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La Amazonia
Entre el mito de la biodiversidad
y el extravío estatal
Carlos G.
Zárate Botía
La actual política del Estado
colombiano de erradicación de cultivos ilícitos, en el marco de la
aplicación del llamado Plan Colombia, que tiene a la Amazonia como su
principal escenario, se puede convertir en uno más de los infames
episodios que desde hace varias centurias han ensombrecido a la región y a
sus pobladores nativos. Para entender el porqué de esta situación basta
con hacer una somera revisión de los profundos equívocos que
históricamente han cometido, primero los imperios coloniales y luego las
modernas naciones, en su intento por convertir a la Amazonia en otro
espacio dónde realizar sus sueños de explotación, enriquecimiento o
“civilización”.
Para comenzar, no debemos olvidar que
la vecina nación brasileña debe su nombre original a la abundante cantidad
de pao brasil con que los conquistadores portugueses se toparon en su
gesta de descubrimiento. Como cuentan muchos relatos(1), venían en búsqueda
del Dorado y en su lugar “solo” encontraron madera. Esta expectativa
frustrada fue en buena medida la responsable de que el Brasil y la Amazonia no despertaran mayor interés entre los conquistadores portugueses
durante el primer siglo de descubrimiento y conquista. No obstante,
portugueses y españoles terminaron por establecer un régimen colonial en
la Amazonia, bajo la premisa de desconocer y destruir este ignoto nuevo
mundo de relaciones humanas y naturales y de tratar de imponer, por la
fuerza combinada de la cruz y de la espada, el suyo propio. El balance del
periodo: la despoblación de la selva(2) como resultado de la transmisión
generalizada de enfermedades de origen europeo; la esclavización de gran
parte de las poblaciones ribereñas; el desplazamiento y la relocalización
forzada de buena parte de la población nativa, así como el inicio de una
creciente presión sobre la fauna y la flora regionales a través del
establecimiento de la llamadas economías extractivas, que comenzaban a
satisfacer la demanda de las metrópolis de la época de productos
tropicales.
Con el fin del periodo colonial, la
transformación y la destrucción de la Amazonia no se detuvo, por el
contrario, adquirió nuevos contornos ante los ciclos de presencia-ausencia
de los Estados nacionales emergentes, propiciando la multiplicación de los
equívocos y de los vectores de presión sobre el medio y sobre la gente,
esta vez a partir de sus estrategias de dominio y expansión territorial,
de la difusión de las nuevas identidades nacionales y del intento de
implantación generalizada del capitalismo occidental. La definición de las
fronteras de nuestro país en la Amazonia en las primeras décadas del siglo
XX, así como la de nuestros vecinos Brasil y Perú, sin olvidar a Ecuador y
a Bolivia o incluso Venezuela, vino de la mano del exterminio casi total
de etnias como la Uitoto, que habían logrado sobrevivir al régimen
colonial, esta vez a cargo de comerciantes caucheros que, al margen de
toda normatividad legal o humanitaria, practicaron las más variadas formas
de expoliación de la mano de obra indígena. Con ellos arribaron otros
elementos que se han venido a considerar propios de la “civilización” y el
“progreso”, como la navegación a vapor, la difusión del uso de las armas
de fuego y la introducción de bienes de consumo, muchos de ellos
superfluos, a cambio de los productos naturales exportados y a los cuales
pronto se habituaron los colonos recién llegados y los pobladores nativos.
El precio ambiental de este “progreso” no tardó en hacerse evidente a
juzgar por la desaparición de buena parte de los quinales y cauchales
silvestres(3), el aumento de la deforestación de las orillas de los grandes
ríos amazónicos, para satisfacer la insaciable demanda de leña de los
vapores, el crecimiento de la caza indiscriminada de los mamíferos de la
selva o la extinción, entre otras especies, de la otrora numerosa
población de tortugas del río Amazonas.
La razón del
extravío estatal
Ausencia del Estado es la frase, por
demás de poca o ninguna utilidad, que se usa comúnmente para caracterizar
y describir la poca o ninguna acción por parte de quienes, desde su acceso
al poder político, han tenido la opción de incidir en el destino de
grandes porciones del territorio de nuestro país, entre ellas de la
Amazonia, en relación ya sea con sus posibilidades de desenvolvimiento
relativamente autónomo y/o de integración coherente al resto de la nación.
