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El uso de empresas contratistas, en
el marco de los conflictos
de baja intensidad en los Andes y la Amazonia
Verdaderas misiones
de combate
Por Ricardo Soberón Garrido
En el ámbito político,
esta modalidad tiene gran relevancia pues se trata de un nuevo mecanismo
de intromisión militar en la región. Reúne las condiciones de lo que puede
ser, desde el 2000, la nueva estrategia de EU para «intervenir» en los
escenarios de inseguridad en Colombia y en la región andina. Se trata de
un esquema aséptico para los intereses norteamericanos, pues se realiza a
través de terceros, sean empresas privadas norteamericanas que reclutan
expertos en retiro o las Fuerzas Armadas de los países vecinos. Para
efectos de este artículo, dejaremos para otra oportunidad esta segunda
modalidad.
Las empresas privadas
intervienen con sus aparatos de última generación en todo el mundo, como
consecuencia de la finalización de la Guerra Fría: los cielos de China y
Corea, ahora el Asia Central, pero también la Cuenca Amazónica. ¿Estamos
acaso enfrentando una situación de progresiva privatización de las
operaciones militares a cambio de una reducción de las misiones de los
ejércitos nacionales? Recordemos que en los países de la región, los
ejércitos, menos el colombiano y el chileno, atraviesan por un severo
recorte y reconversión institucional, de cara a las nuevas tendencias de
sujeción al «poder democrático» y para evitar procesos militares como los
del Cono Sur en los 70. Asimismo, debemos anotar la tendencia a las
operaciones humanitarias, como la nueva función de las fuerzas armadas
locales.
Una primera
aproximación legal a este nuevo fenómeno viene del derecho internacional,
pues desde el 2001 existe la Convención Internacional contra el
Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de
Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas
mediante Resolución 4434 de 1989. De allí proviene la calificación de
mercenarios, que están condenados y proscritos por la ONU, a partir del
caso de Sudáfrica y su injerencia en los asuntos de otros países del
África.
¿Cuál es la línea
límite entre ejércitos contratistas y mercenarios? El problema estriba en
la medida en que aquellos puedan acercarse a la utilización de
mercenarios, tal como están definidos por la ONU:
1) El tema de
la remuneración. El pago es fundamental, pues no se trata de servicio
militar como obligación con el Estado, sino como una prestación. Este
factor está presente en todos los casos consultados y representa un
«ahorro político» para quien paga, a pesar de costar más que un soldado
regular.
2) Servicio al
ejército de otro país. Este elemento no resulta del todo claro pues no
responde propiamente a la cadena de mando del ejército contratante. Se
trata de convenios de carácter «técnico», que ni siquiera pasan por la
fiscalización de los congresos nacionales. Permiten una gran flexibilidad
en el modo de actuar, y tampoco están sometidos a la visibilidad de la
opinión pública.
La guerra contra
las drogas y el terrorismo
Después del 11 de
septiembre y como consecuencia de las intervenciones en Afganistán e Irak,
la forma de conducir las acciones militares ha sufrido cambios. La guerra
contra las drogas y el terrorismo es ahora un tipo de conflicto global,
irregular y permanente. Aquí se mezcla lo policial con lo militar y el uso
de la inteligencia y la tecnología para desarrollarse tanto en el Sudeste
asiático –el Triángulo de Oro–, como en el Asia Central, o en la frontera
Pakistán-Afganistán. Así mismo, está prevista para usarse en las selvas
amazónicas. Un ejemplo es la implementación en Bolivia de la Fuerza
Expedicionaria de Tareas, unidad extraída del propio ejército boliviano,
pero que tiene responsabilidades estrictamente antinar-cóticos en el Valle
del Chapare en Cochabamba, y está financiada por EU. Incluso la Defensora
del Pueblo de Bolivia ha solicitado una investigación sobre la línea de
comando de esta unidad.
En sentido estricto,
el uso del vocablo contratista es equívoco, de conformidad con la
verdadera misión que cumple. Esconde el verdadero uso que se les da a las
empresas y al personal que se involucra. El uso de subcontratistas con
personería jurídica y sede en EU, que son mayo-ritariamente exmilitares de
las Fuerzas Armadas de ese país, es una práctica cada vez más usada en
operaciones de cooperación militar que se asemejan progresivamente a
verdaderas misiones de combate: es el caso del departamento de Arauca en
Colombia, donde se involucran en acciones de contraguerrilla. Además
comienzan a implicarse en la protección de otros intereses estratégicos,
como la infraestructura petrolera. Su primer uso data de la Guerra de
Vietnam, para ciertas acciones de transporte de personal de élite y
operaciones encubiertas en territorio de Laos y Camboya (Air America).
Estas operaciones no
son aisladas. Se realizan al lado de operaciones tradicionales de
cooperación, como los ejercicios navales Unitas en la Base de Manta en
Ecuador (julio 2003), o las operaciones de asistencia cívica realizada por
militares (caso Nuevos Horizontes, 2003) en Perú, Ecuador, Panamá y otros
países latinoamericanos.
