|
.En la Universidad Nacional
Fundamentos de la
representación profesoral
al Consejo Superior
Orlando Acosta
|
El presente documento es una síntesis del programa con el cual fue
elegido Orlando Acosta como representante de los profesores al Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Colombia, en el segundo
semestre del 2003 |
1. Financiación pública de la
educación superior
Los actuales desafíos que afronta la
educación superior en el mundo no tienen antecedentes. Desde hace más de
una década se están experimentando profundos cambios, entre los cuales uno
de los más relevantes hace referencia al surgimiento de un modelo de
competencia de mercado, apoyado en el argumento de que la falta de
eficiencia y productividad de las instituciones del sector público
requiere de manera urgente la intervención de las fuerzas del mercado. La
educación y el mercado son contradictorios en materia de métodos, fines y
parámetros de calidad y excelencia.
Las mayores impugnaciones a las
soluciones de mercado en la educación superior provienen de los países de
alto desarrollo donde tradicionalmente ésta ha sido esencialmente pública
en su provisión. La razón para el aseguramiento de los beneficios
colectivos de la educación pública superior reside en que el interés
central no es el lucro ni la ganancia sino la producción de beneficios
económicos y sociales, tanto públicos como privados. La educación es un
bien público, cuya tasa de desarrollo no es inferior al crecimiento
económico que posibilita. En la sociedad del conocimiento, la educación
superior pública es una inversión en crecimiento económico, pero también
es un derecho constitucional y un factor de cohesión social y política.
Sin embargo, en nuestro país más del
68 por ciento de la matrícula en la educación superior se encuentra en
instituciones privadas. La Universidad Nacional de Colombia solo da cuenta
del 4 por ciento de la matrícula total. Solamente el 30.2 por ciento de
las 311 instituciones de educación superior son de carácter estatal y esa
participación es decreciente.
No aumentar el gasto público en
educación superior significa su privatización. La ausencia de políticas de
Estado y de recursos de inversión adicionales compromete cada vez más su
impacto en la vida material y espiritual de la nación colombiana. La
retención de hasta un 12 por ciento del presupuesto de las universidades
públicas, supeditada a unos muy discutibles indicadores de gestión y
desempeño, anticipa la reducción de su presupuesto.
Quienes defienden el mercado como la
forma suprema de organizar todas las actividades humanas, aseguran que el
modelo de gestión pública es ineficiente, que es necesario reformarlo para
que adopte características y parámetros propios de la gestión empresarial
o, alternativamente, reemplazarlo por un modelo de gestión privada. La
iniciativa de convertir las universidades públicas en servicios educativos
gerenciados con ánimo de lucro, la financiación a la demanda en vez de a
la oferta, la adjudicación de becas y préstamos reembolsables a los
estudiantes para que opten por ingresar a las universidades privadas
acreditadas de mayor prestigio, la competencia de las universidades por
clientes-estudiantes como medio de acceder a fondos públicos o a aranceles
educativos sufragados por los padres de familia, la intensificación de la
venta de servicios y la competencia por recursos adicionales, son, entre
otras, parte del catálogo de las recomendaciones de organismos y agencias
internacionales.
Mientras que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) prescribe las políticas más debilitantes del Estado
para los países en desarrollo, los Estados de los países desarrollados
continúan con fuertes participaciones en su producto interno bruto (PIB),
que significan un elevado gasto público en educación superior.
2. Transnacionales de la provisión de
servicios educativos
En forma creciente, la educación se
está convirtiendo en una especie de industria de servicios mundiales, aun
en el caso de sistemas educativos financiados con recursos públicos. Como
parte de esta tendencia, dos aspectos centrales de la educación superior,
como lo son el currículum y la docencia, han empezado a recibir en forma
significativa el impacto sistemático de corporaciones transnacionales de
provisión de servicios educativos a través de la red, las universidades
virtuales, corporativas o de franquicia, entre otras modalidades.
La modalidad tradicional del contacto
profesor-estudiante a través de la clase presencial se está viendo
desafiada por las tecnologías digitales y la competencia externa de
proveedores apoyados en los sistemas de computador y de redes. Esos
servicios educativos entrañan dos conceptos que merecen un examen
particular: la desintermediación y la educación (instrucción, aprendizaje)
distribuida (desagregada). El profesor tradicional de la hora de clase es
asumido como un intermediario entre el conocimiento y el estudiante.