Si se quiere hacer justicia al respecto, la acción del Estado en la
Amazonia, así como en otras áreas antes denominadas territorios nacionales
y hoy consideradas simplemente como marginales (término que tiende a
denotar la continuidad de la ignorancia con respecto a ellas), más que por
su ausencia, puede caracterizarse por otros muchos calificativos que
denotan su presencia errática. Vale decir entre otros, por su
incoherencia, atomización e intermitencia.
La perplejidad de nuestras elites con
respecto a la Amazonia y a sus habitantes, junto con la obsesión de
imponer políticas públicas basadas en modelos inadecuados de integración,
pasando por alto su verdadera magnitud espacio-temporal así como sus
condiciones específicas, han sido la causa y el resultado de una visión
que les ha impedido ver la importancia histórica y estratégica de una
región, que junto con la Orinoquia representan mas de la mitad del
territorio nacional y casi el 80 por ciento de sus fronteras terrestres,
en la conformación del espacio y la sociedad nacionales.
Hasta la definición jurídica de los
linderos amazónicos de nuestra nación, a comienzos del siglo XX, la débil
acción estatal de Colombia en la región, contrastó con la febril actividad
comercial y política ejercida por Brasil y Perú a lo largo y ancho de lo
que ellos consideraron su espacio amazónico. Mientras estos países
trabajaban por articular efectivamente su Amazonia al resto de la economía
y la sociedad nacionales en la segunda mitad del siglo XIX, el nuestro
reducía su acción casi exclusivamente a la reivindicación de una
cartografía oficial decimonónica, que cómodamente le asignaba un dominio
amazónico que se extendía hasta la desembocadura del Caquetá (Japura en
Brasil) en el Amazonas. Además, el Estado colombiano, a diferencia de sus
dos vecinos atrás mencionados, aún pugnaba por superar sus disensiones
internas y por constituir un mando unitario, lo cual finalmente hubo de
lograrse bajo el autoritarismo conservador.
Con posterioridad y por lo menos
hasta la mitad del siglo XX, la construcción de nación en la Amazonia
estuvo principalmente a cargo de la Iglesia y de las fuerzas armadas. Así,
las instituciones militar y eclesiástica, al igual que en el pasado
colonial, continuaron teniendo un peso muy grande como instituciones de
frontera. Desde entonces y hasta ahora, nuestra frontera amazónica se
sigue entendiendo desde una concepción obsoleta de seguridad y soberanía,
simplemente como unos cuantos puntos de una línea que hay que defender
mediante presencia militar. La diferencia, con respecto al periodo
colonial es que, en los tiempos del Estado-nación estas dos instituciones
debieron asumir, de manera inadecuada y con todas sus grandes
limitaciones, una desproporcionada misión, consistente en generar y
encaminar los procesos de producción de legitimidad, integración,
soberanía e identidad, en estos extensos espacios del territorio nacional.
Aún hacen falta juiciosos análisis que expliquen cómo la Iglesia y
específicamente las órdenes misioneras, formadas casi exclusivamente por
curas extranjeros, a partir del control confesional de la educación,
encararon la esencial tarea de difundir y generar una identidad
específicamente nacional en las áreas de frontera.
Con estos antecedentes, durante la
segunda parte del siglo XX la Amazonia debió soportar, también sin mayor
mediación estatal, los fenómenos que habrían de marcar su actual sino: una
colonización desbocada hija de la violencia y la expropiación campesina en
las zonas andinas; el arribo del espejismo, primero del oro negro en el
Putumayo, y finalmente del oro blanco en áreas aún más extensas de toda la
vertiente oriental. Los resultados de estos nuevos ciclos extractivos
legales e ilegales, que tuvieron en los sucesivos gobiernos a un mudo
espectador, no podían ser diferentes a la difusión de la violencia a la
región amazónica, la deforestación de millones de hectáreas de bosque
primario por la generalización de la ganadería extensiva y la ampliación
de la llamada frontera agrícola y, en fin de cuentas, la transformación
radical del paisaje andino-amazónico y por tanto, la pérdida irreparable
de buena parte de los ecosistemas del piedemonte oriental.
