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Reino Unido
Tony Blair y su papel como
gendarme de Estados Unidos
David Raby. Especial
Para
Nueva Gaceta
En la política internacional de la
época contemporánea uno de los elementos más constantes ha sido la alianza
entre Inglaterra –o para ser más exactos, el Reino Unido– y los Estados
Unidos. Tan es así que para muchos parece ser un asunto que no merece
análisis: el apoyo mutuo de las dos potencias imperialistas anglosajonas
sería casi una ley de la naturaleza, una cuestión de sangre. Pero esta
visión ignora las profundas diferencias históricas y culturales y los
intereses específicos de los dos países, que distan mucho de ser
idénticos.
De potencia
hegemónica a lacayo de Washington
Es evidente que la orientación de la
política internacional británica se debe fundamentalmente a su condición
de ex-potencia hegemónica, de haber sido el centro imperial por excelencia
durante el siglo XIX (hasta la Primera Guerra Mundial). Pero en esa época
eran frecuentes las tensiones y hasta los conflictos abiertos entre los
dos países, desde la Guerra de 1812 (cuando las tropas británicas
saquearon Washington) hasta principios del siglo XX, cuando Gran Bretaña
cedió a los primos transatlánticos el control de la región caribeña,
reconociendo implícitamente la doctrina Monroe. El momento crítico en este
aspecto fue la contienda de la deuda venezolana en 1902-03: descontentos
con la posición del Presidente Cipriano Castro con relación a la cuestión
financiera, los británicos y alemanes impusieron un bloqueo naval de los
puertos venezolanos, pero Washington exigió el retiro de los europeos y se
hizo responsable de la recolección de la deuda. Por primera vez en más de
un siglo, Londres aceptaba la exclusión de sus fuerzas de una zona
marítima importante. A las dos guerras mundiales siguió un período de
treinta años de gran inestabilidad y de disputa con otras potencias por la
hegemonía internacional, pero en 1945 quedó clara la posición de
dominación indiscutible de Estados Unidos en el mundo capitalista. En esta
situación, la clase dominante británica hizo una opción estratégica que se
ha mantenido hasta hoy, de convertirse en el aliado principal de
Washington, estableciendo una relación especial que le permitía participar
en la gestión del nuevo imperio, o por lo menos mantener la ilusión de
participar.
Desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial hasta hoy los límites de la autonomía de las potencias
capitalistas secundarias (Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) han sido
muy evidentes; esto se demostró claramente con el descalabro de la
intervención anglo-francesa-israelí en Suez en 1956, contra la voluntad de
Estados Unidos. Pero estas potencias siempre mantuvieron una cierta
capacidad de actuación independiente, o por lo menos de limitar o retirar
el apoyo a las políticas más agresivas o controvertidas de Washington. Así
por ejemplo el gobierno laborista de Harold Wilson se negó a mandar tropas
británicas a Vietnam, aunque ofrecía apoyo político y logístico a la
guerra norteamericana. Hasta Margaret Thatcher expresó su discrepancia con
las intervenciones norteamericanas en Granada y Panamá. Pero con Tony
Blair y el «nuevo laborismo» («New Labour») parece que hemos llegado al
entreguismo total: justo cuando se esperaba un cambio después de dieciocho
años de gobiernos conservadores, lo que se ha visto es una subordinación
casi completa a Washington, y eso con la administración más agresiva y
derechista que se ha visto en EU en casi cien años.
El proyecto de
Blair
Para entender este viraje paradójico
hay que analizar con cierto cuidado el proyecto blairista en su conjunto.
En los años setenta la intensificación de las luchas sociales amenazaba la
estabilidad del capitalismo británico, y la izquierda estaba a punto de
llevar al Partido Laborista a posiciones abiertamente anticapitalistas;
fue en esta situación que la Thatcher surgió como representante de un
proyecto intransigente de recuperación de la hegemonía burguesa, estilo «Pinochet
light» (y no es casual la amistad de la «dama de hierro» con el dictador
chileno). La represión del movimiento sindical, que culminó con la derrota
de la segunda huelga de los mineros de carbón en 1984, la privatización y
la reducción sistemática de los beneficios sociales marcaron el verdadero
viraje de nuestra época en la política británica: la derrota de la
ideología del «Welfare State» (Estado de Bienestar) y del consenso que
prevalecía desde la Segunda Guerra Mundial o incluso en cierto sentido
desde el gobierno Liberal entre 1906 y 1911. El éxito de la «revolución
thatcherista» y la victoria conservadora en cuatro elecciones generales
seguidas produjo una profunda crisis en el Partido Laborista, y Blair
llegó a la dirección del partido con la misión de volverlo de nuevo
«elegible». Joven, dinámico y carismático, Tony Blair parecía representar
el espíritu de los años noventa, moderno, post-socialista y democrático:
prometía acabar con la agresividad y la injusticia del thatcherismo sin
volver al dogmatismo conflictivo del viejo laborismo (así por lo menos era
la imagen del partido creado por los medios de comunicación).