Dentro de una lógica de mercado, preparar y dictar clase en un horario se
considera una actividad intensiva en personal, y por lo tanto muy costosa
para las instituciones.
En esta educación se considera que
los profesores no se deben dedicar a la preparación y aplicación de
pruebas de evaluación, las cuales deben ser realizadas de manera
independiente con exámenes o pruebas de Estado administradas por agencias
especializadas.
Las multinacionales de la provisión
de servicios educativos cuentan actualmente con más de 3 millones de
usuarios, la mayoría de ellos ubicados en los países en desarrollo. Aparte
de la utilización transnacional con ánimo de lucro y la amenaza a la
autonomía cultural de los países atrasados, los computadores, las redes,
la virtualidad, la simulación, el «learningwear» en su concepto
tecnológico, se están convirtiendo en herramientas muy útiles en la
educación superior.
En resumen, la educación se está
convirtiendo en una mercancía que se transa a través de las fronteras
nacionales. La mejor ilustración de esta tendencia se encuentra en las
discusiones relacionadas con el Tratado General de Libre Comercio en
Servicios (Gats), las cuales suceden en el escenario de la Organización
Mundial del Comercio y tienden a incorporar la educación superior a la
estructura normativa de esta organización. El Alca y los Tratados de Libre
Comercio involucran los servicios educativos transnacionales, los cuales
competirían en un marco normativo de igualdad con las instituciones de
educación superior nacionales. Algunos gobiernos ven en estos proveedores
transnacionales la oportunidad de acentuar la tendencia hacia el «outsourcing»
de servicios públicos como la educación.
3. La dignidad del quehacer académico
El capital intelectual, la
inteligencia colectiva, el capital de conocimiento representado en el
cuerpo profesoral, se encuentra despilfarrado, subutilizado y maltratado
en su capacidad creativa, carece de incentivos, es víctima de la
incertidumbre y la intranquilidad, vive en condiciones de vida
relativamente deplorables. Los salarios de los profesores son congelados y
reducidos en términos reales, sus montos no reflejan el haber intelectual.
Tal retribución salarial compele a muchos profesores a trashumar por otras
instituciones donde son aun más explotados, dedicando poca atención a la
investigación, la actualización y el mejoramiento como docentes;
prácticamente no toman parte en la vida plena de las instituciones que los
emplean.
De persistir aún más el deterioro de
las condiciones de vida de los profesores, como se anticipa en la
«revolución educativa» y en la implementación de las prescripciones
neoliberales de las instituciones financieras internacionales, una parte
muy importante del capital intelectual de la nación degenerará en la más
lamentable indigencia intelectual. A los profesores universitarios les
asiste el derecho de traducir sus capacidades, habilidades y conocimientos
en salarios dignos, acordes con la contribución que están realizando para
bien de la humanidad, la sociedad y la nación.
4. Conocimiento, economía y sociedad
La producción y la difusión del
conocimiento dejaron de ser monopolio de la universidad. Corporaciones del
sector privado y agencias gubernamentales producen, distribuyen y utilizan
conocimiento. No obstante, las universidades, especialmente aquellas de
los países desarrollados, en su gran mayoría públicas y sin ánimo de
lucro, continúan con una alta participación en la producción de
conocimiento, particularmente en el campo de la ciencia básica.
La protección legal a la propiedad
intelectual, bajo la forma de leyes de patentes, marcas registradas,
secretos comerciales y derechos de autor, privatiza el conocimiento con
aplicación práctica comercializable. Instituciones como la OECD y el Banco
Mundial, las cuales diseñan políticas de alcance mundial, reconocen que en
una economía global del conocimiento, la educación superior es una
inversión en capital humano y, en consecuencia, en la producción de
investigación y nuevo conocimiento.
Estamos asistiendo a la
transformación de un mundo dominado por los recursos físicos en un mundo
dominado por el conocimiento. Que una sociedad se base en el conocimiento
significa que se fundamenta en su sistema de educación superior y en sus
institutos y laboratorios de investigación públicos y privados. El
conocimiento y el talento humano provienen de la educación superior y de
otras instituciones que producen conocimiento. A los Estados y gobiernos
que no inviertan en conocimiento no les quedará más que presenciar la
acumulación de riqueza, poder y capital en los países desarrollados,
mientras en los suyos solo se acumula pobreza, dependencia y deuda.
