esa flexibilidad a estos
países para bloquear los productos competidores.
NG: ¿Los productos genéricos son
producidos por multinacionales o por laboratorios nacionales?
Hay multinacionales
que producen genéricos, es cierto, pero yo creo que en Colombia cada vez
son menos. Hace diez años, cuando empezó todo este tema de apertura
comercial y el cuento de la globalización, en Colombia teníamos 32 plantas
productoras de medicamentos de multinacionales y hoy quedan sólo siete.
NG: ¿Por qué?
Porque les conviene
centralizar la producción en otros países para aprovechar la ventajas de
la producción a gran escala y porque están protegidas por una norma que
nos impusieron antes de irse, que la estableció la OMC y que después
reprodujo la Comunidad Andina, según la cual para explotar una patente
legítimamente no es necesario producir en el país, sino que se puede
importar.
NG: ¿Cuál ha sido la posición de los
laboratorios nacionales?
La posición de Asinfar
que agrupa a los laboratorios nacionales coincide con lo que les estoy
diciendo: Piden que los dejen producir y competir, y afirman que no están
pidiendo protección especial ni subsidios, sino que los dejen trabajar y
producir. La industria nacional no tiene capacidad para inventar
medicamentos pues eso requiere inversiones y alta tecnología y aquí no hay
ni la plata ni el conocimiento. Entonces ¿qué es lo que nosotros podemos
producir? Una vez que las patentes vencen, producimos los medicamentos
sustitutivos de esos medicamentos innovadores, a bajo precio, para bien de
la población.
NG: Brasil decidió producir sus
propios genéricos contra el Sida, pese a la oposición de las
multinacionales farmacéuticas. ¿Hasta qué punto en Colombia se subordinan
estas patentes a las necesidades de la salud pública?
En la normativa de la
OMC, en el acuerdo ADPIC y también en la Comunidad Andina, hay dos
mecanismos para el control de los abusos del monopolio y para hacer
posible la solución de problemas de salud nacionales: las licencias
obligatorias y las licencias paralelas.
Las primeras consisten
en que cuando, por razones de calamidad nacional, un grave problema de
salud, una epidemia o cualquier otro motivo, en el país no hay suficiente
suministro de un medicamento o lo hay pero a unos costos exorbitantes,
entonces prima el interés nacional sobre el derecho que ostenta una
empresa sobre el producto. Es decir, prima el bien común sobre la
propiedad intelectual. En este caso, la normativa autoriza al gobierno
para darle licencia a otro u otros laboratorios para producirlo. Por
ejemplo, después del 11 de septiembre en Estados Unidos surgió el terror
al ántrax y los norteamericanos se volcaron a comprar el antídoto que se
agotó en tres días. Entonces el gobierno dijo: la necesidad de suplirle a
la población el antídoto, atender un pánico, un riesgo nacional de ataque
está por encima de la patente de los productores; en consecuencia, si no
suministran la cantidad suficiente de inmediato y no bajan el precio,
sacaré una licitación para dar licencia de producción de medicamentos que
sean copia de esos medicamentos patentados. Y así lo hizo.
Estados Unidos, el
padre de la propiedad intelectual, el gran promotor, el que nos cierra
aquí todas las puertas, cuando tiene un problema ahí si aplica la norma, y
Canadá, que también promociona la propiedad intelectual, lo hizo sin
anunciarlo.
¿Qué es lo que hizo
Brasil? Tenían un problema gigantesco con el sida: según la OMS en el año
2002 iban a tener un millón de infectados, luego necesitaba atacar este
problema y para ello autorizó mediante licencia obligatoria la producción
de genéricos contra el Sida. Cuando tomaron la medida, el gobierno
norteamericano –no fueron las multinacionales directamente– demandó a
Brasil ante el panel respectivo de la OMC por violar las patentes de
medicamentos. Pero vino el rechazo de la comunidad internacional, las ONG
y una presión gigantesca que obligó a Estados Unidos a desistir de la
demanda.
De la misma manera, si
nosotros tuviéramos un grave problema de tuberculosis, deberíamos poder
autorizar mediante licencia obligatoria la producción del medicamento, de
buena calidad y bajo precio. Pero no lo hacemos porque las multinacionales
no dejan, porque el día en que el gobierno colombiano se atreva a medio
insinuar que va a dar ese paso, entonces vienen el garrotazo y las
amenazas: si ustedes hacen eso, les quito el ATPA, les quito los
helicópteros del Plan Colombia, o los créditos internacionales. Entonces
el gobierno colombiano ante esas presiones cede y dice bueno, no me pegue,
yo mejor dejo que la gente se siga muriendo. Pero podríamos hacerlo.
NG: En cuanto a las importaciones
paralelas...¿en qué consisten?