Hacia una tipología de las
empresas
participantes
Según las fuentes
revisadas(1), desde 1995 se tiene
conocimiento de la participación de empresas contratistas en Colombia,
particularmente alrededor del Plan Colombia. Pero a partir del 2000, se
incrementa el número de empresas, personal y fondos disponibles.
El primer caso, es el
de Military Profesional Resources Incorporated (Mpri), fundada en 1988.
Otro es el caso de la DynCorp(2), formada en
1946 por pilotos norteamericanos, con sede en Reston, Virginia: 20.000
empleados, 550 clientes e ingresos por US$1.400 millones anuales. Una
firma importante es California Mycrowave Systems (a su vez adquirida en
1999 por la Northrop Grumman Corporation), especializada en imágenes,
comunicaciones e inteligencia electrónica(3).
Otras empresas
relacionadas son Aviation Development Corporation y Arinc Inc(4),
las mismas que desarrollan diversos campos de especialidad y tienen
jugosos contratos con el Departamento de Defensa. TRW, Matcom, Cambridge
Communications, Virginia Electronic Systems, Air Park Sales and Service
Inc, Integrated Aerosystems Inc, Arinc Engineering Services LLC, Alion LLC(5),
ACS Defense(6), INS(7),
Science Aplications International Corp(8),
ManTech(9), son otros ejemplos de empresas
privadas debidamente acreditadas ante el Departamento de Defensa y que
están viendo enormes posibilidades de actuación en el mundo, no solamente
en el caso del conflicto armado colombiano. Luego, el caso de un monstruo
como la Lockeed Martin(10), que incluso ha
tenido participación en otros conflictos armados, como Bosnia, Irak y
Afganistán. Finalmente, está el Grupo Rendón, especialista en estrategias
de comunicaciones para las delegaciones diplomáticas norteamericanas en el
exterior.
¿Cuáles son los beneficios
de esta nueva
modalidad?
Son muchos. En primer
lugar, la Casa Blanca amplía su margen de maniobra en operaciones cuasi-militares
en cualquier parte del mundo sin las restricciones diplomáticas o de
seguridad que puedan tener las fuerzas armadas formales. En segundo lugar,
las empresas –muchas veces integradas por ex altos oficiales de las
fuerzas armadas norteamericanas –adquieren jugosos contratos en el
exterior. En tercer lugar, se beneficia el Congreso de ese país, si se
tiene en cuenta el gran presupuesto de defensa, aunque recientemente se ha
lanzado una iniciativa para comenzar una investigación sobre los fondos,
su destino, los resultados y los peligros que representa.
En cuarto lugar, se
trata de gente con experiencia en asuntos militares: inteligencia
electrónica, reconocimiento, vuelo de aeronaves (Black Hawk, aviones
espía), manejo de equipos sofisticados (radares, sistema electrónico FLIR).
Se trata de una segunda etapa de aplicación de los conocimientos
adquiridos durante la vida propiamente militar. Aunque se excluyen
operaciones directas de combate, los riesgos están siempre presentes. Así
se cumplan formalmente las restricciones dispuestas por el Congreso sobre
el reclutamiento de personal militar norteamericano, la situación se torna
difusa y complicada, particularmente en los casos de Colombia y Filipinas,
las «áreas grises» más reconocidas de la actual conflictividad mundial.
Otra ventaja tiene que
ver con asuntos presupuestales y económicos. Esto implica que los recursos
del presupuesto federal van a parar a manos de empresas norteamericanas
que van a tributar en EU, lo cual completa el círculo del movimiento de
dinero público, que regresa a la economía de EU: se adquieren equipos
norteamericanos (caso de Tucanos brasileños solicitados por Colombia o de
SU-25 rusos solicitados por Perú, que finalmente no fueron considerados).
Además, por estar
sometidas al régimen privado, se pierde la línea de «accountability»
(rendición de cuentas) pública que debe tener el Congreso norteamericano
sobre las operaciones que realizan tales empresas en el exterior. Esta
modalidad –se pensaba– no afecta primordialmente la política exterior
norteamericana. Como podemos observar, dicha presunción puede empezar a
cambiar.
De otra parte, los
efectivos de esas empresas no cuentan al fijar el número de militares
norteamericanos que pueden estar asignados a determinadas misiones en
lugares de riesgo, como Colombia. La pérdida de alguno de sus miembros, a
pesar de ser ciudadanos norteamericanos, no tiene el impacto político que
tendría la de un efectivo de las Fuerzas Armadas. Es el caso de los tres
ciudadanos que permanecen secuestrados por las Farc.
Otro asunto tiene que
ver con la inmunidad diplomática. No debieran caer en el ámbito de las
convenciones internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y
consulares entre los Estados. ¿Será que incluso a este tipo de
contratistas se les dará inmunidad diplomática frente a la Corte Penal
Internacional?