5. Universidad crítica al servicio del
desarrollo económico,
social y cultural de la nación
Las universidades de los países
desarrollados se han constituido en un pilar fundamental del desarrollo
económico, del denominado capitalismo del conocimiento. De esta manera, a
los profesores se les ha señalado como los responsables de dotar a los
estudiantes con habilidades, destrezas, competencias, conocimientos,
actitudes, valores y éticos que pueden ser puestos a disposición para el
consumo en el proceso laboral del sistema económico.
La academia es intrínsecamente
contestataria ante el autoritarismo y el poder en general. Casi a riesgo
de comprometer la tolerancia y el pluralismo, el discurso político abierto
y desembozado de derecha se encuentra prácticamente proscrito del campus
universitario. El pensamiento crítico de muchos académicos nutre
intelectualmente las organizaciones sociales que cuestionan el poder de
los propietarios del capital y del Estado a su servicio. El cultivo del
conocimiento y la reflexión profunda llevan en muchas ocasiones a que
profesores y estudiantes cuestionen las creencias establecidas acerca del
orden y la justicia sociales.
Como lo señalan algunos economistas,
es muy desigual y asimétrica la competencia entre la uchuva, el borojó y
la narrativa, de una parte, y de otra, los GMO (organismos genéticamente
modificados), el viagra, y la investigación científica; entre la sabiduría
popular y milenaria y el conocimiento científico y tecnológico reciente;
entre los frutos de la biodiversidad y los productos intensivos en
conocimiento, de alto valor agregado. Hoy más que en el pasado, en la
actual economía del conocimiento, la financiación pública directa, plena y
suficiente de la educación superior debe constituirse en uno de los
elementos más revolucionarios de las sociedades atrasadas económica y
socialmente.
6. Mercantilización de la educación y
el conocimiento
Las políticas de Estado de los países
del Norte, sobre la base de la supremacía militar y económica, se orientan
a fundamentar en el conocimiento su competitividad y hegemonía en el
concierto internacional. Aunque la financiación de la educación superior
de estos países permanece esencialmente pública y existe una importante
participación de los recursos públicos en la financiación de la
investigación y el desarrollo, también es cierto que existe una creciente
presión para que las universidades incrementen la captación de recursos
provenientes de la relación universidad-industria, mediante contratos,
asesorías, consultorías, proyectos cooperativos de investigación, «joint
ventures» y otras actividades empresariales.
La discusión, entonces, se plantea en
términos de la definición del conocimiento como una mercancía, y como tal,
con un valor de uso, un valor de cambio, un precio; es una mercancía que
debe apropiase privadamente con fines de lucro, que se protege legalmente
con derechos de monopolio. Sin embargo, el conocimiento, en el sentido de
capital intelectual, difiere de otras mercancías, es decir, del capital
material. Su condición de bien público lo haría no exclusivo, de libre
acceso, difusión e incorporación en los individuos.
En muchas universidades de países
desarrollados, el conocimiento se está evaluando formalmente más por su
significado económico que por su significado social o cultural. Esto no
significa, obviamente, que el conocimiento con utilidad práctica,
económica, además de ser generado socialmente, no pueda poseer un valor o
significado social y cultural. De igual manera, existe conocimiento de
reconocido significado social y cultural y, aparentemente, con poco
significado económico. Es precisamente la concepción neoliberal la que
desconoce los amplios parámetros sociales y culturales inherentes al
conocimiento. El neoliberalismo no reconoce lo social, pretende abordar lo
económico como una unidad analítica separada de los factores y
determinantes sociales, culturales y políticos; trata en forma arbitraria
de someter la generación de conocimiento académico solamente a las fuerzas
autoregulatorias de los mercados libres en competencia.
Mientras en los países desarrollados
se critica la exacerbada mercantilización del conocimiento que la
universidad realiza en su estrecha relación con la industria, las
universidades de los países en desarrollo, tanto públicas como privadas,
no son abarcadas por esta crítica, dado que ni los gobiernos de estos
países ni su sector productivo privado han estado interesados en invertir
en la educación superior con el ánimo de obtener conocimiento académico
mercantilizable en la innovación tecnológica local o nacional.
Los gobiernos y el sector productivo
de estos países parecen haber escogido la senda de la dependencia
tecnológica, el modelo de una universidad dedicada esencialmente a la
docencia profesionalizante en el ámbito de programas académicos de
pregrado, a la promoción de profesionales requeridos por el mercado
doméstico, más para accionar, utilizar y administrar tecnología
enteramente importada, que para innovar y crear nuevas alternativas
tecnológicas propias.