Pero lo que Blair representaba en el
fondo no era tanto una renovación del Partido Laborista, sino el proyecto
de capturarlo para el neoliberalismo: un golpe de Estado con la finalidad
de acabar con todo lo que alguna vez tenía de socialismo y de vínculos
orgánicos con la clase obrera(1). Se eliminó la famosa Cláusula 4 de la
constitución del partido, que proclamaba la meta de «nacionalización de
los medios de producción, distribución e intercambio»; se expulsó a los
trotskistas infiltrados en el partido y se impuso una disciplina
centralista sin precedentes que daba a la dirección un control casi total
sobre la formulación de políticas y la selección de candidatos. Los
congresos laboristas, antes notoriamente conflictivos pero también
creativos y relativamente democráticos, se convirtieron en tristes
exhibiciones de unanimismo al peor estilo estaliniano. Se adoptó como
modelo obligatorio para todos los servicios públicos la «parcería
público-privada» que implica en la práctica la subordinación de todo el
sector público al principio de lucro privado. Aunque por primera vez en la
historia del país (!) se introdujo un salario mínimo, se mantuvieron las
leyes thatcheristas antisindicales que ilegalizan cualquier huelga sin
votación formal previa y prohíben las huelgas de solidaridad.
La cuestión
europea
En política internacional, uno de los
grandes problemas del país desde los años cincuenta era la posición que
debía tomarse frente a la construcción europea. Toda la tradición
británica era antieuropea, anticontinental: el imperio se había construido
primero contra España, luego contra Francia y finalmente se había
defendido contra Alemania. Pero en la nueva situación de hegemonía
norteamericana, la unidad europea era no solamente un ideal pacifista sino
una solución práctica a la debilidad y el aislamiento de los países
individuales. Por eso en 1973, 17 años después del Tratado de Roma, el
gobierno del conservador moderado Edward Heath llevó al Reino Unido a
entrar en el Mercado Común (hoy Unión Europea); pero muy pronto se hizo
evidente que el papel del nuevo socio iba a ser el de participar con
reservas, a regañadientes y el de levantar siempre obstáculos a una mayor
integración, e incluso a veces el de actuar como Caballo de Troya de los
Estados Unidos dentro de la Unión Europea.
Cuando el «New Labour» llegó al poder
mucha gente esperaba que en este aspecto por lo menos se fuera a producir
un cambio radical. El mismo Blair había proclamado frecuentemente sus
simpatías europeas y la convicción de que el país tenía que participar de
manera constructiva en la Unión; decía que el Reino Unido debería adoptar
el euro y prometía llevar el asunto a un referendo popular. Fue grande la
decepción de los europeístas, por lo tanto, cuando el gobierno empezó a
postergar sistemáticamente el referendo y a tomar una posición cada vez
más ambigüa al respecto. Con la guerra de Irak las diferencias de Blair
con los socios europeos se volvieron abiertas y radicales, y está por
verse hasta qué punto se pueden sanar las heridas.
América Latina en
la política británica
La guerra y la ocupación de Irak son
el punto neurálgico de la política externa de Blair, pero con muy pocas
excepciones, la fidelidad a Washington ha sido la regla de este gobierno
(la principal excepción es en materia ecológica donde, por ejemplo, el
Reino Unido apoya el Protocolo de Kyoto). El gobierno defiende el
neoliberalismo en general y por lo tanto el Alca, aunque puede haber
algunas aristas en la medida en que este acuerdo implica privilegios
exclusivos para el capital norteamericano. También defiende el Plan
Colombia y, junto con España, el Reino Unido ha tomado la delantera en
cambiar la posición de la Unión Europea en relación con el conflicto
colombiano; donde hace tres o cuatro años la UE facilitaba los diálogos de
paz y tenía una posición claramente independiente, ahora se ha convertido
en aliada del gobierno de Uribe en nombre de la «guerra contra el
terrorismo».