Desde que se inició en
1988 la guerra contra las drogas ha habido muchas experiencias adversas:
el caso del funcionario de la DEA acreditado en Bolivia, que hirió a un
civil y no pudo ser sometido a la justicia boliviana, pese a que el delito
se cometió allí. En 1991, el encuentro entre personal de la DEA y la
embajada en Perú con miembros de Sendero Luminoso en la base Santa Lucía.
Definitivamente, no se trata de personal que ejerza misiones diplomáticas
en terceros países, ni en representación de su Estado.
Algunos problemas
Sin embargo, todas las
ventajas mencionadas se han venido al suelo con los hechos ocurridos en
febrero de 2003 en Florencia (Caquetá) y la pérdida de una avioneta de
reconocimiento con personal norteamericano y colombiano: dos muertos y
tres secuestrados han provocado una operación de rescate sin precedente
que involucra a fuerzas especiales colombianas y norteamericanas. En
marzo, otra avioneta que iba en operación de rescate se perdió con su
tripulación.
Hoy, cuando las
fuerzas de ocupación en Irak reportan un creciente número de muertos y
heridos de las fuerzas convencionales –después de haberse suspendido las
operaciones militares–, los hechos en Colombia podrían pasar
desapercibidos. A pesar de tratarse de empleados particulares, la
fragilidad y los riesgos de esta nueva forma de involucrarse también
comienzan a ser visibles en el escenario norteamericano.
De todos modos, la
caída, secuestro y asesinato de una persona que no está al servicio del
Estado norteamericano es un riesgo muy grande que puede generar
enfrentamientos directos con la guerrilla. Este es un nuevo elemento que
no estaba en la mente de quienes diseñaron operaciones quirúrgicas en las
que son los terceros quiene ponen los muertos.
A manera de conclusión
A propósito del Plan
Colombia, de la Iniciativa Regional Andina y de otros planes hemisféricos,
nos estamos enfrentando a una nueva participación de la empresa militar
privada en el campo de la seguridad y la defensa, en relación con la
guerra contra las drogas y el terror. Esta nueva práctica representa
ventajas al aparato político y a los intereses del conservadurismo
norteamericano. Lamentablemente, Colombia está siendo «privilegiada» en
esta modalidad que, como hemos podido observar, tiene demasiadas
similitudes con una práctica que ha sido aborrecida y proscrita por el
derecho internacional y la ONU, la de los mercenarios.
Notas
1 Flórez, Sandra Bibiana.
«Mercenarios en Colombia. Una Guerra Ajena». Proceso. 13 septiembre 2001.
Otra, es «Mercenarios made in Brazil». Istoe, No 1568 del 20 de octubre de
1999.
2 Proporciona personal:
pilotos, personal técnico para la Brigada Antinarcóticos del Ejército y el
programa de erradicación de cultivos de la Policía (US$ 79'200,000);
entrenamiento a pilotos en el uso de visores nocturnos (US$ 1'292,000);
apoyo logístico al programa antinarcóticos de la Policía, el Ejército, el
Inpec. (US$ 4'875,000).
3 Es una de las siete
empresas que trabajan actualmente en Colombia.
4 En el 2002 tuvo contratos
por US$ 17.1 millones, 30 empleados en Colombia y en Perú, con
participación en interdicción aérea. Sólo en Colombia, mantenimiento y
apoyo logístico para avión C 26 de la policía (US$ 1'146.000), operación
de intercepción de vuelos del narcotráfico (US$ 3'557.000), construcción
de sistemas de aprovisionamiento de gasolina de 6 pistas de aterrizaje de
la policía (US$ 1'549.000).
5 Mejoran la capacidad del
Estado colombiano para recolectar y procesar información de inteligencia
(US$ 20.000).
6 Apoyo a un funcionario de
alto nivel del gobierno de EU, dedicado al Plan Colombia (US$ 237.000).
7 Apoyo logístico y asesoría
del personal de la Embajada (US$ 196.000).
8 Seguridad de la Embajada
en Bogotá. Análisis de imágenes de inteligencia (US$ 255.000).
9 Manejo de bases de
información de diferentes agencias en el marco del Plan Colombia.
Interceptación de comunicaciones y recolección de imágenes (DEA).
US$ 2'146.000.
10 De acuerdo con un informe
de El Tiempo, esta empresa tiene un total de 8 contratos: Apoyo logístico
para aviones de transporte de tropa (US$ 4'216.000); mantenimiento de
Black Hawk (US$ 2'128.000); mantenimiento de aviones de la Policía (US$
3'133.000); obtención de instructores para entrenamiento de pilotos de
helicóptero (US$ 813.000), de pilotos Huey (US$ 3'600.000); entrenamiento
de equipo de asistencia técnica para monitoreo de programa de
entrenamiento de pilotos de helicópteros (US$1'700.000); instalación y
mantenimiento de simuladores de vuelo para Hueys (US$ 7'500.000);
instalación de sistemas para la protección de fuerzas (US$ 3'525.000). Un
total de US$ 26.5 millones.
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