La promulgación de la Constitución de
1991 y la elevación de los antiguos territorios nacionales a
departamentos, a pesar de los augurios de reorientación en la acción del
Estado y de las promesas de redención de estos inmensos territorios, han
mostrado finalmente su inocuidad. La anunciada organización territorial,
el desarrollo de las funciones públicas, la descentralización, la
autonomía y el fortalecimiento municipales en la Amazonia o el progreso
económico, como en otras partes del país, hoy han pasado a enriquecer la
retórica histórica que nos ha consagrado como nación de leguleyos.
Lo anterior explica por qué la actual
debilidad del Estado-nación en su región oriental amazónica y por
consiguiente en sus áreas fronterizas, tal vez con la aparente excepción
de Leticia(4), tiene también hondas raíces históricas. Veinte años antes de
la tan rememorada gesta de 1932 de devolución de Leticia por parte del
gobierno peruano, el Estado colombiano ya había fracasado en su misión de
defender las fronteras amazónicas. Cierta amnesia intencional nos impide
recordar el vergonzoso papel de nuestro gobierno durante la primera guerra
fronteriza con el Perú en 1911, cuando la toma del puesto de la Pedrera,
como la inercia estatal en su tarea de defender a miles de indígenas y
cientos de colonos en el Putumayo, del exterminio o de su traslado al
Amazonas peruano, propiciados por la Casa Arana. Luego de la Guerra con el
Perú y a pesar de una serie de intentos parciales e inconexos del Estado,
incluidos algunos experimentos de colonización militar, la situación
precaria de la población indígena y de colonos de la región, tal vez con
la excepción del reconocimiento de territorios indígenas a través de los
resguardos, continua sin mayor variación. Como se reconoció en un reciente
estudio periodístico “quienes, en las oficinas ministeriales en Bogotá,
discuten de soberanía, están en mora de prestar atención a esos habitantes
de los confines de Colombia, los más olvidados entre los olvidados del
país”(5).
Hoy, como hace un siglo, la región
amazónica continua siendo escenario de guerra, una guerra interna, con
consecuencias externas, propiciada en parte por la inacción y en parte por
la acción equívoca de un Estado que, ante su incapacidad para ponerse al
frente de un proceso de integración de largo aliento, se ha convertido en
un actor más de generación de violencia contra la población y de
destrucción del medio ambiente amazónico.
En este contexto, no se puede menos
que dudar de la autenticidad y de los alcances del inesperado
redescubrimiento de nuestras zonas fronterizas, por parte de quienes están
al frente de entidades como la Cancillería. Más por presiones externas de
quienes financian el Plan Colombia(6) o atendiendo a la justificada
preocupación de nuestros vecinos amazónicos, que por una convicción propia
enmarcada en una estrategia de consolidación de región y de nación, se ha
anunciado con notas altisonantes, que las fronteras son importantes y que
habrá inversión social en ellas. Sin embargo, no hay nada que permita
pensar que esta vez la distancia entre el discurso y los hechos, para no
ir muy atrás, será menor que cuando se promulgó hace ya casi una década la
llamada Ley de Fronteras.
Una política
ambiental contra natura
La política ambiental del Estado
colombiano con respecto a la Amazonia tampoco ha estado exenta de
ambigüedades y equívocos. Para no ir muy lejos, la decisión del Ejecutivo
de continuar con las fumigaciones de cultivos ilícitos a través del
funesto método de la aspersión aérea y la de extender esta ahora a los
parques nacionales naturales, vuelven a poner al joven Ministerio del
Medio Ambiente entre la espada y la pared. De hecho los orígenes de esta
institución no fueron los más propicios si tenemos en cuenta los arreglos
políticos que constriñeron su accionar inicial y los que han determinado
que, por ejemplo, las llamadas Corporaciones Autónomas Regionales no hayan
podido sustraerse a los dictados de la tradicional politiquería regional y
local. Lo más paradójico del asunto es que ahora, el Ejecutivo y las
autoridades encargadas de implementar la llamada política de lucha contra
el narcotráfico muestran una inusual militancia a favor de los ecosistemas
amazónicos, por los daños ambientales ocasionados en el establecimiento de
cultivos ilícitos, mientras que al Ministerio del Medio Ambiente le
asignan la triste tarea de legitimar acciones que, desde el punto de vista
ambiental, ocasionan más perjuicios que los que pretenden evitar. Son los
síntomas del llamado frenazo ambiental del actual presidente(7) y por tanto
del lánguido fin de una entidad que se esta viendo abocada a una muerte
prematura, gracias a su reciente reestructuración, al creciente
estrangulamiento presupuestal, pero sobre todo a la desnaturalización de
su misión.