7. Neoliberalismo y educación
superior
Desde finales de la década de 1980,
mundialmente el crecimiento económico promedio anual ha venido
experimentando descensos, al igual que la tasa de ganancia. La concepción
ética neoliberal ha sido, con el propósito de recuperar las ganancias de
las corporaciones privadas, la de construir un mundo en el que no solo los
bienes y servicios sean el producto del acatamiento de las fuerzas del
mercado, sino toda actividad humana. Un mundo en el que la intensificación
y la frecuencia de las transacciones de mercado no conocen fin. Se transan
o mercantilizan servicios públicos tan tradicionales como la educación y
la salud.
En los países en desarrollo, las
prescripciones o imposiciones neoliberales, especialmente aquellas
provenientes del FMI, responden todas ellas al argumento del pago de la
deuda externa: privatizaciones de las empresas del Estado, reducción del
gasto público, flexibilización laboral, recorte de las pensiones, altas
tasas de interés, reducción de la inflación, abandono de las
responsabilidades sociales como la educación y la salud. El FMI, el
gobierno, el sector privado, ninguno de ellos está demandando de la
universidad pública o privada de estos países la preparación de fuerza de
trabajo más habilidosa, eficiente, productiva, con mayor capacidad para la
generación de conocimiento innovador y para el autoaprendizaje.
No se conoce que el sector productivo
privado de nuestro país, por ejemplo, esté solicitando de manera
desesperada reformas curriculares urgentes en los programas académicos de
pregrado o el fortalecimiento o expansión de los programas nacionales de
doctorado, como requisito inaplazable en la transformación de la
tradicional industria.
La paradoja neoliberal surge,
entonces, cuando en la provisión privada de la educación superior, dentro
de un modelo de mercado competitivo, el sector privado solo invierte en
aquello cuyo retorno en el corto plazo se encuentra garantizado, excepto
cuando se trate excepcionalmente de un monopolio verdadero. De esta
manera, la provisión privada con ánimo de lucro de la educación superior
interfiere con la crucial generación del conocimiento básico, es
atentatoria contra la economía del conocimiento, contra el capitalismo del
conocimiento.
8. La investigación y la educación
superior
Las instituciones de educación
superior son el espacio por excelencia para la producción del nuevo
conocimiento que posibilita el entendimiento del mundo natural y social,
como también albergan ese rico territorio de la creación y la recreación
artística. Permiten, además, una estrecha relación entre la investigación
y la docencia y el surgimiento de sinergias propias de las varias
disciplinas presentes. El interés público en la educación superior
encuentra una de sus mayores justificaciones en el valor que representa
para una nación poseer un sólido sistema de investigación como garantía
para la producción de nuevo conocimiento transformador de la sociedad.
La tecnología está reconfigurando el
mundo a una velocidad nunca antes presenciada. La forma en que se vive, se
aprende, se labora y se piensa está experimentando cambios tan drásticos
que su reversibilidad se da por excluida. En ese campo de batalla, bajo la
fisonomía de un mercado global, el éxito o el fracaso lo está determinando
el nivel tecnológico de los contendientes. El progreso tecnológico es el
factor más determinante del crecimiento económico sostenible.
La infraestructura en ciencia y
tecnología ha sido considerada como el fundamento de la fortaleza
económica, la contextura política y la grandeza cultural de un Estado
nacional. En el caso de EU, por ejemplo, el 50% de los científicos e
ingenieros con título de PhD se encuentran en la industria, lo que da una
idea de la capacidad de absorción del sector productivo en materia de
innovación tecnológica. Los países industrializados poseen alrededor de 20
veces más computadores per cápita que los países de mediano ingreso, y de
igual manera, el número de usuarios de internet es del orden de 100 veces
más. Latinoamérica contribuye al conocimiento mundial solo con menos del
3%, y Colombia ocupa el quinto lugar después de Brasil, México, Argentina
y Chile, muy cerca de Perú.
Los países desarrollados invierten
entre el 2 y el 3% de su PIB en investigación y desarrollo, mientras que
los países en desarrollo difícilmente llegan al 1%. Lastimosamente,
Colombia tan solo invierte solo el 0.45 por ciento de su PIB en este
rubro. Más del 80% de la producción mundial de conocimiento, en el sentido
cienciométrico y bibliométrico, es atribuida a los países del mundo
desarrollado, cuya población representa solo el 20% de la población
mundial. Solamente el 2.5% del cuerpo profesoral universitario de Colombia
posee formación académica en doctorado.