Aquí entran en juego los intereses
específicos del capital británico: la BP en el petróleo, la Anglo-Gold y
BHP Billiton en la minería. Gran Bretaña se ha convertido en el segundo
país con mayores inversiones en Colombia (después de Estados Unidos)(2), y
lógicamente apoya los esfuerzos del principal gendarme del planeta por
mantener el control del país. No debe sorprender que haya acusaciones de
complicidad de la BP con los paramilitares, o que haya participación
británica en el entrenamiento de la policía y operaciones (nunca
oficialmente reconocidas) de las Special Air Services (tropas especiales
británicas).
Aunque no es extraño que en términos
generales Blair se haya mantenido fiel a la relación especial con
Washington, es cierto que hace dos años nadie esperaba que diera un apoyo
a ultranza a la «guerra contra el terrorismo» y la agresión a Irak cuando
ésta suscitaba una oposición tan fuerte en el mundo entero. Aquí sí hay
algo nuevo, y es la opción de Blair de amarrar el país a la alianza
americana en la nueva situación post-11 de septiembre, justo cuando la
política agresiva de la administración Bush en defensa de la hegemonía
unipolar empezaba a provocar oposición. Esta opción de Blair no era
inevitable y todavía puede traer consecuencias muy graves para el país y
fatales para su carrera política.
El movimiento
contra la guerra
y la crisis del blairismo
Si la opción guerrerista de Blair fue
una sorpresa, otra sorpresa mayor fue el movimiento contra la guerra que
alcanzó dimensiones nunca antes vistas y estaba a punto de tumbar el
gobierno en febrero-marzo del año pasado. Fue solo empeñando todo su
capital político y toda su terquedad personal que el Primer Ministro logró
limitar la revuelta en las filas laboristas en el voto crucial del
Parlamento. Y no era para menos: un gobierno que había llegado al poder
con promesas de reformas sociales y políticas y que ahora sacrificaba todo
a una guerra injusta, impopular y peligrosa. La Coalición Contra la Guerra
(Stop the War Coalition) amenazaba producir un cambio político radical, y
todavía puede llegar a crear un nuevo movimiento político de largo
alcance.
Es aquí donde se encuentra lo más
interesante del escenario político británico en este momento: aunque por
ahora Blair mantiene el control del gobierno y del Partido Laborista, su
prestigio personal y el del partido han sufrido daños posiblemente
irreparables. La Coalición Contra la Guerra se ha convertido en la mayor
fuerza política extra-parlamentaria que se haya visto en muchos años,
movilizando a muchos sectores supuestamente despolitizados: jóvenes,
mujeres, musulmanes y otras minorías étnicas, desempleados. Las
manifestaciones, que culminaron el 15 de febrero del 2003 con la gran
marcha de dos millones de personas, no solamente alcanzaron dimensiones
históricas sino que radicalizaron a mucha gente que antes era
aparentemente conformista: se asistió repetidamente al espectáculo de
señoras bien vestidas de la clase media provincial bloqueando las calles
de Londres y otras ciudades y dando la mano a punks y musulmanes. Muchas
figuras importantes del establecimiento, desde políticos de todos los
partidos a obispos y militares retirados, se pronunciaron contra la
guerra, a veces de manera radical. El movimiento empezó a formar una
conciencia claramente anti-imperialista: con la consigna «¡No War for Oil!»
(¡Ninguna Guerra por el petróleo!) y contra el intervencionismo, había una
gran receptividad a las denuncias del Plan Colombia y del golpe venezolano
de abril de 2002.
Evidentemente existe el peligro, como
en cualquier movimiento espontáneo y limitado a una cuestión específica,
de desmovilización y dispersión. Pero es interesante que meses después del
fin oficial de la guerra, se consiguiera hacer otra manifestación bastante
grande contra la ocupación de Irak (a finales de septiembre), y en
noviembre las manifestaciones contra la visita de Bush a Londres
alcanzaron dimensiones y niveles de militancia impresionantes, a pesar de
las medidas oficiales preventivas. Aquí se nota una vez más la
radicalización de un sector del establecimiento: el alcalde de Londres,
Ken Livingstone (laborista independiente, expulsado del partido por su
oposición a Blair), proclamó su solidaridad con los manifestantes y
declaró que para él, «Ese señor [Bush] es el mayor peligro que existe para
el futuro del planeta». Otros laboristas disidentes, como el diputado
escocés George Galloway -orador carismático que se ha distinguido en la
solidaridad con la causa árabe- también han tenido que enfrentar medidas
represivas de parte del gobierno: a Galloway lo acaban de expulsar del
partido. Es en estas circunstancias que varias figuras como Galloway, el
cineasta Ken Loach, el ambientalista George Monbiot y algunos dirigentes
de la comunidad musulmana acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo
movimiento político contra el neoliberalismo y la guerra y a favor de la
unidad popular.