Las importaciones
paralelas están basadas en lo que se conoce como el agotamiento
internacional del derecho: Esto significa que cuando el dueño de un
medicamento lo ofrece en un país, pierde el derecho a impedir que otros
países lo importen de ese mercado. Así, por ejemplo, cuando el innovador
ofrece en el mercado de Alemania un producto, entonces yo puedo importarlo
libremente de Alemania sin permiso de ese innovador. El derecho de
controlar este medicamento que está en una farmacia de Alemania, lo perdió
el innovador en el momento en que lo entregó a la farmacia. La aspiración
de EU en el ALCA es que se elimine esta figura. Que se prohíban las
importaciones sin el permiso del titular de la patente.
NG: ¿En qué beneficia la figura de las
importaciones paralelas a un país como el nuestro o Brasil?
Si un medicamento está
puesto en el mercado colombiano a diez mil pesos, pero yo encuentro que en
Sudáfrica está a cinco mil, entonces lo puedo traer de allá. Obviamente
Estados Unidos está luchando para que se elimine la figura de la
importación paralela, porque a ellos les interesa que el colombiano siga
pagando diez mil, en vez de traerlo de Suráfrica.
NG: Cuéntenos en qué consistió el
conflicto que tuvo Sudáfrica con las multinacionales.
El problema de
Sudáfrica es mucho más grave que el del Brasil, porque son millones de
afectados por el Sida. Por eso optó por las importaciones paralelas, por
la importación de los medicamentos genéricos para el tratamiento de la
enfermedad a quien se los entregara a mejor precio, y se encontraron con
ofertas maravillosas de los laboratorios de India, de magnífica calidad y
por solo un 10 por ciento de su precio. Las multinacionales montaron en
cólera, demandaron a Suráfrica por violación de las patentes y empezó la
batalla jurídica que culminó, debido a la presión de la comunidad
internacional, las ONG y demás, con que desistieran de la demanda.
En Brasil, gracias a
la medida que tomaron, el Sida, que según los cálculos de la OMS avizoraba
un millón de infectados, en el 2002 registró apenas 500.000. En Sudáfrica
la proporción de infectados es gigantesca pero la de salvamentos también,
y aunque han reducido el costo a un 10 por ciento, aún faltan recursos. El
programa ha beneficiado a millones de personas y no estamos hablando del
estado de Pérdidad y Ganancias de una empresa, sino de la vida y la salud
de la población. Por eso no entiendo cómo el gobierno colombiano puede, a
cambio de una cuota de exportación de flores y textiles, entregar la vida
de su pueblo. No encuentro argumento que valide esta actitud.
NG: Por lo general se insiste en que
los genéricos no son de la misma calidad de los medicamentos de marca,
¿qué le garantiza al consumidor la calidad?
Lo que determina la
calidad de un medicamento es, primero, que sea eficaz y seguro. Eficaz
significa que sirva para aquello para lo que se ofrece. La seguridad se
refiere a que no produzca efectos colaterales o, por lo menos, que no los
produzca en extremo y de manera sorpresiva. Los efectos colaterales se dan
en muchísimos medicamentos pero están previstos, son conocidos y no son
graves. Si son graves, el medicamento no puede salir al mercado. Lo
segundo que determina la calidad es que el fabricante cumpla lo que se
denomina buenas prácticas de manufactura (BPM): el cumplimiento de un
código internacional que determina las condiciones para una producción
adecuada. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen que producirse en
recintos herméticamente cerrados, con temperaturas especiales, para lo
cual las fábricas deben realizar grandes inversiones.
Si un medicamento
cumple con estos requisitos, la calidad es idéntica a la del innovador. En
Colombia los laboratorios tienen que cumplir con BPM, pues el Invima puso
como meta en el país que todos cumplan o se cierren. Tuvieron plazos,
invirtieron inmensas cantidades de dinero. Conozco uno que invirtió unos
15.000 millones de pesos en BPM. Las multinacionales presionaron para que
se le exigiera a los nacionales BPM, porque así los sacaban del mercado.
NG: En un nuevo proyecto de ley en
trámite se aumentan las exigencias…
Esas son las nuevas
barreras que tenemos que enfrentar. En resumen, sí puede haber genéricos
de mala calidad porque hay errores humanos u otras circunstancias, pero el
grueso de la oferta de los genéricos en Colombia es de buena calidad. Si
es un laboratorio de renombre, por ejemplo MK, Lafrancol, Genfar, Bussie,
La Sante, Procaps, Tecnoquímica y otros, se puede comprar tranquilo,
porque es de buena calidad. ¿Cuál es la diferencia? Que uno vale 10.000 y
el genérico 1.000.
Tenemos que luchar
porque no nos establezcan nuevas barreras a los competidores, porque no se
fortalezca el monopolio de los medicamentos. Y el ALCA apunta a acabar con
los medicamentos competidores.
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