9. Formar y retener capital humano
para el cumplimiento de metas nacionales
En la actual economía mundial no solo
fluyen los capitales financieros a través de las fronteras nacionales,
sino otro factor no menos importante: el capital humano. Recientemente se
ha comenzado a evaluar sistemáticamente el impacto que esta migración
tiene sobre la suerte de los países en desarrollo. Es muy común que
numerosos estudiantes de países en desarrollo adelanten estudios en países
desarrollados. No obstante, un estudiante que se forma en el exterior,
particularmente en doctorado, deja su producción intelectual allá.
La pérdida de talento humano de los
países en desarrollo no solo atenta contra el desarrollo económico de
estas naciones, sino contra la construcción de su conciencia crítica y su
identidad cultural, contra la acumulación de su patrimonio intelectual. En
el caso de México, los expertos consideran deprimente que solo se
produzcan anualmente 300 doctores en un país con alrededor de 100 millones
de habitantes. En Colombia, país con más de 40 millones de habitantes,
difícilmente se produce 15 doctores por año.
10. Poder, jerarquía y democracia en
la educación superior
La universidad es una institución
jerárquica dotada de organismos o cuerpos de poder o de gobierno con
capacidad para ejercer control. Comúnmente, el poder de los funcionarios
instalados en la estructura piramidal reside en el control que ejercen en
la asignación de recursos y en la provisión de cargos o posiciones
académico-administrativas. Aun el cuerpo profesoral ubicado en la base de
la pirámide, por encima de los estudiantes, ejerce poder en los
departamentos, institutos y centros. Los profesores mismos se encuentran
estratificados por categorías, títulos académicos, tipos de vinculación y
dedicación, desigualdades legitimadas en un estatuto o en un decreto.
Internacionalmente existe consenso
acerca del merecimiento y la necesidad de la participación plena de los
profesores en la vida universitaria, como parte de la autonomía y dentro
del marco de los derechos humanos y la democracia. El principio de
colegiabilidad y autogobierno incorpora la libertad académica, la libertad
de expresión, de asociación, el pensamiento crítico, la responsabilidad
compartida, la política de participación de todos los interesados en las
estructuras donde se toman las decisiones internas, el pleno desarrollo y
ejercicio de los mecanismos de consulta. La universidad debe ser un
espacio privilegiado para el ejercicio pleno de la democracia, el respeto
al disenso, el pensamiento heterogéneo, la libre expresión sin ningún tipo
de censuras o restricciones.
11. ¿Universidad para la docencia y
la investigación o para la extensión?
De cuando en vez se revive con
intensidad variable la discusión acerca de si la universidad debe ser para
la investigación, la docencia o la extensión. Algunos advierten que si el
eje central estuviera constituido por la investigación se correría el
riesgo de la extinción de la docencia, de los programas de pregrado, de la
formación, que no se distinguiría de un instituto, que se estarían
acatando los dictámenes del Banco Mundial, que el conocimiento producido
propiciaría la inversión extranjera.
El sistema norteamericano de
educación superior, en la opinión de unos y de otros, el más exitoso del
mundo, atribuye su éxito a dos factores: la investigación y la docencia
(educación) que concurren en el espacio, en el tiempo y en los profesores,
y su financiación es esencialmente pública. Las más prestigiosas
universidades del mundo, cuyo prestigio se deriva básicamente de la
calidad de la investigación que realizan en sus programas de postgrado, no
han abandonado ni abolido sus programas de pregrado.
No existe evidencia empírica ni
científica acerca de que un profesor por el hecho de investigar y producir
nuevo conocimiento, quede neuronalmente inhabilitado para realizar
docencia, como tampoco, de forma recíproca, que el ejercicio de la
docencia produzca una severa y discapacitante tara que impida realizar
investigación.
En resumen, todas las actividades
realizadas por los profesores dentro del marco de la misión institucional,
son igualmente valiosas en términos sociales, académicos e intelectuales
y, en consecuencia, deben tener igual reconocimiento, no solo en la
retórica, sino en su participación efectiva en las decisiones que se tomen
acerca del rumbo y el destino de la institución.