El impacto de la movilización popular
también se nota dentro del sistema político tradicional. Una franja grande
del electorado laborista o potencialmente laborista se siente
completamente defraudada con motivo de la guerra, pero el descontento no
se está canalizando principalmente al Partido Conservador, frente al cual
muchos electores mantienen el rechazo que sentían contra la Thatcher. El
gran problema es el sistema electoral de circunscripciones uninominales de
mayoría sencilla, que favorece fuertemente el bipartidismo y hace muy
difícil que un tercer partido consiga representación importante en el
Parlamento. Pero incluso así ha habido una subida importante del Partido
Liberal-Demócrata, que tiene más de 20 por ciento del voto popular y 8 por
ciento de los diputados. Lo interesante de este partido es, primero, que
fue el único partido importante en oponerse a la guerra; segundo, que es
claramente pro-europeo; y tercero, que defiende una reforma electoral para
establecer la representación proporcional (es decir, que cada partido
tenga el número de diputados correspondiente al porcentaje del voto
popular). Si en las próximas elecciones generales este partido consigue el
balance del poder, puede obligar al laborismo a formar un gobierno de
coalición e imponer la reforma del sistema electoral, lo que permitiría
una diversificación importante de las fuerzas políticas representadas en
el Parlamento y haría mucho más difícil en el futuro la imposición por el
gobierno de una política tan impopular como la invasión a Irak. Ya en
noviembre del año pasado, en una elección parcial en una circunscripción
de Londres de fuerte mayoría laborista, el candidato liberal-demócrata
(una mujer joven) ganó la elección, derrotando a laboristas y
conservadores, y muchos electores citaban la guerra como motivo de este
cambio de actitud.
A mediano plazo, el Reino Unido bien
puede enfrentar una crisis política de grandes dimensiones. Aunque de
momento la economía va bien, la estabilidad se ha conseguido con base en
le desindustrialización y el trabajo precario. El gobierno de Blair ha
impuesto la «asociación público-privada» (public-private partnership) en
todos los servicios públicos –educación, salud, correos, pensiones,
ferrocarriles– con la consecuencia lógica del fin del principio de la
universalidad y la exclusión de mucha gente pobre de los beneficios, según
el clásico modelo yanqui(3). Siguiendo la línea de Margaret Thatcher, este
gobierno «laborista» ha mantenido la política de «flexibilidad» laboral, y
el website del Ministerio de Comercio se ufana de que «Los costos
laborales totales en el Reino Unido están entre los más bajos de Europa...
La ley británica no obliga a los empleadores a ofrecer un contrato escrito
[a los trabajadores]... El Reino Unido tiene la tasa de impuestos más baja
de cualquier país industrializado importante para las corporaciones...»(4)
El país tiene el horario de trabajo más largo de la Unión Europea, y las
prestaciones sociales, los transportes y otros servicios públicos son
claramente inferiores en relación con Francia, Alemania u otros países
continentales. Aunque los medios de comunicación han creado una opinión anti-europea y pro-yanqui, hay un sector cada vez mayor que resiente la
dominación cultural norteamericana y el triste papel británico de lacayo
de Washington, y que entiende que la única alternativa a la participación
constructiva en la Unión Europea es la subordinación cada vez mayor al
gigante americano, el papel de 51 Estado.
Notas
1 Por
supuesto, el Partido Laborista nunca fue revolucionario, pero como
formación reformista y socialdemócrata sí tenía fuertes raíces en la clase
obrera británica e ideología socialista.
2 Grace
Livingstone, Inside Colombia: Drugs, Democracy and War (Londres, 2003,
Latin America Bureau), pp 107-108, 120-122. La BP es la multinacional con
mayores inversiones en Colombia.
3 Allyson
Pollock, «Selling off by stealth is here to stay», The Guardian, 11/2/04,
p 26.
4 Citado
en Polly Toynbee, «The real reason why we should fear immigration», The
Guardian, 11/2/04, p 26.
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