La justificación del actual gobierno
para continuar con sus políticas de interdicción, seguridad “democrática”
y ceguera ambiental en la Amazonia, contra cualquier argumento de su
propia legalidad y desconociendo las numerosas denuncias de perjuicios y
arbitrariedades contra la población de la región, resulta muy clara.
Sacrificar una región de poca importancia económica actual, con un
potencial que a ciencia cierta se desconoce, habitada por colonos e
indígenas que conviven con la ilegalidad, parece no ser un precio muy alto
si se quieren mostrar resultados, así sea coyunturales y puntuales, en la
llamada lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. No serán
consideraciones de tipo social o ambiental en una región como la
amazónica, marginal y deleznable en la estrecha mente nacional de nuestros
tecnócratas neoliberales, las que pongan freno a la ilimitada obsecuencia
que ha mostrado el actual Ejecutivo con respecto a los intereses
estratégicos globales de los Estados Unidos.
Gracias a esto, muchas comunidades
que apenas conocían la acción lejana del Estado, bajo el estigma de ser
conniventes con la ilegalidad o bajo cualquier otro pretexto, hoy sufren
el cambio de un actor armado ilegal por otro con insignias oficiales,
viendo cómo la promesa de futuro, basada en una inclusión verdaderamente
democrática de su población y en el goce de la biodiversidad, de la cual
históricamente se han lucrado muchos, menos sus dueños, se convierte en
uno más de los mitos que han hecho de la Amazonia una región afamada
aunque para muchos aún ininteligible. Ninguna cantidad de dólares, ni
millares de soldados estacionados en algunos puntos de la selva o de la
frontera, podrán suplir mediante generación espontánea y, en uno o dos
años, la larga ausencia de una verdadera política de integración de la
Amazonia a la nación colombiana.
Notas
1 Ver por ejemplo el libro de John Hemming: Red Gold. The
Conquest of the Brazilian Indians 1500-1760. Cambridge: Harvard University
Press, 1978 pp. 8 y ss.
2 Esta despoblación ha dado sustento a
otro de los numerosos mitos que se han establecido sobre la Amazonia: el
mito del espacio vacío. Ver: Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio
Ambiente. Amazonia sin mitos.
3 Según C. Domínguez, a fines del siglo
XIX en una franja de 200 kilómetros “se destruyeron los árboles de caucho
negro y blanco desde el río Ariari hasta el Ecuador” cfr. C. Domínguez y
Augusto Gómez. La economía extractiva en la Amazonia colombiana 1850-1930.
Bogotá: Corporación Araracuara, 1990.
4 En Leticia tienen asiento desde hace años, más de
cincuenta entidades del orden nacional y no obstante esta abultada
“presencia” institucional, la acción del Estado se ha caracterizado por su
atomización, incoherencia, falta de continuidad y reducida incidencia
regional.
5 El Tiempo. Especial Fronteras. Agosto 8
de 2003.
6 Bill Clinton, por ejemplo, en los
comienzos de la implementación del Plan Colombia, estaba muy bien
advertido del papel de los países limítrofes en la producción y tráfico de
drogas. Ver el artículo de W. Mendel “Colombia’s treaths to regional
security”. Military Review. (Vol. 81) Mayo-junio de 2001. pp. 2-15.
7 Ver la entrevista con los ex ministros
del ambiente aparecida en Lecturas Dominicales, El Tiempo, 14 de diciembre
de 2
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