12. Autonomía, rendimiento de cuentas
y acreditación
La autonomía o libertad académica,
tradicionalmente se ha considerado como un valor inalienable de las
instituciones de educación superior. La constitución y la ley han delegado
en la universidad la responsabilidad en el ejercicio del poder, aquel
necesario para darse su propio régimen reglamentario dentro del marco del
cumplimiento de su misión institucional. El derecho a la educación, la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación solo puede ser disfrutado a
plenitud dentro del contexto de la libertad académica y la autonomía
institucional.
Los recursos públicos son apropiados
como parte de una acción política, en competencia con otras prioridades,
compromisos o mandatos, en muchas ocasiones supranacionales, para el caso
de los países en desarrollo. Lo que realmente se mide en términos
cienciométricos y bibliométricos es la manifestación o expresión del
conocimiento, el número de artículos, libros, conferencias y patentes.
Dada la complejidad del conocimiento, ninguna métrica por sísola es válida
como medida del conocimiento. Existe dificultad en cuantificar la calidad
de la enseñanza, el aprendizaje y en general la productividad de los
profesores. El apoyo a la financiación pública de la educación superior se
ha visto justificado por los beneficios sociales públicos producidos. Sin
embargo, con los recientes modelos de rendimiento de cuentas, la
financiación pública se está fundamentando en el concepto de inversión
estratégica y, como tal, quien tiene la responsabilidad de la toma de
decisiones políticas espera tasas de retorno a la inversión, verificables
y medibles.
En general, se define que la
acreditación es un proceso externo de revisión de la calidad académica de
una institución y de sus programas educativos, no solo con el fin de
asegurar esta calidad sino de mejorarla. La razón de ser de la
acreditación es entonces el aseguramiento de la calidad académica.
13. Eficiencia y reforma curricular
El concepto de eficiencia de la
educación superior utilizado por muchos gobiernos de los países del mundo
en desarrollo, incluyendo el colombiano, se extiende a la correlación
entre el insumo presupuestal y el producto representado en publicaciones
internacionales derivadas de la investigación original, en las patentes,
en los «joint ventures» con la industria, en las innovaciones tecnológicas
fundamentadas en el conocimiento académico y, en general, en el impacto de
este conocimiento en la competitividad económica y comercial del
respectivo país.
La ineficiencia atribuida la
educación superior pública, especialmente aquella relacionada con la larga
duración de los estudios de pregrado y el número de estudiantes que se
gradúa comparado con aquel que ingresa, merece una consideración especial.
La deficiente preparación con que los estudiantes ingresan a la
universidad, es decir el pobre punto de partida, explica en una gran
medida la repetición de algunas de las etapas de la carrera y en muchas
ocasiones el fracaso definitivo. Los problemas económicos y sociales que
afectan a muchos estudiantes los obligan a suspender temporalmente los
estudios, a tener bajos rendimientos y al retiro total de la universidad.
A esto se añade en algunos casos el desestímulo del mercado laboral.
En el Plan Nacional de Desarrollo del
actual gobierno, se indica que el gasto público en educación ha venido
experimentando incrementos en los últimos años, pero no así la equidad
social en el acceso de los ciudadanos a la educación. Cualquier reforma
del currículum, de sus contenidos, de su duración, de sus modalidades
pedagógicas, se debe inscribir dentro de la crítica más desprejuiciada de
la realidad concreta, dentro de nuestra historia, de nuestras
especificidades nacionales e institucionales, como también dentro de las
particularidades propias de las diferentes áreas del conocimiento, de las
disciplinas y las profesiones.
Es la comunidad académica,
representada en profesores y estudiantes, factor primario y decisivo en la
materialización de cualquier iniciativa de renovación académica; en la
consulta a todos los actores del sistema de educación superior, en el
sistema nacional de ciencia y tecnología, en el Estado y el sector
productivo, en los empleadores en general, pero siempre reivindicando la
autonomía universitaria, depositamos el llamado a que nos respalden.
Cualquier injerencia externa que restrinja la autonomía universitaria y
que amenace la libertad académica interfiere cualquier propósito de
cambio.
Las reformas académicas deben
responder, ante todo, al interés nacional de vincular la universidad
pública más estrechamente con el desarrollo del país y al propósito de
posicionarla en una forma cada vez más legítima ante el conjunto de la
sociedad.
El presente documento es una síntesis
del programa con el cual fue elegido Orlando Acosta como representante de
los profesores al Consejo Superior de la Universidad Nacional de
Colombia, en el segundo semestre del 2003.
Regresar |